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España

Junqueras, condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación

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Oriol Junqueras, durante su declaración en el juicio del «procés»
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El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, principal acusado del juicio del «procés», ha sido condenado a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación por delitos de sedición y malversación en calidad de dirigente. Sobre sus compañeros de gobierno, los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull ha recaído la pena de 12 años por el delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

A Joaquim Forn y Josep Rull el Supremo les condena a las penas de 10 años y 6 meses de prisión y 10 años y 6 meses de inhabilitación absoluta; y a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a las penas de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta. La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha sido condenada a las penas de 11 años y 6 meses de prisión por sedición e igual tiempo de inhabilitación absoluta.

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Los otros tres exconsejeros que están en libertad (Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs) sólo tendrán que pagar una multa por desobediencia, al considerar el tribunal que su participación en el plan secesionista ilegal fue menor que la de sus compañeros. Son 10 meses de multa, con una cuota diaria de 200 euros, y un 1 año y 8 meses de inhabilitación especial.

El tribunal del «procés» ha hecho públicas este lunes las condenas impuestas a los doce líderes independentistas del «procés», entre las que están también las de la expresidenta del Parlament y la de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart respectivamente. Los tres han sido condenados a 9 años, en su caso sólo por sedición, aunque como dirigentes.

La sentencia, que han firmado este lunes los siete magistrados del «procés», ya ha sido comunicada a los condenados en las cárceles catalanas en las que se encuentran: Lledoners, Mas d’Enric (Tarragona) y Puig de les Basses (Gerona).

Tras cuatro meses de deliberaciones, el tribunal ha concluido que los condenados no cometieron un delito de rebelión, por el que la Fiscalía pedía para Junqueras 25 años de cárcel. Los magistrados consideran que los líderes del «procés» no emplearon y asumieron la violencia como elemento central de su actuación ilegal, un requisito que sí exige el delito de rebelión, que consiste en un alzamiento público y violento para conseguir varios fines, entre ellos declarar la independencia de una parte de España.

Según los siete magistrados la violencia no fue un elemento estructural del plan secesionista ilegal, sino que se ciñó a episodios concretos.


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España

«La derechita cobarde» enseña la patita: El programa de Díaz Ayuso, más allá de la economía: ideología de género y adoctrinamiento LGTBI

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¿De verdad pensaban que Ayuso era diferente? ¡Ay, ingenuos!

Díaz Ayuso se muestra partidaria de equiparar el matrimonio a las uniones homosexuales y de las leyes de imposición LGTBI. Preguntada por el PIN Parental, escurre el bulto, mientras se muestra partidaria de los vientres de alquiler con argumentos de sentimentalismo y trilerismo dialéctico.

Isabel Díaz Ayuso no encajó bien que, durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia de la Comunidad de Madrid hace un par de años, algunos le recordaran sus posiciones favorables al aborto y a la agenda LGTBI.

Tanto que trató de censurar la libertad de HazteOir.org, la entidad responsable de dichas campañas en las que se daban a conocer frases literales de la entonces neocandidata del Partido Popular apoyando el aborto y las leyes de adoctrinamiento e imposición LGTBI en la Comunidad de Madrid. Pero el Tribunal Supremo ya había establecido doctrina favorable a la participación de HazteOir.org en las campañas electorales, tras una dura batalla legal emprendida por su antecesora, Cristina Cifuentes.

HazteOir.org retrató a Díaz Ayuso entonces como un camaleón:

Ayuso vuelve a confirmar la campaña de HazteOir.org a través de un reportaje publicado en el diario El Mundo, en el que se pasea por el madrileño barrio de Chueca -icono pop de la ideología de género patria- mientras comenta algunos puntos de calado ideológico.

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La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid confirma que es contraria al recurso que el Partido Popular interpuso ante el Tribunal Constitucional contra la ley que equiparó civilmente el matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo por que, alega «no se puede legislar sobre cuestiones tan personales».

Sin embargo, sí es partidaria de las leyes LGTBI aprobadas en la Comunidad de Madrid cuando ella formaba parte del Grupo parlamentario Popular. Se trata de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia y la Discriminacion pro razón de Orientación Sexual, que se meten, y mucho, «sobre cuestiones tan personales».

Ayuso también ha aprovechado para desmarcarse de la protección del derecho de los padres a tener voz y voto sobre determinados contenidos controvertidos que se imparten en los centros educativos. Contenidos impuestos precisamente por las leyes anteriormente citadas apoyadas por Díaz Ayuso.

Sobre el PIN Parental, la candidata del Partido Popular resume con respuesta calculada, tergiversando el sentido del PIN Parental, una de las reivindicaciones más notorias de quien, previsiblemente, será un apoyo imprescindible para alcanzar la Presidencia de la Comunidad de Madrid y gobernar: «Yo no quiero que un padre del PP o una madre de Podemos le diga constantemente al profesor lo que ha de hacer».

Ayuso también entra al trapo de otra cuestión que está muy discutida en los ambientes LGTBI, en especial por los varones que mantienen relaciones con personas de su mismo sexo: la gestación subrogada o los vientres de alquiler.

En esta ocasión, la neolideresa del PP en Madrid tira de sentimentalismo y trilerismo dialéctico: «El enfermero que habitualmente me hace las PCR tiene un hijo por gestación subrogada y es precioso. No puedo pensar que estos niños son un fracaso».

El sentimentalismo -una de las razones de estado de la ideología moderna- lleva a Díaz Ayuso a hablar del aspecto físico un bebé concebido de tal manera bajo encargo y previo pago de un conocido suyo. Ni una palabra de la cosificación de la mujer y del bebé, además de sobre otras implicaciones éticas según el método de fecundación empleado o sobre el ambiente en el que se criará ese niño.

El trilerismo dialéctico le lleva a atribuir a las personas contrarias a los vientres de alquiler la calificación de «fracaso» a esos niños. Se trata de una imputación falaz que no resiste la mera comprobación de los argumentos de quienes denostan tal práctica.

La argucia es aún más sangrante. ¿Se atrevería Díaz Ayuso a responder lo mismo -«no puedo pensar que estos niños son un fracaso»- preguntada por cómo justifica el aborto de quien fue concebido en una violación? Porque lo justifica.

Que Díaz Ayuso haya hecho una gestión más que razonable y exitosa en la medida en que puede hacerse en medio de una pandemia y con el gobierno de la nación poniendo palos en las ruedas no debería ocultar que, en otras materias, Ayuso necesita un «empujoncito». Y esto sólo pasa por que Vox saque un resultado suficiente para condicionar, al menos en parte, un posible Gobierno de Ayuso en estas materias.


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España

España tiene margen legal de importar la vacuna rusa sin esperar a la EMA

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Fuentes de la Aemps admiten a Redacción Médica que podría activarse incluso solo con la autorización del país ruso.

El Gobierno de España tiene capacidad legal para aprobar la importación y administración de la vacuna Covid rusa, la Sputnik V, sin esperar a que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emita un veredicto definitivo sobre su aprobación.

Así lo han confirmado a Redacción Médica fuentes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), añadiendo en cambio que “no se contempla en este momento porque no resulta imprescindible al existir no una sino varias vacunas autorizadas y no haber suministro regular de la vacuna Sputnik”.

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La vacuna, aprobada en Europa solamente por Hungría el pasado mes de enero, no necesitaría para llegar a España ni siquiera esa aprobación de otro Estado de la Unión Europea. “La referencia no sería una autorización de uso en Hungría, que esencialmente carece de datos propios, sino la propia autorización rusa o el procedimiento de Rolling Review que se lleva a cabo en la EMA”, matizan desde la Aemps.

La citada capacidad legal se basa en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios; tal y como señala la Aemps pero también fuentes de la industria farmacéutica consultadas por este periódico. Es en su artículo 24 de ‘Garantías de disponibilidad de medicamentos en situaciones específicas y autorizaciones especiales’, punto 4, donde se contempla una medida así: “La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar la importación de medicamentos no autorizados en España siempre que estén legalmente comercializados en otros Estados, cuando esta importación resulte imprescindible para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de patologías concretas por no existir en España alternativa adecuada autorizada para esa indicación concreta o por situaciones de desabastecimiento que lo justifiquen”.

Es en este último punto, el desabastecimiento, donde la Aemps precisa que al no haberlo, no sería a su juicio justificable una autorización para importar la vacuna Covid-19 rusa, bautizada como Sputnik V. Un fármaco cuya última gran novedad ha llegado esta misma semana, cuando India decidió registrarla convirtiéndose en el sexagésimo país donde se aprueba su uso.

En España, son varias las comunidades autónomas que se han interesado por esta vacuna y que incluso han admitido reuniones para explorar posibilidades de compra. Madrid, por ejemplo, ha reconocido una reunión del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con el empresario Pedro Mouriño como intermediario para una hipotética adquisición de dosis. Andalucía, por su parte, se reunirá esta misma semana con los fabricantes de la vacuna para analizar las posibilidades de compra en previsión, según explicó el consejero del ramo Jesús Aguirre, para estar preparados por si hubiera que incorporarla al calendario vacunal y también «en caso de ruptura» del mercado de compras.

Vacuna Covid Sputnik V: investigación por si hubo presiones en los ensayos

Según señalan sus creadores, investigadores del Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, la Sputnik V se trata de una vacuna basada en vectores adenovirales humanos. Estos sitúan su eficacia en el 91,6% tras testarla en 19.866 voluntarios. Punto, este último, algo controvertido. De hecho, la EMA ha confirmado que realizará “una inspección de buenas prácticas clínicas” en Rusia sobre la forma en la que se realizaron los ensayos en los voluntarios con la vacuna Sputnik V, que se encuentra en un proceso de revisión continua en este regulador europeo desde el pasado 4 de marzo.

«Realizaremos una inspección de buenas prácticas clínicas en Rusia. Se trata de una evaluación de la forma en la que se realizó el ensayo que permitió generar los resultados. Este es un procedimiento normal que seguimos para muchas vacunas y medicamentos dependiendo del conocimiento que tengamos de los ensayos que se han realizado y de si otras autoridades con las que trabajamos también han realizado inspecciones similares», explicó la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke.

La versión del Gobierno ruso indica que militares y funcionarios participaron en los ensayos de la vacuna, financiada por el Fondo Ruso de Inversión Directa, un ente soberano del Kremlin, sin que hubiera presiones sobre las personas que participaron en los ensayos clínicos.

Por Juanma Fernández y Clara Hernández. Redacción Médica.

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España

Buxadé anuncia que VOX acudirá a defender a los trabajadores con Solidaridad el próximo 1 de mayo

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El eurodiputado y vicepresidente primero  del Comité de Acción Política, Jorge Buxadé, ha anunciado que el 1 de mayo, junto al Sindicato Solidaridad, VOX «va a salir a la calle a defender a los trabajadores«.

Buxadé ha afirmado que los trabajadores «necesitan una voz en la calle que les defienda, porque los sindicatos de clase, marxistas, no defienden a los trabajadores, sino que los han envenenado hablándoles de racismo, de género y de cualquier otra cosa que les haga pensar en algo distinto de sus verdaderas necesidades». «Solidaridad es el sindicato que representa realmente los intereses de los españoles», ha asegurado.

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Por otro lado, ha explicado que «los españoles no quieren la política social de Pekín ni la del Foro de Davos”. Además, ha reprobado que el salario medio de los jóvenes españoles que se incorporan al mercado laboral haya caído desde 1980 un 50%. “¿Qué tiene que decir el PSOE, Iglesias y los sindicatos de clase sobre esto?”, ha preguntado el eurodiputado.

Además, ha reiterado que «sólo VOX reclama acabar con los toques de queda, con los confinamientos y que se abran los negocios y se permita a la gente trabajar, porque todo trabajo es esencial, porque detrás de cada trabajo hay un trabajador y una familia que vive del mismo«.

Sobre la violencia que sufrieron los cargos de VOX, afiliados y simpatizantes que acudieron al acto de presentación de la candidatura de Rocío Monasterio a la presidencia de la Asamblea de Madrid en Vallecas la pasada semana, Buxadé ha vuelto a apuntar directamente al ministro del Interior como responsable de esos actos violentos. Y ha explicado que estos ataques “han permitido que los madrileños vean que hay que votar a VOX”.

También ha explicado que no ha habido ningún contacto con el Gobierno “más que la que se deduzca de un juzgado de instrucción”. Y ha recordado que el día anterior a la celebración del acto, “esos movimientos terroristas globales” anunciaron los ataques, por lo que VOX  “advirtió de que había que impedir la comisión de delitos”.


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España

Inmigración ilegal: España sufre el incremento del 15.6% con respecto al año anterior

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VOX ha sido la única formación en advertir de las consecuencias de las políticas migratorias del gobierno de Sánchez.

La crisis provocada por la invasión migratoria continúa siendo uno de los principales problemas de nuestro país. El pasado año, España alcanzó cifras históricas en materia de inmigración ilegal. En 2021 las mafias no han cesado su actividad y el año ha comenzado con muy datos elevados.

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Canarias es la Comunidad Autónoma que se está llevando la peor parte. Según la información a la que ha tenido acceso Europapress3.436 ilegales han llegado al archipiélago en tan sólo 3 meses. Esto supone un incremento 117% con respecto al primer trimestre del año anterior.

La oleada de inmigración ilegal también se ha producido en el resto del territorio nacional. Un total de 6.496 ilegales han desembarcado en nuestras costas en lo que llevamos de año, una cifra que es un 15.6% superior a la registrada en el mismo periodo de 2020.

VOX lleva tiempo advirtiendo de la pésima gestión del gobierno de Sánchez. Nuestra formación exigió hace meses al Ejecutivo un protocolo para la recepción de pateras con el objetivo de identificar los casos positivos y evitar que surjan brotes que puedan no ser controlados.

La inmigración ilegal está azotando, cada día y con mayor notoriedad, nuestras costas. Muchas comunidades como Andalucía, Murcia o Canarias están siendo víctimas de las consecuencias de las políticas buenistas de un Gobierno que, con su efecto llamada, favorece la libre actividad de las mafias que se lucran con el tráfico de personas.

Hace pocos meses, el presidente de VOX, Santiago Abascal, quiso visitar Canarias para percibir las consecuencias de la negligente gestión migratoria de Sánchez e Iglesias. También escuchó los testimonios de los vecinos de las islas, víctimas de la gran oleada alentada por el efecto llamada del Gobierno.

 


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