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Tribunales

El Tribunal Supremo condenará por sedición y malversación a los líderes del «procés»

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Banquillo de los acusados del juicio del «procés»
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Un delito contra el orden público y no contra el orden constitucional. La Sala Penal del Tribunal Supremo va a condenar a los líderes del «procés» por un delito de sedición y no de rebelión. Lo hará por unanimidad, y tras valorar que que si bien hubo violencia en momentos puntuales durante el otoño caliente de 2017, esta no tuvo la suficiente entidad como para poder condenar por rebelión.

La sentencia, que se dará a conocer este lunes, ya con el cuadro de penas de prisión para cada uno de los líderes independentistas, incluye también una condena por malversación para el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros que están presos. No así para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, que serán condenados solo por desobediencia y no malversación.

Se resuelve así la mayor incógnita del juicio: hubo sedición y no rebelión, un tipo delictivo que implicaba violencia. Había varias opciones encima de la mesa. La Fiscalía siempre defendió la rebelión; la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, apostó por la sedición; y las defensas argumentaron la mera desobediencia.

La diferencia entre la rebelión y la sedición es que la primera implica un ataque al orden constitución y la segunda, la sedición, se refiere a un ataque contra el orden público. El factor clave era determinar si hubo violencia y cuantificar en qué grado.

La comunicacion de la sentencia se producirá el próximo lunes, 14 de octubre. Una vez descartada la lectura pública de la sentencia, el tribunal hará llegar su fallo a los acusados a la prisión de Lledoners, donde cumplen prisión preventiva y se comunicará en la sede del Supremo a sus procuradores y a sus abogados, que también podrán recibirla por vía telemática.

Los 12 políticos catalanes acusados en el juicio del «procés», con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras a la cabeza, se enfrentan a importantes penas de prisión. La Fiscalía pidió para ellos 177 años de cárcel por los delitos de rebelión y malversación. La Abogacía del Estado rebajó es cifra a 116,5 años al acusarlos de sedición. Por su parte, la acusación popular ejercida por Vox reclamó cerca de 700 años de cárcel. Además, todos ellos podrían quedar inhabilitados para ejercer cargo público, tal y como piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Petición de penas

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat, (en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017) se enfrenta a 25 años de cárcel por un delito de rebelión con distracción de caudales públicos según la petición de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel por sedición y malversación de caudales públicos y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) afornta 17 años a la cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita 10 años para ella por sedición y Vox 62 años por rebelión y organización criminal.

Para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, expresidente de ANC y presidente de Òmnium Cultural, respectivamente (en prisión desde el 16 de octubre de 2017), la Fiscalía pide 17 años de cárcel por rebelión. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel por sedición y Vox, también 62 años por rebelión y organización criminal.

Para el exconsejero de Interior Joaquim Forn (en prisión desde el 2 de noviembre de 2017), la Fiscalía propone 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos, mientras que la Abogacía del Estado quiere 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Josep Rull, exconsejero de Territorio (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrente al igual que su compañero a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos a solicitud de la Fiscalía. La Abogacía del Estado pide 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox, solicita 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

A iguales penas se enfrenta el exconsejero de Presidencia y Portavoz de la Generalitat Jordi Turull (en prisión desde el 23 de marzo de 2018). La Fiscalia le pide 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos. La Abogacía del Estado, 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox,74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Raül Romeva, exconsejero de Asuntos Exteriores (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que pide la Fiscalía. La Abogacía del Estado propone para él 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox vuelve a pedir 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia (en prisión desde el 23 de marzo de 2018) tiene que hacer frente a los 16 años de cárcel por rebelión con distracción de caudales públicos que le pide el ministerio público. La Abogacía del Estado pide para ella 11 años y seis meses de cárcel por sedición y malversación y Vox reclama 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal.

El exconsejero de Justicia Carles Mundo (en libertad provisional) podría ser condenado a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia, como pide la Fiscalía y la Abogacía del Estado o a 24 años de cárcel que solicita Vox por malversación, desobediencia y organización criminal.

Para la exconsjera de Gobernación Meritxell Borràs (en libertad provisional) la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 7 años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia y Vox quiere 24 años de cárcel por malversación, desobediencia y organización criminal.

Santiago Vila, exconsejero de Empresa (en libertad provisional), se enfrenta también a siete años de cárcel y 30.000 euros de multa por malversación y desobediencia a petición de la Fiscalía y al Abogacía del Estado, mientras que Vox no solicita pena de prisión al acusarle tan sólo de desobediencia.

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Tribunales

Registran la casa del abogado de Puigdemont por blanqueo de dinero del narco Sito Miñanco

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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón está dirigiendo una operación contra el blanqueo de capitales relacionado con el delito contra la salud pública y ha ordenado el registro de la casa de Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y del narcotraficante Sito Miñanco.

Fuentes próximas a la investigación han señalado que el registro se está practicando en el domicilio de Boye en Madrid y que el abogado no está detenido.

La operación, que coordina la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y que desarrollan agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, está vinculada a la causa judicializada de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, de 62 años.

El histórico narcotraficante gallego fue detenido en febrero de 2018 junto a una veintena de presuntos miembros de su banda acusados de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Las investigaciones apuntaban que Miñanco lideraba una importante red de narcotraficantes desde 2016, meses después de que se le otorgara la semilibertad, lo que le permitía dormir diariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Algeciras (Cádiz). De hecho, fue arrestado cuando salía de ese centro.

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado de esta operación en la que se están practicando varios registros en una causa que está secreta.

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Sociedad

Un padre, condenado a trabajos comunitarios por dar un “capón” a su hijo

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Un hombre que propinó un “capón” a su hijo para corregir su actitud rebelde y desafiante cuando le recriminó sus malos resultados escolares tendrá que cumplir 31 días de trabajos comunitarios al haber confirmado la Audiencia Provincial de Murcia la sentencia que lo condenó como autor de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, desestima así el recurso que el acusado presentó contra la condena impuesta por un Juzgado de lo Penal de Murcia en febrero de 2018 y que incluye también una orden de alejamiento en cumplimiento de la cual no podrá acercarse al menor durante seis meses y un día. El Juzgado declaró como hechos probados que los mismos ocurrieron cuando al recoger el acusado a los hijos, entregados por su expareja, se produjo una discusión en el transcurso de la cual uno de ellos salió en defensa de la madre. Fue entonces cuando, decía la sentencia, el denunciado lo cogió del brazo y le propinó golpes en el pecho y un pescozón en la cabeza.

En su recurso, el acusado alegó que no cometió delito alguno, ya que se limitó a tratar de corregir una actitud rebelde y desafiante de este hijo surgida cuando le censuró su bajo rendimiento académico. Y añadió que solo trataba de corregir su comportamiento, no de atentar contra su integridad física, lo que consideró podía realizar en el ejercicio legítimo de su degber como padre.

Sin embargo, la Sala de la Audiencia, que tiene como ponente a la magistrada Ana María Martínez, comenta que aunque el “capón” fuera para reprender su actitud desafiante por haberle recriminado sus malas calificaciones, supuso ejercer violencia física sobre el menor, aunque este no llegar a sufrir lesión alguna. “Quienes tenemos hijos, se lee en la sentencia, provenimos, en muchos caso, de una educación en que sí existía el castigo y la corrección: la zapatilla, la bofetada y hasta el cinturón, y tenemos que aprender formas de educar que no lleven implícita esa parte violenta”.

Comenta igualmente que “la familia es un espacio nuevo de convivencia entre sus miembros, en el que debe imperar la igualdad y el comedimiento, por más difícil que resulte la labor de educación, a veces, en el día a día”.

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Tribunales

La Audiencia Nacional ordena el cierre de la página web de Tsunami Democràtic

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El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, previo informe de la Fiscalía, ha ordenado a la Guardia Civil que proceda a clausurar todo acceso a páginas web y perfiles en redes sociales de Tsunami Democràtic por delito de terrorismo, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

Este portal de internet y también su aplicación para dispositivos móviles ha comenzado a bloquearse a partir de las 14.30 horas. Tsunami Democratic, desde la que se han convocado los disturbios habidos en Cataluña, se jacta en un mensaje publicado en Telegram de que nadie “puede detener un Tsunami”. Señala que la Audiencia Nacional ha contado con la colaboración de los grandes teleoperadores para cerrar su dominio. Ofrece una serie de alternativas a sus seguidores, que no publicamos para no colaborar con quienes ya están dentro de una investigación judicial, con el fin de poder seguir recibiendo consignas y continuar los disturbios.

Fuentes jurídicas han concretado que la orden ha partido de la Audiencia Nacional, concretamente del mismo magistrado que investiga la causa por terrorismo contra nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), siete de los cuales están en prisión provisional desde finales de septiembre. Sin embargo, las fuentes consultadas no han aclarado de momento si el cierre de la página y perfiles de redes sociales de Tsunami Democràtic corresponde a las mismas diligencias o se trata de una causa aparte.

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este mismo viernes que hay avances en las investigaciones sobre los “autores intelectuales” de los disturbios de la última semana en ciudades catalanas y que Tsunami Democràtic era una de las plataformas sobre las que su departamento ha puesto el foco.

El ministro ha evitado, para “no perjudicar” la investigación en marcha, responder a la prensa sobre si Tsunami Democràtic y otras plataformas están conectadas con el expresidente catalán huido en Bélgica Carles Puigdemont y partidos como la CUP. No es la primera vez que un juez clausura una página web relacionada con el ‘procés’. Hace justo dos años, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona

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