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España

El gobierno comunista de Pedro Sánchez, acorralado: destitución fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos para que no declare en el juicio del “akelarre” feminista del 8-M

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La Comandancia de Madrid de la Guardia Civil ha vivido su lunes negro tras la destitución por parte del Ministerio del Interior del coronel Diego Pérez de los Cobos. El cese se ha producido en pleno huracán mediático, cuando la Benemérita está siendo cuestionada por el amplio dispositivo que se ha podido ver en los últimos días en torno a la casa del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en Galapagar (Madrid) para acallar a los más críticos con la gestión del Ejecutivo, a lo que se suma además la investigación que pesa sobre el portavoz de Sanidad, Fernando Simón, por las concentraciones del 8-M o la imputación este mismo lunes del socialista José Manuel Franco.

El Ministerio del Interior ha cesado este lunes al responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por “pérdida de confianza”.

La vorágine judicial en la que está inmersa el Gobierno ha llevado a tomar esta drástica decisión, después de los controvertidos dispositivos de seguridad en Galapagar alrededor de la vivienda del vicepresidente, Pablo Iglesias, y su mujer y también ministra, Irene Montero.

Pero no solo eso, ya que la destitución se produce en plena investigación sobre las consecuencias nefastas que pudo tener el 8-M en cuanto a la propogación del coronavirus. La titular del juzgado 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, tiene abiertas diligencias para las que ha precisado de la ayuda de la propia Guardia Civil con el fin de conocer cómo actuaron las autoridades pertinentes en aquellas semanas cruciales, y sobre todo en aquella fecha tan significativa que podría haberlo cambiado todo.

Los informes que apuntan a Simón y que han molestado a Interior

Al parecer, el entorno laboral de Pérez de los Cobos habría remitido a la juez informes que acreditan la asistencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, a reuniones en las que se toma la decisión de aconsejar la cancelación de congresos y eventos por el Covid-19, mientras que otros documentos advierten del propio visto bueno de Simón para todos los eventos del 8-M.

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Interior ha defendido que el cese se ha producido por “pérdida de confianza”, y es que la propia juez no encargó las diligencias a la Policía Nacional de los juzgados de Plaza de Castilla como era de esperar, sino directamente a la Guardia Civil de Tres Cantos.

Pérez de los Cobos cuenta con un largo historial profesional en la lucha contra el terrorismo, e incluso fue el mando encargado de dirigir el dispositivo en Cataluña contra el 1-O e incluso acudió como testigo al mediático juicio del ‘Procés’.

La oposición pide explicaciones a Marlaska

Tanto el Partido Popular como Vox no han tardado en pronunciarse tras conocerse la noticia y han exigido la comparecencia del ministro del InteriorFernando Grande-Maslaska, en la comisión del Congreso de los Diputado “a la mayor celeridad”.

Por su parte, el partido de Santiago Abascal ya ha registrado la petición, mientras que el dirigente ‘popular’, Pablo Casado, ha señalado que “no es un cargo menor y puede estar relacionado con la investigación en un juzgado de Madrid de las manifestaciones del 8-M”, por lo que el PP quiere “que no haya arbitrariedad”.

“El Gobierno no puede seguir con estas agresiones al Cuerpo. Este Gobierno no puede ser tan tóxico a la hora de afectar a las instituciones del Estado“, ha zanjado Casado.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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