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Indignación en la Fiscalía: «La dimisión de Delgado es una farsa para ser nombrada fiscal de Memoria Democrática»

Redacción

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La dimisión de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ha provocado una gran indignación en el Ministerio Público. Fuentes fiscales  afirman que «el enfado no es por el cese de Delgado en sí, sino porque su dimisión es una farsa para que pueda ser nombrada fiscal de Sala de Memoria Democrática».

Recordamos que la semana pasada el Gobierno de PSOE y Podemos aprobaba en el Congreso la Ley de Memoria Democrática. Dicha Ley contempla la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática que encabezaría Delgado siendo ascendida a la categoría de fiscal de Sala, el cargo de mayor rango y prestigio de la Carrera fiscal que conlleva un sobresueldo importante. Delgado pasó de ser ministra de Justicia con el PSOE a fiscal general del Estado y previamente, ejercía como fiscal en la Audiencia Nacional.

Las mismas fuentes apuntan que «la salida de Delgado se ha precipitado después de que el PSOE retirase el mes pasado la enmienda con la que pretendía premiar a Delgado con un ascenso y un aumento salarial cuando deje de ser fiscal general del Estado».

El pasado mes de marzo, los socialistas presentaban la citada enmienda al proyecto del propio Ejecutivo de reforma de la Ley Concursal. Según el apartado 6 de dicha enmienda ya retirada, «Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese».

«Delgado iba a dejar de ser fiscal general del Estado tras las próximas elecciones generales de noviembre de 2023, sin conseguir su plaza como fiscal de Sala y su aumento salarial asociado tras la retirada de la enmienda en el Congreso. Ahora, con su marcha de la Fiscalía General y su eventual designación como fiscal de Sala de Memoria Democrática lo conseguirá en los próximos meses tras recuperarse de sus problemas de salud«, afirman.

«El que fuera su nº 2 en la Fiscalía y nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, será el encargado de nombrarla. De esta forma, Delgado será elegida fiscal de Sala de Memoria Democrática, cargo que desempeñará durante al menos 5 años. Posteriormente, conservará la categoría de fiscal de Sala de forma vitalicia adscrita a la Fiscalía del Supremo y también su correspondiente aumento salarial», concluyen.

Recordamos que García Ortiz participó en actos del PSOE en la precampaña de las elecciones en Galicia de 2020. En concreto, fue invitado a participar en un laboratorio de ideas promovido por el líder del PSOE de Galicia, Gonzalo Caballero, en diciembre de 2019.

Los «motivos de salud» de su dimisión

Según el comunicado de la Fiscalía conocido este martes, Dolores Delgado remitió una carta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, «expresando su voluntad de apartarse de las responsabilidades como fiscal General del Estado por motivos de salud. El pasado día 20 de abril de 2022, Delgado se sometió a una intervención de urgencia en la columna vertebral, que consistió en la eliminación de un quiste sinovial que comprimía el conducto de las vértebras L2/L3 del lado derecho, así como la eliminación de una fractura de la faceta articular de la vértebra, con una columna muy afectada que obligará a nuevas intervenciones quirúrgicas».

Según Delgado, «el balance de estos dos años y medio de mandato es satisfactorio. Se han cumplido los objetivos del proyecto, en el que se han logrado hitos históricos para la carrera fiscal y la justicia española y un cambio de paradigma en la Fiscalía centrado en la transparencia, los valores democráticos, los derechos humanos, la perspectiva de género y la protección de los más vulnerables».

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España

«La ceja» corrupta de la PSOE: El juez señala la intervención de Zapatero en operaciones de oro, petróleo, acciones y divisas

Redacción

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El expresidente del Gobierno está citado en la Audiencia Nacional el 2 de junio como investigado por tres delitos

José Luis Rodríguez Zapatero tenía una «intervención directa» en operaciones internacionales «de alto valor económico». Entre esas operaciones se insertan las relativas a productos petrolíferos, de oro, acciones y divisas. La trama presuntamente liderada por el presidente del Gobierno, citado a declarar el próximo 2 de junio como imputado, operaba tanto en España como en el extranjero. Tenía contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos, según el auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. El exdirigente socialista niega haber hecho gestiones a favor del rescate de Plus Ultra, aunque las intervenciones telefónicas a los directivos de la aerolínea le mencionan de forma constante.

Calama atribuye a Zapatero el liderazgo de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra». El magistrado imputa al expresidente del Gobierno tres delitos: tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

«La operativa de la red presenta rasgos comunes: (creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, uso de administradores testaferros, e intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas», señala el auto.

Los pagos a Zapatero

El juez insiste en que los indicios recabados muestran que los clientes de la red, entre los que se encontrarían Plus Ultra y dos de las empresas registradas este martes, Inteligencia Prospectiva y Softgestor, abonaban cantidades significativas por «servicios de asesoría inexistentes». Estos fondos redistribuidos al entorno de Zapatero, como su amigo Julio Martínez Martínez y las empresas de sus hijas, Whathefav. Calama cifra en casi dos millones de euros la cantidad obtenida de forma ilícita.

Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos, pero también de otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala.

La correspondencia entre Julio Martínez Martínez y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, de Inteligencia Prospectiva, confirma que este último es cliente de la red organizada. La empresa actuaría como vehículo de pago de servicios prestados por la trama. Las comunicaciones intervenidas revelan que el empresario venezolano y el presunto testaferro de Zapatero mantienen una relación mercantil continuada desde al menos septiembre de 2021, vinculada a operaciones internacionales de alto valor económico a las que se refiere Calama en su auto de 85 páginas.

En esas conversaciones, Amaro Chacón remite a Julio Martínez Martínez cartas de intención dirigidas a la Oficina del presidente Zapatero, lo que evidenciaría la conexión directa entre Inteligencia Prospectiva, su administrador y la red organizada para el ejercicio de influencias. La secuencia de comunicaciones muestra que el empresario venezolano actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva se utiliza como canal financiero para efectuar pagos a Análisis Relevante y otras sociedades del entramado.

Fondos extranjeros

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sostiene que Inteligencia Prospectiva es una sociedad instrumental, cuya función es introducir fondos en España y redistribuirlos mediante contratos ficticios de asesoría. La empresa realizó pagos a Whathefav y Gate Center, entidades vinculadas directamente a Zapatero. Según el auto, esto «refuerza la hipótesis de que la sociedad forma parte del circuito económico de la red organizada, actuando como punto de entrada de fondos extranjeros y como nodo de redistribución hacia los beneficiarios finales».

Calama señala que de los mensajes analizados se desprende que, para acceder a la operativa de compraventa de petróleo en Venezuela, era necesario solicitarlo a la red presuntamente liderada por Zapatero mediante la preceptiva carta de intenciones o Letter of Intent (LOI). Los interlocutores revelan que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir (que precisarán con posterioridad), al señalar que «necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención». Estos identifican a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la que denominan La Dama, como la persona que controla la asignación de los buques.

«La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos». Finalmente, remiten la LOI en la que constan los datos de contacto de Zapatero y la dirección postal designada para su envío. «Ello evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante» del expresidente del Gobierno, quien «dispone de acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política». Delcy Rodríguez fue ministra de Economía y Comercio de Venezuela entre septiembre de 2020 y agosto de 2024 y desde ese momento hasta el pasado marzo, titular de la cartera de Hidrocarburos.

Los interlocutores insisten en las comunicaciones intervenidas en que se trata de «una empresa que depende del Partido Comunista Chino», que revela la implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio, reforzando la conclusión de que la actividad descrita trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria. El auto subraya que Gate Center, un think tank sin ánimo de lucro creado en Madrid en 2022, recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva mientras Zapatero era presidente de su consejo asesor.

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