El Gobierno de Pedro Sánchez no pasa por su mejor momento. Con dos ministros dimitidos en poco más de cien días, la credibilidad de otros dos miembros del Ejecutivo por los suelos, las constantes rectificaciones y las ofensivas de una oposición política consciente de su debilidad, la vicepresidenta, Carmen Calvo, hizo ayer una reflexión convertida en propuesta sobre la situación a la que, a su juicio, ha llegado la prensa en la actualidad. La número dos de Sánchez cree que la proliferación de noticias falsas, los bulos y las malas prácticas y ausencia de deontología periodística han llegado al extremo de poner en peligro la democracia y el modelo educativo: «Necesitamos seguridad».

Calvo participó ayer en la inauguración de la XVI Jornada de Periodismo de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), que este año se desarrolló bajo el título «¿Quién paga la mentira? ¿Es de pago la verdad?». En ese foro la vicepresidenta mostró su preocupación por el daño que estas malas prácticas hacen a ciertos «bienes superiores» que «hay que proteger» y apostó por una solución: regular el ámbito de la libertad de expresión y el derecho a la información.

Según la vicepresidenta, «la situación es tan inquietante y el riesgo es ya tan grande que necesitamos empezar a tomar decisiones que nos protejan, porque por encima de los negocios legítimos, de las responsabilidades profesionales, de los hombres y mujeres en los medios de comunicación y de quienes asumen responsabilidades políticas está la violabilidad del modelo educativo», informa Efe.

«Un bien superior»

Para Calvo, este modelo es un «bien superior a proteger, un valor muy por encima de nuestras individualidades. De todas; del negocio, de la profesión, albergados en un derecho sin el cual la democracia no funciona». Además, expuso la ministra, El valor de la libertad de expresión, recogido en la Constitución junto con el derecho a la información, «no lo resiste todo, no lo acoge todo», y de ahí la necesidad de introducir regulación para suprimir prácticas como las noticias falsas.

La vicepresidenta defendió que esta regulación debería afrontarse desde el ámbito de actuación de la UE, de los países que la conforman, y puso ejemplos de algunos Estados que ya están planteando limitar la libertad de expresión. «Están tomando decisiones sobre regulación, es decir, de intervenir; se lo están planteando Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, que están abandonando el famoso eje de que la mejor ley que regula el ámbito de la libertad de expresión y del derecho a la información es la que no existe».

Aunque advirtió sobre los riesgos de estas malas prácticas, Calvo argumentó que todavía «no estamos en el plano de lo que puede ser una sensación de amenaza para todos nosotros como ciudadanos de una democracia, si no todo lo contrario, en el plano donde las democracias regulan para proteger bienes colectivos, superiores a los individuales y concretos, no solo en el ámbito del negocio».

«Divorcio»

Además de proponer regular la libertad de expresión y el derecho a la información, la vicepresidenta del Gobierno aseguró que existe «un divorcio» entre la profesión periodística y la ciudadanía, lo que se traduce en una crisis de confianza hacia los medios. La mayoría de los ciudadanos, según Calvo, ya no confía en lo que leen u oyen. A su juicio, se ha conseguido en España y en cualquier lugar del mundo, «algo contrario a lo brillante», y es que una «sociedad entera se haya divorciado» de «toda una profesión», asentada en los derechos fundamentales de información y libertad de expresión.

También extendió este descrédito a las instituciones, y puso el ejemplo del Congreso de los Diputados: «¿Saben que solo el 14 % de los españoles piensa que en el Congreso de los Diputados hacemos cosas que les benefician y son interesantes para ellos?, ¿qué hemos hecho?, ¿cómo desandamos este camino y lo volvemos a ordenar?, ¿dónde están las responsabilidades de todos?», se preguntó.

«Todo tiene límites y los derechos de todos concurren y se pueden practicar porque están limitados. La ética es lenta porque tiene límites y tiene la capacidad de autocontrol de saber que tu espacio lo compartes con otro y que donde tu traspasas la línea del exceso, a veces del delito, están destrozando en algunos casos sin reparación posible libertades y derechos del otro», denunció la vicepresidenta, que explicó que «la información falsa sobre la noticia/bulo es rápida y gratis en términos materiales y carísima en términos del peligro que eso alberga para la convivencia y la propia democracia».

Es un asunto, añadió en el que «siempre hay negocio» detrás, de ahí que nos tengamos que tomar «muy en serio» este asunto porque esto es «la guerra con otros medios».

«Necesitamos información, pero que sea veraz, porque si no no debería existir», afirmó la vicepresidenta, que se afanó por desligar el «negocio de las noticias» de los valores sobre los que se asienta -libertad de expresión y derecho a la información-: «Si este derecho pudiera existir sobre el simple negocio de las noticias no habría manera de construir el sistema».

Por eso, zanjó Calvo, «no es asumible» que una sociedad libre, diversa y democrática albergue falsas noticias porque «el destrozo son los derechos del otro, y en algunos casos son irreparables».

Precedentes: Catalá

Calvo no es, sin embargo, el primer político que propone regular de alguna manera la libertad de expresión y la profesión periodística en España. En 2015, el entonces ministrio de Justicia, Rafael Catalá, propuso que los medios que publicasen filtraciones pudieran ser sancionados por ello. La propuesta del entonces ministro le valió un aluvión de críticas unánime por parte de partidos políticos y asociaciones de prensa. Incluso desde su propio partido, el PP, surgieron voces que se posicionaron manifiestamente en contra de las palabras de Catalá y se quiso subrayar que la libertad de prensa «es sagrada».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en aquel momento líder de la oposición, cargó contra el ministro y le acusó de querer perseguir a los periodistas porque son los que destapan los casos de corrupción de los populares.

«Que no se preocupe tanto de perseguir a aquellos que denuncian la corrupción del PP, que suelen ser los periodistas, sino a perseguir la corrupción del PP», defendió.

Las principales asociaciones de prensa también levantaron la voz contra la medida de Catalá, que vieron como un intento de «cercernar libertades» que acabaría derivando en un debilitamiento de la democracia. Calvo defendió ayer que limitar la libertad de expresión ayudaría a protegerla.