Por Enrique de Vivero.- (*)

El Gobierno del PSOE, está consiguiendo convencer a muchos españoles que lo que hizo en la pandemia fue lo mejor, que no hubo ninguna equivocación, que los muertos son efecto colateral de la pandemia, que la crisis económica era inevitable, que las compras de material sanitario se han realizado con una magnífica gestión y que si algo ha salido mal es por culpa de la oposición o de los Gobiernos de las CC.AA.

Ha habido tantos informes y contrainformes, algunos de los cuales se han hecho desaparecer que ya nadie recuerda cual fue el origen. El lavado de cerebro al que el Gobierno ha sometido a los españoles, es de tal magnitud, que lo único que preocupa a las personas hoy es si podremos ir a la playa o no, si mis niños pueden salir a la calle a jugar a cualquier hora y un sinfín de cosas banales comparado con la dimensión de la catástrofe que aún continuamos sufriendo.

Fernando Simón (derecha), director del CCAES y el ministro de Sanidad, Salvador Illa

El mensaje del Gobierno, repetido machaconamente ha sido que no es el momento de criticar, que es el momento de arrimar el hombro. Pues quizá ha llegado el momento de ponerle al Gobierno sus errores al descubierto, sobre todo, los errores que han tenido gravísimas consecuencias sobre las vidas de personas, a las que sus familiares no han podido velar ni enterrar en condiciones dignas, bajo el pretexto de que se tenían que incinerar para evitar contagios.

Pues esto no es cierto. Mientras en Italia ,China y EE.UU se realizaban autopsias para poder ver el origen de las lesiones y proponer fármacos que cortasen esta pandemia, en España el Ministerio de Sanidad había enviado una circular que aconsejaba no realizar autopsias, con lo que se ignoraba el examen forense de los cuerpos.

La realidad es que, una vez más, nuestra magnífica sanidad no estaba preparada para hacer autopsias en condiciones de seguridad de nivel BSL-3.

Recordemos que el 10 de febrero, el Ministerio de Sanidad con su CCAES, dirigido por el señor Simón, elaboraba un informe en el que admitía tener conocimiento de que en Wuhan (China) existían 27 casos de COVID confirmados. Que el primer caso se había producido el 8 de diciembre de 2019.

– El 30 de enero la OMS declara la emergencia de salud pública.

– El 11 de marzo la OMS, siempre muy remisa con culpar a china de la propagación del virus declara la pandemia del COVID , que ya en el mes de enero había advertido a los Gobiernos de las naciones que tomaran precaución con la propagación de la enfermedad.

– El día 13 de febrero la OMS aconseja hacer acopio de medicamentos al Gobierno español, como ya denunció Alerta Digital sobre la imprevisión del Gobierno en la compra de material sanitario en fecha 12 de abril.

Tarde y mal, el Ministerio de Sanidad se dispone con una batería de medidas publicadas en el BOE a realizar unas compras millonarias.

Los días 28 y 30 de abril fueron, no los únicos días que se adjudicaron contratos a empresas de material sanitario, pero sí los más llamativos para la cuantía de las adjudicaciones, y sobre todo por las características de la empresas adjudicatarias, que en una gran mayoría de casos no tenían experiencia ni en la fabricación ni en la gestión de las compras; de hecho eran empresas ajenas al ámbito sanitario.

Llama la atención que existiendo empresas españolas con experiencia en este sector y que hicieron sus ofertas al Ministerio de Sanidad, no han sido contratadas y que por el contrario empresas ajenas a este sector se hayan llevado contratos por valor de mil millones de euros.

A mediados de marzo se decretó por parte del ejecutivo el mal llamado estado de alarma, en realidad estado de excepción. Desde esas fechas, el Ministerio de Sanidad ha adjudicado contratos a empresas, los cuales han resultado carísimos o simplemente negocios ruinosos para las arcas públicas.

En el BOE del día 30 de abril se adjudica una compra de 4,3 millones de euros (5,3 millones de euros con IVA) a una empresa denominada MJ Steps, por el procedimiento de urgencia, lo cual supone que se evitan controles y todo tipo de ofertas en la adjudicación a dedo. Esta adjudicación es por la compra de 5 millones de hisopos (bastoncillos para los test rápidos), la empresa que inicialmente no tenía domicilio conocido, posteriormente dio una dirección falsa en Sant Boi de Llobregat. Esta empresa se dedica a la importación de textil y calzados desde China.

El ICEX, organismo español, dependiente del Ministerio de Industria Comercio y Turismo para exportaciones e importaciones, es el que actúa como intermediario para que Sanidad adjudique este contrato. Aunque la gestión con la empresa se realiza a través de su sede en Suiza, el material sanitario viene directamente de China.

Como observamos, son demasiados intermediarios para la compra de material sanitario, lo que hace que por cada bastoncillo se han pagado más de 5 euros más IVA, cuando su precio máximo en mercado es de 1,2 euros. Esto parece indicar que se han pagado a muchos intermediarios o que presuntamente ha habido un fraude o se han abonado comisiones.

La administradora de esta empresa, Mayra Dagá, fue condenada por la Audiencia de Barcelona el 15 de Febrero de 2015 por un delito continuado de estafa. La habilidad de esta empresaria no termina en este contrato. Posteriormente, y a través de la empresa FCS, ha conseguido la adjudicación de un contrato de 263 millones de euros para proporcionar 488 millones de mascarillas, 10 millones de guantes y 150000 gafas de protección, nuevamente unos precio muy onerosos y que presuntamente lleven encubierto el pago de comisiones.

El Gobierno contrata a una firma condenada por estafa para comprar mascarillas

Esta empresa FCS Product Select tiene como actividad principal el Merchandasing de bebidas Premium, nada que ver con material sanitario

Hans Biomed Skymedic es otra empresa que se ha embolsado 38,7 millones de euros en contratos, en realidad esta empresa actúa como intermediaria de la empresa china que proporciona el material sanitario es Guangzhou Wondfo Biotech.

Nuevamente se utilizan intermediarios que encarecen las compras y presuntamente podrían suponer el pago de comisiones a determinadas personas.

Sedes ‘cutres’ de los grandes pelotazos de mascarillas y test: todas, en Cataluña

Interpharma, una empresa de Santa Coloma de Gramanet, recibe un contrato de de 17,1 millones de euros para la entrega de test de detección del COVID, estos son los test que resultaron fallidos y tuvieron que ser devueltos a China dado que Interpharma era solo intermediaria y la que fabricaba los productos era una empresa china que no tenía licencia para comercializar estos productos.

Pero aún siendo extraños todos estos contratos, que deberían ser investigados por la justicia, el que alcanza los límites de lo presuntamente delictivo es la compra de dispositivos de ventilación mecánica

vía de urgencia para que no se pueda licitar públicamente dada la urgencia de la compra, a la empresa Tech Pharma Europe, SL. Este se realiza por la compra de 200 dispositivos de ventilación mecánica por valor de 8.200.000 euros sin el IVA.

Cada dispositivo alcanza el precio desorbitante de 41000 euros. Establecido contacto con empresas suministradoras de este material, afirman que es un precio exagerado, nuevamente planea la duda del sobrecoste o presunto pago de comisiones.

La empresa Interpharma presenta otra curiosidad está radicada en Armilla (Granada) y está constituida desde hace un año con un capital social de 3.000 euros, en realidad nuevamente asistimos al empleo de una empresa intermediaria, ya que el material procede de China.

La empresa MJ Seps, que hemos citado anteriormente, recibe el regalo de la adjudicación de un contrato para la compra de 10 dispositivos de ventilación mecánica por el importe de 380.000 euros sin IVA. En este caso vemos que los ventiladores han bajado de precio y sale cada uno a 38.000 euros. Tenemos que recordar que esta empresa se dedica a la importación de textil y calzado, y que solo realiza funciones de intermediación para traer el material de China, presuntamente en esta compra hubo menos comisiones.

Pero la compra de ventiladores y su variedad de precios no termina aquí. La empresa China Sysmed Co., LTD recibe la adjudicación para que proporcione 1.000 dispositivos de ventilación mecánica por un valor de 771.220,10 euros sin IVA, con lo cual el precio de cada dispositivo de ventilación mecánica alcanzaría la cifra de 771,2 euros.

Como vemos, asistimos a un baile de cifras con la compra de dispositivos de ventilación mecánica, no sabemos si estos dispositivos tienen un valor de 41.000 euros de 38.000 euros o de 771 euros .
Estos datos deben ser investigados por la justicia, dada la disparidad de precios y la nula transparencia en la compra de los mismos.

Estos contratos son solo la punta del iceberg, ya que son muchos los realizados por el Ministerio de Sanidad pero en las mismas condiciones de opacidad y sobrecoste.

Resulta llamativo que todas las empresas adjudicatarias e intermediarias radican en el área metropolitana de Barcelona, cerca de la Roca del Vallés, curiosamente localidad donde el ministro de Sanidad fue alcalde. Se añade a esto que otras empresas catalanas con experiencia en el ámbito del material sanitario que están radicadas en otras zonas de Cataluña no han sido beneficiadas con contratos.

Lo más trágico de todo es que finalmente lo profesionales de la medicina han manifestado que a los enfermos de COVID no les beneficiaba la ventilación mecánica, pero como ya dije al principio, las autoridades sanitarias impidieron la realización de autopsias, desaconsejaron cualquier tipo de tratamiento. Recordamos en este sentido a Fernando Simón cuando sostenía que solo se debía administrar Paracetamol y de ningún modo antiinflamatorios. Pues la realidad y la labor constante de investigación de nuestros facultativos ha conducido a determinar que los antiinflamatorios actúan positivamente y alivian el proceso.

Asistimos a la actuación de un gobierno que dejó morir en Las residencias a nuestros mayores, que no proporcionó la atención adecuada a los enfermos en los hospitales y que termina con las millonarias compras presuntamente bajo sospecha de un material muy costoso realizadas con una gestión desastrosa por parte del Ministerio de Sanidad.

Estas millonarias adjudicaciones deberán ser investigadas por la justicia , dada la nula transparencia de todo el proceso y la posterior adjudicación a empresas con nula relación con la venta de material sanitario.

Los más de 50.000 muertos, que el gobierno no reconoce nos exigen que se investigue, los partidos políticos deberían defender a sus ciudadanos.

*Enrique de Vivero fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla.