Quim Torra desafía al Tribunal Superior de Justicia catalán y afirma que no retirará el lazo amarillo de la Generalitat - ALERTA NACIONAL
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Quim Torra desafía al Tribunal Superior de Justicia catalán y afirma que no retirará el lazo amarillo de la Generalitat

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El presidente catalán, Quim Torra, mantiene de momento la pancarta en favor de los “presos políticos y exiliados” que cuelga del balcón del Palau de la Generalitat y recurrirá la orden de retirarla emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). A raíz de un recurso de la asociación Impulso Ciudadano, el TSJC ha ordenado a Torra retirar en un plazo de 48 horas la pancarta con el lema “Libertad presos políticos y exiliados”, acompañado de un lazo amarillo, que cuelga de la fachada del Palau de la Generalitat.

Según un comunicado de la Oficina del Presidente, Torra presentará a través de sus representantes legales un recurso contra la orden, y lo hará tan pronto como el TSJC “le haya notificado oficialmente la instrucción emitida”. Torra no retirará la pancarta por ahora porque el lema que contiene es, según afirma el comunicado, un “clamor muy mayoritario de la sociedad catalana y un compromiso democrático del Govern con las personas que sufren represión por haber defendido la democracia, los mandatos electorales y los derechos fundamentales”.

El presidente catalán considera que se trata de una nueva “vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión y de opinión, como ya se produjo cuando la Junta Electoral Central ordenó la retirada, de manera irregular y sin tener las competencias para hacerlo”, de esa pancarta, episodio por el que será juzgado por desobediencia. Justamente, hoy el TSJC ha decidido aplazar al próximo 18 de noviembre el juicio a Torra por no retirar esa pancarta en campaña electoral, al no poder resolver a tiempo las recusaciones que el president planteó contra los magistrados que deben juzgarlo.


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Una fiscal propone que negar la violencia de género sea delito

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La fiscal valenciana contra los delitos de Odio, Susana Gisbert
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La fiscal valenciana contra los delitos de Odio, Susana Gisbert, propone que negar la violencia de género pueda ser considerado delito de odio, del mismo modo en que lo es el negacionismo del holocausto, un tipo penal al que «se aproxima» mucho pues, si el segundo niega el genocidio, el primero pretende hacer invisible la muerte de más de mil mujeres en los últimos años en nuestro país.

«No estoy diciendo que ese negacionismo de la violencia de género sea ahora delito, porque no lo es actualmente, pero sí que se estudie esta posibilidad, porque hay líneas fronterizas muy peligrosas entre ese negacionismo y otro que sí es delito, como el del holocausto, con el que comparte el fundamento de trivializar crímenes muy graves».

La fiscal, que está especializada en violencia de género y ha sido portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, añade que «aunque en el caso de las muertes de mujeres no estemos hablando de un crimen de lesa humanidad, como sucede con el holocausto, el número de mujeres asesinadas empieza a ser de tal magnitud que podría llegar a considerarse como tal».

En todo caso, Gisbert matiza que, en materia de violencia de género, no se debe poner el acento únicamente en el derecho penal, y propone trabajar más en la prevención. «Cuando intervenimos con el derecho penal lo que hacemos es gestionar el fracaso. Aunque nos empeñemos en dar más funciones a los juzgados, nosotros solo actuamos cuando ha ocurrido un delito. Incluso aunque no haya condena, nosotros solo podremos poner medidas cautelares frente a un hecho con apariencia de delito. Sin eso, la Justicia penal no puede hacer nada más que redirigir a la mujer a los servicios sociales».

Como fiscal de delitos de odio, Gisbert pone en práctica medidas alternativas a las que entrañan cárcel, como por ejemplo la prohibición de actuar en redes sociales para condenados por perseguir en sus publicaciones a determinados colectivos por razones de pertenencia a una religión, etnia, orientación sexual…

«Son medidas muy interesantes, más aún teniendo en cuenta que ahora las redes sociales también pueden proveer de un cierto beneficio económico por visitas, por derivar tráfico a una web que recibe publicidad… en suma, se trata de medidas que pueden ser más efectivas que una prisión que, en muchos casos, no va a ser cumplida porque la suspenderá el tribunal, al ser la condena inferior a dos años de cárcel».

 

 


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Procesan al ex secretario general de UGT-A Fernández Sevilla por las facturas falsas cuyo fraude supera los 40 millones

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Los dos ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, a la izquierda y Francisco Fernández, a la derecha
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El juez de Instrucción número nueve de Sevilla ha dictado un auto en el que procesa al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas en el caso conocido como «facturas falsas» por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil, una resolución en la que concluye que «el cómputo global de las cantidades defraudadas» en los expedientes de subvenciones concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a la organización sindical en los que se ha contado con la información documental necesaria «asciende a 40.750.047,74 euros».

En un auto fechado el día 3 de diciembre y facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el magistrado da traslado de la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, dado el volumen de las actuaciones, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

En concreto, los investigados son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Asimismo, el juez acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto de ocho personas, entre ellas el que fuera líder sindical andaluz Manuel Pastrana. En concreto, archiva la causa respecto a siete de ellas al entender que, «valorando en su conjunto los indicios aportados en la instrucción practicada, no puede deducirse la existencia de acreditación suficiente de comisión de delito que permita al respecto el dictado de la resolución» que prevé el artículo 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el caso de Pastrana, acuerda el sobreseimiento por su «situación de incapacidad sobrevenida», tal y como puso de manifiesto el informe médico forense emitido el pasado 17 de mayo.

El instructor relata que, en el periodo comprendido entre 2009 y 2013, «se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», añadiendo que «la utilización de estos instrumentos suponía la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos del destino que dichos fondos deberían haber tenido», como es «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado, conforme a los expedientes de subvenciones públicas que eran otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».

Según asevera el juez, «en la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato».

Métodos para el fraude

Seguidamente, el magistrado analiza «las técnicas utilizadas para este objetivo ilícito», como son el mecanismo llamado ‘rappel’, «por el que el sindicato se beneficiaría de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa», o el mecanismo denominado ‘bote’, sistema por el que UGT-A «se financiaría con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas que no corresponderían a servicio prestado alguno pero que eran imputadas a programas subvencionados».

Como tercera «vía de financiación fraudulenta», el juez señala que el sindicato «habría efectuado la cesión en usufructo de locales de su propiedad» a la sociedad mercantil Soralpe -de la que UGT-A era socio único- «mediante contratos elevados a público entre dichas empresas». Así, se trataba de un «mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto».

En este punto, explica que, «tras la concesión de la subvención para acciones formativas, UGT-A las materializaba a través de su entidad vinculada IFES», agregando que, «en tanto que, según normativa autonómica, entre los gastos que pueden subvencionarse se incluyen los gastos de alquiler de las aulas utilizadas en el desarrollo de la acción formativa, si los locales en los que IFES desarrollara las acciones formativas fueran propiedad de UGT-A, su utilización en realidad no generaría más gasto subvencionable que los gastos de mantenimiento», pero, en este caso, «tras la cesión en usufructo de los locales de UGT-A a Soralpe, esta última procedía a alquilarlos a IFES, para de este modo generar de forma artificial un gasto subvencionable».

El magistrado considera que, «en el desarrollo de esta mecánica defraudatoria dentro de UGT-A, era de especial relevancia la labor» del investigado Federico Fresneda, ex secretario general de Administración, «que servía de apoyo a las relaciones del sindicato con los proveedores que colaboraban en la citada mecánica», una labor en la que además «contaba con el apoyo directo» del exvicesecretario de Organización y ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla; de la secretaria de Gestión Económica y de la responsable del Departamento de Compras.

Más de 40 millones defraudados

Al hilo de ello, el instructor precisa que, «para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración» de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, «prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes» del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes «se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención».

A continuación, el magistrado enumera los expedientes de subvenciones analizados en este procedimiento, precisando que, «para la cuantificación de los importes defraudados en cada expediente», se parte de las conclusiones del informe pericial emitido por un interventor y las aclaraciones realizadas en sede judicial, la documentación obrante en autos procedente de las diligencias de entrada y registro practicadas y remitida por las administraciones, y el informe emitido a instancias de la defensa del investigado Francisco Fernández Sevilla.

«El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros», pone de manifiesto el juez en el auto notificado este miércoles a las partes personadas en el procedimiento y contra el que cabe recurso.


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Vox denuncia al alcalde de Valencia, Joan Ribó, por un delito de odio

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Imagen de archivo de los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Valencia
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Vox presentará este martes una denuncia ante el juzgado de guardia de Valencia contra el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, de Compromís. Según la formación que preside Santiago Abascal, Ribó acusó a Vox de «ser responsable de muchas de las agresiones contra las mujeres».

La denuncia será interpuesta por José María Llanos, Pepe Gosálbez, y Ángeles Criado, todos ellos cargos de Vox. Según explicó Gosálbez la pasada semana. «no se puede acusar a un partido que, precisamente, defiende la igualdad de todos ante la ley, sean hombres o mujeres y condena las agresiones contra las personas: mujeres, hombres, ancianos y niños. En Vox defendemos la libertad y la igualdad y condenamos la violencia y las agresiones de todos».

El pasado viernes, el alcalde de Valencia instó a todas las mujeres a que «opinen» si hay que reprobar al grupo de Vox en el Ayuntamiento por no sumarse al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres del pasado 25 de noviembre.

Reprobar a Vox es una opción que estudia el gobierno del Rialto (Compromís y PSPV) por negar la violencia machista y no asistir el pasado jueves al acto institucional celebrado en el consistorio con motivo del 25N.

Ribó denunció a preguntas de los periodistas que es «una actitud absolutamente intolerable». «Su manera de afrontar la violencia contra las mujeres parece un alegato a determinados comportamientos machistas que son la base de la violencia de género», aseveró.


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