La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo de Brasil ha votado para criminalizar la homofobia en una medida que aplauden los activistas preocupados por la reducción de derechos de los homosexuales y el asesinato de cientos de personas LGBT cada año.

Seis de los 11 jueces del Tribunal Supremo de Brasil acordaron que los actos de homofobia y transfobia deberían tratarse de acuerdo a las leyes en vigor contra la discriminación hasta que el Parlamento del país apruebe una ley que se ocupe de la protección de la comunidad LGBT.

Esto haría que la violencia contra las personas LGBT sea un delito y además negar a los miembros de esta comunidad el acceso a la educación o el empleo, así como el servicio en tiendas o la entrada a edificios públicos, sería ilegal.

El Tribunal Supremo reanudará la votación en la primera semana de junio y tras el voto del resto de los jueces, la decisión finalmente entrará en vigor.

Felipe Carvalho, presidente del Grupo de Diversidad de Niteroi, una organización sin ánimo de lucro que se centra en defender los derechos de las personas LGBT, ha descrito la votación como un «paso muy importante».

«Esto no terminará con la fobia al LGBT, pero abre muchas posibilidades para nosotros», ha recalcado Carvalho a la Fundación Thomson Reuters.

La homofobia es común en Brasil, un país profundamente religioso en el que tanto la Iglesia católica como el movimiento popular evangélico cristiano son fuertemente críticos de los derechos de los homosexuales y la violencia contra las personas LGBT está muy extendida.

La decisión se produce después de que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, un autoproclamado «homófobo orgulloso» que tomó posesión en enero, eliminara las responsabilidades LGBT del Ministerio de Derechos Humanos y declarara que Brasil no debe convertirse en un «paraíso para el turismo gay».

Al menos 320 personas LGBT murieron en Brasil en 2018 y se han registrado 126 asesinatos en lo que va de año, según el Grupo Gay da Bahia.

Brasil también es el país más peligroso del mundo para ser transgénero, según el proyecto Trans Murder Monitoring, con al menos 167 personas asesinadas en los 12 meses anteriores a septiembre de 2018.

Los activistas defensores de Derechos Humanos esperan que el fallo del Tribunal Supremo presione a los legisladores para que finalmente actúen.

«Esperamos que esto lleve al Congreso a aprobar proyectos de ley para proteger a la población LGBT», ha subrayado Bruna Benevides, un activista LGBT que fue suspendido del Ejército después decir que era transexual. «En mi caso, (el fallo) puede llevar a que los tribunales reconozcan mi derecho a estar (en el Ejército)», ha aseverado.

Un día antes de la decisión judicial, el Senado aprobó un proyecto de ley que penalizaría la homofobia en una primera ronda de votación. El proyecto de ley tendrá que pasar por una segunda votación y luego enviarse a la Cámara Baja del Congreso para su aprobación.