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Economía

Jaime Caneiro, economista: “España va camino de Cuba y de Venezuela”

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Por: Jaime Caneiro*.- La opción de Sánchez de echarse en brazos del comunismo para formar gobierno traerá la ruina económica a España.

En el comedor de gala del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron un acuerdo para formar Gobierno entre los socialistas del presidente del Gobierno en funciones y la organización comunista de extrema izquierda -valga la redundancia- que lidera el segundo.

Es un día triste para la libertad, en general, y para la libertad económica en particular, pues al menos uno de los firmantes de ese pacto es poco amigo de la economía de mercado, de la libertad económica y de la capacidad del individuo para decidir por él mismo. Podemos es una organización que tiene una ideología que ha dado los mayores totalitarismos que ha habido en la Historia, de los que algunos de ellos, como Cuba, Corea del Norte, China -pese a su revestimiento falso de capitalismo en la parte económica- y el régimen de Maduro en Venezuela, todavía persisten en estos momentos.

El otro de los firmantes probablemente sea amigo del intervencionismo, como socialista que es, pero entre el intervencionismo de la socialdemocracia y el que dicho pacto, a buen seguro, desarrollará, hay la distancia que media entre la prosperidad sueca y la miseria que hay en Cuba y Venezuela, por ejemplo. Si estos dos últimos son el espejo en el que mirarnos, los españoles lo tenemos claro. Es la distancia que hay entre un PSOE socialdemócrata y el PSOE actual de Sánchez, radicalizado a la izquierda.

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Aunque todavía no han publicado más que un breve extracto del acuerdo, sin el contenido desgranado de cada una de las medidas, nada bueno se intuye ni en lo poco que dice ni en los precedentes. En este extracto, además de otras medidas radicales como la eutanasia, políticas feministas o la lucha contra el cambio climático, y de medidas peligrosas como ese entendimiento que preconizan para Cataluña, que no sabemos si esconde algo más, habla de otras medidas irresponsables, también en economía, como la estandarización de las escuelas de cero a tres años, cuyo gasto difícilmente podrá llevarse a cabo.

Peligrosa demagogia

Impone, asimismo, una peligrosa demagogia en materia de pensiones, asegurando su revalorización conforme al coste de la vida, al tiempo que dice que va a garantizar la sostenibilidad de las mismas, cuando con la medida que propone se vuelve matemáticamente imposible. No es cuestión de ideologías, es cuestión de matemáticas: si no se acuerdan reformas que garanticen su viabilidad, el sistema de pensiones estallará, y, con su acuerdo demagogo, Sánchez e Iglesias habrán precipitado la explosión que empobrecerá a los pensionistas.

Dice el acuerdo que van a garantizar el trabajo digno, estable y de calidad, que a buen seguro significará que van a derogar la reforma laboral del año 2012, que es la que ha creado el marco más incentivador de empleo estable que hemos tenido en estos últimos cuarenta años. Del mismo modo, seguro que detrás de esas grandes palabras falsas esconden volver a incrementar exponencialmente el salario mínimo, cuyo efecto pernicioso lo notará el empleo, especialmente los trabajadores menos cualificados, que serán expulsados del mercado de trabajo al no poder generar un valor suficiente para cubrir ese incremento de costes laborales que dicha medida impondrá.

Hablan también de fortalecer a las pymes, pero lo enfocan todo desde el punto de vista de las subvenciones, no de la eliminación de absurdas barreras burocráticas que impiden que las pequeñas empresas prosperen. Una vez más, el intervencionismo busca la subvención para repartir la miseria en lugar de liberar obstáculos que permitan crear riqueza.

Por último, mencionan la necesidad de contar con una justicia fiscal. Es decir, preparan el expolio, vía impuestos confiscatorios, de todo lo que genere cualquier persona -física o jurídica- con su esfuerzo, trabajo y sacrificio.

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Realmente, su guía será el acuerdo de aquel fallido proyecto de Presupuestos que firmaron en la Moncloa y que, afortunadamente, fue devuelto al Gobierno. El guión de este acuerdo no es otro que el compendio de la doctrina más fundamentalista del intervencionismo, con elevación desmedida del gasto público, tremenda subida de impuestos, un déficit que se disparará y una deuda desbordada.

Con su política, de aplicarse, pondrán en jaque mate a la economía, pues ese gasto no se podrá soportar: el déficit aumentará de manera intensa y nos volverá a introducir en el protocolo de déficit público excesivo, con posibles sanciones por parte de la Unión Europea, al tiempo que la deuda la elevará hasta unos niveles que pueden poner en peligro su sostenibilidad y, por tanto, la viabilidad de nuestra economía.

Con la sangría en impuestos que pretenden aplicar, esquilmarán a todos los contribuyentes y expulsarán a muchas empresas, que se deslocalizarán, y al deslocalizarse no sólo ya no pagarán nada en impuestos, sino que no darán empleo y muchos trabajadores se irán al paro, con lo que disminuirá su poder adquisitivo, al perder su salario esos trabajadores que pasarán a ser desempleados, se ingresará menos, pues su tributación al IRPF y a la Seguridad Social será menor, y se incrementará el gasto, pues habrá más personas que tendrán que cobrar la prestación por desempleo. La caída extrema de actividad económica y el paro masivo están garantizados.

Sánchez, tras su fracaso del domingo al intentar salir fortalecido de las urnas y, al contrario, perder apoyos, ha decidido mantenerse a cualquier precio, haciendo inviable ya un acuerdo con el PP, porque ha optado por acordar un gobierno de izquierda radical -“rotundamente progresista”, lo llama él-, que nos llevará a la ruina si se concreta.

Todo lo conseguido hasta ahora se irá por el sumidero, toda la prosperidad de tantas décadas, el bienestar obtenido por los españoles, será historia, porque el egoísmo y sectarismo del presidente del Gobierno en funciones le arroja en brazos del comunismo, de una izquierda radical que odia la economía de mercado, la monarquía parlamentaria y el régimen de la Constitución de 1978. Vamos camino a la perdición, camino de Cuba y de Venezuela. Atruena el “nación sin cabeza” de Jovellanos, mientras el cuerpo se estremece de pánico ante este terrorífico horizonte.

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*Economista

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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