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Tribunales

El Supremo fija que todo contacto corporal de tipo sexual es abuso y no coacciones

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El Tribunal Supremo ha establecido que cualquier acción que implique un contacto corporal no consentido con propósito de obtener una satisfacción sexual supone un delito de abuso y no de coacciones leves sin perjuicio de que su mayor o menor gravedad tenga reflejo en la correspondiente pena.

En una sentencia el alto tribunal considera que estas conductas han de enmarcarse en el delito de abuso sexual que está castigado con pena de prisión de seis meses a dos años y no de coacciones leves que prevé de tres meses a dos años de cárcel.

La Sala recuerda que el tipo penal del abuso sexual exige como requisitos un elemento objetivo de contacto corporal, tocamiento impúdico o cualquier otra exteriorización o materialización con significación sexual.

Los magistrados explican que “este contacto corporal puede ser ejecutado directamente por el sujeto activo sobre el sujeto pasivo o puede ser ordenado por el primero para que el sujeto pasivo lo realice sobre su propio cuerpo siempre que el mismo sea impuesto”.

Añaden que “requiere también un elemento subjetivo que se refiere al ánimo o propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otro”.

Para la Sala si concurren estos requisitos “aun cuando el hecho hubiera sido momentáneo sería delito de abuso sexual del artículo 181 del Código Penal y no de coacciones castigado en el 172.3”.

El tribunal fija este criterio en una sentencia en la que desestima el recurso de una mujer contra la dictada por la Audiencia de Córdoba que confirmó la absolución de un hombre acusado de abuso sexual y aclara que en este caso no aplica la nueva doctrina debido a que los hechos probados no expresan con la suficiente claridad los datos fácticos precisos para concluir la existencia de dicho delito.

Los hechos ocurrieron en un bar de Villanueva (Córdoba) en agosto de 2015 cuando el acusado rozó momentáneamente en la zona del pecho y de la cintura a la recurrente al tratar de coger las llaves del aseo de mujeres después de haberla seguido hasta allí e intentar entrar dentro con ella.

El Supremo indica que los hechos probados son “insuficientes para fundamentar una condena por este delito puesto que no recogen ni la naturaleza sexual del comportamiento ni el requisito subjetivo que exige el abuso sexual”.

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Tribunales

Investigan a tres menores por agredir sexualmente a un niño de 9 años en Valencia

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Tres niños de once, trece y catorce años agredieron sexualmente a otro menor de nueve en una urbanización de un pueblo de la comarca valenciana de La Ribera. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de junio, pero fueron avanzados ayer por el diario Levante.

El juez de menores de la capital del Turia ha ordenado el ingreso del mayor de los investigados en un centro en régimen cerrado y terapéutico por un periodo de seis meses. Los otros dos presuntos autores de la agresión son inimputables al no tener 14 años. El caso fue destapado por un familiar de la víctima, que se enteró que el pequeño de 9 años había practicado felaciones a otros menores de la urbanización.

La agresión ocurrió hace dos meses en una urbanización de la Ribera, cuando el grupo de tres menores instó a otro, más pequeño que ellos con nueve años, a que les hiciera felaciones a todos ellos. La idea se le había ocurrido al adolescente de 13 años, quién grabó las imágenes de las agresiones sexuales, según declararon posteriormente los menores.

No obstante, al ser menores de 14 años, la Fiscalía de Menores de Valencia no ha podido solicitar medidas de internamiento contra el presunto instigador, inimputable con las leyes actuales. En la misma situación está otro de los autores, de 11 años, que fue identificado por la Guardia Civil, pero que también ha quedado en libertad sin medida cautelar.

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Tribunales

La “jueza pitonisa” expedientada por conceder indultos

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Folletos que supuestamente repartía la «jueza pitonisa»
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Nuevo expediente para la «jueza pitonisa». El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha arrancado una investigación a María Jesús García Pérez por conceder tres indultos en el centro penitenciario de Monterroso (Lugo). Antes, se habían abierto diligencias contra ella por dedicarse a echar cartas del tarot.

El expediente, adelantado por El País, se cierne sobre la concesión de indultos parciales a tres internos en la cárcel de Monterroso (Lugo) que ya tenían más de la mitad de su condena cumplida y ostentaban el tercer grado penitenciario. El problema se produce ya que como jueza solo puede tramitar los expedientes con las peticiones, lo que provocó que el Ministerio Fiscal tuviese que recurrir para anular la medida.

La investigación del CGPJ tiene que complementarse con un informe de la comisión disciplinaria, además del contenido principal del mismo, donde investiga la actividad como jueza de vigilancia penitenciaria y su presunta injerencia en una decisión que debe tomar el Gobierno de forma exclusiva.

En este momento, la jueza tiene plaza como titular en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de La Coruña, un puesto parecido al que ya había ocupado entre 2006 y 2009 en Santander -Juzgado de Violencia de Género-. En ese tiempo en la ciudad cántabra había sido sancionada con 3.000 euros por falta grave al afirmar que estaba en contra de la Ley Integral sobre Violencia de Género que aplicaba.

Además, se hizo conocida por el expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial al hacerse público que se dedicaba a echar cartas del tarot. Fue archivado por el órgano de gobierno del poder judicial pues las pruebas -una grabación con cámara oculta en su domicilio- fueron consideradas ilícitas.

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Tribunales

El Ministerio de Justicia pide a la Fiscalía que investigue a las agencias de gestación subrogada

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El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de que facilitan la gestación subrogada (o vientres de alquiler) que operan en España.

Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país «se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países».

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.

La legislación española declara «nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero».

Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.

Polémica

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría «a las mafias» que trafican con los vientres de las mujeres «aquí y dónde sea», mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con «la compra venta de niños».

El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada «solo hay amor, vida, libertad y respeto» y que recurrir a los vientres de alquiler es «un derecho».

Ciudadanos rechaza que se criminalice a las familias que recurren a esté método, por el que llegan a España unos mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.

El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.

En la elaboración de este documento sobre los «vientres de alquiler» participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó a Efe que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España «se penaliza el tráfico de personas».

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