La información se difundió desde primera hora de la mañana del Sábado Santo e iba acompañada de un extracto de un documento aparentemente oficial en el que el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil y, en su lugar, el sargento primero de servicio de la Central Operativa de Servicios, autorizaba a las personas de religión musulmana a desplazarse fuera de sus lugares de residencia para la adquisición de alimentos con motivo del inicio del Ramadán, previsto para el 24 de abril. [SIGUE MÁS ABAJO]

El documento justificaba la autorización debido a que «son escasos los establecimientos autorizados por la Comisión Islámica de España» y de hecho detallaba que existen en Talayuela, Miajadas y Cáceres. [SIGUE MÁS ABAJO]

La petición fue formulada por la Comunidad Islámica de El Batán y Talayuela, que solicitó autorización «para la adquisición de productos alimenticios de primera necesidad relativos a los preceptos de la religición islámica».

En su escrito, esta comunidad relataba que se aproxima El Ramadán, por lo que se consultó con la Subdelegación del Gobierno de Cáceres y «se autorizó el desplazamiento de los miembros indispensables de esas dos comunidades a las localidades de Talayuela, Navalmoral de la Mata, Miajadas, Jaraíz de la Vera, Plasencia y Cáceres» siempre que se hiciera en vehículo y cumpliendo lo estipulado en el Real Decreto sobre el Estado de Alarma.

Como es sabido, la comunidad musulmana sólo autoriza el consumo de alimentos que tengan acreditado que cumplen el rito de Halal.

REACCIONES A LA AUTORIZACIÓN

Las reacciones no se hicieron esperar y fueron numerosas las críticas de ciudadanos que consideraban un agravio esta autorización cuando se están limitando los desplazamientos entre municipios, se vigilan estrechamente los viajes a huertos familiares y se está sancionando a ciudadanos por ir a comprar alimentos a otras localidades.

Otros ciudadanos fueron más lejos al interpretar que se está aplicando un doble rasero, pues a los católicos se les impide la celebración de actos litúrgicos en las iglesias, se suspende la celebración de oficios religiosos y la Semana Santa, mientras que a la comunidad islámica se le otorgan privilegios en la misma situación.

Sin embargo, Radio Interior ha podido confirmar que las mezquitas se encuentran cerradas igual que las iglesias y que no se están celebrando actos religiosos en ellas.

DESMENTIDOS INICIALES

La confusión fue aún mayor con los primeros desmentidos oficiales, pues todas las fuentes consultadas por Radio Interior remitieron a uno o varios comunicados emitidos por la comunidad islámica en los que, de forma generalizada, se informaba que las mezquitas permanecían cerradas, pero ninguno de ellos mencionaba nada relacionado con los desplazamientos.

El iman de Badajoz y delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, Adel Najjar, desmintió la información cuyo objetivo era, según dijo «fomentar el odio y la islamofobia contra los musulmanes en Extremadura».

«Respetamos totalmente el Estado de Alarma y nuestras mezquitas están cerradas desde el día 13 de marzo y seguirán cerradas hasta que el Estado español y las autoridades sanitarias decidan finalizar el Estado de Alarma», dijo en un comunicado.

También indicó que «no va haber ninguna movilización ni desplazamiento ni rezos en las mezquitas en el mes de Ramadán mientras que no haya cambio a favor de la salud de los ciudadanos españoles».

Sin embargo, el imán no desmentía en su comunicado que se hubiese autorizado el desplazamiento de miembros de su comunidad a otros municipios en concreto para la adquisición de alimentos durante el Ramadán.

La Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, por su parte, dijo desconocer los hechos de forma oficial. También Ismael Bravo, alcalde de Talayuela, municipio con una importante población magrebí, remitió al comunicado emitido por el Imán de Badajoz y delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura.

Sin embargo, el portavoz y abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, Jesús Martín Vázquez, confirmó la noticia, citando expresamente la solicitud realizada por los musulmanes de El Batán y Talayuela y la posterior autorización de las autoridades, siempre que se cumplan el resto de condiciones establecidas en el Real Decreto del Estado de Alarma.

Hemos reproducido el comunicado de la Delegación de Extremadura de la Comisión Islámica de España. Sin embargo, hasta bien entrada la noche del Sábado Santo, la Comandancia de la Guardia Civil no había desmentido esta información y dijo tener conocimiento de los hechos a través de la prensa.

Por tanto, a falta de desmentido oficial, contrastan dos versiones bien distintas, la de un portavoz de una asociación de la Guardia Civil y la de la comunidad islámica, para corroborar si los musulmanes podrán desplazarse para la compra de alimentos certificados por el rito de Halal una vez comience el Ramadán, a partir del 24 de abril.

De confirmarse la información, la permisividad del Gobierno contrastaría con los desalojos llevados a cabo en catedrales, iglesias y otros lugares de culto para los católicos. Tal vez deberían aclararnos, siempre de acuerdo a la nota no desmentida de la Guardia Civil, es si estos «establecimientos» contienen alguna barrera inmunológica contra la pandemia de la que al parecer carecen los recintos cristianos. Eso o que la jurisdicción del Estado se detiene a la puerta de las mezquitas, aunque en las iglesias penetra hasta el sagrario.

Una decisión, como muchas de las que están siendo dictadas estos días, de una imposible comprensión por su irracionalidad.