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El PSOE y su tradición de militantes y candidatos criminales: Abogados Cristianos denuncia que el PSOE otorga subvenciones para el aborto a una enfermera que se hace pasar por ginecóloga y que va en sus listas

Redacción

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Según informa, se trata de la socialista asturiana Blanca Cañedo.

Pide a la Fiscalía que investigue las «cuantiosas subvenciones» que Blanca Cañedo ha recibido de instituciones públicas gobernadas por el PSOE

Esta organización de juristas ha presentado una denuncia contra ella ante la Fiscalía por supuestos delitos de tráfico de influencias e intrusismo profesional, tipificados en el artículo 403 y entre los artículos 428 y 430 del Código Penal.

Abogados Cristianos pide que se investiguen las «cuantiosas subvenciones» que han recibido las empresas y organizaciones de las que es titular Cañedo por parte de instituciones públicas gobernadas por el PSOE.

Denuncia, además, a «la empresaria socialista» por intrusismo profesional, «al presentarse como ginecóloga en entrevistas en medios de comunicación en las que habla de su centro de abortos, siendo de profesión enfermera».

Abogados Cristianos asegura en su escrito a la Fiscalía que mintiendo sobre su titulación, busca “transmitir unos conocimientos profesionales que no tiene y atraer así al mayor número de clientes”.

Según expone en la denuncia, Cañedo ejerció hasta el año 2019 los cargos de apoderada y gerente del Centro de Salud Belladona SL, y es presidenta y miembro del patronato de Mar de Niebla, que se constituyó el 30 de junio de 2015 para dar marco jurídico a la Fundación por la Acción Social Mar de Niebla.

Indica que esta tiene vinculación con el PSOE desde hace años. En este sentido, precisa que en las listas electorales de las elecciones locales de 2015 en Gijón aparecía como candidata número 18; que en 2017 era vocal de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Gijón; y que en la lista a la alcaldía de Gijón de 2019 iba como número 26.

«A mayor abundamiento, para mostrar la vinculación de Blanca Cañedo con el PSOE, y su buena colaboración entre ellos», aporta un enlace de la página web del PSOE, donde se refieren a ella como «compañera».

En la denuncia señala «las ayudas y subvenciones que han recibido Blanca Cañedo y sus sociedades mientras ha gobernado el PSOE en Gijón».

Según precisa, en 2011 Cañedo recibió una de 2.640 euros por estar contratada por su propia empresa, Centro de Salud Belladona, y ser mayor de 45 años. Añade que la Asociación Cultural Mar de Niebla recibe a su vez cuantiosas subvenciones del Ayuntamiento de Gijón. En este sentido, detalla que en 2016 realizó un convenio con la asociación de Mar de Niebla por el que la subvencionó con un total de 129.600 euros, a la que se suma otra subvención que de 17.750 euros recibió en 2017, en siete conceptos diferentes.

Además, destaca que el Centro de Salud Belladona recibió en 2016 de la Consejería de Salud del Principado de Asturias subvenciones millonarias. Al respecto, adjunta el anuncio de la SESPA Información pública del anuncio de formalización de la contratación de la gestión del servicio público, en la modalidad de concierto, de los procesos de interrupción voluntaria del embarazo, por valor superior a los dos millones de euros.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, declara que “la ley del aborto, igual que la del ‘sólo sí es sí’ o las despenalizaciones del Código Penal de los delitos de malversación o sedición, sólo pretenden ayudar a los miembros del Gobierno o a sus socios”.

Afirma que “se trata de una evidencia más de cómo se crean leyes que fomentan el aborto, no para ayudar a las mujeres, sino para regar con millones en subvenciones a los centros de abortos que regentan miembros del propio PSOE”.

Castellanos también señala que “la única razón para desprestigiar las medidas pro mujer de la vicepresidencia de Junta de Castilla y León es que peligre este macabro negocio”.

Y anuncia que “en base a la ley de transparencia investigaremos todos aquellos negocios del aborto en el que están involucrados miembros de los partidos del Gobierno y reciben subvenciones y dinero público, máxime cuando el Tribunal Supremo sentenció que la patronal del aborto engaña a las mujeres”.

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El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano

Redacción

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El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.

Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.

Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.

Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.

Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.

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