Internacional
El Gobierno de Satanás dentro del Vaticano: amenaza a sus empleados con sanciones y despidos si no se vacunan
CONTRADICE LAS RECOMENDACIONES DE DOCTRINA DE LA FE Y EL CONSEJO DE EUROPA.
El Vaticano amenaza a sus empleados con sanciones y despidos si no se vacunan.
A pesar de que la Congregación para la Doctrina de la Fe dictaminó que no se puede obligar a vacunarse a nadie y que el Consejo de Europa sostuvo que la vacunación es voluntaria y no se puede sancionar a quien no se vacune, el estado del Vaticano ha decidido imponer la vacunación a sus empleados bajo amenaza de sanciones o despidos.
El 21 de diciembre del 2020 la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una nota sobre la vacunación durante esta pandemia que, entre otras consideraciones, decía lo siguiente:
Al mismo tiempo, es evidente para la razón práctica que la vacunación no es, por regla general, una obligación moral y que, por lo tanto, la vacunación debe ser voluntaria.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el pasado 27 de enero la resolución 2361 de 2021, sobre consideraciones éticas, legales y prácticas en torno a la aplicación de las vacunas contra el Covid19. Dicha resolución dice expresamente que los gobiernos deben asegurarse de que los ciudadanos estén informados de que la vacunación NO es obligatoria y de que nadie es presionado política, social o de otro modo para que se vacune, si no lo desea; deben además velar por que nadie sea discriminado por no haber sido vacunado, por posibles riesgos para la salud o por no querer ser vacunado.
Sin embargo, se ha sabido que en un decreto emitido a principios de este mes, el cardenal gobernador del Estado de la Ciudad del Vaticano advierte que los empleados que se nieguen a recibir la vacuna COVID-19 cuando se considere necesario para su trabajo podrían enfrentarse a sanciones e incluso al despido.
El decreto del 8 de febrero del cardenal Giuseppe Bertello, presidente de la Comisión Pontificia del Estado de la Ciudad del Vaticano, establece las normas que deben seguir los empleados del Vaticano, los ciudadanos y los funcionarios de la Curia Romana para controlar la propagación del coronavirus en el territorio del Vaticano, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico. El incumplimiento de las normas podría acarrear multas.
«La emergencia sanitaria debe ser afrontada para garantizar la salud y el bienestar de la comunidad de trabajo, respetando la dignidad, los derechos y las libertades fundamentales de cada uno de sus miembros», señala el documento, firmado por Bertello y el obispo Fernando Vérgez Alzaga.
Una de las medidas incluidas en la orden es el protocolo de la vacuna COVID del Vaticano. En enero, la ciudad estado comenzó a ofrecer la vacuna de Pfizer-BioNtech a los empleados, residentes y funcionarios de la Santa Sede.
Según el decreto del cardenal Bertello, la autoridad suprema, junto con la oficina de salud e higiene, «evaluó el riesgo de exposición» al COVID-19 y su transmisión a los empleados en el desempeño de sus actividades laborales y «puede considerar necesario poner en marcha una medida preventiva que prevea la administración de una vacuna para proteger la salud de los ciudadanos, los residentes, los trabajadores y la comunidad laboral».
El decreto establece que a los empleados que no puedan recibir la vacuna por «razones de salud acreditadas» se les podrán asignar temporalmente «funciones diferentes, equivalentes o, en su defecto, inferiores» que presenten menor riesgo de contagio, manteniendo su salario actual.
La orden también dice que «el trabajador que se niegue a someterse, sin razones sanitarias probadas», a la administración de la vacuna «está sujeto a las disposiciones» que se encuentran en el artículo 6 de las normas de la Ciudad del Vaticano de 2011 sobre la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales en materia de controles sanitarios en la relación laboral.
El artículo 6 de las normas dice que una negativa puede acarrear «consecuencias de diverso grado que pueden llegar hasta la interrupción de la relación laboral».
Además de la vacunación, las medidas contenidas en el decreto incluyen la limitación de las reuniones de personas y de los desplazamientos, la obligación de llevar correctamente la mascarilla y de mantener el distanciamiento físico, así como de observar el aislamiento si es necesario.
Las multas por incumplimiento de estas medidas oscilan en su mayoría entre 25 y 160 euros (30 a 193 dólares).
Si se descubre que alguien ha incumplido una orden legal de autoaislamiento o cuarentena por tener COVID-19 o haber estado expuesto a él, la multa oscila entre 200 y 1.500 euros (de 242 a 1.812 dólares).
El decreto encarga a los gendarmes del Vaticano (Guardia Suiza) que intervengan cuando observen el incumplimiento de las medidas y emitan las multas.
Internacional
Louis, 17 años, asesinado en Narbona: su madre convoca una marcha y exige justicia
La familia de Louis, de 17 años, asesinado tras una brutal paliza en una obra de Narbona, convoca una gran marcha el 5 de julio para exigir justicia. Su madre reclama que los acusados sean juzgados como adultos y que Francia deje de mirar hacia otro lado ante una violencia juvenil cada vez más salvaje.
Narbona vuelve a convertirse en símbolo de una Francia sacudida por la violencia. La familia de Louis, un adolescente de 17 años que murió después de ser atraído a una obra y golpeado hasta quedar inconsciente, ha convocado para el domingo 5 de julio una “marcha blanca” en su memoria. No será, según sus allegados, una simple ceremonia de duelo: será una llamada pública a la justicia, a la responsabilidad política y al fin de la impunidad.
La frase pronunciada por su madre resume el estado de ánimo de una familia rota y de una parte creciente de la sociedad francesa: “No es tiempo de duelo, es tiempo de guerra”. Una declaración durísima, nacida del dolor, que apunta directamente contra un sistema que, según la familia, no protegió a Louis pese a las advertencias previas.
Una marcha para que Louis sea “el último”
La concentración partirá a las 11:00 horas desde la plaza del Ayuntamiento de Narbona y llegará hasta el lugar en el que Louis fue agredido. La convocatoria ha sido presentada por la familia como “la última marcha”, una expresión con la que quieren dejar claro que no aceptan que este tipo de crímenes se normalicen ni se diluyan entre comunicados oficiales, minutos de silencio y promesas políticas vacías.
Su tía y madrina, Marie-Julie Marteau, ha explicado en medios franceses que la familia invita a ciudadanos, padres y responsables políticos de todos los partidos. El mensaje es directo: lo ocurrido a Louis no es solo una tragedia familiar, sino un asunto nacional.
La madre exige que los acusados sean juzgados como adultos
La madre de Louis ha reclamado que los presuntos autores sean tratados penalmente como adultos. Su argumento es tan sencillo como demoledor: quien mata como un adulto debe responder como un adulto. También exige una revisión profunda de la justicia de menores en Francia, convencida de que las normas actuales ya no sirven para responder a una delincuencia cada vez más violenta, organizada y consciente de sus actos.
La familia sostiene además que hubo alertas previas sobre la situación de Louis. El joven, que estaba bajo el sistema francés de protección de menores, ya habría sufrido agresiones anteriores. Esa circunstancia eleva el caso más allá del crimen concreto: obliga a preguntar qué falló, quién no actuó y por qué un menor señalado como vulnerable terminó abandonado a su suerte.
Una agresión grabada y una frialdad que indigna a Francia
Según las informaciones difundidas por medios franceses, Louis fue atraído a una obra en Narbona durante la noche del 19 al 20 de junio. Allí fue brutalmente golpeado por un grupo de jóvenes. La agresión habría sido grabada en vídeo por los propios atacantes, un detalle que ha provocado una ola de indignación por la crueldad del crimen y por la aparente ausencia de remordimiento.
Louis fue encontrado inconsciente, con graves lesiones en la cabeza y en el rostro. Fue ingresado en coma inducido y murió días después. Cinco sospechosos, entre ellos varios menores, han sido puestos bajo investigación por asesinato, de acuerdo con la prensa francesa. La investigación continúa abierta y los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme.
“Creen que son intocables”
La tía de Louis ha descrito públicamente la escena con palabras que estremecen: los agresores se habrían grabado mientras el joven yacía malherido, e incluso habrían regresado al lugar para filmarse de nuevo. “Creen que son intocables”, denunció. Esa sensación de impunidad es precisamente lo que la familia quiere romper con la marcha del 5 de julio.
El caso ha reabierto en Francia el debate sobre la violencia juvenil, la eficacia de los servicios sociales, la justicia de menores y la respuesta del Estado ante ataques cometidos por grupos de adolescentes que actúan con una brutalidad extrema y, en ocasiones, con una exhibición pública de sus actos en redes sociales.
Un crimen que golpea el debate político francés
La muerte de Louis ha provocado reacciones políticas de alto voltaje. Dirigentes de distintos partidos han condenado el crimen y han reclamado una respuesta judicial firme. Pero, más allá de las declaraciones, el fondo del asunto sigue siendo el mismo: una sociedad que ve cómo determinados episodios de violencia extrema se repiten, mientras las familias de las víctimas sienten que el sistema llega tarde.
La marcha de Narbona no solo honrará la memoria de Louis. También será una prueba de la capacidad de Francia para mirar de frente un problema que ya no puede esconderse bajo eufemismos. Cuando una madre dice que ya no es tiempo de llorar, sino de luchar, lo que está haciendo es acusar a todo un sistema de haber fallado.
