Tribunales
La exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, condenada a 9 años de inhabilitación
Published
4 años agoon
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AGENCIAS
La Audiencia de Sevilla ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta.
La Fiscalía Anticorrupción había pedido para ella, al igual que para el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, entre otros, diez años de inhabilitación.
Álvarez ha sido condenada por un delito de prevaricación como responsable de la elaboración y gestión de los Presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales -mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas-.
Esta partida, conocida como 31-L, sufría cada año varias modificaciones presupuestarias para aumentar la cuantía destinada al pago de estas ayudas.
Magdalena Álvarez Arza (San Fernando, Cádiz, 1952), es doctora en Ciencias Económicas, accedió por oposición al Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado, y ha sido consejera de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz, al que se incorporó como independiente, durante una década (1994-2004).
Fue también ministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, así como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde junio del 2010 hasta junio del 2014.
A este último cargo renunció casi un año después de que fuera imputada formalmente en el caso de los ERE tras ser rechazado el recurso que presentó ante la Audiencia de Sevilla.
En el auto de imputación, la juez Mercedes Alaya señaló que la exministra fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo “absolutamente inadecuado para su uso como subvenciones sociolaborales”.
A Álvarez se le impuso una fianza civil de 29,5 millones de euros y, para cubrirla, les fueron embargados varios bienes inmuebles y cinco cuentas.
La sentencia no es firme y admite recurso ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia además ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.
Por su parte el exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha sido condenado a 10 años de inhabilitación para empleo en cargo público al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación.
En total, 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía han conocido este martes la decisión de la Audiencia de Sevilla.
Sucesos
Víctimas de ETA: El Gobierno se orina en sus muertos. ¿Han encontrado sus gónadas ya y harán algo útil, o siguen como siempre?
Published
1 año agoon
17/12/2022By
Redacción
El Gobierno traslada al País Vasco a los etarras que mataron a Jiménez Becerril y Ernest Lluch
Las víctimas denuncian que quedan 14 terroristas sin trasladar a País Vasco y Navarra siguiendo la «hoja de ruta de humillación»
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha acordado con el Gobierno Vasco el acercamiento de otros seis presos de ETA, así como de un septimo que irá a la prisión de Pamplona (Navarra), incluyendo los asesinos del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla Alberto Jiménez-Becerril y su mujer Ascensión García.
Entre los acercados al País Vasco están Fernando García Jodrá y José Ignacio Cruchaga Elezcano, condenados ambos por el asesinato -entre otros- del exministro socialista Ernest Lluch. También José Luis Barrios, el etarra condenado por asesinar al matrimonio Jiménez-Becerril.
Los otros etarras que irán a prisiones vascas -cuyo Gobierno asumió el año pasado las competencias en materia penitenciaria- son Fernando Elejalde Tapia, Jesús María Echevarría Garaicoechea y Daniel Pastor Alonso. Todos tienen delitos de sangre. A Pamplona irá Francisco Ruiz Romero, condenado por matar al político navarro Tomás Caballero, padre del actual presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Para la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia, este acercamiento demuestra que hay un plan del Gobierno para que el máximo número de etarras posibles vuelva a casa por Navidad. «Hoy se culmina prácticamente la ‘operación Almendro’ de Sánchez para tener a todos los asesinos de nuestros familiares antes de final de año, incluso antes de Navidad. Hoy 7 de los 14 que faltaban. Hoy con alevosía y nocturnidad los acerca y nos lo comunica a las 14.30 h del viernes de las comidas de empresa y de Navidad», ha denunciado Daniel Portero, presidente de la asociación, en declaraciones a THE OBJECTIVE.
Por su parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado que «los socios de Bildu siguen con su hoja de ruta de humillación a las víctimas del terrorismo». Según su recuento, ya sólo quedan 14 etarras cumpliendo condena en prisiones que no sean las del País Vasco y Navarra tras poner fin el Gobierno de Pedro Sánchez a la política de dispersión.
Más del 90% de los presos, en el País Vasco
En cualquier caso, estos movimientos suponen, según denuncia las asociaciones de víctimas, un paso previo al fin de los acercamientos y a que todos los internos de la extinta banda ETA, como viene advirtiendo esta plataforma, pasen las navidades cerca de su familia «sin haberse arrepentido ni haber colaborado con la Justicia».
La operación Navidad está a punto de culminar. O eso, al menos, dicen los datos. Con estos últimos acercamientos, ya solo 14 presos de la banda terrorista cumplen pena en prisiones fuera del País Vasco o Navarra, tras los 368 traslados que ha acordado el Ministerio del Interior con el Ejecutivo vasco, de quien depende la gestión penitenciaria desde octubre de 2021. En otras palabras, el 90,5% (158 de 180) de los internos de ETA cumple pena en alguna cárcel de las regiones mencionadas anteriormente, según cifras de la AVT.
De estas estadísticas también se obtiene otro dato: desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el Ministerio del Interior ha ejecutado el acercamiento de un preso etarra cada cuatro días. No obstante, gran parte de estos traslados (143) se llevó a cabo en 2021. Un año en el que el departamento dirigido por Grande-Marlaska puso fin a la política de dispersión de presos etarras. Entonces, Interior ordenó el traslado de los cuatro últimos reclusos de ETA que permanecían en cárceles de Andalucía.
Los presos que cumplen condena en las prisiones más alejadas, en concreto a más de 300 kilómetros del País Vasco, son tres. Dos en el centro penitenciario de Estremera, en Madrid; y otro en la prisión de Topas, en Salamanca. El resto, 17, se encuentran en cárceles a menos de 200 kilómetros de su casa. Ninguno de ellos, además, cumple pena en régimen cerrado. Es decir, todos gozan de tercer grado, lo que implica permisos puntuales de salida e incluso dormir varios días en casa.
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