La expropiación del olivar: Sánchez inmoviliza el aceite español para regar de millones a Marruecos

El secuestro burocrático de la cosecha nacional

Para comprender la arquitectura de este asalto, debemos diseccionar primero el mecanismo legal empleado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, acogiéndose a la normativa de la Unión Europea sobre la Organización Común de Mercados (OCM), ha activado este mes de noviembre de 2026 el «almacenamiento obligatorio». Esta maniobra impone a las almazaras españolas la inmovilización del 12% de su producción de la nueva campaña, lo que equivale a retirar temporalmente del mercado unas 188.000 toneladas de aceite de oliva hasta septiembre de 2027^[1].

La excusa oficial esgrimida por el Ejecutivo es frenar la caída de los precios en origen, que habían comenzado a descender por debajo de los 3,20 euros el kilo ante las previsiones de una cosecha excepcional (más de 1,6 millones de toneladas). Se argumenta que esta escasez artificial protegerá al agricultor. La realidad material es diametralmente opuesta. El Estado obliga al productor a asumir los ingentes costes de inmovilizar su propio producto, mientras le niega al ciudadano de a pie el alivio natural que la ley de la oferta y la demanda debería haber provocado en el lineal del supermercado. Una vez más, el sanchismo actúa como un cartel institucional, interviniendo el mercado para asfixiar a la clase trabajadora.

La invasión alauita: un salto del 9.000%

La verdadera dimensión de este atropello se revela cuando aplicamos la Regla del Espejo Internacional y giramos la vista hacia nuestra frontera sur. Si el Gobierno español estuviera verdaderamente preocupado por proteger al agricultor nacional, blindaría el mercado interno frente a la competencia desleal. Sin embargo, los datos de comercio exterior certifican exactamente lo contrario: durante el presente año 2026, España ha disparado sus importaciones de aceite procedente de Marruecos en un delirante 9.000%^[2].

La economía nacional, exhausta, ha regado al reino alauita con casi 58 millones de euros para adquirir este producto. No se trata de un simple trasvase comercial; es la ejecución de una hoja de ruta geopolítica. Marruecos lleva décadas recibiendo fondos europeos e inyectando capital estatal para expandir su cultivo del olivo, con el objetivo declarado de desplazar a las naciones del sur de Europa. Y lo hacen compitiendo dopados: mientras el tractor español opera bajo normativas laborales europeas, exigencias fitosanitarias draconianas y cuadernos digitales de Bruselas, el aceite marroquí entra masivamente gracias a su laxa regulación laboral y medioambiental.

El montaje estratégico: la pinza perfecta

La confluencia de la inmovilización forzosa del producto nacional y la explosión de las compras a Rabat no es fruto del azar. Es un montaje estratégico que configura una pinza letal cuyas mecánicas de funcionamiento encajan a la perfección:

Al obligar a las cooperativas españolas a secuestrar su propio aceite (188.000 toneladas), el Gobierno fija artificialmente un suelo de precios elevado en el mercado interior. Este escenario genera el incentivo más perverso posible para los grandes grupos envasadores e intermediarios industriales: si el aceite español se mantiene burocráticamente caro, la opción lógica para maximizar sus márgenes de beneficio es inundar sus cadenas de distribución comprando masivamente el producto magrebí, barato y exento de trabas. Es una voladura controlada de nuestra soberanía, orquestada desde los boletines oficiales para garantizar el negocio de la importación extracomunitaria.

Alta traición en el lineal del supermercado

Este periódico lo ha denunciado incansablemente a lo largo de sus editoriales: la dependencia de Rabat es un peligro transversal que amenaza todos y cada uno de los frentes de la nación. Ya nos chantajean con la inmigración ilegal, nos exigen claudicaciones militares frente a sus patrulleras y fagocitan nuestra soberanía energética inyectando electricidad térmica a través del Estrecho. Ahora, el botín es el campo español y la mesa de nuestras familias.

El balance definitivo de esta operación de ingeniería económica es desolador para España. El consumidor de clase media sigue sin poder comprar un litro de aceite a un precio razonable, el productor andaluz y manchego tiene que sufragar el secuestro de su propia cosecha, y Mohamed VI consolida una inyección millonaria de capital a costa de la ruina de nuestra agricultura.

Obligar a una nación a esconder su propio alimento para justificar la compra masiva del producto extranjero no es una política de Estado; es un acto de genuflexión geopolítica. Si el Gobierno prefiere blindar los intereses agrícolas de Marruecos antes que garantizar el alivio en la cesta de la compra y la libertad productiva de nuestros agricultores, estamos ante un escenario que rebasa la simple incompetencia para adentrarse en los terrenos de la alta traición. O recuperamos el control soberano sobre nuestra tierra y nuestros lineales, o terminaremos comprando nuestro propio empobrecimiento en el supermercado, financiado con el sudor de la España rural.