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Sucesos

La Audiencia de Sevilla tramita el ingreso en prisión del socialista Griñán. Por fin

Redacción

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TRAS HABER ACABADO SU TRATAMIENTO DE CÁNCER

 

La Justicia da un paso más para que se cumpla la sentencia de seis años y un día de cárcel que pesa sobre el expresidente de la Junta de Andalucía y exlíder de los socialistas andalucesJosé Antonio Griñán. La Audiencia de Sevilla ha emitido una nueva providencia, de ella se desprende que Griñán «ha concluido las sesiones de radioterapia» previstas por el cáncer de próstata. Éstas eran el alegato del expresidente para reclamar la suspensión de su pena de cárcel. Asimismo, el juzgado ordena un nuevo informe forense que determine si el tratamiento farmacológico y de rehabilitación que le queda «es compatible con el ingreso en prisión». Cabe recordar que la cantidad de dinero que se ha defraudado en estas piezas juzgadas de los ERE, aún quedan más, se eleva a 680 millones de euros, el mayor de la historia de la democracia en España.

Esta nueva providencia con fecha 2 de mayo ha sido difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Hay que recordar que ya hubo otra donde se instaba a la defensa de Griñán para que aportase «todos los informes médicos de los que disponga a fin de proceder a un nuevo reconocimiento médico por parte del Instituto de Medicina Legal (IML)«, siempre para resolver si el expresidente puede ser tratado en prisión del cáncer de próstata que sufre y qué alega para reclamar la suspensión de su pena de cárcel.

El tribunal explica que en la nueva documentación remitida por la defensa de Griñán se especifica que tras la radioterapia, «el plan de actuación consiste tan sólo en tratamiento farmacológico y ejercicios rehabilitadores«, con lo que ordena dar traslado de esta documentación al Instituto de Medicina Legal, para que el mismo, «a la mayor brevedad posible», informe sobre si «el tratamiento que se prescribe es compatible con el ingreso en prisión, a efectos de resolver sobre la suspensión» de la pena de cárcel solicitada por el expresidente andaluz por el cáncer de próstata que padece.

Todo esto, después de que, recientemente, la Audiencia diese cuenta de la documentación emitida por el Centro Penitenciario de Sevilla tras serle requerido en enero un informe «sobre la posibilidad de tratamiento» en la cárcel del cáncer de próstata alegado por el expresidente andaluz para solicitar la suspensión de su pena de prisión. En su informe, el Centro Penitenciario de Sevilla exponía que para la atención médica «especializada», dispone de convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para derivar pacientes encarcelados a los «servicios especializados» de los hospitales Macarena y Virgen del Rocío, incluyendo en el «proceso de atención integral» acordado los «procedimientos terapéuticos tales como sesiones de quimioterapia o radioterapia», entre otros aspectos.

Los precedentes

A mediados del pasado mes de abril el exviceconsejero socialista de Empleo, Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel por malversación en el procedimiento específico de financiación de los ERE, ingresaba en la prisión de Puerto III de El Puerto de Santa María, Cádiz, para cumplir dicha pena privativa de libertad impuesta por la Audiencia de Sevilla.

Dicha Audiencia rechazó su petición de suspender su pena ante la grave enfermedad con padecimientos incurables alegada por el mismo. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, más al detalle, admitió que es «cierto» que el exviceconsejero Barberá «padece una enfermedad grave incurable», pero según el tribunal, el tratamiento prescrito al mismo «puede ser dispensado» en el centro penitenciario «con las revisiones hospitalarias a que deba ser sometido».

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Sucesos

El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano

Redacción

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El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.

Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.

Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.

Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.

Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.

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