Sucesos
La canalla roja huele a dinero sucio: Podemos y Correa tenían un testaferro para mover nueve millones de dólares
Walter Jaramillo es el nombre del ecuatoriano que sirvió de nexo entre Podemos y el gobierno de Rafael Correa para facturar pagos por asesoría política.
La adjudicación de recursos de la Embajada de Ecuador en Madrid —sin protocolos— a empresas vinculadas con el partido ultraizquierdista Podemos durante el gobierno socialista del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, alcanza la multimillonaria suma de nueve millones de dólares.
A su vez, el medio español revela que los desembolsos se canalizaron mediante Walter Jaramillo, un presunto testaferro que sirvió de nexo entre Podemos y el Gobierno de Rafael Correa, tras facturar 4,3 millones de euros, —un monto cercano a cinco millones de dólares— a través de “firmas opacas” que presentó a la sede diplomática.
Mi País Consultores SL, Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU e Intecon Iberoamérica SLU son las sociedades que recibieron los fondos de la administración de Correa.
Por otro lado, también están los 2,6 millones de euros —equivalente a tres millones de dólares— que recibió Kinema, la cooperativa de Podemos, sumado al abono de 1,4 millones de euros a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) dirigida por Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre entre 2007 y 2013.
Un testaferro al servicio del correísmo
Jaramillo es una pieza clave en los negocios. Su nombre representó a la sociedad Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU pero en febrero de 2019 acudió al Registro Mercantil de Madrid para cambiar l denominación social de la empresa. Desde ese día pasó a llamarse Intecon Iberoamérica SLU. Con la nueva identidad facturó 404.811,38 euros a la Embajada de Ecuador en España entre los años 2020 y 2021.
“La maniobra de cambio de nombre dio una falsa sensación de pluralidad en las contrataciones públicas de las asesorías que hacía la oficina diplomática del país andino. Sin embargo, se trataba tan sólo de una apariencia, ya que detrás de estos cambios de compañías siempre estaba el testaferro Jaramillo” asegura el medio porque “los pagos se adjudicaron a dedo, de manera discrecional, sin la realización de ningún concurso público”.
Ya con la nueva denominación, el presunto testaferro continuó facturando a la Embajada de Ecuador en España entre 2019 y 2021 por supuestos asesoramientos jurídicos sobre los desahucios. El primero de esos pagos fue de206.975,58 euros por cuatro meses de trabajo, entre enero y abril de 2020. Seguidamente, tras el cese de actividades provocado por la pandemia del coronavirus esta empresa interpuesta vinculada a Podemos volvió a facturar otros 197.835,80 euros a la Embajada de Ecuador en España hasta el 30 de junio de 2021 por “ayuda a los inmigrantes ecuatorianos”.
Si bien el cambio de nombre le supuso al testaferro Jaramillo facturar 404.811,38 euros, a esta cantidad hay que sumarle los otros 1.054.866,17 euros que ya había facturado a través de esta compañía antes de cambiarle el nombre.
Fachada institucional
Los pagos a Podemos incluyó convenios firmados con la Presidencia de la República de Ecuador, hasta la Procuraduría General, la Cancillería (Ministerio de Exteriores), la Embajada de Ecuador en España, el Ministerio de Coordinación de la Política o la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.
Desde este entramado institucional su Fundación CEPS registró desde las transacciones más pequeñas -de 19.293,50 euros o los 24.833,25 euros- hasta las más significativos -de 202.635,23 euros o los 196.753,89 euros por “asesorías e informes político”.
Sin embargo, la mayor carga de recursos la obtuvo con la participación de sus dirigentes en las compañías de Jaramillo donde figuran Alejandra Jacinto, diputada de Podemos y coportavoz del partido de Pablo Iglesias en la Asamblea de Madrid; Eduardo Martínez Miñana, de la máxima confianza de Pablo Echenique, que le nombró miembro de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos en Aragón; Julio Alejandro Vicente Mateo, ex secretario general de Podemos en Orihuela; Manuel San Pastor, en 2019 asesor del Ayuntamiento de Parla, cogobernado por Podemos; y Azael Babiano, asesor jurídico en materia de financiación y contratación de Podemos en la Comunidad de Madrid en 2016.
Con ellos se teje “el vínculo entre el testaferro Jaramillo, Podemos y el Gobierno de Rafael Correa que gira en torno a Txema Guijarro, diputado de Podemos en el Congreso, que fue viceministro y mano derecha del ex canciller ecuatoriano Ricardo Patiño durante cinco años”.
Incluso, “testigos de esta operación, tras el cese de los pagos a Kinema, la cooperativa de la formación morada, Guijarro intermedió ante el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano que codirigió para que, desde ese momento, los pagos millonarios continuaran a través de las tapaderas de Jaramillo, que se prestó a actuar como hombre de paja”.
Gabriela Moreno
Sucesos
El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano
El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.
Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.
Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.
Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.
Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.
