La exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, condenada a 9 años de inhabilitación - ALERTA NACIONAL
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La exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, condenada a 9 años de inhabilitación

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Magdalena Álvarez
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La Audiencia de Sevilla ha condenado a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación en el caso de los ERE fraudulentos de la Junta.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido para ella, al igual que para el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, entre otros, diez años de inhabilitación.

Álvarez ha sido condenada por un delito de prevaricación como responsable de la elaboración y gestión de los Presupuestos andaluces que recogían la partida que pagaba las ayudas sociolaborales -mediante transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al ente público IFA, encargado de abonarlas-.

Esta partida, conocida como 31-L, sufría cada año varias modificaciones presupuestarias para aumentar la cuantía destinada al pago de estas ayudas.

Magdalena Álvarez Arza (San Fernando, Cádiz, 1952), es doctora en Ciencias Económicas, accedió por oposición al Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado, y ha sido consejera de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz, al que se incorporó como independiente, durante una década (1994-2004).

Fue también ministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, así como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) desde junio del 2010 hasta junio del 2014.

A este último cargo renunció casi un año después de que fuera imputada formalmente en el caso de los ERE tras ser rechazado el recurso que presentó ante la Audiencia de Sevilla.

En el auto de imputación, la juez Mercedes Alaya señaló que la exministra fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo “absolutamente inadecuado para su uso como subvenciones sociolaborales”.

A Álvarez se le impuso una fianza civil de 29,5 millones de euros y, para cubrirla, les fueron embargados varios bienes inmuebles y cinco cuentas.

La sentencia no es firme y admite recurso ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia además ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

Por su parte el exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías ha sido condenado a 10 años de inhabilitación para empleo en cargo público al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación.

En total, 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía han conocido este martes la decisión de la Audiencia de Sevilla.


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La Fiscalía apoya que se paralice la inhabilitación de Torra

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La Fiscalía ha cuestionado en un informe la competencia de la Junta Electoral Central (JEC) para ordenar el cese del president Quim Torra como diputado pues, a su juicio, sería el Parlament el competente para determinar “la existencia y efectos” de la supuesta inelegibilidad del parlamentario.

El ministerio público ha presentado un informe ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en el que apoya suspender cautelarmente el acuerdo en que la JEC instó a la retirada de la credencial de diputado catalán de Torra, “en orden a la prudente y equilibrada” preservación de los “intereses públicos concurrentes”.

La Sala de lo Contencioso del Supremo ya rechazó por unanimidad suspender de manera urgente el acuerdo de la JEC -que consideró que pesaba sobre Torra la causa de “inelegibilidad sobrevenida” al haber sido condenado por desobediencia- y decidió tramitar su petición en forma de medidas cautelares, es decir, escuchando al resto de partes.

Pese a que se trata de un trámite que no implica entrar sobre el fondo del asunto, la Fiscalía hace referencia a “la posible incompetencia de la Junta -y en general de la Administración electoral- para decidir” sobre “la aplicación de un motivo de incompatibilidad sobrevenida determinante de la pérdida del escaño” de Torra, y alude a un “dato de innegable relevancia”: los seis miembros de la JEC discrepantes también reprocharon esta incompetencia en su voto particular.

Según la Fiscalía, la “administración electoral” sería competente para resolver sobre la inelegibilidad de un candidato cuando ha sido declarado electo si bien, una vez “adquirido el estatus pleno de diputado, correspondería en exclusiva al propio Parlament la competencia para apreciar “la existencia y los efectos de dicha inelegibilidad sobrevenida”.

Y añade que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) “no atribuye ni reconoce en ningún momento a la Junta Electoral Central (…) facultades o competencia alguna para anular por su propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato ni declarar vacantes sus escaños”.

Recuerda la Fiscalía que el voto particular a la decisión mayoritaria de la JEC incorporaba supuestos “en que la misma hizo expresa declaración de su falta de competencia en casos similares”, argumento que, a juicio del ministerio fiscal, “no resulta desvirtuado” en este caso.

El pasado 10 de enero y una vez el Supremo rechazó las medidas cautelarísimas de Torra, la Junta Electoral Provincial de Barcelona acordó retirarle la credencial de diputado del Parlament, si bien la cámara rechazó hacerlo efectivo, con el apoyo de los independentistas y PSC y de acuerdo con el criterio de los servicios jurídicos de la cámara.


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Más Madrid denunciará a Rocío Monasterio por falsedad documental

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Más Madrid denunciará este viernes ante la Fiscalía Provincial a la diputada autonómica y líder de Vox en la Comunidad, Rocío Monasterio, por un presunto delito de falsedad en documento publico.

La denuncia contra Monasterio será presentada por los concejales de Más Madrid Marta Higueras, Rita Maestre y José Manuel Calvo.

Según ha publicado El País, la líder de Vox en Madrid tramitó hasta 2016 planos de obra con un visado falso del Colegio de Aparejadores.

Más Madrid ya denunció en noviembre pasado a Monasterio ante el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que mantiene abierta una investigación por los presuntos delitos de intrusismo profesional cometidos entre 2000 y 2009.

En esos años, según Más Madrid, la diputada “no tenía aún titulación” y, sin embargo, “estuvo ejerciendo o realizando actividades relacionadas con la profesión de arquitecto”.


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El CGPJ da vía libre a Dolores Delgado como fiscal general con siete votos en contra

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado con doce votos a favor y siete en contra. Tras poco más de una hora de reunión, el pleno se ha limitado a constatar en su informe que Delgado cumple los requisitos que exige la ley para el cargo -15 años de ejercicio profesional como jurista de prestigio-, sin mencionar palabras habituales en estos dictámenes, como méritos ni idoneidad del candidato.

Según informan fuentes del CGPJ, hay un voto particular discrepante al que se adhieren varios vocales y varios votos concurrentes, es decir, que están de acuerdo con el aval, pero plantean discrepancias en la forma.

En la reunión sólo ha votado la propuesta del presidente del CGPJ Carlos Lemes, que decidió eliminar del informe las palabras “idoneidad” o “méritos” para lograr el mayor consenso posible en el pleno en favor de la candidatura de Delgado, consciente de que el bloque conservador, mayoritario, cuestionaba el nombramiento. Delgado supera así el primer trámite para llegar a la cabeza de la Fiscalía General del Estado, ya que debe todavía comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso.

El informe del CGPJ no es vinculante, pero sí preceptivo, y las discrepancias en el pleno ponen de manifiesto la división en el órgano de gobierno de los jueces ante una candidatura cuestionada con dureza por la oposición parlamentaria y buena parte de la carrera fiscal. Muestra de ellos es que su antecesora en el cargo, la fiscal progresista María José Segarra, obtuvo su informe por unanimidad. Los otros tres fiscales generales avalados por este mismo Consejo también superaron el trámite del CGPJ sin mayores discrepancias.


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