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Principado de Asturias

¿Eres facha? El polémico test de un profesor de Oviedo a sus alumnos

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El test que un profesor de historia del Instituto Aramo de Oviedo ha realizado a su alumnos de cuarto de la ESO ha abierto una polémica de alcance nacional. El cuestionario, con 14 preguntas, pretende determinar en que grado es “facha” cada estudiante. El profesor, al parecer, lo justifica como una manera de reflexionar sobre la intolerancia que todos llevamos dentro, pero para el diputado de Vox por Asturias, José María Figaredo, el test es una “asquerosidad”.

La denuncia saltaba por el mensaje anónimo de un padre a través de Twitter: “Hoy el profesor de historia de mi hijo les hizo hacer este test en 4°ESO en un instituto de Oviedo con 15 – 16 años”. Y acompañaba un foto con el cuestionario, en el que se recogen estas 14 preguntas:

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  1. ¿Es imprescindible conservar las tradiciones?

  2. ¿El progreso tiene la culpa de muchos problemas?

  3. ¿Tanto intelectualismo es inútil y hay que pensar menos y hacer más?

  4. ¿Cuando alguien no está de acuerdo contigo te sientes traicionado?

  5. ¿La gente muy distinta a ti acaba siendo un peligro?

  6. ¿La política, la economía y la sociedad se van a la mierda?

  7. ¿Hay colectivos que conspiran contra nosotros y las noticias no nos lo cuentan?

  8. ¿Tus enemigos son inferiores a ti y se ayudan entre ellos para quitarte privilegios?

  9. ¿El pacifismo y el buenismo nos idiotizan y ayudan a nuestros enemigos?

  10. ¿Las personas débiles entorpecen a la sociedad?

  11. ¿Vale la pena morir por una causa?

  12. ¿Lo lógico y lo correcto es que los hombres estén con mujeres porque así nos ha hecho la naturaleza?

  13. ¿Necesitamos una voz que hable por el pueblo de verdad, pero sin tener que votarlo todo?

  14. ¿El vocabulario elaborado y sofisticado es malo y hay que darle a la gente mensajes más claros?

La denuncia del supuesto padre se ha hecho viral y era recogida por el diputado asturiano de Vox, José María Figaredo, que la calificaba de asquerosidad en su twitter.

Ante la polémica suscitada, el centro ha puesto el caso en conocimiento de la Inspección de la Consejería de Educación, que ya ha visitado el Instituto pero aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.


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Principado de Asturias

La pedagogía progresista ya arroja frutos: detenidas tres menores que quemaron el altar de la iglesia de San Pedro de La Felguera (Asturias)

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La Policía Nacional ha detenido a tres menores, una de ellas inimputable, como presuntas autoras de los delitos contra los sentimientos religiosos, daños y hurto por quemar un libro misal y sustraer dos micrófonos en la iglesia de La Felguera (Asturias), según ha informado este jueves la Comisaría de Langreo.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de febrero, día de carnaval, cuando una vez abiertas las puertas de la iglesia de San Pedro en la Felguera, las tres menores se dirigieron presuntamente a la zona del altar, donde encendieron varias velas, quemaron un libro misal y el mantel y se llevaron dos micrófonos.

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Las investigaciones han sido complejas debido a las edades de las tres chicas, pero desde la comisaría han destacado la tenacidad y constancia de los agentes para lograr su identificación.

Las tres menores prestaron ya declaración en presencia de sus padres y han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores.


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Principado de Asturias

La Fiscalía cree que UGT-Asturias desvió 1,4 millones de euros

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La Fiscalía del Principado de Asturias, sección de Delitos Económicos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo, encargado de la investigación del presunto fraude en subvenciones públicas para formación por parte del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) Asturias, la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, esto es, que se dé por finalizada la instrucción y se pase a la siguiente fase del proceso, con la consiguiente formulación de acusaciones, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes como para ir a juicio, a partir de las numerosas testificales practicadas, la copiosa documentación incluida en la causa y los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

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La causa se inició a partir de la denuncia interpuesta en el Juzgado por la Fiscalía asturiana tras las diligencias de investigación incoadas en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una investigación por hechos similares en Sevilla. Por exigencias derivadas de las reglas de la prescripción, se acotó como marco temporal el de las subvenciones correspondientes a los planes anuales de 2010 a 2014.

Por otra parte, la investigación se ciñó a las subvenciones concedidas por el Principado de Asturias, y cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, al sindicato UGT Asturias y a su fundación IFES, habiéndose encargado de la gestión y ejecución integral de estas últimas la delegación territorial de Asturias de la Fundación.

La Fiscalía, sin perjuicio de la concreción de hechos que detallará en su escrito de acusación provisional que formulará en su momento, considera que, al menos en las subvenciones concedidas a UGT Asturias y su fundación IFES en los años 2010 a 2014, se llevó a cabo, en una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical.

Estos beneficios fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Este desvío, según la Fiscalía, “se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían”.

“La realización de este desvío sistemático de fondos tuvo lugar mediante el aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas sociedades, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional”, apunta el Ministerio Público.

Estas sociedades eran A, B y C. Las cantidades supuestamente defraudadas en las subvenciones concedidas a IFES fueron: 231.466,57 euros en el plan de 2010; 330.179,33 euros en el de 2011; 112.961,49 euros en el 2012/13; y 83.276,23 en el de 2013/14. Esto es, solo alcanzarían la cuota típica (120.000 euros) las defraudaciones de las dos primeras anualidades. Respecto a las concedidas a UGT Asturias: 238.247,83 euros en el primer expediente analizado (2010); 254.521,36 euros en el segundo (2011); 122.028,32 euros en el tercero (2012); y 89.985,31 en el cuarto (2013).

Es decir, se alcanzaría la cuota típica en los tres primeros expedientes. En principio, y de forma provisional, se aprecian indicios racionales de delito en: el secretario general de UGT en la fecha de los hechos. La secretaria de administración de UGT Asturias desde 2002 hasta junio de 2013, administradora y legal representante de C desde 2002 hasta diciembre de 2014 y quien en nombre del sindicato ejerció los cometidos derivados de la administración que ostentaba en C.

El secretario de formación del sindicato desde mayo de 2009 hasta junio de 2013 (desde entonces hasta 2016, secretario ejecutivo), máximo responsable de gestión y supervisión del desarrollo de las acciones formativas, miembro del patronato de IFES.

El técnico adscrito a la Secretaría de Administración y encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones concedidas a UGT Asturias.

La encargada de la contabilidad, control y justificación de las subvenciones en la delegación territorial de IFES en Asturias desde 1998 hasta 2015. La administradora única de A desde noviembre de 2001 en adelante y administradora única de B desde noviembre de 2010 en adelante y apoderada desde septiembre de 1997 en adelante.

En relación con la persona jurídica de UGT, se considera que solo se puede proceder frente a ella en lo que se refiere al fraude correspondiente a un expediente, el de 2012, pues fue en la reforma del Código Penal de ese año cuando se incluyó a los sindicatos como posibles sujetos penales. No se considera procedente formular acusación contra IFES, puesto que la misma se encuentra en proceso de disolución.

El Ministerio Público pide la apertura de juicio

La Fiscalía del Principado de Asturias, sección de Delitos Económicos, ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo, encargado de la investigación del presunto fraude en subvenciones públicas para formación por parte del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) Asturias, la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado, esto es, que se dé por finalizada la instrucción y se pase a la siguiente fase del proceso, con la consiguiente formulación de acusaciones, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes como para ir a juicio, a partir de las numerosas testificales practicadas, la copiosa documentación incluida en la causa y los informes periciales emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La causa se inició a partir de la denuncia interpuesta en el Juzgado por la Fiscalía asturiana tras las diligencias de investigación incoadas en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una investigación por hechos similares en Sevilla. Por exigencias derivadas de las reglas de la prescripción, se acotó como marco temporal el de las subvenciones correspondientes a los planes anuales de 2010 a 2014.

Por otra parte, la investigación se ciñó a las subvenciones concedidas por el Principado de Asturias, y cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, al sindicato UGT Asturias y a su fundación IFES, habiéndose encargado de la gestión y ejecución integral de estas últimas la delegación territorial de Asturias de la Fundación.

La Fiscalía, sin perjuicio de la concreción de hechos que detallará en su escrito de acusación provisional que formulará en su momento, considera que, al menos en las subvenciones concedidas a UGT Asturias y su fundación IFES en los años 2010 a 2014, se llevó a cabo, en una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos, que suponía un beneficio económico que revertía en la propia organización sindical.

Estos beneficios fueron destinados, de una parte, a la financiación de gastos estructurales del sindicato, fundamentalmente costes de su personal laboral, y de otra, a capitalizar una sociedad vinculada para, a través de ella, cubrir pérdidas generadas en otras actividades.

Este desvío, según la Fiscalía, “se llevaba a cabo mediante diversos subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones, ocultando a la Administración de la que recibían las subvenciones el sobrecoste en que incurrían”.

“La realización de este desvío sistemático de fondos tuvo lugar mediante el aprovechamiento instrumental de las vinculaciones societarias que tenían UGT Confederal y UGT Asturias con diversas sociedades, a las que recurrían en exclusiva para proveerse de los bienes y servicios necesarios para ejecutar las actividades formativas, tanto a nivel nacional como regional”, apunta el Ministerio Público.

Estas sociedades eran A, B y C. Las cantidades supuestamente defraudadas en las subvenciones concedidas a IFES fueron: 231.466,57 euros en el plan de 2010; 330.179,33 euros en el de 2011; 112.961,49 euros en el 2012/13; y 83.276,23 en el de 2013/14. Esto es, solo alcanzarían la cuota típica (120.000 euros) las defraudaciones de las dos primeras anualidades. Respecto a las concedidas a UGT Asturias: 238.247,83 euros en el primer expediente analizado (2010); 254.521,36 euros en el segundo (2011); 122.028,32 euros en el tercero (2012); y 89.985,31 en el cuarto (2013).

Es decir, se alcanzaría la cuota típica en los tres primeros expedientes. En principio, y de forma provisional, se aprecian indicios racionales de delito en: el secretario general de UGT en la fecha de los hechos. La secretaria de administración de UGT Asturias desde 2002 hasta junio de 2013, administradora y legal representante de C desde 2002 hasta diciembre de 2014 y quien en nombre del sindicato ejerció los cometidos derivados de la administración que ostentaba en C.

El secretario de formación del sindicato desde mayo de 2009 hasta junio de 2013 (desde entonces hasta 2016, secretario ejecutivo), máximo responsable de gestión y supervisión del desarrollo de las acciones formativas, miembro del patronato de IFES.

El técnico adscrito a la Secretaría de Administración y encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones concedidas a UGT Asturias.

La encargada de la contabilidad, control y justificación de las subvenciones en la delegación territorial de IFES en Asturias desde 1998 hasta 2015. La administradora única de A desde noviembre de 2001 en adelante y administradora única de B desde noviembre de 2010 en adelante y apoderada desde septiembre de 1997 en adelante.

En relación con la persona jurídica de UGT, se considera que solo se puede proceder frente a ella en lo que se refiere al fraude correspondiente a un expediente, el de 2012, pues fue en la reforma del Código Penal de ese año cuando se incluyó a los sindicatos como posibles sujetos penales. No se considera procedente formular acusación contra IFES, puesto que la misma se encuentra en proceso de disolución.


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Principado de Asturias

Entran en prisión los socialistas condenados por la mayor trama de corrupción registrada en la administración asturiana

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El exconsejero socialista Iglesias Riopedre junto a su abogado, a su llegada al juicio del caso Marea en 2016
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Ocho años, ocho meses y trece días después de su detención, los cinco principales condenados por el caso Marea, la mayor trama de corrupción registrada en la administración asturiana, duermen desde ayer en prisión para cumplir unas condenas que suman veintisiete años y tres meses.

El ex consejero socialista de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; su número dos en ese departamento, María Jesús Otero, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez recogieron ayer en la Audiencia Provincial su mandamiento de ingreso en prisión, un trámite que obvió la ex funcionaria del Principado Marta Renedo, que optó por acudir directamente a la cárcel de Álava.

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En dicha prisión ingresó también la ex directora general de Planificación Educativa mientras que, tanto Riopedre como los dos empresarios debían acudir antes de medianoche al Centro Penitenciario de Asturias donde el ex consejero, Otero y Renedo habían cumplido ya, tras su arresto, un periodo de prisión preventiva que eludieron bajo fianza tras pasar entre poco más de un mes y algo más de siete en la cárcel.

Tras recoger su mandamiento de ingreso, la defensa del exconsejero de Educación, que cumple 80 años el mes que viene y que fue condenado a cinco años, ha anunciado que pedirá la libertad condicional anticipada por motivos de salud al sufrir varias patologías entre las que figuran dolencias cardiacas.

Además, su abogada ha pedido ya el indulto de Riopedre, una petición que también ha realizado la defensa de Alfonso Carlos Sánchez, condenado a dos años y ocho meses de prisión, y, a la espera de que se tramite, ha solicitado también la suspensión de la pena que le impuso el Tribunal Supremo.

A partir de ahora los cinco condenados tienen diez días para abonar las multas judiciales que les impuso la sentencia, que suman 4,28 millones de euros, mientras que el Gobierno del Principado cuenta con un mes para fijar la cuantía del quebranto que cuatro de ellos, todos menos Riopedre, causaron a las arcas públicas.

Recuperar los fondos

Según la consejera de Derechos Sociales y portavoz del Ejecutivo asturiano, Melania Álvarez, los servicios jurídicos del Principado están valorando esas cuantías «con la intención de poder recuperar esos fondos», por lo que aún no es posible avanzar la cantidad que reclamará la administración.

El Tribunal de Cuentas ya estimó en 1,5 millones el quebranto causado a la administración autonómica por la exfuncionaria Marta Renedo —condenada a nueve años de prisión— mientras que un primer informe elaborado por el Principado sobre las posibles irregularidades en el material enviado a 87 colegios asturianos situaba esa cuantía en cuatro millones de euros.

Dicho informe sólo reflejaba los datos de 2009 y 2010 —Riopedre y Otero estuvieron siete años al frente de la Consejería de Educación— y fue rechazado por el tribunal al inicio del juicio después de que la Fiscalía advirtiera en diciembre de 2014 de que el ex consejero y su número dos —condenada a cinco años y cinco meses de cárcel— así como los dos empresarios podrían tener que indemnizar al Principado.

El Gobierno regional abrió esa investigación en julio de 2015 para comprobar si lo que constaba como facturado había sido entregado a los centros y, pese no incorporarse al sumario del juicio, fue remitido a la Fiscalía que presentó una denuncia que dio origen a una nueva investigación judicial aún abierta.

«Una gran estafa»

En este sentido, el secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, cuyo partido ejerció la acusación popular en el proceso, ha pedido que el Gobierno regional asuma responsabilidades de «una gran estafa» y que se recupere «hasta el último euro» a la vez que ha rechazado la posibilidad de que haya indultos.

Con el ingreso en prisión de los cinco principales condenados se cierra así, por el momento, la mayor trama de corrupción detectada en la administración del Principado después de que una mujer denunciase en 2010 en Gijón que alguien había abierto una cuenta bancaria con casi 100.000 euros a nombre de su anciana madre.

La cuenta era una más de las abiertas de forma fraudulenta por la exfuncionaria Renedo para ocultar los ingresos procedentes de contratos menores que ella misma autorizaba a favor de una empresa de su propiedad, un hilo que condujo hacia dos empresas, Igrafo y Almacenes Pumarín, que la investigación constató que realizaban también prácticas irregulares con la Consejería de Educación que gestionaban Riopedre y Otero.


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