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Economía

La excusa del virus y el contagio de la decadencia

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Salvador Sostres (R) La lenta decadencia de Barcelona, de Cataluña y también de España no tiene una sola causa ni es solo atribuible a los desmanes, al agotamiento y a la pérdida de tiempo de procés, aunque lógicamente no ha sido menor su peso. Ha habido un largo camino entre Aznar, Pujol y Maragall; y Sánchez, Torra y Colau. Lo admite desde el constitucionalista más irritado hasta el más furibundo independentista. Las causas de la suspensión han sido diversas, coincidentes, y todas ellas unidas en la acumulación –más que en la orquestación– han acabado con el Mobile, con el coronavirus como punta de lanza, como pretexto o como agente provocador, pero de ninguna manera porque nadie realmente pensara que iba a producirse en Barcelona un devastador contagio mundial.

En el aspecto fiscal –de muchísima más importancia de la que en general se le ha concedido– los EE. UU. han aprovechado unas décimas de fiebre para mandar el mensaje de que no van a tolerar la tasa Google. No es ajeno a la crisis de identidad y de proyecto europeo el afán regulador e impositivo de la UE, ni el rechazo a tales políticas del presidente Trump y de su socio preferente –tras el Brexit más preferente que nunca– que es el Reino Unido. La desbandada de marcas americanas no ha sido casual y aunque tenían previsto participar en el congreso, no han desaprovechado la ocasión que la contagiosa enfermedad les ha brindado.

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La guerra comercial entre China y los Estados Unidos ha tenido también su capital importancia en la cancelación. Hace meses que norteamericanos y británicos pactaron tomar a Ericsson como marca tecnológica de referencia en detrimento de la china Huawei, que al entender de Trump, compite deslealmente en el mercado al no tener que observar ni el menor derecho humano de sus obreros, a la vez que con todos los demás productos chinos desequilibra onerosamente la balanza comercial entre ambos países. No estaba preparado pero tampoco fue casual que Ericsson fuera una de las primeras en marcharse.

De fondo, la lenta decadencia que Barcelona, Cataluña y el conjunto del Estado arrastran desde hace tiempo, ha tenido que ver con que el congreso ha sido cancelado sin apenas resistencia. Por supuesto, no es «culpa» del ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat o del Gobierno, pero no ha habido ninguna coordinación institucional para presionar por el mantenimiento del evento, no se ha sabido contrarrestar ni la parte alarmista del fatalismo, ni mucho menos la propaganda contraria de los que han tomado el coronavirus como excusa para insistir en su guerra comercial. Hay un paralelismo entre la importancia histórica que tuvo para Barcelona organizar los Juegos Olímpicos de 1992 y lo que el Mobile ha representado en los últimos años para la proyección internacional de la ciudad. Si el alcalde Maragall entendió entonces que, pese a cualquier pasado o discrepancia ideológica, Juan Antonio Samaranch era su principalísimo aliado, y lo cortejó y lo festejó y creó el lema de «Samaranch forever», Ada Colau hizo retirar una escultura que el expresidente del COI donó al ayuntamiento de Barcelona y en la reunión decisiva del miércoles de la semana pasada, celebrada entre Colau, Pau Relats, presidente de Fira de Barcelona y John Hoffman, presidente de la entidad organizadora del congreso, la alcaldesa, que por no entender no entendía ni el idioma, se levantó a media conversación, ante la incredulidad de los otros dos interlocutores y sin que ninguna decisión hubiera sido aún tomada, y se marchó diciéndole a Relats «ocúpate tú de esto, que yo tengo mucho trabajo».

Aunque no fuera más que retórica simbólica, el primer decreto que firmó Pujol como presidente de la Generalitat fue para reconocer al estado de Israel; su primer viaje oficial fue al Vaticano y no paró hasta que en 1990 le recibió el presidente de los Estados Unidos, Bush padre. Aunque no pudiera «realizarla» a través tenía una cierta idea del mundo, de dónde estaba el poder y de cómo se ejercía. Las relaciones que Puigdemont, Torra, Junqueras y ya no digamos la CUP han establecido con el mundo son totalmente otras. Han flirteado con Rusia en su intento de desestabilizar a la UE y ni Maduro les reconoció la declaración de independencia, a pesar de que era el único apoyo que creían haber cerrado.

El pasado lunes, el consejero de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, a quien Carles Puigdemont ha ungido como su sucesor a la presidencia de la Generalitat, aseguró que el congreso iba a celebrarse «con normalidad». Ada Colau aseguró lo mismo. No solo no salvaron la solución, sino que ni siquiera estuvieron puntualmente informado de la información más sensible. Es cierto que ha habido mucha presión del lado contrario, diversa y muy difícil contrarrestar. Pero la sensación de analistas, empresarios y afectados por la cancelación es que España no ha sabido defenderse, ni apenas lo ha intentado. Los alarmistas y los que tenían algún interés espurio para cancelar el Mobile han podido hacerlo sin ninguna oposición, «por incomparecencia del contrario».

«Es más fácil suspender un concierto en Narbona que en París», sostiene el presidente de una de las principales entidades financieras españolas. Ámsterdam no ha suspendido su congreso en curso ni Ginebra renunciará al Salón del Automóvil que tendrá lugar el mes que viene. «La lección que Barcelona tiene que aprender es que ya no le basta la inercia olímpica y el clima si quiere ser algo más que un mero destino turístico».

Más que la sede en la que el año próximo tenga lugar, es la propia existencia del Mobile –tal como hasta ahora lo hemos conocido– lo que realmente está en entredicho. «La UE no acaba de entender que la regulación no es un modo educado de relacionarse en un mundo libre», sostiene uno de los directivos de Ericsson que tomó la decisión de no acudir al Mobile, y no niega que los Estados Unidos se están planteando celebrar un salón parecido el año que viene en Miami, «y si China y Europa quieren venir, serán muy bienvenidas, pero jugaremos con nuestras normas».


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Huyen de Facebook. La gente se harta de los engaños de Zuckerberg y empieza a abandonar WhatsApp, para pasarse a Signal o a Telegram

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WhatsApp obligará a sus usuarios a partir del 8 de febrero a que le permitan compartir sus datos con Facebook, ambas propiedad del ínclito Mark Zuckerberg. Y si no lo permiten no podrán seguir usando la red social WhatsApp.

WhatsApp obligará a sus usuarios a partir del 8 de febrero a compartir sus datos con Facebook, ambas redes propiedad del ínclito Mark Zuckerberg. Y si no lo permiten, no podrán seguir usando la red social WhatsApp.

Hispanidad recordaba que cuando Facebook compró WhatsApp en febrero de 2014, uno de los aspectos que vigiló Bruselas antes de dar su visto bueno fue la independencia de ambas compañías en lo referente a los datos personales de los usuarios. Mark Zuckerberg aseguró entonces que no existía tal transmisión, entre otras razones, porque no contaban con la tecnología para hacerlo. Mintió, y tres años después -mayo de 2017-, Europa le impuso una sanción de 110 millones de euros.

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Cabe recordar también que Facebook se ha convertido, junto a Twitter, Instagram, Amazon, Apple y Google, en los censores globales de internet, ya que se dedican a a censurar a todo aquel que no piensa como ellos

Además, la aplicación WhatsApp no es segura y no sólo por su política de privacidad, sino porque, a través de sus múltiples vulnerabilidades ha sido posible hackear a cientos de personalidades importantes del mundo, incluyendo a políticos, diplomáticos, o al propio Jeff Bezos, recuerda Naiz.

Pues bien: ante todo ello se están disparando las descargas de la aplicación de mensajería segura ‘Signal’, que ha pasado a encabezar las descargas en las plataformas Apple Store y Google Play en varios países, informa también Naiz.

Lanzada en 2014, Signal es considerada por los especialistas como una de las aplicaciones de mensajería más seguras del mercado gracias, en particular, a su capacidad para encriptar mensajes de extremo a extremo o llamadas de audio y de vídeo. Su protocolo de seguridad tampoco guarda metadatos de a quién se envían mensajes, ni tampoco hay copias de seguridad en la nube sin cifrar como sí hace WhatsApp en ambos casos. Además, es de código abierto, a diferencia de WhatsApp, de manera que es posible descubrir las posibles vulnerabilidades mucho más rápido, explica Naiz.

Todo ello le ha llevado al punto de popularizarse rápidamente entre especialistas y periodistas, en particular gracias al apoyo público que ha recibido de Elon Musk -fundador de Tesla- y de Edward Snowden.


otra aplicación de mensajería instantánea que está creciendo gracias a los ‘pufos’ de WhatsApp es la rusa Telegram.

Ayer Telegram anunció que había superado los 500 millones de usuarios activos al mes y se unieron 25 millones de usuarios nuevos en las últimas 72 horas…

(Hispanidad)


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Las acciones de Twitter caen un 12 por ciento después de que suspendiera la cuenta de Trump

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El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, testifica ante el Congreso en Washington el 5 de septiembre de 2018 (Drew Angerer / Getty Images). Fuente: The Epoch Times en español
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Las acciones de Twitter cayeron el lunes un 12 por ciento, luego de que la compañía suspendiera las cuentas del presidente Donald Trump y otros conservadores.

Las acciones cayeron después de la apertura del mercado el lunes, alcanzando un mínimo de 45.17 dólares. Las acciones de Twitter cerraron a 51.48 dólares el 8 de enero.

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Twitter dijo que eliminó la cuenta de Trump el viernes porque algunas de sus publicaciones recientes glorificaban la violencia. La compañía hizo eco de los críticos que intentaron conectar la retórica de Trump con la irrupción en el Capitolio de Estados Unidos.

Trump respondió acusando a Twitter de coordinarse “con los demócratas y la izquierda radical para eliminar mi cuenta de su plataforma, para silenciarme, y a USTEDES, los 75,000,000 de grandes patriotas que votaron por mí”.

Twitter también vetó a usuarios destacados, incluyendo a la abogada Sidney Powell, y el exasesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn. Otros usuarios que no fueron deshabilitados abandonaron la plataforma, entre ellos, los presentadores de radio Mark Levin y Rush Limbaugh.

Entre los conservadores que todavía están en Twitter, algunos convocaron a los usuarios a cambiarse a Parler, una alternativa a Twitter. Parler fue desconectada el lunes después de que Amazon Web Services se negara a seguir alojando sus servidores. Parler demandó a Amazon más tarde, ese mismo día.

Gab, otro competidor de Twitter, también experimentó un crecimiento vertiginoso.

(Epoch Times)


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¡ESPAÑA EN LA RUINA TOTAL!: El Gobierno desvela que el déficit cerró 2020 en el 11,3% del PIB, el peor dato de la historia

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De confirmarse la cifra adelantada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se trataría del mayor agujero en las cuentas públicas españolas en toda la democracia.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este domingo que el déficit público cerró 2020 «en torno al 11,3% del PIB», con una caída de los ingresos públicos cercana al 7,6% como consecuencia de la crisis del coronavirus. De confirmarse ese dato, se trataría del mayor agujero en las cuentas públicas de toda la democracia, ya que sólo en 2009 se registró una cifra similar (11,28%).

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La portavoz del Gobierno ha adelantado esa cifra en una entrevista con Europa Press, en la que ha apuntado que aunque el Ejecutivo trabajará por la consolidación fiscal, continuará con políticas «anticíclicas» y confía en contar con unos Presupuestos de nuevo «expansivos» en 2022, postergando el plan de ajuste a cuando haya recuperación y así «lo exija la Comisión Europea».

La responsable de la cartera de Hacienda ha asegurado que las cifras previstas por el Gobierno de déficit público y caída de recaudación se situarán en los entornos estimados, pero ha matizado que a lo largo del mes de enero se tendrá una aproximación más clara, una vez se cierre la contabilidad y las comunidades autónomas y entidades locales informen sobre sus finanzas públicas.

Montero ha subrayado que el Gobierno «nunca» ha abandonado la senda de consolidación fiscal y ha recordado que para el año 2021 está prevista la mayor caída en términos de porcentaje de déficit registrada en un solo ejercicio, de en torno a 3 puntos, pasando del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, tras haber sido «prudentes» en la elaboración de las cuentas públicas.

«Todas las administraciones tienen que tener presente el ir en una curva descendente, pero nos tiene que acompañar la situación económica», ha indicado Montero, para asegurar que el Ejecutivo no repetirá los «errores» del pasado implementando políticas de recortes que se tradujeron en desigualdad.

Por ello, ha explicado que la hoja de ruta es seguir estimulando el crecimiento con una política «anticíclica» para «no dejar a nadie atrás» y mantener el tejido productivo y los empleos, al tiempo que se acomete una revisión del gasto público para que sea más eficiente.

De hecho, ha dicho esperar que los Presupuestos del ejercicio 2022 sean también «expansivos», como los de este año, aunque ha recordado que por ahora la Comisión Europea no ha anunciado ningún compromiso al respecto de una posible nueva suspensión de las reglas fiscales ese año.

De esta forma, ha aplazado el plan de reequilibrio cuyo diseño vienen demandando instituciones como la AIReF o el Banco de España a cuando «las circunstancias económicas así lo aconsejen y cuando Bruselas lo plantee», con el fin de continuar con la senda de consolidación fiscal. «Tiempo habrá», ha dicho.

Reforma del sistema de financiación autonómica

La portavoz del Gobierno se ha referido también a la reforma del sistema de financiación autonómica, que será una «prioridad» del Gobierno para 2021 y cuyos trabajos podrían iniciarse a partir del mes de febrero, con el fin de abordar la «infrafinanciación» de algunas regiones, pero ha avisado de que el Ejecutivo garantizará cierta «armonización» fiscal para garantizar unos recursos por habitantes suficientes que permitan una buena provisión de servicios públicos.

Así, ha asegurado que el sistema será «justo» con todos los territorios, si bien ha apostillado que «nunca» un sistema de financiación puede responder en su totalidad al requerimiento de un territorio en concreto, porque iría en detrimento de otro, por lo que hay que buscar un «común denominador» para que «todos» reciban recursos adecuados y «no convertir el debate de la financiación autonómica en uno de agravios territoriales».

En ese punto, ha denunciado las «campañas interesadas de cuestionamiento» de determinadas figuras tributarias, como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio para deteriorarlas en la percepción social «casualmente» cuando esas figuras están vinculadas a la riqueza y «curiosamente» cuando afecta a un menor volumen de ciudadanos, utilizando «falsedades» como que se paga dos veces por el mismo hecho imponible.

A su juicio, España y la sociedad necesitan una «reflexión» sobre las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza, por lo que ha abogado por «legitimar aquello que permite ser más iguales» y por preservar la justicia fiscal.

A expensas de contar con la opinión del comité de expertos que designará el Gobierno para evaluar el sistema tributario y acometer la reforma fiscal en profundidad, ha vuelto a defender que «no tiene sentido» que figuras como Sucesiones y Donaciones registren una diferencia «tan obvia» respecto a otros territorios.

En este sentido, ha adelantado que se establecerán «horquillas razonables», pero no «idénticas ni absolutamente miméticas», para lograr un «Estado de bienestar razonable respetando la autonomía de cada comunidad».

En su opinión, el «equilibrio» se rompió cuando algunas comunidades dejaron «prácticamente nulas» figuras tributarias como Patrimonio o Sucesiones, en referencia a la Comunidad de Madrid, lo que dejó estos tributos como algo «testimonial» y provocó una «suerte de desequilibrio en el resto de CCAA.

Estas, «con menos capacidad recaudatoria por una menor renta por habitante o por no tener sedes fiscales, se ven obligadas para tener una misma recaudación se ven obligadas a subir mucho la presión fiscal o a renunciar a un volumen de recursos para que no se vayan a otras capitales o poder fidelizar a sus habitantes», ha añadido.

En cualquier caso, ha aclarado que «no se trata de ir contra nadie» sino de «reflexionar» para alcanzar un acuerdo en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica y que el rendimiento de esas figuras u «otras que puedan sustituirlas» sea el que se espera y no que algunos aprovechen la caída por tener una situación de «ventaja» respecto a otras zonas.

«Intentar hacer de la política fiscal una política diferenciadora de agresión al Gobierno no tiene ningún sentido», ha agregado, defendiendo el principio constitucional de que «cada uno recibe según su necesidad en forma de servicios, pero contribuye según su capacidad», algo que «no depende solo del trabajo y las rentas del trabajo, sino de lo que se hereda u obtiene por el simple hecho de haber nacido en una situación ventajosa». Descarta, por tanto, la supresión del Impuesto de Patrimonio.

Variación del Salario Mínimo Interprofesional

Por otra parte, sobre el Salario Mínimo Interprofesional, que el Gobierno ha mantenido en 950 euros para 2021, ha indicado que el Ejecutivo habría legislado con arreglo a lo que se hubiese acordado en el marco del diálogo social, tal y como se hará en el segundo semestre.

La portavoz del Gobierno ha indicado que el primer trimestre del año será aún de «sufrimiento» hasta que se llegue a una cobertura poblacional suficiente con la vacuna contra el covid, pero ha apuntado que se seguirá con el diálogo social, y «una vez pase el primer semestre» habrá una situación «más estable» para valorar los indicadores que marquen en qué medida se actualiza el SMI.

Tras aprobar un paquete de más de 4.200 millones para afrontar el «importante» daño del tejido productivo, especialmente para hoteles, restaurantes o comercios, ha abogado por «ser prudentes y cautelosos y darse el primer semestre para poder evaluar las cosas en el marco del diálogo social con mucho mejor criterio que el de ahora».


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Pablo Iglesias, alias «El Chepas», gasta 14.999 euros en 50 sillas de oficina, que permanecen guardadas en un almacén

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Termina un año complicado en el que se han librado muchas batallas, no solo políticas sino personales. Un año en el que la economía española ha sufrido un duro varapalo y son muchos los que han tenido que cerrar sus negocios por la crisis de la Covid-19. Y en medio de esta situación y con muchos hogares sin ingresos, hay que destacar los elevados gastos del Ministerio que dirige el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Y es que, más allá de las cuantiosas inversiones que ha destinado a remodelar la sede que tiene en el Paseo del Prado 18-20, el vicepresidente segundo del Gobierno ha destinado 14.999 euros a comprar una partida de 50 sillas de oficina con destino a un almacén.

Desde el PP, pidieron al ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 una explicación por este gasto de casi 15.000 euros en unas sillas que no tendrían, de momento, utilidad alguna, por lo que no existiría urgencia. Asimismo, hay que destacar que esa compra asciende a “casi 15.000″ euros, en concreto 14.999, la cantidad mínima para poder conceder el “contrato a dedo” y no tener que sacar a concurso la licitación. Es lo que se denomina, un contrato menor.

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La explicación llegó a través de una respuesta escrita en el Congreso de los Diputados, el pasado 14 de diciembre. “En relación con la información interesada cabe señalar que, periódicamente, la Subdirección General de Oficialía Mayor tiene que renovar el inventario de sillas de trabajo y adquirir nuevas unidades dado que todas, en mayor o menor medida, se van deteriorando con el uso”, señalan desde el Gobierno, que añade que se trata de un “elemento fundamental para la salud laboral de los empleados”.

Tal y como consta en la respuesta parlamentaria, en el año 2019 se compraron 100 sillas de trabajo, se desafectaron 117 unidades y únicamente quedaron 5 sillas disponibles. A mediados del pasado mes de junio, dada la escasez de sillas, la incorporación de nuevo personal y la obligación de dar servicio a los tres departamentos ministeriales (Derechos Sociales y Agenda 2030, Sanidad y Consumo), se planteó el inicio de un expediente de contratación para la adquisición de 50 sillas de oficina que, curiosamente, tendrían como destino el almacén Departamento ubicado en el Paseo del Prado 18-20.

El hecho de que vayan a un almacén pone en tela de juicio la “urgencia” del asunto y su tramitación, ya que la Subdirección General de Oficialía Mayor justifica esta necesidad para iniciar un expediente de contratación bajo la modalidad de contrato menor de suministros. Este tipo de contratos, de acuerdo con la normativa vigente, establece que el presupuesto de licitación debe ser inferior a 15.000 euros (IVA excluido), por lo que el importe de licitación se fija en 14.999,00 euros (IVA excluido) y esto conlleva la limitación del número de unidades que se pueden adquirir, que se concretan en 50 sillas de trabajo de oficina. También hay que señalar que, al tratarse de un contrato menor, la adjudicación del proyecto no necesita autorización alguna y puede ser otorgado “a dedo”.

El contrato fue adjudicado a GIL ESTEVEZ, S.A y las sillas fueron suministradas el pasado 7 de septiembre. En la actualidad siguen en los almacenes del edificio de Paseo del Prado 18-20, pendientes de distribuirse entre el personal de cualquiera de los tres Ministerios, cuando se incorpore nuevo personal o cuando se deteriore alguna silla y se requiera su sustitución, tal y como explican desde la cartera que dirige Pablo Iglesias.


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