La OCDE ha recomendado a España una reforma de las pensiones que incluya vincular la edad de jubilación obligatoria con la esperanza de vida en el momento de la jubilación y que contemple elevar el número de años de cotización exigidos para poder retirarse con la pensión completa.

El ‘Estudio Económico España 2018’ publicado hoy por la OCDE sugiere también ampliar el periodo de la vida laboral sobre el que se calcula la cuantía de la pensión en el momento de la jubilación.

Asimismo, aboga por dar mayor flexibilidad para combinar trabajo y pensión, y por promover los planes de pensiones de empresa.

El estudio pide ir más allá respecto a las últimas reformas de pensiones, a la vista de que el envejecimiento de la población va a seguir presionando las finanzas públicas, con la previsión de que en 2050 la tasa de dependencia de la tercera edad se habrá duplicado “con creces”.

De acuerdo con la reforma de las pensiones de 2011, que está entrando en vigor de manera escalonada, la edad de jubilación aumenta de 65 a 67 años, en tanto que el periodo de cómputo para calcular la pensión se eleva de 15 a 25 años y los años cotizados exigidos para cobrar la pensión completa suben de 35 a 37 años (38,5 años si se anticipa la edad de jubilación).

El informe incide en que, incluso con las reformas de 2011y 2013, las tasas de sustitución (porcentaje que supone la pensión respecto al último salario) para carreras profesionales completas se mantienen por encima de la media de la OCDE.

De esta forma, considera que el sistema desincentiva prolongar la vida laboral una vez cubierto el periodo de cotización requerido y penaliza a quienes siguen trabajando mientras perciben la pensión.

Junto con el desafío del envejecimiento, la OCDE señala la elevada deuda pública como el otro factor a corregir para afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas y reclama al Gobierno ajustarse a los objetivos fiscales a medio plazo para garantizar una reducción duradera del endeudamiento.

En el ámbito de los impuestos, destaca que la fiscalidad sigue orientada hacia las rentas del trabajo, lo que penaliza el crecimiento y el empleo, y recomienda suprimir tipos reducidos, exenciones y deducciones en el IVA e incrementar los impuestos sobre los combustibles contaminantes.

El desempleo y las desigualdades territoriales son también cuestiones a mejorar, según la OCDE, que apunta a los bajos niveles de migración intrarregional para explicar las desigualdades de renta y de bienestar entre regiones.

Ante esta situación, recomienda la portabilidad completa de las prestaciones sociales y de vivienda entre regiones, a través del suministro de asistencia temporal por parte de la región de origen o el Gobierno central, además de eliminar las barreras para conseguir un verdadero mercado único.

Para mejorar los niveles de desempleo, reclama una ventanilla única de los servicios sociales y de empleo, aprendizaje permanente a los trabajadores de baja cualificación y apoyo individualizado ofrecido a los estudiantes con riesgo de fracaso escolar en etapas tempranas.

Para impulsar la productividad y el crecimiento de las empresas, la OCDE dice que es fundamental eliminar las normas que se aplican según el tamaño de la empresa y reforzar la Ley de garantía de la unidad del mercado, para que las empresas no sean objeto de requisitos adicionales en regiones distintas a la propia.

El estudio recoge también que para mejorar la innovación se deben coordinar mejor los programas de innovación a nivel regional y nacional, así como introducir evaluaciones ex post y que los proyectos se financien según los resultados.