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¿Será obligatoria la vacunación? Rockefeller y varias multinacionales preparan ya la identificación para quienes la tomen

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Una mujer sostiene un pequeño frasco etiquetado con una etiqueta de "Vacuna contra el Coronavirus COVID-19" y una jeringa médica en esta ilustración tomada el 30 de octubre de 2020. (REUTERS/Dado Ruvic/Foto de archivo)
Una mujer sostiene un pequeño frasco etiquetado con una etiqueta de "Vacuna contra el Coronavirus COVID-19" y una jeringa médica en esta ilustración tomada el 30 de octubre de 2020. (REUTERS/Dado Ruvic/Foto de archivo)
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BLes– Una poderosa coalición financiada por la Fundación Rockefeller prepara la identificación para quienes se vacunen contra el virus PCCh (Partido Comunista de China), y ya negociaron con diversos gobiernos pretendiendo que las pruebas se hagan obligatorias.

La organización participante The Commons Project, sugiere que el proceso será gradual pero inevitable, ofreciendo a cambio el retorno a “la vida normal”, de acuerdo con Summit News del 15 de enero.

“Los individuos van a tener que producir registros de vacunación para muchos aspectos de la vuelta a la vida normal”, declaró imperativamente Paul Meyer, CEO de esa organización.

El grupo se llama Iniciativa de Credenciales de Vacunación (VCI, por la sigla en inglés), y en él participan Microsoft, Salesforce, Oracle y Mayo Clinic, un proveedor de salud estadounidense, además cuenta con el respaldo del globalista Foro Económico Mundial.

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Quienes sean vacunados serán identificados con un código QR que puede portarse en el teléfono móvil, o en un impreso, con la supuesta protección de sus datos personales. Este código sería obligatorio para viajar, trabajar, estudiar, etc.

De hecho, ya está siendo implementado por todas las aerolíneas registradas ante las tres principales asociaciones del ramo existentes.

Por su parte el sitio web de la Fundación Rockefeller se prepara para etiquetar a la máxima cantidad de personas, enfocando la operación masiva como si fuera un tipo de guerra.

“La coordinación de un programa tan masivo debería ser tratado como un esfuerzo en tiempos de guerra”, se lee en su sitio web y, por supuesto, contará con su respectivo ejército.

Para este caso la Fundación planea “lanzar un Cuerpo de Salud Comunitaria de Covid para probar y rastrear contactos”, según Summit News.

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El rastreo de miles de millones de personas en todo el planeta requeriría un sistema informático diseñado especialmente y una poderosa conexión a la Internet, para lo cual resulta muy oportuna la potente y polémica red 5G, que ya se distribuye por la mayoría de países.

Daría la impresión de que será necesario un monitoreo permanente de cada individuo en el mundo, y tal vez a lo largo de toda su vida para mayor efectividad en los procesos de vacunación.

Las multinacionales pretenden “personalizar todos los aspectos del ciclo de vida de la gestión de la vacunación e integrarse estrechamente con las ofertas de otros miembros de la coalición, lo que nos ayudará a todos a volver a la vida pública”, según el vicepresidente ejecutivo de Salesforce, Bill Patterson.

Se da por sentado que quienes no obtengan el pasaporte del virus PCCh no podrán viajar ni participar en eventos sociales, entre otras actividades.

Este planteamiento de identificación global con base en el estado de salud y en si acepta o no tomar la prueba o la vacuna, genera preocupaciones relativas a los derechos humanos.

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Para el jefe de protección de datos de la UE, Wojciech Wiewiórowski, es”extrema” la propuesta de un pasaporte de inmunidad y además dijo que era alarmante y “repugnante”, informó Summit News.

Por su parte el director del grupo británico de defensa de los derechos humanos Liberty,  Grey Collier, señaló las eventuales discriminaciones que podrían surgir con el manejo de este tipo de identificaciones.

“Todos deberíamos ser capaces de vivir nuestras vidas libres de interferencias innecesarias, pero las tarjetas de inmunidad corren el riesgo de crear un sistema de dos niveles en el que algunos de nosotros tenemos acceso a las libertades y al apoyo mientras que otros son excluidos”, señaló.

Agregando por otro lado: “Esto podría dar lugar a que las personas que no tienen una tarjeta se vean potencialmente bloqueadas de los servicios públicos esenciales, el trabajo o la vivienda – afectando con mayor crudeza a los más marginados”.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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