El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, principal acusado del juicio del «procés», ha sido condenado a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación por delitos de sedición y malversación en calidad de dirigente. Sobre sus compañeros de gobierno, los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull ha recaído la pena de 12 años por el delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

A Joaquim Forn y Josep Rull el Supremo les condena a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido condenada a las penas de 11 años y 6 meses de prisión por sedición e igual tiempo de inhabilitación absoluta.

Los otros tres exconsejeros que están en libertad (Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs) sólo tendrán que pagar una multa por desobediencia, al considerar el tribunal que su participación en el plan secesionista ilegal fue menor que la de sus compañeros. Son 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial.

El tribunal del «procés» ha hecho públicas este lunes las condenas impuestas a los doce líderes independentistas del «procés», entre las que están también las de la expresidenta del Parlament y la de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente. Los tres han sido condenados a 9 años, en su caso sólo por sedición, aunque como dirigentes.

La sentencia, que han firmado este lunes los siete magistrados del «procés», ya ha sido comunicada a los condenados en las cárceles catalanas en las que se encuentran: Lledoners, Mas d’Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Gerona).

Tras cuatro meses de deliberaciones, el tribunal ha concluido que los condenados no cometieron un delito de rebelión, por el que la Fiscalía pedía para Junqueras 25 años de cárcel. Los magistrados consideran que los líderes del «procés» no emplearon y asumieron la violencia como elemento central de su actuación ilegal, un requisito que sí exige el delito de rebelión, que consiste en un alzamiento público y violento para conseguir varios fines, entre ellos declarar la independencia de una parte de España.

Según los siete magistrados la violencia no fue un elemento estructural del plan secesionista ilegal, sino que se ciñó a episodios concretos.