Las imágenes de la Policía Nacional acudiendo como alma que lleva el diablo a la madrileña calle de Núñez de Balboa para reprimir la manifestación patriótica de protesta contra el arresto domiciliario del gobierno, nos retrotrae a la actuación de aquellas patrullas de control que, en plena guerra civil, perseguían y reprimían toda disidencia y rebeldía.
Indiferentes a la sonora cacerolada con la que el pueblo recibió a las fuerzas represoras, los dóciles agentes policíacos se dedicaron a multar y a denunciar a los transeúntes y a llamar compulsivamente a los interfonos de las viviendas para averiguar, sí o sí, la identidad de ese infame disc yokey que, tras poner el himno nacional, amenizaba la tarde vecinal con piezas musicales.
El celo con el que las fuerzas policiales cumplían las órdenes de reprimir una manifestación patriótica de gente honrada contrasta con la apatía que muestran muchos de ellos en perseguir y detener a los verdaderos delincuentes. Ahí está la evidente desgana con la que acuden cuando se denuncia el tráfico de droga o una pelea callejera. Parece que tienen claro que la mejor manera de llegar a la jubilación es evitar cualquier peligro cierto y dedicar sus energías a hostigar a los que corren fuera de hora o fuman tabaco tranquilamente en un banco. Si fuera marihuana, todavía estarían esperándolos.
En fin, todo un ejemplo de lo que nos espera. A pesar del placentero efecto que provoca cualquier uniforme policíaco-militar en el universo sentimental de la derechona española, está claro que los parámetros con los que actúa la Policía Nacional y la Guardia Civil han cambiado radicalmente: represión policial a toda manifestación antigubernamental, considerada ahora como algarada ilegal y dejadez quasi absoluta cuando se trata de evitar y castigar un verdadero delito. Y encima pedirán la equiparación salarial para dejarnos a todos por cornudos y, además, apaleados.
No es mal momento para recordarles a las fuerzas del orden -del orden JURÍDICO, no POLÍTICO- que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo dictaminó el 28 de Marzo de 2018 que:
Militares y guardias civiles están obligados a desobedecer órdenes ilegales
El Pleno de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que, en un sistema democrático, no cabe, para los militares y guardias civiles, la exención de responsabilidad por razón de obediencia debida, por lo que están obligados a incumplir órdenes que sean ilegales. Según la sentencia, «el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico». Esto es, «no caben en nuestro ordenamiento jurídico mandatos antijurídicos obligatorios, entendiendo por ello cualquier mandato que vaya contra la Ley o el Derecho».
Obviamente, el Cuerpo Nacional de Policía NO es un cuerpo militar. Pero si ese es el problema, la próxima vez que ocurran hechos como los que aparecen en el vídeo la Guardia Civil debería reprimir -por la fuerza si es preciso- la actuación de cualquier miembro del CNP con complejo de superioridad.