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Tribunales

El Supremo obliga a una empresa a mantener la cesta de Navidad para sus empleados

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El Tribunal Supremo ha obligado a una empresa a repartir entre sus empleados la cesta de Navidad de 2016, que tras casi una década ésta decidió cancelar, al considerar que se trataba de una “condición más beneficiosa” para los empleados que la compañía no podía suprimir de forma unilateral.

El problema surgió en 2016, cuando tras nueve años consecutivos en los que los empleados recibían su cesta de Navidad, la empresa Transcom decidió suprimirla y sustituirla por un cóctel; la última que recibieron, en 2015, consistió en un panetone de 4 euros.

Desde 2007 Transcom repartía una cesta de Navidad entre aquellos de sus empleados que tuvieran contrato en vigor en los primeros días de diciembre; ese año, el regalo, cuyo valor era de 12,89 euros, se repartió entre 3.286 trabajadores, lo que supuso un desembolso de 42.356 euros.

En los años sucesivos continuó la distribución de cestas de Navidad, hasta que en 2015 fueron 5.331 los empleados que la recibieron, en aquella ocasión un panetone cuyo importe era de 4,04 euros.

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En diciembre de 2016, durante una reunión con el comité de empresa, la dirección explicó que no se podía abordar el tema de la cesta de Navidad porque no estaba presente su responsable, y ese año los empleados no recibieron la cesta, razón por la cual los sindicatos iniciaron un conflicto colectivo.

En marzo de 2017 la Audiencia Nacional dio la razón a los sindicatos, lo que ahora ha sido refrendado por el Tribunal Supremo, que entiende que el reparto de la cesta de Navidad no constituye una “liberalidad” de la empresa sino una “condición más beneficiosa” para los trabajadores.

La empresa alegaba que la cesta se entregaba a los trabajadores con contrato en vigor en determinados días de diciembre, pero el Supremo considera que esto es “irrelevante” porque de hecho se entregaba a los contratados en los primeros días de ese mes, sin especificar.

Transcom también adujo que en 2016 se solicitó un presupuesto pero no para la adquisición y reparto de la cesta, sino para un cóctel que se ofreció a los empleados.

Sobre este punto, el Supremo aclara que es precisamente la decisión de ofrecer un cóctel el año que suprime la cesta de Navidad lo que prueba que la empresa “asumía la necesidad de sustituir una cosa por otra”, lo que de forma implícita supone “reconocer la existencia de una determinada obligación”.

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En todo el proceso, Transcom defendió que el reparto constituía una mera “liberalidad”, pero el Supremo acude a sentencias anteriores y recuerda que cuando se reconoce una condición más beneficiosa está vigente mientras no se acuerde otra cosa o se decida suprimirla mediante acuerdo entre las partes.

No obstante, el tribunal reconoce que la entrega de una cesta de Navidad no es un derecho adquirido, si bien en el presente caso se viene entregando sin solución de continuidad desde 2007, cada año a un número mayor de trabajadores que superaron los 5.000 en 2015.

El esfuerzo logístico y organizativo, prosigue la sentencia, que supone un reparto de esa magnitud implica que la empresa “actúa con voluntad de reconocer el derecho más allá de una puntual y aislada liberalidad”.

Además, aunque la entrega de la cesta no se produce desde “tiempo inmemorial” -sólo consta que se repartía desde 2007-, “son muchos los años transcurridos durante los cuales Transcom mantuvo esta costumbre ininterrumpidamente”.

Y recalca que se trata de un periodo que coincide con el de la “grave crisis que afectó a todos los sectores económicos a nivel nacional”, lo que desmiente la pretensión de la compañía de que se trataba de una simple liberalidad.

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2 Comentarios

1 Comentario

  1. Avatar

    Antonio

    07/07/2019 at 13:38

    Es la teoría de los derechos adquiridos. O hablando más en cristiano, “lo que se da, no se quita”.

  2. Avatar

    Antonio

    16/10/2018 at 12:27

    Es la teoría de los derechos adquiridos. O hablando más en cristiano, “lo que se da, no se quita”.

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Sucesos

Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?

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El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch

Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.

Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.

Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

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Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.

Más del 90% de los presos, en el País Vasco

En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia». 

La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.

De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro díasNo obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.

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Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.

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