La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este jueves que las cuentas del próximo año incluirán la rebaja del IVA de los productos de higiene íntima femenina, del 10% al 4%, por tratarse de bienes de primera necesidad. Así, los tampones y las compresas tendrán un impuesto menos severo.

Montero también ha adelantado que la nueva ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal simplificará la compleja arquitectura fiscal en torno a sociedades o patrimonios, que resultan complicadas para algunos ciudadanos que son “honestos”.

En su intervención en la Comisión de Hacienda del Senado, Montero ha recordado que la nueva ley que está elaborando el Ejecutivo será equitativa y “pondrá luz y taquígrafo a complejos societarios”, con el fin de desentrañar esta complejidad.

Ha dicho que permitirá a la Agencia Tributaria contar con instrumentos y elementos adicionales para facilitar sus labores, “de auténtica investigación” para desentrañar la complejidad de determinada arquitectura fiscal.

En este sentido ha puntualizado que el Gobierno tiene la obligación de ir simplificándola para “los que quieren ser honestos pero se les hace complicado”, al tiempo que también se investigará en aquellas áreas donde se detectan mayores bolsas de fraude.

“No hay una manera peor que no prestar atención a los que no cumplen con sus obligaciones fiscales que a menudo son patrimonios o rentas mas altas que se nutren de una arquitectura fiscal más compleja”, ha puntualizado.

Montero ha recordado que la nueva ley publicará la lista de morosos con Hacienda (de más de un millón de euros) y también los responsables solidarios y ha considerado que ello supondrá un instrumento de disuasión. “No podemos permitirnos esta situación si pensamos que Hacienda somos todos y es bueno dar transparencia y claridad”, ha incidido.

La ministra ha defendido también la propuesta de imponer un tipo efectivo mínimo al impuesto de sociedades para grandes empresas -del 15 % salvo para banca y petroleras, que será del 18 %- porque su recaudación se “ha estancado” tras la crisis.

Ha explicado que mientras los beneficios de las grandes empresas ya han alcanzado el nivel previo a la crisis, su contribución por el impuesto de sociedades es la mitad que entonces. “Algo ha pasado para que las diferencias en la fiscalidad se traduzcan de esta manera”, ha añadido.

Montero ha recordado que las medidas fiscales todavía no están cerradas porque se negocia con otros grupos parlamentarios, pero que se trabaja en una subida del IRPF para rentas superiores a 140.000 o 150.000 euros, un “nivel salarial que no representa a la clase media”.

También se estudia adaptar la fiscalidad a nuevas realidades económicas donde “se ha desdibujado la frontera” a la hora de determinar dónde se genera el negocio, con un impuesto digital y otro a las transacciones financieras.

En su opinión, esta fiscalidad debería abordarse a nivel europeo con el objetivo de que tenga “cierta coherencia, homogeneización”.

Asimismo, se revisará la “fiscalidad verde”, que incluirá medidas como la progresiva equiparación de la tributación del diésel y la gasolina, que se iniciará en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y que no afectará “a aquellos que viven de la carretera”, como muchos autónomos.

En cuanto a la nueva financiación autonómica, Montero ha recordado que los grupos multilaterales ya han empezado a funcionar para mejorar la distribución de recursos entre comunidades autónomas y territorios ya que entre la mejor y peor financiada hay una diferencia de 800 euros por habitante, que “ninguna variable explica” y hay que “corregirlo”.