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Economía

El seguro pagará al menos 190 millones en indemnizaciones por la gota fría

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El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) pagará al menos 190 millones de euros en indemnizaciones por los siniestros causados por la reciente gota fría que ha afectado a distintas regiones del suroeste y el centro de España, especialmente a Murcia.

Según explica la entidad, los cálculos son preliminares y se basan en informes de urgencia realizados por un equipo de peritos del CCS tras reconocer las zonas afectadas, una labor que se vio dificultada debido a que las lluvias y los desbordamientos continuaron durante el pasado fin de semana y algunas zonas no estaban aún accesibles. La entidad estima que, en conjunto, el número de solicitudes de indemnización de asegurados afectados que deberá gestionar estará en torno a 30.000, y que el coste total de las compensaciones que se les abonarán rondará los 192 millones de euros.

Por zonas afectadas, Murcia es la que ha sufrido más daños, especialmente Cartagena, Los Alcázares, Murcia capital y San Javier, con un total de 13.800 siniestros con derecho a indemnización del CCS hasta el momento y un coste previsto de 82 millones de euros. De esos siniestros, 10.000 corresponden a viviendas, comercios, industrias y obras civiles y 3.800, a automóviles arrastrados o inundados, explica la entidad.

En la Comunidad Valenciana, el CCS calcula que se han producido un total de 12.000 siniestros, de los que 9.300 corresponden a viviendas, comercios, industrias y obra civil, y 2.700, a automóviles. El coste total estimado en esta comunidad asciende a 92 millones de euros, y las zonas más dañadas han sido Orihuela y el resto de la comarca de la Vega Baja, en Alicante; y Ontinyent y el resto de la comarca de Vall de Albaida, en Valencia. En Andalucía, las inundaciones han afectado a la parte oriental de la comunidad, con unos 2.200 siniestros, de los que unos 600 se han producido en la provincia de Almería; 800, en Granada, y otros 800, en la de Málaga. El coste total que se calcula de las indemnizaciones que abonará el CCS a los asegurados en Andalucía es de 12 millones de euros aproximadamente.

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En Castilla-La Mancha, las lluvias han causado unos 350 siniestros, de los que 300 corresponden a viviendas y comercios, y 50 a automóviles, con un coste total previsto de un millón de euros aproximadamente. Las zonas afectadas han sido principalmente localidades dispersas de las provincias de Guadalajara y Toledo y, en menor medida, Albacete y Ciudad Real, informa el Consorcio. En la Comunidad de Madrid, el organismo calcula que se han producido unos 900 siniestros, con un coste de 4,5 millones de euros. Las localidades más afectadas han sido Arganda del Rey, Velilla de San Antonio, Nuevo Baztán, Villar del Olmo, Campo Real y Daganzo. Se trata de estimaciones muy aproximadas, explica la entidad, que añade que está pendiente de recibir información de los peritos que en estos momentos están recorriendo dichas localidades.

Baleares, por su parte, ha tenido una escasa incidencia, en torno a 100 siniestros con un coste de 250.000 euros en Selva (Mallorca) y Ciudadela (Menorca), principalmente. El CCS ha recibido y registrado 2.994 solicitudes de indemnización, de las que 2.176 corresponden principalmente a viviendas, comunidades de propietarios de viviendas y comercios, y 818 a automóviles arrastrados o inundados. Según informa el CCS, no existe un plazo para solicitar la indemnización, por lo que el organismo registrará y tramitará todas las solicitudes de pagos que reciba, incluidas las que se presenten después de cumplido el plazo de 7 días al que se refiere la Ley de Contrato de Seguro.

La solicitud la puede realizar el propio asegurado o, en su representación, su entidad aseguradora o el mediador (agente o corredor) de seguros, a través del teléfono gratuito 900 222 665 o en la página web del CCS (www.consorseguros.es), con el DNI o el certificado electrónico. El CCS también quiere aclarar que no existe un límite al importe de las indemnizaciones a pagar, que se corresponderán con los seguros contratados por los afectados, incluso si el coste final pudiera superar significativamente las primeras estimaciones efectuadas. En el caso de automóviles inundados, el asegurado tendrá derecho a recibir una indemnización del CCS “cualquiera que sea la cobertura que tuviera contratada”, ya que bastaría con la de responsabilidad civil o de daños a terceros de carácter obligatorio.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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