El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau a reintegrar al Estado 4,9 millones de euros indebidamente utilizados en la financiación de la consulta del 9-N, celebrada en 2014 pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

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El pasado mes de diciembre, este tribunal ordenó el embargo de la vivienda de Mas y de otros bienes de los demás implicados para hacer frente a la fianza de 5,27 millones de euros. Mas, Ortega y Rigau fueron condenados por desobediencia por el Tribunal Superior de Cataluña a penas de multa e inhabilitación para cargo público.

El tribunal estima las demandas interpuestas por Sociedad Civil Catalana y por la entidad Abogados catalanes por la Constitución. Además de los cuatro dirigentes políticos, la sentencia condena a otras seis personas. A Mas se le considera responsable de la totalidad del daño “causado” a la Generalitat: los 4,9 millones. Ortega debe responder por 0,8 millones correspondientes, en su mayoría, al soporte informático que fue necesario para organizar la consulta no vinculante del 9 de noviembre de 2014.

La cantidad es más elevada en el caso de Rigau, exconsejera de Enseñanza, (2,8 millones) porque su departamento compró los 7.000 ordenadores que se utilizaron en las mesas de votación de aquella jornada. El Govern ha defendido siempre que esos ordenadores se utilizaron después en las aulas de las escuelas e institutos catalanes, por lo que no debería computarse en el 9-N. En el caso de Homs, exdiputado en el Congreso, se le atribuye responsabilidad por un total de 1,9 millones que incluyen la campaña de publicidad institucional de la consulta y el envío de correo postal a la ciudadanía.

Todos los condenados deberán reintegrar un total de 4,9 millones de euros a la Generalitat “en la medida de sus respectivas responsabilidades”. Mas y los exconsejeros también deberán abonar los intereses y pagar las costas de las demandas.

La sentencia considera probado que el Gobierno de Mas realizó todos esos gastos pese a que la consulta había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. En el proceso penal que todos ellos tuvieron que afrontar, la fiscalía barajó inicialmente la posibilidad de acusarles también por un delito de malversación de fondos públicos. No lo hizo, sin embargo, y los exconsejeros lograron así evitar una pena que habría supuesto su ingreso en prisión.