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Economía

La excusa del virus y el contagio de la decadencia

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Salvador Sostres (R) La lenta decadencia de Barcelona, de Cataluña y también de España no tiene una sola causa ni es solo atribuible a los desmanes, al agotamiento y a la pérdida de tiempo de procés, aunque lógicamente no ha sido menor su peso. Ha habido un largo camino entre Aznar, Pujol y Maragall; y Sánchez, Torra y Colau. Lo admite desde el constitucionalista más irritado hasta el más furibundo independentista. Las causas de la suspensión han sido diversas, coincidentes, y todas ellas unidas en la acumulación –más que en la orquestación– han acabado con el Mobile, con el coronavirus como punta de lanza, como pretexto o como agente provocador, pero de ninguna manera porque nadie realmente pensara que iba a producirse en Barcelona un devastador contagio mundial.

En el aspecto fiscal –de muchísima más importancia de la que en general se le ha concedido– los EE. UU. han aprovechado unas décimas de fiebre para mandar el mensaje de que no van a tolerar la tasa Google. No es ajeno a la crisis de identidad y de proyecto europeo el afán regulador e impositivo de la UE, ni el rechazo a tales políticas del presidente Trump y de su socio preferente –tras el Brexit más preferente que nunca– que es el Reino Unido. La desbandada de marcas americanas no ha sido casual y aunque tenían previsto participar en el congreso, no han desaprovechado la ocasión que la contagiosa enfermedad les ha brindado.

La guerra comercial entre China y los Estados Unidos ha tenido también su capital importancia en la cancelación. Hace meses que norteamericanos y británicos pactaron tomar a Ericsson como marca tecnológica de referencia en detrimento de la china Huawei, que al entender de Trump, compite deslealmente en el mercado al no tener que observar ni el menor derecho humano de sus obreros, a la vez que con todos los demás productos chinos desequilibra onerosamente la balanza comercial entre ambos países. No estaba preparado pero tampoco fue casual que Ericsson fuera una de las primeras en marcharse.

De fondo, la lenta decadencia que Barcelona, Cataluña y el conjunto del Estado arrastran desde hace tiempo, ha tenido que ver con que el congreso ha sido cancelado sin apenas resistencia. Por supuesto, no es «culpa» del ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat o del Gobierno, pero no ha habido ninguna coordinación institucional para presionar por el mantenimiento del evento, no se ha sabido contrarrestar ni la parte alarmista del fatalismo, ni mucho menos la propaganda contraria de los que han tomado el coronavirus como excusa para insistir en su guerra comercial. Hay un paralelismo entre la importancia histórica que tuvo para Barcelona organizar los Juegos Olímpicos de 1992 y lo que el Mobile ha representado en los últimos años para la proyección internacional de la ciudad. Si el alcalde Maragall entendió entonces que, pese a cualquier pasado o discrepancia ideológica, Juan Antonio Samaranch era su principalísimo aliado, y lo cortejó y lo festejó y creó el lema de «Samaranch forever», Ada Colau hizo retirar una escultura que el expresidente del COI donó al ayuntamiento de Barcelona y en la reunión decisiva del miércoles de la semana pasada, celebrada entre Colau, Pau Relats, presidente de Fira de Barcelona y John Hoffman, presidente de la entidad organizadora del congreso, la alcaldesa, que por no entender no entendía ni el idioma, se levantó a media conversación, ante la incredulidad de los otros dos interlocutores y sin que ninguna decisión hubiera sido aún tomada, y se marchó diciéndole a Relats «ocúpate tú de esto, que yo tengo mucho trabajo».

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Aunque no fuera más que retórica simbólica, el primer decreto que firmó Pujol como presidente de la Generalitat fue para reconocer al estado de Israel; su primer viaje oficial fue al Vaticano y no paró hasta que en 1990 le recibió el presidente de los Estados Unidos, Bush padre. Aunque no pudiera «realizarla» a través tenía una cierta idea del mundo, de dónde estaba el poder y de cómo se ejercía. Las relaciones que Puigdemont, Torra, Junqueras y ya no digamos la CUP han establecido con el mundo son totalmente otras. Han flirteado con Rusia en su intento de desestabilizar a la UE y ni Maduro les reconoció la declaración de independencia, a pesar de que era el único apoyo que creían haber cerrado.

El pasado lunes, el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, a quien Carles Puigdemont ha ungido como su sucesor a la presidencia de la Generalitat, aseguró que el congreso iba a celebrarse «con normalidad». Ada Colau aseguró lo mismo. No solo no salvaron la solución, sino que ni siquiera estuvieron puntualmente informado de la información más sensible. Es cierto que ha habido mucha presión del lado contrario, diversa y muy difícil contrarrestar. Pero la sensación de analistas, empresarios y afectados por la cancelación es que España no ha sabido defenderse, ni apenas lo ha intentado. Los alarmistas y los que tenían algún interés espurio para cancelar el Mobile han podido hacerlo sin ninguna oposición, «por incomparecencia del contrario».

«Es más fácil suspender un concierto en Narbona que en París», sostiene el presidente de una de las principales entidades financieras españolas. Ámsterdam no ha suspendido su congreso en curso ni Ginebra renunciará al Salón del Automóvil que tendrá lugar el mes que viene. «La lección que Barcelona tiene que aprender es que ya no le basta la inercia olímpica y el clima si quiere ser algo más que un mero destino turístico».

Más que la sede en la que el año próximo tenga lugar, es la propia existencia del Mobile –tal como hasta ahora lo hemos conocido– lo que realmente está en entredicho. «La UE no acaba de entender que la regulación no es un modo educado de relacionarse en un mundo libre», sostiene uno de los directivos de Ericsson que tomó la decisión de no acudir al Mobile, y no niega que los Estados Unidos se están planteando celebrar un salón parecido el año que viene en Miami, «y si China y Europa quieren venir, serán muy bienvenidas, pero jugaremos con nuestras normas».

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Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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