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El escatológico reto viral del verano: defecar en piscinas públicas

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En las últimas semanas algunas piscinas públicas de la Comunidad Valenciana han tenido que echar el cierre en plena temporada alta por la aparición de heces en el agua. Lo que en principio se trataba como un simple acto vandálico, ha derivado en un problema que trae de cabeza a la autoridades de algunos municipios valencianos.

Localidades como Catarroja, Tavernes Blanques, Riba-roja de Túria, Massanassa o Segorbe ya han sufrido el considerado nuevo reto viral en las redes: defecar en las piscinas comunitarias. Aunque no circulan imágenes ni videos de la «proeza» en Internet, según El Periódico Mediterráneo, se estima que los jóvenes de entre 12 y 16 años sean sus principales artífices.

Pero la broma puede salir muy cara. Además de ser un acto de incivismo absoluto, el principal problema derivado de esta moda reside en la aparición de bacterias que pueden suponer un riesgo serio para la salud, teniendo en cuenta que hablamos de agua estancada en un mismo lugar durante mucho tiempo.

Del mismo modo, si se aumenta la carga de cloro del agua o se incluyen más químicos a los tratamientos habitales de mantenimiento para frenar esta problemática en las piscinas, también se podrían experimentar inconvenientes en cuanto a los efcetos en la piel de los bañistas.

Por ello, los ayuntamientos ya han puesto en marcha medidas preventivas. En Tavernes Blanques, por ejemplo, además de la identificación obligatoria a la entrada del recinto, se está estudiando la implantación de un sistema de detección instantánea de excrementos (tanto defecaciones como orina) en el agua.


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El Gobierno en funciones de Sánchez aprueba un decretazo ley para cerrar digitales sin orden judicial

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CI.- Con el pretexto de mantener el orden público y la seguridad nacional, conceptos imprecisos y no bien definidos, el Gobierno en funciones acaba de aprobar, el 5 de noviembre de 2019, un decretazo ley que supone el recorte al derecho a la información y difusión de contenidos digitales sin la mediación del poder judicial.

La modificación de un derecho fundamental, como es la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, no puede estar regulada por un Real Decreto, sino por una Ley Orgánica, que posteriormente debe aprobarse por una mayoría absoluta en las Cortes Generales.

La ley mordaza digital deja la puerta abierta al recorte de libertades. La historia nos ha mostrado repetidamente que se empieza aprobando legislación excepcional para casos excepcionales y cada vez se va ampliando su ámbito de actuación, hasta convertir lo excepcional en habitual.

Un Decreto Ley que esconde la intención de controlar cualquier disidencia a través de la introducción del concepto orden público: el orden público tiene una reminiscencia claramente estalinista y nos lleva a recordar casi de inmediato la tristemente famosa Ley de la patada en la puerta, la Ley Corcuera, que aquel “ínclito” ministro socialista impuso para convertir también lo excepcional en habitual.

En el decreto aparece nueve veces el concepto de orden público, siempre ligado a la seguridad nacional (concepto que se repite en 17 ocasiones) y seguridad pública (41 menciones). El texto justifica los cambios introducidos en la ley de Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada el 1 de diciembre 2017 y en este caso se salta la garantía elemental de separación de poderes. Solo un juez puede interceptar comunicaciones y ordenar el secuestro de publicaciones, como es el cierre de una web (Ley de Telecomunicaciones 34/2002 del 11 de julio), según el artículo 18, referente a la intimidad, y el artículo 20, en el caso de la libertad de expresión.

Con esta verdadera mordaza digital se deja la puerta abierta a que el Gobierno cierre de forma provisional páginas web, ahora también para prevenir desórdenes públicos. Una nueva excepción jurídica que vulnera los derechos fundamentales.

El poder Ejecutivo se arroga la posibilidad de cerrar páginas web cuando existan riesgos de que se cometan desórdenes públicos y sea necesario intervenir para preservar o restablecer el orden público. Y todo ello sin orden judicial y por tanto quebrando el principio de separación de poderes.

Los desórdenes públicos son quizás uno de los tipos penales más complejos que existen en nuestro Código Penal, así como uno de los que más habitualmente se imputa a activistas tras la celebración de una manifestación. Y es que el concepto de desórdenes sirve de recurrente para sancionar cualquier actuación que se salga de la norma, gracias a que en ningún rincón de todo nuestro ordenamiento jurídico se define qué se entiende por orden público. Lo más grave que aporta este Real Decreto-Ley es el riesgo que corren nuestros derechos fundamentales, particularmente el derecho a la libertad de expresión y el de reunión y manifestación.

Por ello rechazamos y denunciamos este nuevo recorte de libertades que quiebra principios constitucionales, la separación de poderes y supone un ataque a las libertades fundamentales que pueden ser usados bajo los conceptos imprecisos de orden público y seguridad nacional para eliminar cualquier legitima disidencia política o sindical.

Rechazamos el uso de la excepcionalidad para legislar en recortes de libertades porque nos acercan y alimentan a los que defienden regímenes totalitarios y autoritarios.


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El Gobierno puede cerrarte desde ahora la web si afecta al orden público o a la seguridad nacional

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Intervenir internet por orden público. Combatir el desafío secesionista en Cataluña. Acelerar los tiempos pero sin petición judicial. Desde este miércoles entra en vigor un Real Decreto aprobado por el Gobierno socialista en que acuerda la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales.

El «decretazo digital», publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), técnicamente el Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre, adopta «medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones». El decreto modifica varias leyes, entre ellas la General de Telecomunicaciones de 2014.

Se trata de una decisión unilateral aunque con «carácter excepcional y transitorio», que ha desembocado en un torrente de críticas por parte de asociaciones de defensa de internet Los escenarios que contemplan para cerrar, entre otras cosas, páginas web sin petición judicial, son varios, como la posibilidad de que afecten al orden público y la seguridad nacional. Se adopta con carácter de urgencia. Sin orden judicial, bajo este nuevo criterio se podría cerrar la web de Tsunámic Democrátic, web detrás de la organización de las protestas recientes en Cataluña.

El texto pone de relieve los acontecimientos acaecidos en Cataluña a costa de las violentas protestas de grupos de independentistas radicales. «Los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación. Tales hechos demandan una respuesta inmediata para evitar que se reproduzcan sucesos de esta índole estableciendo un marco preventivo a tal fin, cuyo objetivo último sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos», recoge el texto.

Con el nuevo texto, el Gobierno añade un nuevo apartado en el que se asume una « gestión directa» o «de intervención» en los supuestos que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y nacional. Esta herramienta se puede invocar a iniciativa del Gobierno o a instancias de una administración pública competente; en este último caso será preciso que esta administración, por ejemplo, tenga competencias en materia de seguridad.

Expertos en derecho digital han criticado la medida. «Hay otros mecanismos jurídicos que no pasan necesariamente por esta medida», explica David Maeztu, experto en esta materia, quien considera que «a priori es innecesario», aunque «estamos en una deriva en donde se esta dando más poder al Ejectuvio» para intervenir en las comunicaciones digitales. Samuel Parra, jurista experto en derecho digital, recuerda en conversación telefónica con este diario que en caso de que se pretenda regular materias que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos, aglo recogido en la Constitución, debe hacerse a través de una Ley Orgánica, que requiere de las dos terceras partes de la Cámara. A su juicio, «no se ha respetado la reserva de ley orgánica, es decir, la legalidad». Algo que considera que «es muy peligroso porque en cualquier sociedad democrática y libre el Gobierno no puede adoptar decisiones unilaterales que afecten a los derechos civiles de los ciudadanos», añade.

El Real Decreto-ley recoge también el proceso sancionador, que podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos: la amenaza inmediata y grave para el orden público, seguridad pública o nacional o cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública.

El «decretazo digital» contempla otro apartado que pretende reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones, mientras que en lo relativo a las medidas en materia de identificación electrónica y ubicación de determinadas bases de datos, se establece, por ley y de mandera obligatoria, dónde deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. «Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la UE», recoge el texto.

(ABC)


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Demandan a Apple y Samsung por el “riesgo de cáncer” debido a la radiación de sus teléfonos

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Un grupo de personas ha presentado una demanda colectiva contra Apple y Samsung en California (EE.UU.), alegando que los teléfonos móviles de esas compañías incumplen los estándares de radiación máxima y ponen en riesgo la salud.

Según reza la denuncia, teléfonos móviles de esas empresas exponen a los usuarios a emisiones de radiofrecuencia “en algunos casos un 500 por ciento” por encima de los límites impuestos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

Citando “numerosas publicaciones científicas recientes”, los demandantes señalan que estas emisiones provocan “un mayor riesgo de cáncer” y otra serie de efectos nocivos, incluidos daños genéticos, cambios en el sistema reproductivo, y trastornos neurológicos.

Ninguno de los demandantes afirma haber sufrido alguna enfermedad o dolencia producto del uso de estos teléfonos, sino que buscan retribución de parte de esas empresas por presuntamente incurrir en delitos como negligencia, incumplimiento de garantía, fraude al consumidor y enriquecimiento injusto.

Investigación

El incumplimiento citado en el texto judicial se deriva de una reciente investigación de laboratorio encargada por Chicago Tribune, en la que se midió un indicador de radiación denominado tasa de absorción específica —medido en watts por kilogramo (w/kg)— de aparatos recién comprados de modelos como el iPhone 8, iPhone X, y el Galaxy S8.

La FCC señala que ningún teléfono vendido en EE.UU. puede exceder los 1,6 w/kg, pero su regulación permite medir esta tasa a hasta 25 milímetros del aparato. La nueva investigación incluyó mediciones a 10 milímetros, 5 milímetros y a 2 milímetros, distancia que podría haber entre la pierna de un usuario y el teléfono en su bolsillo.

Todos los modelos de Samsung y Apple examinados a 2 milímetros presentaron mediciones por encima del límite permitido, entre ellos varios iPhone 7 puestos a prueba que incumplieron a los 5 milímetros, la distancia a la que esa última compañía prueba la radiación de sus productos.

Resultados

Al comentar estos resultados, Apple alegó que utiliza un método de medición diferente al utilizado en la investigación, y tanto esa como otras compañías subrayan que ninguna organización importante de salud pública ha podido vincular el uso del teléfono celular con el cáncer u otras dolencias graves. La FCC, no obstante, aseguró que realizará su propia verificación de estos teléfonos en los próximos dos meses.

Entretanto, algunos tachan de inadecuado el lineamiento de 1,6 w/kg, establecido en 1997 cuando los celulares eran mucho menos potentes que los actuales. Estudios recientes apuntan a que una radiación 2.000 veces menor puede debilitar el ADN de ratas de laboratorio y disminuir su conteo de esperma, mientras que dosis hasta cuatro veces menores han sido ligadas a una mayor probabilidad de tumores malignos en ratas.

Investigadores señalan además que los niños pueden absorber hasta un 150 % más radiación que los adultos, una preocupación que se suma a los potenciales problemas que podrían presentar nuevas tecnologías de telecomunicaciones incluso más potentes, como lo es el 5G.


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