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España

El exembajador español con Zapatero en Caracas recibió 4,5 millones de la petrolera pública venezolana

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El exembajador de España en Venezuela durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, y su familia más cercana recibieron entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros de la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, investiga esos fondos porque “carecen de justificación real y lógica comercial”.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional en enero de 2019 señalando en la misma que los hechos investigados -desde 2017- podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, tal como consta en el sumario.

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En el ‘caso Morodo’ se investiga, además de al que fuera embajador entre 2004 y 2007, a su mujer, Cristina Cañeque, a su hijo Alejo Morodo, a la esposa de éste Ana Catarina Varandas, a Ana Korina Ulloa Marsicobetre, a Carlos Adolfo Prada Gómez y a Marisol Varela Ledo. Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve mercantiles, entre las que se encuentra Aequitas Abogados y Consultores Asociaciados, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados SL.

Otro de los investigados inicialmente, Juan Carlos Márquez Cabrera (esposo de Ana Korina Ulloa), que era el cargo dentro de PDVSA que firmaba los contratos con los Morodo, se suicidó en julio de 2019 tras haber declarado como investigado ante la Audiencia Nacional.

Al igual que Márquez, el resto de investigados declararon en la Audiencia Nacional en mayo de 2019 tras su detención. Entonces, el exembajador, de 84 años, quedó en libertad con medidas cautelares.

Según apunta en su escrito la Fiscalía, la investigación practicada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) evidencia “que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos, adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces”.

El informe policial describe la existencia de una serie de operaciones “sospechosas” realizadas por el entorno familiar y profesional de Morodo que consistía en la recepción “de importantes cantidades de dinero desde Venezuela” y que se justificaban como supuestos honorarios de asesoramiento a la petrolera. Apuntan que para recibir esos fondos se usaba un entramado societario y bancario residenciado principalmente “en territorios considerados off shore como Panamá y Suiza”.

Objetivo: dificultar el seguimiento del dinero

A esos 4,5 millones, se suman otros fondos que recibió la familia entre 2008 y 2011 provenientes de PDVSA (819.032?) y de otra mercantil denominada PDVSA IBÉRICA SA (117.360?). Los investigados usaban “una compleja estructura societaria” para introducir esas cantidades en España.

La operativa estaba montada con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero gracias a que tenían una sociedad de nacionalidad panameña y diversas cuentas bancarias en entidades radicadas en Portugal, Suiza y España. Además, traspasaban el dinero entre distintas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y disponían de fondos mediante cheques al portador y con extracciones en efectivo.

Usaban asimismo las diferentes mercantiles vinculadas a la familia Morodo para realizar pagos carentes de lógica comercial a personas jurídicas y físicas portuguesas –Morodo fue también embajador de España en Portugal–, algunas de ellas “cargos políticos relevantes en Portugal”.

Además, los acusados ocultaron parte de los fondos percibidos por PDVSA a la Hacienda pública española, y los saldos reflejados en sus cuentas bancarias no coincidían con las cantidades realmente declaradas.

LA “SOCIEDAD INSTRUMENTAL” Y LA PANAMEÑA CON CUENTA EN SUIZA

La investigación da por probado además que la mercantil Aequitas –cuyo administrador único era Alejo Morodo– era una sociedad instrumental que se creó “con la finalidad de canalizar los fondos aparentemente ilícitos recibidos por PDVSA”. Indican que entre noviembre de 2011 y octubre de 2014 esta empresa recibió en su cuenta abierta en Banco Sabadell un total de 2,7 millones procedentes directamente de la petrolera venezolana a través de diferentes transferencias realizadas desde “cuentas puente” que esta petrolera tiene abiertas en la entidad Banco Espíritu Santo de Portugal.

A esos 2,7 millones, hay que sumar los 600.000 euros que recibió Aequitas de la mercantil panameña Furnival Barrister desde la cuenta que esta instrumental tiene en el Credit Suisse. La policía constató que esa cantidad era parte de los fondos que la sociedad panameña habría recibido también de PDVSA.

Según el escrito de Fiscalía, para intentar justificar parte de los ingresos, desde Aequitas emitieron diversas facturas a PDVSA bajo el concepto genérico de “Prestación de servicios de asesoramiento jurídico, estudio y consultoría internacional en la República Bolivariana de Venezuela”, constando en todas ellas el mismo contenido salvo en lo relativo al importe y la fecha de emisión.

La investigación de la UDEF evidencia que esas facturas eran creadas ad hoc “con la única finalidad de intentar dar cobertura legal a los fondos ilícitamente percibidos”. Y los dos contratos originarios de esas facturas –firmados por Alejo Morodo y Juan Carlos Márquez Cabrera en nombre de PDVSA– habrían sido creados como soporte de las mismas.

Esta operativa realizada a través de la mercantil Aequitas fue reproducida en la sociedad Furnival Barrister, con la que también se firmaron contratos y se emitieron facturas a cuenta de la petrolera venezolana.

LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA DE LOS MORODO NO CUADRA

De la información tributaria comprendida entre 2008 y 2015 del exembajador Morodo, la Fiscalía señala que queda acreditado que de los más de 400.000 euros que recibió de Aequitas, dejó sin declarar 335.000 euros. Mientras que su mujer, Cristina Cañeque, “pese a no realizar actividad laboral alguna” consta como administradora de diversas sociedades usadas por su marido y su hijo para canalizar sus bienes y su patrimonio.

Asimismo, Cañeque consta como titular de tres cuentas bancarias abiertas en Suiza en la entidad Credit Suisse en fechas próximas al cese de su marido como embajador en Venezuela. El cese como embajador (2007) coincide con el momento en el que se iniciaron las relaciones con PDVSA.

De Alejo Morodo –quien parece ser el ‘cerebro’ del entramado societario– se apunta que quedan por esclarecer los motivos por los que percibió fondos de la petrolera, el destino que dio a los cheques al portador y el origen de los fondos con que adquirió en el año 2016 fondos de inversión por importe de 1.359.499 euros.

Añaden que de los 335.000 ? que recibió de la mercantil Aequitas entre 2013 y 2014, y de los 27.000 que recibió de Furnival, ocultó a la Hacienda española más de 292.000 euros.

Juan Carlos Márquez –quien tenía cargo en la petrolera y firmaba los contratos supuestamente fraudulentos con los Morodo– y Carlos Adolfo Prada también se beneficiaron de las fondos de PDVSA a través de las empresas Marpra Asesores y Consultores SL y Ahedo Asesores SL.

Los ingresos fueron canalizados mediante la utilización de distintas sociedades instrumentales y cuentas bancarias, lo que les permitió su afloramiento mediante la adquisición de numerosos bienes inmuebles y fondos de inversión. El fiscal sostiene que para tal propósito, ambos contaron con la participación activa de sus parejas, Ana Korina Ulloa y Marisol Valera Ledo.


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España

Vox amplia la querella contra el ministro de Sanidad del gobierno comunista de Pedro Sánchez, Salvador Illa, en el Supremo por «imprudencia grave» con resultado de muerte

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Vox ha ampliado la querella que presentó a finales del pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus, e imputa ahora al ministro de Sanidad, Salvador Illa, un delito de imprudencia grave con resultado de muerte por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del agente patógeno que causa el covid-19.

Según informa en un comunicado, encuentra que Illa ha podido incurrir en los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte de los artículos 142 y 142 bis del Código Penal en su tipo agravado, en concurso ideal con sendos delitos de lesiones por imprudencia grave (artículos 152 y 152 bis), así como en como en delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las Medidas de Seguridad, que contempla el artículo 316 del Código Penal.

En su escrito, la formación explica que, con fecha 24 de enero, pocos días después de que Illa asumiera la Cartera de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, publicó un documento técnico, el primero de los textos que elaboró este departamento sobre la amenaza, que incluía medidas que tendrían que haberse adoptado para evitar la propagación del patógeno en España.

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Documento borrado



Un documento que, además, incluía advertencias por parte del Instituto de Salud Carlos III sobre esta grave amenaza de salud pública, según esta parte. El texto aparecía publicado en la página web del Ministerio de Sanidad y habría sido borrado el 30 de marzo, en pleno pico de pandemia.

La formación también se refiere, en la querella, al Informe técnico, con fecha 10 de febrero de 2020, emitido por el CCAES, denominado «Evaluación rápida del riesgo», donde se indicaba ya la forma de contagio del virus, transmisión y afección incluso de pacientes asintomáticos.

«Lo más relevante es que hay total coincidencia entre el conocimiento científico del coronarvirus que figura en el informe con el conocimiento actual sobre la gravedad, la sintomatología frecuente explicada de forma detallada y la letalidad del mismo», explica la representación legal de Vox en su escrito.

La formación denuncia las contradicciones de las acciones por parte del ministro de Sanidad porque mientras comunicaban que no existía riesgo y que estaba controlado en las comparecencias públicas, las gerencias de Sanidad recibían instrucciones para suspender todos los permisos.

Diligencias solicitadas

Entre las diligencias solicitadas, la formación liderada por Santiago Abascal solicita al Tribunal Supremo que se libre oficio al Instituto de Salud Carlos III a fin de que remita todas las comunicaciones recibidas del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades o del Ministerio de Sanidad, desde este organismo europeo así como de cualquier otro organismos internacional como la OMS.

También pide que el Instituto de Salud Carlos III proporcione todos los informes realizados desde el 31 de diciembre de 2020; que se recabe la relación de comunicaciones entre el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, así como a cualquier organismo público. Otra de las diligencias solicitadas por Vox es la declaración de Fernando Simón y de Marina Pollán Santamaría, directora del Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III .


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España

VOX apoya la decisión de Donald Trump: Abascal en pie de guerra contra los ‘verificadores’ y el “negocio millonario de los censores”

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Vox ha puesto el grito en el cielo este viernes al conocer que la Agencia EFE, entidad pública y “dependiente de la órbita gubernamental”, será la encargada de discernir, en conjunto con otras, qué informaciones se publican y cuáles no se publican en la red social fundada por Mark Zuckerberg.

Según han comunicado, la agencia estará destinada a verificar contenidos en español publicados de Facebook y su intención es “reducir la propaganda de las informaciones que ellos consideren falsas.

De esta forma se incorpora al programa de verificación de datos externo de Facebook en el que participan otros “‘verificadores’ de extrema izquierda” tales como ‘Maldita.es’ y ‘Newtral’, la Agencia de Ana Pastor.

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Como ha transmitido EFE, en el programa de ‘verificación’ de la red social participan unas sesenta organizaciones que evalúan el contenido que se publica en más de 50 idiomas.

Todos forman parte de una organización mayor, llamada International Fact Checking Netword (IFCN).

 

 

La decisión de Trump

El presidente de Estados Unidos ha optado por tomar medidas en relación a las limitaciones a la libertad de expresión que se suceden desde las directivas de estas plataformas.

La decisión ha sido contundente: puesto que se están censurando contenidos, la categoría de la red social desaparecería, dando paso a la de medio de comunicación. De esta forma, se haría responsable penal a la red social de todo lo publicado en su plataforma.

“Desde hace años la dictadura progre persigue la libertad de expresión en las redes sociales. Están nerviosos porque han perdido el monopolio de la comunicación. Es deber de los gobiernos garantizar la libertad y descubrir el negocio millonario de los censores”, ha señalado el líder de Vox en Tiwtter, que ha secundado la medida del presidente de Estados Unidos.

 


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España

El plan secreto del Gobierno comunista de Pedro Sánchez: unificar Guardia Civil y Policía Nacional

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La inusual y sobre todo inapropiada afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que “no hay ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil”, es como poco chocante, pero deja patente que en el Ejecutivo se habla del tema

Levanta la liebre Carlos Cuesta en OKdiario, este 30 de mayo de 2020.

Asegura el veterano periodista, que el Podemos de Pablo Iglesias está decidido a tumbar el actual esquema de la Guardia Civil, eliminando su ‘naturaleza’ militar y recortando a la vez la independencia que siempre ha tenido el cuerpo con respecto a los políticos.

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La maniobra, según Cuesta, pasa por unificar la estructura de la Benemérita con la de la Policía Nacional, lo que traería inevitablemente consigo una integración de los mandos.

Los oficiales de la Guardia Civil que no optasen por reintegrarse al Ejército, quedarían trufados con los de Policía Nacional.

Eso permitiría, por ejemplo, que las grandes instrucciones judiciales como la del 8M no topasen con más Perez de los Cobos, inasequibles a la presión del Gobierno.

Escribe Cuesta que Iglesias ha dejado meridianamente claras cuáles son sus intenciones:

«Su ‘burro de Troya’ en el Ministerio de Interior, José Antonio Delgado, recién incrustado como asesor estrella en el departamento de Fernando Grande-Marlaska está en eso: en forzar un  cambio que se traduzca en una equiparación de escalas entre los mandos policiales y los de la Guardia Civil, pero teniendo claro que en los puestos clave estarían policías y no guardias civiles».

La inusual y sobre todo inapropiada afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que «no hay ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil», es como poco chocante, pero deja patente que en el Ejecutivo se habla del tema.

También la reiteración con que el líder de Podemos, sin fundamento alguno, acusa a VOX de «querer dar un golpe de Estado«.

A la vista de como están evolucionando las cosas, no da la impresión de que Iglesias y sus compinches vayan a tener éxito a corto plazo.

Para empezar, la reacción ciudadana les es muy adversa.

Según una encuesta que publica este sábado ‘El Español, el 70% de los ciudadanos cree que el 8-M debió suspenderse y más del 50% ve responsabilidad penal en la actuación del Gobierno Sánchez, como apunta el informe de la Guardia Civil, que tanto ha encorajinado al ministro Fernando Grande-Marlaska.

En ese mismo sondeo,  el 58% de los españoles cree la versión de la Guardia Civil y sólo un 37,4% la del del Gobierno, sobre la purga de Marlaska entre los altos cargos del cuerpo.

La opinión pública se ha puesto mayoritariamente del lado de un coronel que ha dado un ejemplo de honor y patriotismo y ha condenado la cobarde y sectaria actuación de un ministro que ha quedado retratado.


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