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España

Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación

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Oriol Junqueras, durante su declaración en el juicio del «procés»
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El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, principal acusado del juicio del «procés», ha sido condenado a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación por delitos de sedición y malversación en calidad de dirigente. Sobre sus compañeros de gobierno, los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull ha recaído la pena de 12 años por el delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

A Joaquim Forn y Josep Rull el Supremo les condena a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido condenada a las penas de 11 años y 6 meses de prisión por sedición e igual tiempo de inhabilitación absoluta.

Los otros tres exconsejeros que están en libertad (Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs) sólo tendrán que pagar una multa por desobediencia, al considerar el tribunal que su participación en el plan secesionista ilegal fue menor que la de sus compañeros. Son 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial.

El tribunal del «procés» ha hecho públicas este lunes las condenas impuestas a los doce líderes independentistas del «procés», entre las que están también las de la expresidenta del Parlament y la de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente. Los tres han sido condenados a 9 años, en su caso sólo por sedición, aunque como dirigentes.

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La sentencia, que han firmado este lunes los siete magistrados del «procés», ya ha sido comunicada a los condenados en las cárceles catalanas en las que se encuentran: Lledoners, Mas d’Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Gerona).

Tras cuatro meses de deliberaciones, el tribunal ha concluido que los condenados no cometieron un delito de rebelión, por el que la Fiscalía pedía para Junqueras 25 años de cárcel. Los magistrados consideran que los líderes del «procés» no emplearon y asumieron la violencia como elemento central de su actuación ilegal, un requisito que sí exige el delito de rebelión, que consiste en un alzamiento público y violento para conseguir varios fines, entre ellos declarar la independencia de una parte de España.

Según los siete magistrados la violencia no fue un elemento estructural del plan secesionista ilegal, sino que se ciñó a episodios concretos.

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España

Así nos ven desde fuera: el sucio traidor de Feijóo y sus adláteres son reconocidos por lo que son

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Escándalo en España: El PP se unió al socialismo y votó a favor de darle la ciudadanía a 500.000 inmigrantes ilegales de África

El PP, el PSOE y todos los partidos de izquierda se unieron para votar a favor de la regularización de medio millón de inmigrantes que ingresaron de manera ilegal en la última década.

El Partido Popular (PP), una suerte de Juntos por el Cambio en España, ha vuelto a traicionar a su base de votantes y decidió unirse con la extrema izquierda para regularizar y otorgarle la ciudadanía a más de 500.000 inmigrantes ilegales que arribaron al país desde África o Medio Oriente.

Si bien la ley todavía no ha sido aprobada, más bien solo se ha aprobado el tratamiento del mismo en el Parlamento, el PP sienta un peligroso precedente y ha anticipada que busca volver a votar de la misma manera en el recinto una vez que se modifiquen algunos aspectos del proyecto de ley.

De hecho, todos los partidos en el Parlamento han votado a favor del tratamiento y aprobarán pronto la ley, con la única excepción de los legisladores de VOX, que se opuso de cuajo contra la ley que le agregaría más de 500.000 votos en todo el país a la izquierda.

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Según la diputada del PP, Sofía Acedo, fue Cáritas, la organización benéfica de la Iglesia Católica, que hizo lobby para que dicha legislación sea aprobada, a pesar de que dentro de ese medio millón de personas hay prácticamente una totalidad de árabes musulmanes.

Por su parte, la socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE votará a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el “respeto” que merece darle participación directa en la política a quienes viven en España, y que creen que es necesario “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de inmigración”.

Por su parte, la diputada de VOX Rocío De Meer ha indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal rechaza la medidaQueremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común“.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en toda su historia. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321.

En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352. En el año 2001 fue denominado “regularización por arraigo” y se otorgó papeles a 239.174 inmigrantes más.

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Como si esto no fuera poco, en el 2005, durante el gobierno del comunista José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, se le otorgó ciudadanía a medio millón de inmigrantes, la misma cantidad que pretende dar ahora Pedro Sánchez, peleando codo a codo por el récord histórico de pérdida de identidad.

Fuente: Derecha Diario.

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