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Internacional

El Gobierno de Satanás dentro del Vaticano: amenaza a sus empleados con sanciones y despidos si no se vacunan

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CONTRADICE LAS RECOMENDACIONES DE DOCTRINA DE LA FE Y EL CONSEJO DE EUROPA.

El Vaticano amenaza a sus empleados con sanciones y despidos si no se vacunan.

A pesar de que la Congregación para la Doctrina de la Fe dictaminó que no se puede obligar a vacunarse a nadie y que el Consejo de Europa sostuvo que la vacunación es voluntaria y no se puede sancionar a quien no se vacune, el estado del Vaticano ha decidido imponer la vacunación a sus empleados bajo amenaza de sanciones o despidos.

El 21 de diciembre del 2020 la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una nota sobre la vacunación durante esta pandemia que, entre otras consideraciones, decía lo siguiente:

Al mismo tiempo, es evidente para la razón práctica que la vacunación no es, por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto, la vacunación debe ser voluntaria.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el pasado 27 de enero la resolución 2361 de 2021, sobre consideraciones éticas, legales y prácticas en torno a la aplicación de las vacunas contra el Covid19. Dicha resolución dice expresamente que los gobiernos deben asegurarse de que los ciudadanos estén informados de que la vacunación NO es obligatoria y de que nadie es presionado política, social o de otro modo para que se vacune, si no lo desea; deben además velar por que nadie sea discriminado por no haber sido vacunado, por posibles riesgos para la salud o por no querer ser vacunado.

Sin embargo, se ha sabido que en un decreto emitido a principios de este mes, el cardenal gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano advierte que los empleados que se nieguen a recibir la vacuna COVID-19 cuando se considere necesario para su trabajo podrían enfrentarse a sanciones e incluso al despido.

El decreto del 8 de febrero del cardenal Giuseppe Bertello, presidente de la Comisión Pontificia del Estado de la Ciudad del Vaticano, establece las normas que deben seguir los empleados del Vaticano, los ciudadanos y los funcionarios de la Curia Romana para controlar la propagación del coronavirus en el territorio del Vaticano, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. El incumplimiento de las normas podría acarrear multas.

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«La emergencia sanitaria debe ser afrontada para garantizar la salud y el bienestar de la comunidad de trabajo, respetando la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales de cada uno de sus miembros», señala el documento, firmado por Bertello y el obispo Fernando Vérgez Alzaga.

Una de las medidas incluidas en la orden es el protocolo de la vacuna COVID del Vaticano. En enero, la ciudad estado comenzó a ofrecer la vacuna de Pfizer-BioNtech a los empleados, residentes y funcionarios de la Santa Sede.

Según el decreto del cardenal Bertello, la autoridad suprema, junto con la oficina de salud e higiene, «evaluó el riesgo de exposición» al COVID-19 y su transmisión a los empleados en el desempeño de sus actividades laborales y «puede considerar necesario poner en marcha una medida preventiva que prevea la administración de una vacuna para proteger la salud de los ciudadanos, los residentes, los trabajadores y la comunidad laboral».

El decreto establece que a los empleados que no puedan recibir la vacuna por «razones de salud acreditadas» se les podrán asignar temporalmente «funciones diferentes, equivalentes o, en su defecto, inferiores» que presenten menor riesgo de contagio, manteniendo su salario actual.

La orden también dice que «el trabajador que se niegue a someterse, sin razones sanitarias probadas», a la administración de la vacuna «está sujeto a las disposiciones» que se encuentran en el artículo 6 de las normas de la Ciudad del Vaticano de 2011 sobre la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales en materia de controles sanitarios en la relación laboral.

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El artículo 6 de las normas dice que una negativa puede acarrear «consecuencias de diverso grado que pueden llegar hasta la interrupción de la relación laboral».

Además de la vacunación, las medidas contenidas en el decreto incluyen la limitación de las reuniones de personas y de los desplazamientos, la obligación de llevar correctamente la mascarilla y de mantener el distanciamiento físico, así como de observar el aislamiento si es necesario.

Las multas por incumplimiento de estas medidas oscilan en su mayoría entre 25 y 160 euros (30 a 193 dólares).

Si se descubre que alguien ha incumplido una orden legal de autoaislamiento o cuarentena por tener COVID-19 o haber estado expuesto a él, la multa oscila entre 200 y 1.500 euros (de 242 a 1.812 dólares).

El decreto encarga a los gendarmes del Vaticano (Guardia Suiza) que intervengan cuando observen el incumplimiento de las medidas y emitan las multas.

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España

Prensa extranjera sobre España: “España hacia el abismo totalitario: Pedro Sánchez no dimite y anunció que avanzará sobre jueces y sobre la libertad de expresión”

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Pedro Sánchez anuncia “un punto y aparte” y el inicio de un proceso de “limpieza” de los jueces que están investigando a su esposa, además de los periodistas que revelaron sus actos de corrupción.

Tras cinco días de “reflexión” del presidente y de angustia e inquietud para el resto de la nación, el socialista Pedro Sánchez compadecía finalmente este lunes a las 11 de la mañana para anunciar su decisión de seguir en el cargo, “con más fuerza aún si cabe”.

Comenzaba su declaración afirmando que realmente había sido necesario “parar y reflexionar”, ya que en ocasiones “la única forma de avanzar, es detenerse”. Sánchez justificaba su decisión de mantenerse en el cargo en base a «la movilización social” y a «las muestras de solidaridad y de empatía«, las cuales supuestamente habrían influido determinantemente en su ánimo.

Cabe recordar que esta movilización social consistió en una marcha de unas 12.000 personas, acarreados por la dirigencia del partido para mostrar una falsa señal de apoyo popular al mandatario. Como comparación, el número de concejales del PSOE en toda España es de 21.000 y, teniendo en cuenta los cargos de asesoría y dirección, un total de unas 50.000 personas.

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Durante su comparecencia, Sánchez no ofreció ni una sola explicación en torno a las acusaciones de corrupción vertidas contra su mujer, lo cual no impidió su airado anuncio de “un punto y aparte” respecto a los medios de comunicación que se habían hecho eco de estos hechos.

Haciendo gala de un uso del lenguaje orwelliano sin precedentes, Sánchez anunciaba una “limpieza” que acabase con la “perversión democrática» que confunde la «libertad de expresión con libertad de difamación».

Repercusiones

Tras la alocución de Sánchez, la oposición reaccionó en contra del anuncio. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, alertó de que Sánchez «quiere colar un cambio de régimen por la puerta de atrás”, mientras que Ayuso advertía a la población afirmando: «Empezamos una etapa mucho más dura para todo aquello que sea un contrapeso para este Gobierno que no conoce límites«.

Por su parte, el presidente de VOX, Santiago Abascal, compadecía ante los medios alertando a los españoles de que Sánchez “anuncia su decisión apelando a una movilización de sus aliados y acólitos, llamando a una movilización y a una supuesta remodelación democrática que en realidad va dirigida a jueces, medios libres y la oposición, que no tiene otro objetivo que sepultar la crítica, garantizarse la impunidad y agitar la confrontación social”.

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Además, VOX se ha apersonado judicialmente contra la mujer de Sánchez presentando ante el juzgado nueva documentación sobre los supuestos actos de corrupción de Begoña Gómez, advirtiendo que llegarán “hasta las últimas consecuencias”.

Ataque frontal a la Justicia

Fuentes jurídicas del Poder Judicial consultadas por el medio español Libertad Digital advierten de que “Sánchez ha dado un acelerón antidemocrático para echarse a temblar. Puede intentar cargarse el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actual aprovechando el vacío de poder en Europa con las elecciones al Parlamento Europeo«.

«La situación en España judicialmente se va a poner muy difícil. En septiembre u octubre, nos va a barrer. Si se cambia el CGPJ será letal. Los jueces se han convertido en su bestia negra«, agregaron.

Concretamente, el plan de Sánchez sería cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces para asegurarse un control absoluto del mismo desde el poder legislativo, como ocurrió en Argentina con las reformas del Consejo de la Magistratura en 2006 impulsadas por Néstor Kirchner.

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Por su parte, la Comisión Europea ha insistido varias veces en la necesidad de promulgar una ley que, de manera totalmente opuesta, garantice la independencia judicial otorgando a los propios jueces la capacidad de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Por si todo ello fuera poco, Sánchez está preparando una reforma para que la instrucción de los casos sea llevada a cabo directamente por la Fiscalía y  no por los jueces, quienes, a partir de entonces se limitarían a emitir sentencias en base a esas instrucciones. Una medida que sin duda sería enormemente satisfactoria para el propio Sánchez de cara al camino judicial que próximamente tendrá que recorrer su mujer.

Comienza la cacería de medios de comunicación críticos

El mismo lunes 29 en el que Sánchez realizaba su comparecencia, EDATV, uno de los principales medios de comunicación críticos con el Gobierno, recibía una denuncia a nombre de diez cargos socialistas en la que se les exigía una cantidad de medio millón de euros, en compensación por las acusaciones de corrupción que un excolaborador del Partido Socialista había vertido durante una entrevista en este medio.

A su vez, ese mismo día, José Aroca, un dirigente del PSOE amenazaba de muerte al periodista de EDATV, Vito Quiles, anunciando en la red social X que “Si hay una guerra civil, me lo pido”.

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Por su parte, el analista político Alvise Pérez recibió una querella directamente del propio Pedro Sánchez por las opiniones e informaciones desveladas en su canal de Telegram. El Presidente, durante una entrevista en el canal de televisión oficial del Estado, acusaba públicamente al analista de ser un “creador de bulos” y de que va a “perseguir todo este fango”. De lo que no hay dudas es que se avecinan malos tiempos para la libertad en España.

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