(Remitido).- El pasado 2 de octubre, la vicepresidente del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, anunció la intención del Ejecutivo de incluir en la Ley de igualdad laboral medidas para imponer la igualdad en los órganos de dirección de las empresas. Aunque aún no se conocen los detalles, sí sabemos que se impondrán cuotas de mujeres en los consejos de administración y en los cargos intermedios.

Estas medidas, además de institucionalizar la discriminación por razón de sexo, de tener un claro sesgo ideológico, de ser injustas en cuanto que priman el sexo por encima de los méritos y la idoneidad, y de degradar a las mujeres al tratarlas de forma paternalista, suponen un ataque frontal a la libertad: implican un ataque intolerable a la independencia y capacidad de actuación del empresario, que se verá condicionado por esta ley a la hora de designar los cargos de los que luego dependerán las decisiones más relevantes para la empresa.

La asignación de puestos por cuotas y no por mérito conlleva, además, una relevante disminución del valor de la empresa. Los estudios realizados por Kenneth R. Ahern y Amy K. Dittmar sobre el sistema noruego de cuotas registraron que cada 10% de incremento de mujeres en puestos directivos para cubrir las cuotas y eludir las sanciones se convertía en un 12,4% menos en la Q de Tobin (indicador sobre rentabilidad y beneficios a largo plazo).

Los países con mayores porcentajes de mujeres en puestos directivos son precisamente aquellos que no tienen políticas de cuotas; los porcentajes de mujeres directivas en Rusia, Polonia, Estonia o Eslovenia están de 6 a 19 puntos por encima de los que sí las tienen, como Suecia, Noruega, Finlandia o Dinamarca.

En España el porcentaje de mujeres en puestos directivos es del 27% (33% en Madrid, 24% en Andalucía). Si la ministro quiere preocuparse de verdad de la presencia de mujeres en los puestos de trabajo, es por estas actividades por donde tiene que empezar:

(% Mujeres) Actividad

6,67% Actividades de apoyo a las industrias extractivas.
8,56% Otras industrias extractivas.
8,82% Actividades de construcción especializada.
9,65% Silvicultura y explotación forestal.
10,34% Extracción de antracita, hulla y lignito.
10,35% Construcción de edificios.
11,07% Ingeniería civil.
12,54% Transporte terrestre y por tubería.
13,10% Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería.
13,16% Reparación e instalación de maquinaria y equipo.
14,16% Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
15,22% Fabricación de otro material de transporte.
15,73% Pesca y acuicultura.
17,34% Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas.
18,23% Fabricación de muebles.
18,32% Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones.
18,56% Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.
19,01% Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización.
20,85% Industria del papel.
22,05% Fabricación de otros productos minerales no metálicos.
23,83% Captación, depuración y distribución de agua.
26,32% Recogida y tratamiento de aguas residuales.
26,37% Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática.
26,67% Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos.

Por todas estas razones queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a la injerencia del Gobierno en el ejercicio de nuestras libertades.

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