EL MILAGRO DE BUKELE: LA LECCIÓN QUE ESPAÑA SE NIEGA A APRENDER

Los Estados no quiebran el día que dejan de pagar sus deudas; quiebran el día que dejan de mandar. El Salvador era, hace una década, el país más violento del planeta en tiempo de paz; hoy es más seguro que media Europa, crece al doble de lo previsto, recibe turistas por millones y su presidente roza el 93% de aprobación. No lo consiguió un plan de subsidios ni una cumbre internacional: lo consiguió restaurando el principio de autoridad sin pedir permiso a los garantes del desorden. Este artículo examina los números del milagro salvadoreño, su anatomía exacta y la pregunta que quema: ¿por qué España, con todos los recursos que a El Salvador le faltaron, elige administrar el declive en lugar de cortarlo?

Un Estado que dejó de existir sin dejar de gobernar

Para entender lo que Bukele ha hecho hay que entender primero lo que era El Salvador, porque el punto de partida no era un país en crisis: era un país disuelto. Durante tres décadas, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 no fueron un problema de seguridad: fueron un poder paralelo con código penal propio. Extorsión sistemática al comercio, control territorial manzana a manzana y, por encima de todo, la impunidad del comodín político: alternancia ARENA-FMLN, pactos encubiertos con las pandillas en los años electorales y prisiones que operaban como cuarteles generales del crimen, donde los cabecillas dirigían sus redes desde el teléfono público con la anuencia de una doctrina penitenciaria que llamaba «derechos del recluso» a la logística del secuestro.

En 2015, El Salvador registraba una tasa cercana a los 107 homicidios por cada 100.000 habitantes, la mayor del planeta fuera de las zonas de guerra^[7]. El pequeño comerciante pagaba la «renta» a la mara, después pagaba la seguridad privada y al final pagaba impuestos a un Estado incapaz de garantizar el más elemental de los servicios públicos: que se pueda abrir una puerta sin pagar peaje a la bestia. Eso, y no otra cosa, es un Estado fallido. No se mide en el déficit: se mide en quién manda en la calle de noche.

Y la extorsión no era solo terror cotidiano: era contabilidad nacional. El propio Banco Central de Reserva de El Salvador cuantificó en su estudio Estimación del costo económico de la violencia que la delincuencia costaba al país 4.026,3 millones de dólares anuales: el 16% de todo el PIB^[10][11]. Estimaciones previas con metodología del PNUD ya situaban el sangrado por encima del 10%^[12], y el FMI registraba un gasto directo en seguridad cercano al 3% del PIB, solo superado en la región por Jamaica^[13]. Calcule el lector: la mara no robaba a El Salvador; poseía una sexta parte de su economía. Cada tienda que pagaba «la renta», cada camión escoltado, cada familia que compraba su propia seguridad dos veces —una ante la mara y otra ante el Estado— era una línea más de un impuesto revolucionario cobrado por la delincuencia con la anuencia pasiva del Estado garante.

La doctrina: autoridad sin complejos

Contra eso se lanzó el Plan Control Territorial y, desde 2023, el régimen de excepción que este medio asume sin ambages como el acierto político y moral de la década en Iberoamérica. El resultado material: más de 85.000 personas vinculadas a las estructuras criminales bajo custodia^[2], la construcción del CECOT y, sobre todo, la anulación física de la cadena de mando: cuando el «ranflero» no puede dirigir la extorsión desde su celda, la extorsión deja de existir como negocio.

Las cifras del desplome no tienen precedente en la criminología moderna: de los ~107 homicidios por 100.000 habitantes de 2015 a 82 asesinatos en todo el país en 2025, una tasa próxima a 1,3 y una reducción acumulada que ronda el 99%^[1], con datos ya de 1,9 en 2024 y una caída superior al 98%^[2]. Traducido para los despachos europeos: El Salvador es hoy más seguro que varias capitales de la Unión Europea que llevan años pronunciando la palabra «contexto» cada vez que alguien es apuñalado.

Y aquí conviene anticipar la disputa, porque el adversario la traerá a la primera de cambio: el régimen de excepción genera críticas internacionales, garantistas en lamento permanente y editoriales escandalizados^[7]. Aquí respondemos con la única contabilidad que importa a las familias: a los 82 homicidios de 2025 se oponen los miles de muertos anuales de la era anterior; a la madre de Soyapango que por primera vez en treinta años deja a su hijo jugar en la calle, nadie le ha explicado todavía qué derecho fundamental restauró el editorialista que la abandonó. El garantismo no protege al inocente: administra su sacrificio con protocolo. Los que hoy llaman «autoritarismo» a Bukele son los mismos que durante décadas llamaron «complejidad» a la matanza.

El dividendo de la paz: la contabilidad que el desorden escondía

Lo extraordinario del modelo no es la seguridad: es lo que la seguridad ha desbloqueado. Porque el orden, que los progresistas tratan como un fin en sí mismo y por eso lo temen, es en realidad un medio: la infraestructura invisible sobre la que se asientan la inversión, el turismo y la esperanza. Los números de 2025 y 2026 son una lección de economía política que ninguna facultad dicta.

La economía creció un 3,9% en 2025, el doble de lo que preveía el propio Fondo Monetario Internacional, que tuvo que rectificar sus proyecciones y reconocer que la confianza, el turismo y la inversión empujaban con más fuerza de la prevista^[3][9]. Y 2026 arrancó todavía más arriba: un 4,8% interanual en el primer trimestre, prácticamente el doble de lo pronosticado, con el Banco Central de Reserva señalando expresamente «la mejora en la percepción de seguridad pública» como fortaleza del clima de inversión^[5]. Para calibrar la magnitud: entre 2000 y 2024 el PIB salvadoreño creció a una media de apenas el 2,1% anual, lastrado por la criminalidad que inhibía toda actividad privada^[7]. La frontera del crecimiento se ha movido de sitio.

El turismo cuenta la transformación mejor que ningún discurso. De país que nadie se atrevía a visitar a destino que bate récords: 4,1 millones de visitantes internacionales en 2025, con ingresos superiores a los 3.600 millones de dólares, entre el 11% y el 14% del PIB según las fuentes^[2][4][6]. En los primeros meses de 2026, la llegada de turistas crecía un 35% interanual^[6]. La construcción, termómetro de la confianza, creció un 33,9% en el segundo trimestre y un 27,15% en el tercero de 2025, con megaproyectos como el Aeropuerto Internacional del Pacífico^[6]. Las remesas batieron récords superiores a los 10.000 millones de dólares, cerca de un cuarto del PIB^[4][6]. El acuerdo de 1.400 millones con el FMI a 40 meses estabilizó las cuentas^[2]. Y lo más importante —y aquí se juzgan las políticas por su efecto en la gente, no en los indicadores—: la pobreza monetaria descendió un 14,5% en un solo año y la extrema un 17,3%^[6][1]; en personas, más de 260.000 salvadoreños salieron de la pobreza en un año^[7].

Y el remate que a nosotros nos duele por partida doble: las principales inversiones extranjeras de ese país pacificado son españolas^[5]. Empresas de nuestro país construyen el moderno El Salvador —su aeropuerto, sus saneamientos, su infraestructura— mientras el Gobierno de esas mismas empresas administra en casa un país donde los pisos okupados, el garantismo judicial de turno y el impuesto configuran la foto inversa. El capital español ya votó: con los pies y con la maquinaria. Solo falta que vote igual el elector.

El interés del orden: digitalización y atracción de talento

El segundo frente del modelo es el que menos gusta contar a la izquierda, porque desmiente su axioma de que autoridad y modernidad son enemigas. La apuesta tecnológica salvadoreña fue escarnecida por los mismos organismos que hoy firman los informes de crecimiento^[4]. La pieza normativa central es el Decreto Legislativo N.º 722, la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías: un régimen de incentivos por quince años para las empresas calificadas por el Ministerio de Economía —renta 0% sobre las actividades cualificadas, arancel cero a la importación de bienes de capital y exención sobre las ganancias de capital—, con aplicación del MINEC y vigilancia de Hacienda^[14]. A ello se suma una ley propia para impulsar el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial mediante un marco regulatorio integral^[15]: el primer país de la región que regula la IA para atraerla, mientras Europa la regula para espantarla.

Entre tanto, el Estado está digitalizando sus servicios con resultados de exportación: la plataforma sanitaria virtual Doctor SV superó el millón de inscritos y millón y medio de citas en sus primeros meses, con un 97% de satisfacción^[2], y el nuevo modelo educativo —métodos basados en evidencia, componente intensivo de IA— ya cubre unos 200 centros^[7]. Nótese el patrón, porque es el patrón de todos los Gobiernos serios: primero se pacifica, después se moderniza, y una cosa es condición de la otra. Nadie implanta sanidad digital en un territorio controlado por la extorsión.

La España que ensaya el manual de Caracas a cámara lenta

La comparación entre la deriva española y la ruta venezolana no es una hipérbole de tribuna: es un paralelo de método. El chavismo no comenzó con expropiaciones espectaculares; comenzó ocupando los contrapesos, degradando el espacio público y tejiendo la dependencia asistencial del votante. El manual, en su fase española, se reconoce paso a paso: la ocupación partidista de los órganos de garantía, la justicia subordinada a las mayorías coyunturales —amnistías, rebajas de pena, dogmática penal a la carta—, el territorio donde la fuerza pública opera con las manos atadas y el delincuente como sujeto de tutela mientras el trabajador y el autónomo cargan con el coste del desorden. Frente a ello, la comparación estructural que resume este dossier:

La lección es tan simple que duele: donde el Estado abdicó del orden, la demagogia cosechó el vacío; donde el Estado lo restauró, florecieron todas las libertades que dependen de él. La libertad sin orden no es un ideal: es un privilegio del delincuente.

La trasposición: qué haría en España un Bukele español

Que la trasposición es posible no es una especulación: es una agenda. Y este periódico la enuncia sin complejos. Primero, la seguridad como derecho humano del honesto: régimen penitenciario de altísima seguridad para las estructuras criminales que esclavizan barrios enteros, con el foco puesto en las mafias —de la extorsión digital a la organización territorial— y no en el migrante como persona, que no es el problema sino, con frecuencia, su primera víctima. Segundo, la devolución del espacio público: fin de la okupación institucionalizada, primacía legal absoluta del propietario y del vecino frente al usurpador. Tercero, la disciplina de los contrapesos: un Poder Judicial que se gobierne a sí mismo y una Fiscalía que responda al Código Penal y no a la hoja de ruta de la coalición. Cuarto, la recompensa al que produce: simplificación fiscal frontal, imán para el capital tecnológico y para la diáspora que hoy construye fuera lo que aquí se le pone trabas para construir.

El Salvador demostró que un país no está condenado a su historia. España debe demostrar que un país no está condenado a sus gobernantes. El caso está ganado, los números son públicos y el adversario ya no puede alegar ignorancia: solo complicidad con el desorden que administra. Lo único que falta en España no es el modelo ni la evidencia. Es alguien con el valor de decirlo en alto y la mayoría suficiente para hacerlo.