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España

La petición de un miembro de la UIP: “Que nos dejen intervenir en Cataluña sin cortapisas”

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Se cumplen siete días de los primeros disturbios en Cataluña tras la sentencia del ‘procés’. En Barcelona hay desplazados 90 efectivos procedentes de Valladolid. Y más de una decena, por el momento, han resultado heridos. En su práctica totalidad, con carácter leve.

Las fuerzas comienzan a flaquear. Cada vez andan “más justos”, confiesa un miembro de la UIP. Están teniendo que enfrentarse a “muchísimas horas” de trabajo portando chalecos antibalas o antitraumas que “no se secan del sudor” entre una jornada y otra. Pero avisa: “aguantaremos lo que sea necesario”. “Lo que nos pidan y lo que nos exijan, como siempre”, matiza.

El escenario que describe es de una violencia “no recordada”. En su equipo, quien menos acumula entre 10 y 15 años de experiencia en este tipo de unidades. Los primeros altercados, en el aeropuerto, fueron “tensos”. Pero lo “peor” les aguardaba en Urquinaona.

Este agente, aquella noche, estaba “en primer línea”. Fueron casi tres horas y media “haciéndonos fuertes” ante una muchedumbre “muy bien organizada” y “muy violenta” que utilizaba “todo lo que tenían para causar el mayor destrozo y el mayor daño a quienes estábamos actuando”. Describe armas de todo tipo: adoquines, piedras, cócteles molotov, rodamientos y mobiliario urbano.

Al igual que el grado de violencia, cuyo “pico” se registró coincidiendo con la huelga general convocada el pasado viernes, la respuesta policial ha ido ‘in crescendo’. “Al principio se estaba un poco reticente”, ha reconocido este miembro de la UIP, “pero nos hemos visto en la obligación de utilizar prácticamente todos nuestros medios”.

El camión de agua que, a su juicio, los Mossos d’Esquadra emplearon de forma “muy eficaz” les habría servido también de ayuda. “Seguimos sin saber por qué no salió a retirar barricadas”, confiesa. Es a esos parapetos improvisados “donde no se puede acceder, salvo que lancemos botes (de gas lacrimógeno) por detrás”, explica. “El camión”, relata al recordar lo sucedido en Urquinaona, “hubiese facilitado la entrada de otros grupos para reforzar la retaguardia y tomar el control de la situación muchísimo antes”.

Las órdenes que reciben durante los operativos generan también incomprensión entre los efectivos de la Policía Nacional.

Una vez tomada una barricada o una calle “recibimos la instrucción de retroceder a la posición inicial”. Lo que supone “devolver las posiciones ganadas”, se lamenta este miembro de la UIP. Así, advierte, se consigue que “la gente se envalentone más y la batalla dure mucho más”. No cree necesaria la intervención de los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, tan solo “que nos dejen intervenir sin cortapisas, sin miedos políticos”. “No necesitamos nada más”, ha aseverado en Cope Valladolid.

Los miembros de las Unidades de Intervención Policial están viviendo días “duros”. Pero sus familias lo están pasando “especialmente mal”. Fotografías y vídeos de lo que ocurre en Cataluña corren como la pólvora. “Tratas de no informar demasiado para que no piensen que su hijo, su marido o su novio están debajo de ese casco”, admite. “Pero muchas veces sí lo estamos”, concluye.


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Andalucía

Así funcionó el “sistema fraudulento” de los ERE durante una década en Andalucía

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Entre los años 2000 y 2011, la Junta de Andalucía puso y mantuvo en funcionamiento un “sistema fraudulento” de subvenciones ajeno a los debidos controles fiscales y por el que fueron concedidos arbitrariamente 680 millones de euros. La Audiencia de Sevilla ha condenado por ello a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán a seis años de prisión y 15 de inhabilitación y a Manuel Chaves a nueve de inhabilitación, así como ha establecido condenas a los máximos responsables de este entramado.

Un sistema por el que las subvenciones sociolaborales para empresas en crisis salieron de su cauce legal hacia otro que eludía los controles fiscales correspondientes y por el que se lucraron múltiples empresas, en ocasiones vinculadas a un mismo propietario y que en ocasiones “carecían de actividad ni empleados”. Una realidad opuesta a las casi 200 compañías que, por ausencia de convocatoria y publicidad del proceso de concesión de las ayudas, se vieron “privadas del derecho a acceder a las ayudas” que les hubieran permitido mantener su actividad empresarial, evitando cierres. De entre las más de 1800 páginas de sentencia, la Audiencia de Sevilla ha resumido la trama fraudulenta de la siguiente manera.

El origen: dos modificaciones presupuestarias para eludir controles

Entre 1999 y la primera parte del año 2000 las subvenciones laborales para casos como los ERE funcionaban de forma legal a través de las partidas del programa presupuestario 22E, aunque la Consejería de Empleo “utilizaba ordinariamente lo que debiera ser extraordinario”, es decir, la figura de la subvención excepcional. Un hecho que en ocasiones sufría retrasos debido a los informes desfavorables del Gabinete Jurídico y por los reparos del Interventor Delgado.

“La necesidad política de dar una respuesta inmediata a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente”, reza el fallo.

El fraude se gestó en el año 2000, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Manuel Chaves, aprobó dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez y se mantuvieron con José Antonio Griñán al sucederla en el cargo.

La primera modificación fue una Transferencia de Financiación por la que las partidas de las subvenciones pasaron de la Consejería de Empleo a ser gestionadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -posteriormente IDEA-. Y con la segunda modificación presupuestaria, se redujeron los fondos del programa presupuestario 22E -de la Consejería-, e incrementaron de forma “legalmente inapropiada” la partida 440.01 de “transferencia al IFA en materia de Relaciones Laborales”.

El tribunal considera que la “única conclusión razonable” para dichas modificaciones -que se incluyeron en el presupuesto de 2002 y se mantuvieron hasta el año 2009- fue evitar la tramitación de los expedientes de concesión de subvenciones, “con los requisitos legalmente establecidos para su otorgamiento, así como la fiscalización previa por parte de la Intervención”.

Además, en julio de 2001 el Consejero de Empleo, José Antonio Viera Chacón, y el presidente del Instituto, Antonio Fernández García -también entonces viceconsejero de Empleo- firmaron un convenio por el que el Instituto recibe “una misión concreta: pagar el importe de la ayuda que le ordenara el Director General de Trabajo”, que entonces era el también condenado Francisco Javier Guerrero, responsable de gestionar las subvenciones excepcionales dentro del programa 22E -y luego 31L-. Todo ello, pese a que el Director General de Trabajo “carecía de competencia legal para la concesión de subvenciones”.

Gastos ficticios, desfases presupuestarios y descontrol

Las transferencias de financiación, explica la sentencia, están justificadas únicamente para “compensar las pérdidas de una entidad empresarial pública” -que en este caso sería la Consejería de Empleo-. Por eso, la Audiencia de Sevilla deduce que “era aritméticamente necesario hacer figurar en el IFA-IDEA gastos ficticios -que nunca se iban a producir- que originaran pérdidas, logrando así el necesario equilibrio presupuestario de esa”.

Además, el nuevo sistema permitió que los fondos se otorgaran directamente a las empresas -en lugar de a los trabajadores- con “la ausencia de control alguno” sobre la pertenencia a dichas empresas de las personas beneficiarias de las ayudas públicas. De hecho, el sistema orquestado “permitió la inclusión de beneficiarios que nunca habían pertenecido a las empresas ayudadas por la Consejería de Empleo”.

El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, advirtió hasta en quince informes de las irregularidades, pero no tomó medidas -ha resultado absuelto en el caso-. Con todo ello, el Interventor del IFA “quedó limitado a la verificación de la recepción de los fondos procedentes de la Consejería de Empleo y a su aplicación a los destinatarios”. No había, por tanto, control sobre los procedimientos de concesión de subvenciones, ya que esta actividad era competencia de la Consejería de Empleo.

Otra consecuencia de las transferencias de financiación y del aumento de las partidas en el IFA-IDEA es que se produjeron los desfases presupuestarios, es decir, que “de manera reiterada que se pagaron por la entidad subvenciones del programa 31L en cuantía superior al crédito que la Consejería de Empleo utilizaba para su concesión”. Por ello, la Consejería de Empleo comenzó a utilizar el sistema de “pagos cruzados” por el que en la misma partida incluía pagos de objetos diferentes.

Por todo ello, la Audiencia considera que “la Consejería de Empleo disponía de los fondos públicos del programa 22E/31L, sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía. En definitiva, permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado”.

Concluye explicando que la trama, “desde el punto de vista presupuestario”, finaliza “con la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos para el ejercicio 2010”, cuando se abandona el uso de la partida presupuestaria de transferencias de financiación al IFA-IDEA.

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Cataluña

El Ayuntamiento de Amposta (Tarragona) permite que en los carteles de tráfico se llame “fuerzas de ocupación” a la Guardia Civil

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El Ayuntamiento de Amposta, gobernado por ERC con mayoría absoluta, permite que en los carteles de tráfico hayan colocado adhesivos donde se indica la localización de las “fuerzas de ocupación”, en lugar de la Guardia Civil, con el dibujo de un tanque. Estos carteles llevan ya varios días sin que nadie los haya sustituido.

Este hecho ha sido denunciado por Unión de Mossos por la Constitución, que ha denunciado que “el Ayuntamiento de Amposta (Tarragona), permite la alteración de la señalización vial, cambiando la indicación ‘Guardia Civil’ por ‘Fuerzas de Ocupación’.

El grupo de agentes partidarios de la neutralidad institucional recuerda también e través de este mismo mensaje las consecuencias previstas por la legislación sobre la alteración de las señales.


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España

Alfonso Guerra pronostica que el abrazo entre Sánchez e Iglesias puede acabar “en un drama”

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El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha criticado el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos para formar un gobierno de coalición. Guerra ha señalado que el presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, llegó al acuerdo “en 24 horas y sin hablar antes con ningún partido constitucionalista”.

“Si miran la evolución del abrazo es la metáfora de lo que pasará si ese acuerdo se convierte en gobierno. Uno tomará la iniciativa y el otro no podrá decir que no, aunque le gustaría”, ha indicado Guerra, al tiempo que ha añadido que esta situación puede acabar “en un drama”.

Durante un encuentro en las oficinas de la firma internacional de abogados Ashurst, el que fuera vicepresidente del Gobierno también ha valorado la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso ERE, que ha calificado de “injusta”. “Los dos presidentes no se han llevado medio euro ni a su partido ni a su casa”, ha afirmado Guerra.

El socialista también ha aclarado que le parece “un acto delictivo condenar así a gente que no ha robado”. “Ahora toda la prensa dice que eran 715 millones estafados, pero es una falsedad, esa cifra se utilizó para resolver los problemas de las empresas, la estafa era menos del 10%”, ha explicado el exvicepresidente.

Alfonso Guerra también ha dedicado unas palabras al PSC, y ha afeado que esté “siempre en una posición ridícula”. “El PSC juega en la pista del otro, y en la pista del otro siempre te gana el otro”, ha añadido.

“Hace muy pocos días fuimos testigos cómo por la mañana hay un programa del PSOE en el que no se habla de pluralidad y llama el líder del PSC, por usar una palabra, y lo cambia. Sin pasar por ningún órgano”, ha remachado.


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