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El otoñal calvario judicial que aguarda a Podemos: la ‘Caja B’, el ‘caso Dina’ y ‘Neurona’

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El ex coordinador legal de los morados, José Manuel Calvente, acorraló al partido con sus declaraciones en los tribunales

Duro inicio de curso político el que aguarda a Unidas Podemos.

Juan Velarde.- Amén de tener que comulgar con la rueda de molino que es ‘aceptar’ la presencia de Ciudadanos para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante los que serían sus primeros Presupuestos Generales del Estado, al partido de Iglesias le espera un ámbito mucho más delicado, el judicial.

Tal y como detalla este 5 de septiembre de 2020 el diario El Mundo, la formación morada ya comienza a otear en el horizonte las próximas citas en los juzgados para sustanciar los casos en los que Unidas Podemos y sus dirigentes está implicados como parte acusada.

Seguramente, la vista que tendrá más carga mediática y la que más destrozos puede hacer en el entorno de Pablo Iglesias es la que viene derivada de todas las denuncias realizadas por el ex asesor jurídico de Podemos, José Manuel Calvente.

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Concretamente es el juzgado 42 de Madrid donde se abrió la jugosa denuncia presentada previamente en la Guardia Civil, un escrito en el que se acusa a los responsables morados de esconder una trama corrupta.

Esas irregularidades, conocidas como la ‘caja B’ de Podemos, se resumen en, siempre según el testimonio de Calvente, en pago de nóminas que superaban lo establecido, abono de gastos injustificados, licitación de la reforma de la sede de Podemos sin que se cumpliesen los requisitos legales, acceso ilegal a ordenadores para hacerse con informaciones sensibles, gastos de campaña sin justificar y así un largo etcétera.

Amén de Unidas Podemos como formación, también están imputados a título personal Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas y mano derecha de Iglesias; el tesorero, Daniel de Frutos; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de compras y servicios, Andrea Deodato.

La primera cita, sin embargo, será el 10 de septiembre de 2020 en la Audiencia Nacional. Se trata del ‘caso Dina’, el del supuesto robo del móvil de la ex asistente de Pablo Iglesias en Bruselas, Dina Bousselham, a manos de las cloacas del Estado.

Calvente, que nunca creyó en esa tesis, ya que sostenía que fue un hurto común, fue precisamente apartado de las funciones de coordinador legal de Podemos por no seguir las órdenes de un Iglesias que trató de sacar tajada en las urnas de este caso defendiendo la teoría de la conspiración.

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Es más, la jugada le salió mal al hoy vicepresidente segundo del Gobierno puesto que la propia Audiencia Nacional le retiró la condición de perjudicado y ha pasado a estar señalado como sospechoso al conocerse que durante meses retuvo en su poder la tarjeta de memoria del móvil de Dina.

Y como no hay dos sin tres, a Unidas Podemos le espera otra citación, la que se deriva del último informe del Tribunal de Cuentas respecto de unos pagos de la formación que no están debidamente justificados.

El fiscal jefe de esta institución, Miguel Ángel Torres, ha detectado hechos que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil.

Se trata, concretamente, de la facturación de 290.000 euros a la consultora Neurona Consulting para la elecciones de 2019.

En definitiva, no solo será un otoño complejo, sino que también le espera una gélida travesía invernal por los tribunales al partido de Pablo Iglesias.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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