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Europa

Johnson cierra la puerta a los inmigrantes no cualificados: deben hablar inglés y ganar 30.000 euros

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La inmigración fue la cuestión protagonista en la campaña del histórico referéndum de 2016, la misma en la que Boris Johnson se convirtió en el «rockstar» de la causa pro-Brexit. Por lo tanto, ahora que ya reside en Downing Street, el primer ministro está dispuesto a «recuperar el control de la fronteras». Y esto se traduce en la mayor reforma del sistema migratorio de las últimas cuatro décadas. A partir del 1 de enero de 2021, cuando finalice el periodo de transición, todo aquel que quiera ir a trabajar a Reino Unido deberá tener previamente una oferta de empleo, hablar inglés y garantizar un salario por encima de las 25.600 libras (unos 30.800 euros) anuales, una reducción respecto a las 30.000 libras (36.000 euros) que se exige ahora a los no comunitarios.

Por lo tanto, adiós a aquellos planes que miles de españoles han venido realizado durante las últimas décadas de trasladarse a Reino Unido una temporada para aprender inglés mientras trabajaban en el sector de la hostelería o cualquier otro con que poder ganarse la vida mientras tanto.

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En definitiva, se termina por completo la libertad de movimiento, no se da ninguna prioridad a los comunitarios y se cierra la puerta a aquellos no cualificados. Una auténtica revolución. «Durante demasiado tiempo, un sistema migratorio distorsionado por la libertad de movimientos europea ha fallado a la hora de cumplir con las necesidades de los británicos. Nuestra propuesta va a cambiar todo esto», señala el libro blanco publicado este miércoles por el Ejecutivo, sobre el que se desarrollará ahora la nueva legislación. «Necesitamos cambiar el foco de nuestra economía para que deje de asentarse sobre la mano de obra barata de Europa y concentrarnos, en cambio, en invertir en tecnología y automoción. Los empleados deberán adaptarse», detalla del texto.

Johnson rechaza pedir un aplazamiento

Reino Unido abandonó formalmente la UE el pasado 31 de enero. Hasta finales de año hay un periodo de transición en el que todo sigue igual mientras Londres y Bruselas negocian un acuerdo comercial. En teoría, Downing Street podría solicitar la ampliación de esta transición por uno o incluso dos años. Sin embargo, Johnson vuelve a dejar claro que quiere recuperar cuanto antes el control de sus fronteras.

La ministra de Interior, la euroescéptica Pitri Patel, recalcó que «lo adecuado es que la gente hable inglés» antes de viajar a Reino Unido y que «tenga una ruta patrocinada, ya sea a través de un empleo o bien de una institución académica». «Queremos animar a aquellos con talento y formación venir y queremos terminar o reducir el número de aquellos que vienen con poca cualificación», matizó.

Las nuevas normas también se aplicarán a los estudiantes, que tendrán que demostrar que son capaces de «vivir por sí mismos» (en definitiva, que no suponen un coste para el sistema), aunque podrán permanecer en Reino Unido y trabajar durante dos años después de la graduación. Por su parte, aquellos que quieran viajar como turistas podrán hacerlo por un periodo de seis meses. Sin embargo, si quieren quedarse posteriormente a trabajar, deberán salir primero del país y pedir un visado específico de trabajo.

Temor y críticas de los empresarios

Sin facilidades para los no cualificados, los empresarios expresan ahora sus temores, sobre todo aquellos del sector servicios. Pero el documento del Gobierno indica que los comunitarios que ya están en Reino Unido –aquellos que tienen derecho a quedarse tras el Brexit y a los que no se les aplicarán las nuevas normas– «otorgarán a las empresas la flexibilidad necesaria para cumplir con las necesidades del mercado». Por otra parte, el Ejecutivo ha tratado de satisfacer las preocupaciones de la industria hortícola sobre el reclutamiento de empleados para las cosechas. El año pasado, la escasez ya provocó el desperdicio de productos como más de mil toneladas de manzanas, por ejemplo. En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a permitir que unos 10.000 inmigrantes poco cualificados puedan entrar cada año un periodo de seis meses para las cosechas.

El nuevo sistema británico será por puntos y está inspirado en el australiano, uno de los más duros del mundo. Eso significa que todo aquel que desee mudarse a trabajar al país a partir del próximo año, aparte de pagar la visa que se exige ahora a los no comunitarios (unos 1.500 o 1.150 euros, para casos de gran cualificación y demanda), deberá obtener además 70 puntos a partir de diferentes baremos.

Los requerimientos obligatorios son en primer lugar tener una oferta de empleo patrocinada por la empresa (20 puntos), que el empleo sea cualificado (20 puntos) y un nivel de inglés B1 (20 puntos). Por otra parte, según el salario se recibirá más o menos puntuación. Aquellos entre 20.480 y 23.039 libras no obtendrán ningún punto, mientras que los que ganen 25.600 libras o más podrán obtener 20 puntos. Por último, se puede sumar más si es un empleo cualificado, como por ejemplo médico, o se tiene un doctorado.

Se cierra la puerta también a los trabajadores autónomos que llegaban hasta ahora al país sin trabajo, como miles de fontaneros polacos o albañiles rumanos. En esa línea, en la frontera ya no se aceptarán tarjetas de identificación de países como Francia e Italia, ya que muchos de inmigrantes de fuera de la UE usaban documentos falsos o robados.

Tampoco se puede decir ahora que el anuncio haya pillado por sorpresa. El plan estaba en el manifiesto del Partido Conservador con el que Johnson ganó con mayoría absoluta las elecciones del pasado mes de diciembre. Había voces que aseguraban que el primer ministro seguía siendo en el fondo un liberal, que algo de él quedaba de su época como alcalde de la cosmopolita metrópoli londinense, cuando defendía la aportación de los inmigrantes a la sociedad. Pero con el anuncio de este miércoles, el líder «tory» deja claro que sus supuestas creencias personales no interfieren con sus instintos políticos.


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Europa

Hungría, faro moral de Europa: prohíbe a las personas transexuales registrar oficialmente su cambio de sexo

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El Parlamento húngaro ha aprobado este martes una ley que impide modificar el sexo con el que los ciudadanos aparecen identificados en los documentos oficiales, bloqueando así el reconocimiento legal del cambio de sexo, en una medida que afecta a unas 30.000 personas trans en el país.

El cambio legal, impulsado por el Gobierno húngaro, ha sido aprobado gracias a la mayoría absoluta de que dispone el Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán. La ley determina que en los documentos oficiales debe registrarse el sexo biológico, determinado por los cromosomas, y que ese dato no puede ser modificado nunca.

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Organizaciones europeas de defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales), como ILGA-Europe y Transgender Europe habían pedido que se retirara la propuesta al entender que aumentará la «discriminación y violencia» que sufren las personas transexuales.

También habían protestado la comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic; el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y diversas ONG y partidos de la oposición húngaros.

Las críticas se centran en que la nueva legislación dificultará la vida de mucha gente, que tendrán que explicar las contradicciones entre sus documentos y su identidad o que, por ejemplo, serán hospitalizadas en alas que no corresponden con su identidad sexual. El Gobierno de Orbán afirma que, pese al cambio legal, las personas trans podrán vivir su vida y expresar su identidad tal como lo han hecho hasta ahora.

La Sociedad Háttér, de defensa de los derechos LGBTI, ha denunciado que se trata de una ley inconstitucional y que pedirá al presidente que no firme la ley y la recurra ante el Tribunal Constitucional. Aseguran también que contradice la normativa internacional en derechos humanos. Amnistía Internacional ha calificado la reforma de «escandalosa» y ha denunciado que «empuja a Hungría de vuelta a la Edad Media».


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Europa

(VIDEO HIJAS DE EUROPA) Tommie Lindh: el héroe de 19 años que murió apuñalado evitando la violación de una niña de 14 años y del que la #PrensaAmaestrada no habla

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Tommie Lindh ha muerto.

Y a nadie parece importarle: solo a unos pocos a los que la prensa mansa, apesebrada, aleccionada, mamporrera y obediente del poder socialista en boga en toda Europa califica de “fascistas”, “ultraderechistas” y “racistas”. ¿No les suena de algo?

Tommie Lindh tenía 19 años y vivía en Suecia, en la ciudad de Härnosand. Una ciudad que debido al perenne y corrupto Gobierno izquierdista sueco, se ha visto, como casi toda Suecia, invadida por lo peor de la inmigración islámica radical, como aquí el innoble animal Abubaker Mohamed, el asesino y violador con antecedentes de agresión, violencia y asalto sexual. Gracias a las bondades del Gobierno Sueco, se movía en completa libertad. 

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Abubaker Mohamed

Aquí tienen el enlace directo al muro público del asesino en Facebook: no sabemos cuanto durará, pero no parece que la policía sueca quiera o haya pedido suspenderlo, suponemos que para no “coartar” los derechos de Abubaker Mohamed.

Cuando vio lo que ocurría, se lanzó valientemente contra el agresor, que intentaba violar a una muchacha de apenas 14 años. El perro sarnoso, loco de rabia, apuñaló repetidamente a Tommie Lindh, hasta que cayó muerto, y ni las asistencias ni los médicos pudieron hacer nada por el.

La policía sueca tiene órdenes políticas de ocultar a la prensa y a la sociedad estos crímenes, para así no “provocar odio”. Enferma y nauseabunda es la sociedad que, para evitar el odio, silencia los crímenes ¡En lugar de impedirlos!

Hoy, la Hermandad Española de las Hijas de Europa le dedican un vídeo a su memoria imperecedera: nos unimos al pésame a su familia y honramos la memoria de este joven mártir sueco, que dio la vida por defender la de una inocente.


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Europa

En Bélgica caen como moscas: “Coronavirus: la masacre belga”

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Ministro belga (el que protege a Puigdemont, por cierto) demuestra su absoluta incapacidad para ponerse una mascarilla.
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Por Drieu Godefridi.- (*)

Aún es muy pronto para hacer una evaluación definitiva sobre la gestión del covid-19 en cada país, pero una cosa está clara: Bélgica está viviendo una auténtica masacre.

Todo empezó en 2015, cuando el Gobierno del primer ministro Charles Michel (actual presidente del Consejo Europeo) decidió destruir todo el ‘stock estratégico’ del país –63 millones de mascarillas, entre las cuales figuraban las tan valiosas FFP2–, cuidadosamente almacenado por el Ejército en un cuartel de Belgrade (Namur), porque estaba «desfasado», según declaró la ministra de Sanidad, Maggie de Block, que aún sigue en el cargo. «Para nada», afirmó el principal sindicato del Ejército; «esas máscaras fueron incineradas… para hacer sitio a los refugiados». En 2015, Bélgica y Europa se vieron inundadas de inmigrantes por la invitación a acudir al continente que les cursó la canciller alemana, Angela Merkel, y tanto las leyes de la UE como la Convención Europea de Derechos humanos hicieron materialmente imposible rechazarlos.

Todo el stock estratégico fue incinerado, sí; y nunca fue reemplazado, otra decisión de De Block que, dada la frecuencia con que se producen epidemias y pandemias, equivale a un crimen. «Gobernar es prever», que dijo Emile de Girardin.

Así que cuando la pandemia del coronavirus se extendió por Bélgica, este desgraciado país apenas tenía máscaras: ninguna para los ciudadanos, ninguna para la Policía, ninguna para las residencias de ancianos y casi ninguna para los hospitales.

La pandemia hizo erupción mucho antes en Italia que en Bélgica. El norte de Italia, tan ligado a China por medio de las industrias textil y de la moda, fue el epicentro de la pandemia en Europa. El 31 de enero Italia prohibió los vuelos procedentes de China, decisión lamentablemente tardía, y el 21 de febrero varias localidades del país transalpino quedaron completamente confinadas.

Muchos belgas tienen raíces italianas, especialmente en el sur (Valonia), y muchos más adoran Italia. De ahí que, pese al brote, entre el 22 y el 23 de febrero decenas de miles de belgas partieran a Italia para festejar el Carnaval. Y el Gobierno belga no abrió la boca.

Cuando esa gente regresó, principalmente por los dos mayores aeropuertos del país –el de Bruselas Sur (Charleroi) y el de Bruselas (Zaventem)–, no fue sometida a ningún chequeo. Sí lo fue cuando arribó a Italia, pero no cuando regresó a Bélgica. En ese entonces la ministra De Block manifestó que tomar la temperatura a la gente era inútil, y que cerrar la frontera no tenía sentido: «Un virus no se detiene en una frontera», dijo. Cuando el doctor Marc Wathelet trató de advertirle de los riesgos, De Block le llamó, en un tuit que posteriormente borró, «histérico».

Parece que la epidemia hizo eclosión en Bélgica, mayormente, de la mano de esos viajeros no chequeados.

A primeros de marzo, el Gobierno de la primera ministra Sophie Wilmès –del mismo Movimiento Reformador centro-izquierdista que su predecesor, Charles Michel– no veía problema en que los belgas asistieran a acontecimientos de masas, como el Salón Batibouw (una feria inmobiliaria), la Feria del Libro y, por supuesto, la manifestación por el Día de la Mujer del 8 de marzo. Para ese día, en Italia ya habían muerto 366 personas como consecuencia del virus.

Cuando Wilmès decidió finalmente ponerse en acción, por medio de unas directivas fechadas el 23 de marzo, lo hizo principalmente para proscribir cualquier iniciativa privada relacionada con las mascarillas y los medicamentos: el Gobierno se iba a hacer cargo.

Por desgracia, esos políticos profesionales y sus expertos no tenían la experiencia necesaria en el campo del comercio internacional. El primer cargamento de mascarillas solicitado por el Gobierno belga jamás llegó; las mascarillas del segundo cargamento eran muy eficaces… para hacer cafés, y cuando un emprendedor local tomó la iniciativa y encargó millones de mascarillas para que les fueran entregadas a las autoridades, fue demonizado –sin la menor justificación– como un «bandido». Pero, «hey, esto es una emergencia, ¡no tenemos tiempo para aportar pruebas!».

A principios de abril, dos meses después de que la pandemia se extendiera por Europa, en Bélgica aún no había mascarillas prácticamente, ni siquiera para los profesionales sanitarios que se exponen a diario al contagio, así que imagínense para el ciudadano del común.

Como no había máscaras, el Gobierno decidió anunciar que las máscaras no eran necesarias. La muestra suprema de la ineptitud gubernamental aún se puede ver en la web personal de la ministra de Sanidad: «Llevar máscaras para protegerse del coronavirus no tiene demasiado sentido».

Junto con las máscaras, el otro elemento imperativo para combatir al virus son los tests; hasta la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha reconocido. Los tests son bastante sencillos de producir y el primer requisito para una respuesta eficiente ante cualquier pandemia. Los recursos sanitarios belgas son notables –hospitales, médicos, laboratorios públicos y privados, una enorme cantidad de compañías químicas privadas–, y el gasto público en sanidad belga es uno de los más elevados del mundo. Así las cosas, el Gobierno tenía la oportunidad de maquillar su ineptitud criminal con los tests.

Por desgracia, ocurrió todo lo contrario. Premió con el monopolio de facto sobre los tests al laboratorio de un tal Marc van Ranst, de la Universidad Católica de Lovaina. No hay razón concebible alguna para esa decisión, y las consecuencias fueron exactamente las mismas que con las mascarillas: la exclusión del sector privado y el racionamiento de los tests, de los que ha habido una cruel carestía desde el primer día.

La decisión es aún más sorprendente cuando uno se entera de que Van Ranst es no sólo médico sino un activista político. Declarado comunista e israelófobo, llegó a hablar un día del «Gazacausto», y se quedó tan a gusto con la palabreja. Este es el tipo al que se ha coronado Míster Test de toda Bélgica.

Cuando compañías privadas desarrollaron nuevos métodos de chequeo, el Gobierno belga publicó inmediatamente una nueva orden para proscribirlos, con el pretexto de que quizá no fueran 100% fiables.

Sin máscaras, rastreos y con apenas tests: esta viene siendo la situación en Bélgica en medio de la peor pandemia desde la gripe española de 1918. Es una situación dramática enteramente debida a las ominosas decisiones del Gobierno. Cuando Wilmès rompió el monopolio de facto que ella misma había creado, permitiendo tests de empresas privadas como GSK, ya era demasiado tarde.

Desafortunadamente, no acaba aquí esta triste historia de incompetencia criminal. Lo peor estaba aún por llegar. En vista de lo que sucedía en Italia y Alsacia (Francia), donde algunos hospitales se han visto temporalmente desbordados con los pacientes del coronavirus, el Gobierno belga tomó la que, en perspectiva, puede que sea la peor decisión adoptada desde 1945: los residentes en residencias de ancianos infectados tendrían que permanecer en las propias residencias. Así pues, no hubo hospitalización para esa pobre gente anciana.

Junto con la práctica total ausencia de máscaras y tests, esta directiva tuvo consecuencias cataclísmicas: muertes, muertes y más muertes. Bélgica habla ahora no de una sino de dos epidemias: la de la población en general y la de las residencias de ancianos. Trágicamente, prácticamente la mitad de las muertes por coronavirus en Bélgica han tenido lugar en asilos. Pese a los esfuerzos heroicos de sus trabajadores, los asilos belgas son de hecho trampas mortales. Para evitar contagios, a los moribundos que yacen en sus habitaciones no se les permite siquiera ver a sus familias una última vez; otra decisión del Gobierno belga que se ha proclamado, cancelado y vuelto a proclamar.

Sin máscaras, sin tests y con los asilos convertidos en trampas mortales: ahora entiende uno por qué Bélgica es el país del mundo con más muertes por coronavirus per cápita, con una cifra diez veces superior a la de Alemania [1].

La masacre belga es completamente debida a la trágica incompetencia de las elites gobernantes, y era completamente evitable.

NOTA:

[1] La inefable Maggie de Block ha anunciado que «recontará» las muertes en las residencias de ancianos porque algunos de los incluidos en las estadísticas sólo eran «sospechosos» de tener el coronavirus. Ahora bien, numerosos países, empezando por EEUU, han incluido los casos sospechosos en sus conteos.

(Gatestone Institute) Drieu Godefridi, escritor liberal, es el fundador del Instituto Hayek de Bruselas. Tiene un doctorado en Filosofía por la Sorbona de París y gestiona inversiones en varios países europeos.


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