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Economía

La ‘hucha’ de las pensiones terminará el año con apenas 1.350 millones

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
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La recaudación por cotizaciones sociales mantendrá este año un fuerte avance y por primera vez en la historia se logrará ingresar más de 120.000 millones por las cuotas que pagan empresarios y trabajadores. Concretamente 123.584 millones, lo que significa una subida del 7,5% respecto a 2018 (8.668 millones más), lo que permitirá financiar un 77,1% del presupuesto total del sistema, como prevé el proyecto de Presupuestos que el Gobierno presentó este lunes en el Congreso.

Este “incremento sustancial” de la recaudación es consecuencia tanto de la mayor creación de empleo como de las medidas recientemente aprobadas a final de año, como son el aumento de las bases mínimas de cotización en un 22,3% hasta el importe del Salario Mínimo Interprofesional que en 2019 se elevará a 900 euros mensuales, la elevación de las bases máximas hasta el 7% y el encarecimiento de las cotizaciones para los autónomos.

Sin embargo, este alza no será suficiente para cubrir todo el gasto en pensiones, que se dispara más de un 6%, por lo que un año más el Ejecutivo contempla volver a utilizar mecanismos adicionales para garantizar el abono de las nóminas de los mayores. Uno de ellos será la denominada ‘hucha’ de las pensiones, de la que el Gobierno echará mano por octavo ejercicio consecutivo y contempla sacar 3.693 millones de euros en 2019. De llevarse a cabo estas previsiones, el Fondo de Reserva, que llegó a acumular más de 66.800 millones en 2011, se quedará prácticamente vacío con apenas 1.350 millones, puesto que a finales de diciembre tenía un remanente de 5.043 millones tras haberse extraído casi 77.500 millones en los últimos siete años.

Será ya una cantidad mínima que mantendrán porque ningún Ejecutivo quiere pasar a la historia por ser el que deje a cero esta ‘hucha’ de las pensiones creada para hacer frente a la jubilación del ‘baby boom’. Es por ello que desde el Ministerio de Trabajo trabajan para consensuar cómo volver a llenar este fondo, aunque sea con transferencias directas del Estado, y a su vez harán “alguna modificación” en la gestión del dinero que queda, puesto que en 2018 tuvo rendimientos negativos, como ha admitido en varias ocasiones el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

“Mantener el equilibrio”

Pero además, al igual que se ha hecho en los dos últimos años, el Estado concederá a la Seguridad Social un nuevo préstamo por valor de 15.164 millones de euros, la misma cifra del año anterior, “una medida que va encaminada a mantener el equilibrio del sistema en tanto se alcanza un acuerdo en el marco del Pacto de Toledo sobre las recomendaciones, algo que se espera alcanzar a lo largo del mes de enero o febrero”, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del proyecto de Presupuestos en el Congreso. Este tipo de préstamos no devengarán intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de diez años a partir de la fecha de su concesión.

Además del crédito, cabe resaltar que por primera vez en la historia se presupuesta una transferencia del Estado a la Seguridad Social en apoyo a su sostenibilidad presupuestaria por importe de 850 millones de euros.

Y es que el gasto en pensiones se ha disparado un 6,2% hasta los 153.864 millones de euros -“la mayor dotación de la serie histórica”, tal y como recalcó Montero-, lo que significa que el Estado dedica 42,1 euros de cada 100 euros presupuestados para pagar las prestaciones públicas. Este fuerte crecimiento, que no se daba desde hace una década, viene ocasionado tanto por la nueva revalorización de la que se beneficiarán más de 9,5 millones de pensionistas como del incremento de las personas que se incorporan al sistema, que además traen una base de cotización más amplia.

Por primera vez en el último lustro los pensionistas han comenzado el año con una subida de las pensiones acorde a la evolución prevista del IPC y superior al 0,25% de los ejercicios anteriores: desde enero sus ingresos aumentan un 1,6% con carácter general, que se eleva al 3% para las prestaciones mínimas y no contributivas. Pero además medio millón de viudas (mayores de 65 años y con rentas bajas) verán cómo sus nóminas se incrementan otro 7% gracias a la subida de cuatro puntos de su base reguladora hasta situarse en el 60%. Además, en febrero recibirán una paga compensatoria con la diferencia entre la revalorización del 1,6% y la inflación media del 1,7% que hubo en 2018.

Pese al aumento del coste para las arcas de la Seguridad Social, el déficit del sistema bajará hasta los 18.650 millones de euros, un 1,84% por debajo del desajuste de “prácticamente 19.000 millones” con los que cerró el ejercicio 2018.


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Economía

“España no va bien”

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Solbes y Pizarro, antes del famoso debate económico en febrero de 2008
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YG (R).- La situación que atraviesa la economía española tiene bastantes similitudes, por causas propias y ajenas, con aquella que se vivía en febrero de 2008, en vísperas electorales en el famoso debate entre el entonces número dos del PP por Madrid, Manuel Pizarro, y el vicepresidente económico de Zapatero, Pedro Solbes. Estamos, sin ninguna duda, ante un proceso de desaceleración económica, con muchos riesgos de agravarse ante la incertidumbre internacional generada por el Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China; la creación de empleo se desacelera y se incrementan las listas de parados; las exportaciones, tan importantes para sacar a España de la crisis, empiezan a tambalearse e incluso empeoran las cifras de ventas de coches y viviendas.

En aquel debate, también con una economía en desaceleración, Pizarro dijo que España no iba bien, y desgranó un ambicioso plan de reformas y rebajas impositivas para afrontar la crisis que se avecinaba. Solbes, por su parte, dedicó su intervención a negar la existencia de la crisis y defender la herencia de los cuatro años en los que había gobernado el PSOE. Ese día, la mayoría de las encuestas dieron por ganador a Solbes. «A nadie le gustan los cenizos», se argumentaba. Hoy, todo el mundo coincide en lo acertado del diagnóstico de Pizarro. Sin embargo, ese famoso debate sigue condicionando a nuestros políticos. Sus asesores les han dicho que al votante no les gustan los agoreros, y solo así se explica lo poco que se habló el lunes de economía: ni por parte de la izquierda, ni por parte del centro-derecha, y solo eso explica que ninguno de los cinco candidatos se atreviera a hacer un diagnóstico sobre la crisis que se avecina. Y difícilmente se puede atajar algo que no se reconoce. Y de eso ya tenemos experiencia.

El Gobierno de Zapatero estuvo sin reconocer la crisis hasta 2009, cuando la recesión ya estaba encima, con lo que las medidas que se adoptaron esos años fueron de gasto, gasto y más gasto, como si no hubiera un mañana. Quizá si se hubiera actuado antes, la factura no hubiera sido tan grande. Y lo que estamos escuchando estos días a Pedro Sánchez, y a Nadia Calviño, ¡nos suena tanto a lo que oímos a Solbes hace más de una década!

Tampoco han cambiado mucho en estos años las recetas de unos y otros, aunque ahora hablemos de bloques en lugar de hablar de partidos. El centro-derecha apuesta por bajar los impuestos y hacer reformas para hacer una economía más competitiva y crear empleo. La izquierda, quiere desmontar reformas aprobadas, la laboral o de las pensiones, y aumentar el gasto social. Mi opinión: la única forma de poder repartir la riqueza es crearla antes y generar empleo, y difícilmente eso se puede conseguir ahuyentado la inversión y subiendo los impuestos a las empresas. Solo hay que mirar hacia atrás.


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Economía

Alemania evita la recesión

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Por Jaime Caneiro.- La economía alemana ha esquivado la recesión en el tercer trimestre. El PIB ha crecido el 0,1%, un registro notable después de la caída del 0,2% entre abril y junio. Pero el problema de Alemania, igual que el de la eurozona, que creció un exiguo 0,2% trimestral, es que el crecimiento sigue siendo débil, que esta ralentización se extenderá probablemente durante los próximos dos trimestres y que la política de contención presupuestaria quizá no sea ya suficiente para garantizar un crecimiento sostenido y apreciable durante el próximo bienio. No hay recesión, pero la ralentización puede ser profunda porque implica que la industria, tanto en Europa como en Alemania, está en crisis.

El hecho de que Alemania haya evitado la recesión se presta a dos interpretaciones. En primer lugar, supone un alivio político para el Gobierno alemán. No tendrá que enfrentarse a la espinosa tarea de explicar una recesión. En segunda instancia, significa que no hay razones imperativas que justifiquen la aplicación de políticas de estímulo presupuestario, es decir, más inversión pública y más gasto. Los responsables de la política económica germana pueden caer en la tentación de interpretar que la tasa de crecimiento solo pasa por un bache.

Pero la sensación de alivio es engañosa. La desaceleración global es un hecho, el ciclo está en su fase descendente, las amenazas del proteccionismo comercial y del Brexit no se disipan y la crisis del automóvil es inquietante para Alemania. Berlín tiene además un compromiso, no menos real por que no esté escrito, de liderar los esfuerzos para recuperar el crecimiento en la eurozona. Los organismos internacionales coinciden en que los países con superávit fiscal tienen que implicarse en un esfuerzo de gasto para favorecer el crecimiento de las economías del área con déficit elevados; Alemania con más razón, porque tiene mayor capacidad de empuje.

Hay motivos, pues, para reclamar a Berlín que reconozca la desaceleración real y rompa con la inercia de una política de gasto limitado, cuando no contractivo. En beneficio de los alemanes y del resto de los europeos


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Economía

Podemos quiere disparar el precio de la luz a las familias con mayor consumo

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La posible formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha vuelto a poner sobre la mesa las pretensiones de este partido de extrema izquierda en materia energética recogidas en su programa electoral.

Así, y con el supuesto objetivo de tener una factura de la luz «más barata y justa», el partido de Pablo Iglesias quiere establecer un nuevo sistema tarifario según el cual los primeros kilovatios (kWh) consumidos, «que son imprescindibles para llevar una vida digna», tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes «hasta penalizar el derroche». Este sistema, sin concretar aún, podría disparar las facturas de la electricidad de la mayoría de las familias.

Hay que recordar que actualmente existen distintas tarifas de la luz. El consumidor elige una y su precio se multiplica por el total de los kWh consumidos sin ningún baremo.

Lo que pretende Unidas Podemos es establecer una tarifa progresiva, por tramos, similar a la que ya existe en otros suministros. En la comunidad de Madrid, por ejemplo, el Canal de Isabel II establece tres precios del agua en función del consumo: hasta 25 m3, entre 25 y 50 m3 y más de 50 m3.

Este sistema, asumible en su teoría, es de difícil aplicación en la electricidad, ya que su consumo en las familias depende de distintos factores, como el número de miembros que residen en cada vivienda, los horarios –hay horas más baratas y otras más caras–, etc…

Peaje de potencia

Para intentar compensar el presumible incremento de la factura de la luz para la mayoría de las familias, este partido también quiere rebajar drásticamente el término de potencia, una parte fija del recibo «que pagamos aunque no consumamos nada». Su intención es reducirla a la mitad para que, como regla general, «no sea superior al 25% del total de la factura para consumos domésticos normales».

En estos momentos, el peaje de potencia es de 0,104229 euros el kilovatio día para una potencia contratada de 3,3 kW en una tarifa pvpc, la que tienen la mayoría de clientes domésticos. Esto quiere decir que cualquier consumidor tiene que pagar unos 12 euros –impuestos incluidos– por ese concepto al mes aunque no haya encendido la luz. Es lo que sucede, por ejemplo, con las segundas residencias.

Por otra parte, Unidas Podemos también recoge en su programa «la recuperación automática de la gestión pública» de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones para la explotación privada hayan caducado o lo hagan en el futuro. Sería la pretendida empresa pública de energía la que asumiría la explotación de esas centrales, propiedad la mayoría d elas grandes eléctricas, cuando vayan caducando sus concesiones.

Para conocer cómo podría gestionarse este asunto en el seno del futuro gobierno social-comunista, se puede recordar que hace unos meses, el Congreso debatió una propuesta en este sentido de Unidas Podemos. Su diputado Jorge Luis Bail dijo que, en caso de volver a subastar estas explotaciones, podrían establecerse beneficios como una bajada del precio de la luz en los municipios afectados. Alberto Herrero, del PP, cuestionó que «la solución no sea recuperar las concesiones», y apostó por volver a subastarlas. No obstante, se mostró a favor de «repartir los ingresos» que generen estas centrales.

El socialista Marc Lamuà afirmó que «es hora de que esos beneficios empiecen a revertir de forma clara y diáfana», y añadió que «una vez que revierta» la gestión, «debe primar el interés público frente a los intereses de las eléctricas» y que, así, «la riqueza generada revierta de manera justa y justificada» en municipios afectados.

Sin embargo, la portavoz de Energía del PNV, Idoia Sagastizábal, manifestó que, si bien la revisión de los aprovechamientos hidroeléctricos invitan a recuperar las concesiones, la experiencia de las sociedades públicas revelan que «a los ayuntamientos les resulta muy difícil gestionar», por lo que pidió debatir a fondo este asunto, al igual que la necesidad de inversiones o los posibles efectos que tendría el fin de ingresos fiscales que abonan las empresas que gestionan actualmente estas centrales.


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