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Cartas del Director

Elecciones, una emergencia nacional

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En España es el independentismo quien ataca las libertades públicas, y no al revés. Por eso las elecciones se han convertido en una emergencia nacional

El anuncio hecho por el Gobierno de que va a admitir la inclusión de la figura de un «relator», a modo de notario o mediador en las conversaciones que mantenga con el separatismo catalán, es mucho más que una cesión de Pedro Sánchez al independentismo. Es un insulto a la inteligencia de todos los españoles y una dejación de sus funciones como presidente del Gobierno que exige elecciones con urgencia.

Incluir esa figura hace presuponer la existencia de un conflicto a nivel internacional entre dos entes o Estados de un mismo rango jurídico, cosa que en el caso de Cataluña y España no se produce en absoluto. Sánchez incurre en una superación de facto de la Constitución con el único objetivo de garantizarse el apoyo del separatismo a su proyecto de Presupuestos del Estado, lo cual no deja de ser un humillante ejercicio de supervivencia y de aferramiento al poder. De algún modo, Sánchez vuelve a poner a España en almoneda y legitima una figura absolutamente innecesaria para dar satisfacción al secesionismo con una sumisión vergonzante. Apurando, lo más irrelevante de todo es la retórica del lenguaje o la nomenclatura. Matizar, como hizo ayer el Gobierno, si se trata de un relator, un mediador o un «coordinador» de las reuniones entre Sánchez y la Generalitat, es inocuo. Lo ofensivo y verdaderamente trascendente, incluso a efectos jurídicos, es el fondo.

Dar categoría política a esta figura mediadora supone rasgar la Constitución, asumir una condición impuesta por Torra que debería ser inaceptable, y colocar a la nación española en plano de inferioridad moral a la hora de reivindicarse como soberana frente quienes pretenden fracturarla. Al Gobierno de los 84 escaños no le ha bastado con dejar abandonado a su suerte al magistrado instructor del golpe del 1-O; no le ha bastado con ridiculizar a la Abogacía del Estado para que retirase la acusación por rebelión; no le bastó con legitimar como interlocutor a un huido como Puigdemont, o con cuestionar la medida de prisión provisional de los encausados. Tampoco le bastó con insinuar que tras una hipotética condena no tendrá reparo alguno en indultar a los golpistas, ni con denostar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Ahora el Gobierno vuelve a perder una batalla crucial para la credibilidad internacional de España, en la medida en que un «relator» se identifica con un mediador entre dos partes iguales en conflicto. El de Cataluña es más que un conflicto político. Hay una exigencia de cumplimiento de la legalidad que es insoslayable, y la vulneración flagrante del Código Penal tiene consecuencias.

En España no hay presos políticos ni juicios a la libertad. Solo hay procesos a presuntos delincuentes, que por cierto disponen de muy costosas defensas, y que van a necesitar más penalistas que «mártires» de la libertad o «relatores» de un plan separatista que Sánchez negocia a oscuras. Igualmente, resulta una auténtica afrenta jurídica a la unidad de España que Sánchez aceptase tomar en consideración el infame documento de exigencias que Joaquim Torra le entregó el pasado mes de diciembre, y que ayer filtró convenientemente para dejar en evidencia al Gobierno de la nación. Un documento que exige la «desfranquización» de una España que hace casi cincuenta años que dejó de ser franquista, que impone dialogar de algo ilegal como la autodeterminación de Cataluña, y que exige al poder ejecutivo anular al poder judicial, o la derogación de facto del Código Penal para los encausados por rebelión, solo debe tener un lugar en el despacho de Sánchez: la papelera. El mero hecho de sentar las bases indiciarias para negociar una sola línea del chantaje expuesto por Torra debería ser susceptible de su dimisión inmediata e irrevocable como presidente del Gobierno, y la convocatoria inminente de elecciones.

Ese documento es un llamamiento a la aplicación inmediata del artículo 155 de la Carta Magna, y solo desde una perspectiva de cobardía ética y de un ejercicio pusilánime del poder es comprensible la conducta de Sánchez. Y también la de algunos de sus ministros muy significados en la lucha contra el independentismo, que miran hacia otro lado como si realmente todo esto fuese una negociación legítima y no la sumisión a un chantaje. No es posible que el Gobierno se dedique a blanquear a unos golpistas o minimice este secuestro de nuestra democracia con la excusa de permanecer unos meses más en el poder. En España es el independentismo quien ataca las libertades públicas, y no al revés. Por eso las elecciones se han convertido en una emergencia nacional.

 


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Fallece un torilero tras ser embestido por un toro en Benavente (Zamora)

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Santiago D. S, un torilero de la plaza de toros de Benavente (Zamora), ha fallecido tras sufrir una cogida de uno de los astados del concurso de cortes que se iba a celebrar este domingo por la tarde con motivo de las fiestas del toro enmaromado de esta localidad zamorana.

El suceso se ha producido sobre las 18.40 horas, cuando iba a salir al ruedo el primero de los toros participantes en el concurso y este operario que trabajaba como voluntario se encargó de la apertura de la puerta de salida al ruedo del astado, han informado a Efe fuentes municipales.

El toro se ha dado la vuelta repentinamente y ha pillado al fallecido en el pasillo entre los toriles y la salida al albero, donde le ha empitonado y le ha causado heridas mortales.

Los servicios sanitarios atendieron de forma inmediata al hombre, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El suceso ha hecho que se suspendiera el espectáculo de cortes que iba a dar comienzo y al que habían asistido cerca de dos mil personas.

Del mismo modo, se han suspendido otras actividades festivas previstas en la jornada dominical en señal de suelo.

El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha lamentado lo ocurrido y ha anunciado que la Corporación municipal adoptará alguna medida para mostrar sus condolencias por un suceso que ha conmocionado a todos los benaventanos.

El fallecido llevaba décadas como voluntario encargado de las labores de la puesta a punto de la plaza de toros y los trabajos de apertura de puertas y toriles cuando se celebraban espectáculos taurinos.

Luciano Huerga lamentó en declaraciones a EFE la fatalidad que hizo que el toro, tras salir por la puerta de toriles se dio media vuelta y aunque él intentó cerrarla como hace habitualmente no le dio tiempo y le pilló en el pasillo.

De la víctima, Huerga recordó que llevaba toda la vida como voluntario encargado de cuidar la plaza a lo largo del año.

“Vivía aquí, la plaza era su vida”, indicó el alcalde de Benavente, quien detalló que Santiago, además de aficionado a los toros, era peñista y vivía plenamente las fiestas del toro enmaromado.

Las lesiones sufridas por el encargado del toril fueron “incompatibles con la vida” y aunque rápidamente fue atendido por los servicios médicos de la plaza no pudo ser reanimado, a pesar de que había un quirófano con motivo del festejo taurino.

El suceso se ha producido durante las fiestas del toro enmaromado de Benavente, que el próximo miércoles vivirán su día grande con la popular carrera de un toro atado a una maroma que recorre las calles de esta ciudad.

 


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Ocurrencias de Ciudadanos

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La propuesta de Cs al PP para turnarse en la Alcaldía de Madrid es una ocurrencia que desacredita al partido naranja. La fórmula le ha funcionado con los socialistas en Albacete y Ciudad Real, pero no por eso deja de ser una iniciativa irrespetuosa con las instituciones. Cs está utilizando sus concejales en la capital como el argumento del chantaje al PP para maquillar su enésimo fracaso en el asalto al liderazgo del centro derecha. Villacís se está equivocando con el obstruccionismo a Almeida y cargando de razones a quienes diagnostican en Cs un grave problema de desorientación táctica y estratégica. Las urnas dijeron con claridad que el liderazgo del cambio en el Ayuntamiento de Madrid corresponde al PP. Es legítimo que Cs quiera alcanzar poder pero ahora le toca esperar hasta las próximas elecciones municipales. Entre tanto, deben asumir que están transmitiendo una imagen negativa de ambición por el poder que empieza a corresponderse con la realidad de un partido que siente que pierde una y otra vez las oportunidades de superar al PP.

La lectura del tiempo que le toca vivir a Cs y a su candidata en Madrid, es la de formar una mayoría no de izquierdas que compense en los ámbitos municipal y autonómico el radicalismo de un previsible gobierno del PSOE con Podemos, apoyado por los nacionalistas y separatistas. Cs debe ahorrarse sus continuos amagos con romper la baraja con los populares y centrarse en asumir un espacio concreto en la vida pública española. El Ayuntamiento de Madrid no es un botín electoral, sino uno de los mejores escaparates de las políticas liberales, moderadas y reformistas que puede encontrar el centro derecha en España para convencer a más electores e impulsar una victoria a nivel nacional. La adolescencia puede ser hasta simpática, pero en un partido con aspiraciones de gobierno resulta decepcionant


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Con los votos de Vox, pero sin notarse

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Marín y Serrano
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Vox anunció ayer que planteará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos andaluces para este año presentado por el Gobierno de coalición formado por PP y Cs.

Alega la formación derechista que estas cuentas «las podría haber presentado un Gobierno socialista perfectamente» y se alejan de todo lo que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno había anunciado. Puede decirse que los puntos de los que este partido hizo bandera y quiso condicionar el Gobierno de San Telmo no se han tenido en cuenta: se mantiene la partida de 4,2 millones para violencia de género y se ha aumentado en más de un millón el gasto para las políticas migratorias.

Al partido que lidera Santiago Abascal se le puede achacar que ideologizó en exceso su estreno en una institución pública de importancia, más preocupado en marcar perfil que en gestionar. Puede que ahora le haya pasado factura. El pacto que llevó al PP a San Telmo cuenta 26 diputados de los populares, 21 de Cs y 12 de Vox. No es una representación menor (9 escaños tenía Cs, encabezado por Juan Marín, cuando apoyó a Susana Díaz), por lo que sorprende que no haya tenido capacidad para intervenir en los presupuestos, que anuncie que «todas las actividades y programas que no tengan interés claro público y social no serán apoyadas» y que haya esperado a después de presentarse en el Parlamento el pasado viernes para anunciar su disconformidad. Si estas cuentas no han cumplido el «espíritu», como dijo el portavoz de Vox, es algo que tenía que haberse cerrado en la investidura.

La posición de Vox, de entrada, es legítima, pero también precipitada. De cumplirse esta amenaza, el pacto que forjó la alternativa al socialismo andaluz gobernante 37 años entraría en crisis cinco meses después. Sin embargo, que Abascal haya dado este golpe en la mesa coincidiendo con las negociaciones abiertas en comunidades autónomas y ayuntamientos indica que quiere hacer valer sus votos y, como ya han reiterado, no ser «ninguneados» y tratados como una fuerza de la que se utilizan sus votos cuando interesa y luego se oculta para no verse perjudicados por pactar con una fuerza de extrema derecha, tal y como es calificada muy a la ligera. Albert Rivera también marcó ayer la línea a seguir por su partido: no negociará con Vox, aunque entren en gobiernos que dependan de éstos. Es lógico, por lo tanto, que este partido ponga condiciones y que reclame una representación acorde con sus votos, pero no lo es menos que nadie se lo va a facilitar.

Descartadas las «mesas a tres» en el centroderecha, puede derivarse que no se va a reeditar el pacto andaluz, modelo que se pensó podría trasladarse a otros territorios, aunque nadie hizo bandera de ello. Difícilmente un partido que rehúye a otro puede llegar a grandes acuerdos, y el desencuentro entre Rivera y Abascal es evidente y cada vez más hondo.

Otra cosa diferente será ver cómo gestionan que para que el centroderecha gobierne en Madrid, Aragón y Murcia sea necesario una pacto entre populares, Cs y el apoyo, en la manera que sea, de Vox. El problema de Rivera es el problema de su formación: la indefinición ideológica o, en el tema que nos ocupa, cómo hacer compatible pactos con el PSOE y con un partido que definen de extrema derecha.

En definitiva, la pretensión del partido naranja es que Vox apoye cualquier acuerdo con el PP, pero que no se note. Resulta imposible. Ahora sólo cabe esperar si Vox cumple la amenaza y devuelve las cuentas andaluzas. Añadir esta crisis a un mapa en el que se están encajando gobiernos y ayuntamientos es irresponsable.


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