El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central que tome las medidas oportunas para que se permita votar a los policías que se encuentran desplegados en Cataluña con motivo del dispositivo de seguridad para las próximas elecciones de este domingo.

Fuentes jurídicas han informado de que la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal ha estimado acordar la medida cautelarísima presentada por el sindicato policial JUPOL por razones de urgencia contra el acuerdo de la Junta que impedía votar a los agentes.

El PP y Vox también han pedido a la JEC que deje votar a los policías que irán a Cataluña el 10N

Vox ha enviado este viernes a la Junta Electoral Central (JEC) un escrito con el que pide que adopte cuántas medidas estén “a su alcance” para facilitar que los agentes de Policía que irán a Cataluña para preservar el derecho al voto el próximo domingo puedan también ejercerlo.

La solicitud de Vox se ha registrado después de que el PP haya hecho lo mismo con una similar; ambas son la reacción al acuerdo que ayer jueves tomó la Junta Electoral.

Un acuerdo al que llegó después de que los sindicatos policiales consultaran qué mecanismos podían habilitar para que los agentes que debían ir a Cataluña como parte del operativo de protección de los colegios electorales, y que por tanto no podrían votar, pudieran hacerlo en otras circunstancias, por ejemplo gracias a una ampliación del plazo para pedir el voto por correo.

Pero la Junta Electoral determinó que carece de competencias para hacer algo en ese sentido, ya que tendría que cambiar la legislación electoral, en concreto el procedimiento que regula el voto por correo.

Según señala Vox en una nota de prensa, es “una contradicción” que los funcionarios públicos sean desplazados para garantizar el derecho al voto de miles de ciudadanos y “ellos mismos no puedan ejercer el suyo”.

A su entender, la Junta Electoral está en “la obligación de realizar cuántas medidas esté a su disposición” para que se aseguren dichos derechos.

Dice Vox que se podría aplicar en este caso la Ley Orgánica 5/1985, ya que alude a la posibilidad de que los funcionarios públicos puedan votar aunque por su trabajo tengan que desplazarse “de forma extraordinaria” el día de las elecciones.