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Economía

La Seguridad Social está en quiebra: su deuda roza los 50.000 millones

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El agujero de la Seguridad Social continua engordando y roza ya los 50.000 millones de euros, récord absoluto para el sistema de pensiones. En concreto, la deuda de las administraciones de la Seguridad Social se incrementó un 2,5% en julio y se sitúa en 49.944 millones de euros, mientras que en el último año registró un alza del 43%, con 15.056 millones de euros más de lastre. Este repunte de la deuda se debe a los préstamos que ha concedido el Estado a la Seguridad Social en los últimos años para garantizar el pago de las pensiones. La factura mensual de las pensiones supera actualmente los 9.600 millones de euros, pero en los meses en los que hay paga extra, ésta se duplica hasta alcanzar los 19.000 millones. El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros para pagar las pensiones.

Según ha certificado el Tribunal de Cuentas, la Seguridad Social se encuentra en estado de quiebra ya que ha perdido nada menos que 100.000 millones desde 2010. El dato genera entre los españoles la idea de que, cuando se jubilen, no cobrarán pensión o que ésta no será suficiente para garantizarles una calidad de vida durante su vejez. Sin embargo, las cifras de la Seguridad Social indican una mejora en la caja. De hecho, los presupuestos prorrogados de 2018 para este año en la Seguridad Social apuntan a unas transferencias de capital de 17.511 millones de euros, en línea con el agujero que la AIReF prevé para 2019, inferiores a los casi 19.000 millones de euros de déficit con los que cerró el pasado ejercicio.

El agujero proviene de que entre 2011 y 2019, los ingresos por cotizaciones sociales apenas han aumentado en 9.600 millones, un 9% más, al pasar de los 105.311 millones recaudados en 2011 a los 114.915 millones previstos para este año. Por el contrario, los gastos en operaciones corrientes se han disparado en ese mismo periodo en casi 30.000 millones (un incremento del 26,21%, al pasar de los 118.159 millones a los 148.123 millones). Los desajustes de caja acumulados año tras año en este periodo muestran que el agujero habría alcanzado los 100.000 millones de no ser cubierto por el Fondo de Reserva (casi 78.000 millones retirados de la hucha de las pensiones desde 2012) y los créditos concedidos.

¿Qué es lo que genera esta gigantesca espiral, con otros 17.000 millones de déficit previstos este año? Para empezar, que los ingresos por cotizaciones no son suficientes por la incorporación como pensionistas de los trabajadores del «baby boom» que se dio en España entre los años 50 y 70 del pasado siglo y del fuerte incremento de la esperanza de vida. Sin embargo, este cargo no representa ni la mitad del déficit de la Seguridad Social. De hecho, son los gastos ajenos al sistema de cotizaciones los responsables de casi el 70% del agujero.

Y es que la Seguridad Social debe abonar 2.354 millones en gastos de personas con cargo al sistema y no a los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, tiene un gasto previsto de 4.830 millones en complementos a mínimos del Régimen General y otros 2.290 millones en el Régimen de Autónomos, fuera del capítulo estrictamente contributivo, y otros 2.380 millones en pensiones no contributivas, que en realidad se deberían de llamar prestaciones no contributivas, ya que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad, carecen de recursos suficientes aunque no hayan cotizado nunca o no alcancen el mínimo de cotización para alcanzar el derecho al cobro de una pensión contributiva. Un total de 11.854 millones que se abonan con cargo al sistema, aunque, estrictamente, nadie haya cotizado por estos conceptos, que podrían financiarse a través de los PGE, aliviando los crecientes gastos en pensiones.

(La Razón)

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Economía

China y EE UU llegan a un acuerdo parcial para una tregua en la guerra comercial

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Liu He, Robert Lighthizer y Steve Mnuchin durante las fotos con la prensa tras la reunión
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Buenas noticias para las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. El presidente Donald Trump y otros funcionarios estadounidenses anunciaron el viernes buenas noticias en las conversaciones comerciales con China, mientras que Beijing indicó que estaba abierto a un acuerdo “parcial” que evitaría un aumento planeado en los aranceles de sus productos.

Las dos partes se han encerrado en conversaciones intermitentes para resolver una guerra comercial de 15 meses que ha sacudido los mercados financieros, desarraigado las cadenas de suministro mundiales y avivado los temores de una recesión mundial. Varios funcionarios, incluidos el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, y el viceprimer ministro chino, Liu He, finalizaron hoy un segundo día de conversaciones en Washington. Liu tiene previsto reunirse con Trump en la Casa Blanca más tarde.

“Están sucediendo cosas buenas en “China Trade Talk Meeting”. Sentimientos más cálidos que en el pasado reciente, más como en los viejos tiempos. Hoy me reuniré con el viceprimer ministro. ¡A todos nos gustaría ver que algo importante ocurra!”, escribió Trump en su Twitter. Según Bloomberg, las dos partes habrían alcanzado un acuerdo parcial que negociaría una tregua en la guerra comercial y sentaría las bases para un acuerdo más amplio que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, podrían firmar a finales de este año.

Los principales índices bursátiles de EE. UU cotizaron fuertemente al alza el viernes con la esperanza de que las conversaciones produzcan algún tipo de acuerdo. Un periódico estatal chino dijo el viernes que un acuerdo comercial “parcial” beneficiaría a China y Estados Unidos, y que Washington debería aceptar la oferta, reflejando el objetivo de Beijing de enfriar la disputa antes de que entren en vigencia más aranceles.

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Economía

¡Y Pedro Sánchez ahora también compra votos con el PER!

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Paloma Cervilla.- Muy mal le tienen que ir ahora las encuestas a Pedro Sánchez para que se lance a comprar votos para el PSOE con todos los recursos del Estado, vamos, con nuestro dinero.

Primero fue la promesa de vincular las pensiones al IPC desde el próximo mes de diciembre, unos 8.000 millones de nada; después subir el Salario Mínimo Interprofesional, y ahora reducir las peonadas en Andalucía para poder cobrar el PER.

Lo que siempre se ha llamado clientelismo puro y duro en la región más pobre de España, a pesar de que los socialistas la han gobernado casi cuarenta años. Nada de ofrecer alternativas para salir de la pobreza, para abrir empresas o facilitar la salida de las listas del paro con proyectos formativos, no, nada de eso, sino manga ancha para recibir este subsidio agrario.

Hablar del PER no es políticamente correcto porque se te puede echar encima la progresía con el discurso de la opresión a la clase jornalera de los terratenientes del sur.

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Economía

Más de 10.000 olivareros salen a la calle para exigir medidas contra los bajos precios

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El sector olivarero ha salido a la calle este jueves, a través de las asociaciones Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, por el centro de Madrid para denunciar la «crisis tremenda» por la que atraviesan más 250.000 familias de productores y que tiene su origen, según los organizadores de la marcha, en los bajos precios del aceite de oliva en origen que les producen pérdidasy la posibilidad de que, a partir del 18 de octubre, Trump imponga a este producto un arancel adicional del 25% por una disputa con origen en el sector aeronáutico.

A la capital han acudido más de 10.000 olivareros procedentes de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Cataluña quienes han recorrido las calles hasta la puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación bajo el lema «Precios justos parsa un olivar vivo». El objetivo no es otro que reclamar una serie de medidas que permitan alzas de precios en origen y garanticen una futuro «digno» para el olivar tradicionaal.

A pesar de que España es la principal productor de aceite de oliva a nivel mundial, cuenta con los precios en origen más bajos de la Unión Europea, llegando incluso a situarse por debajo de los costes de producción (el coste medio ponderado de producción de aceite de oliva en España, según el Consejo Oleícola Internacional, se estableció ya en 2015 en 2,75 euros por kilo de aceite de media).

Almacenamiento y autorregulación

Durante la manifestación, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha afirmado que el sector del olivar está atravesando una «crisis tremenda» y que es el momento de actuar, de modo que la voluntad política vea la luz en el almacenamiento y en la autorregulación.

Al respecto, Barato ha ironizado diciendo que «está muy de moda hacer decretos leyes para muchas cosas, y nosotros también exigimos un decreto ley: que no se pueda vender un producto que se hace en el campo por debajo del valor al que nos cuesta a nosotros producirlo».

Por su parte, el presidente del sector del aceite de oliva de cooperativas agroalimentarias, Rafael Sánchez Puerta, ha valorado la unión del sector en la manifestación, ya que el año está siendo «muy complicado» en cuanto a precios, por lo que se necesitan organismos para adecuar la oferta y la demanda.

Respecto a los aranceles de Estados Unidos, Sánchez Puerta ha señalado que complican más la situación, puesto que es un país en el que se vendían más de 200 millones de kilos de productos agroalimentarios, lo que supone una pérdida “letal” para el sector y deja en evidencia la desventaja de España respecto a otros países europeos.

Caída del precio del 26% en 2018

El sector recuerda que en 2018 ya se produjo una caída del 26% de los precios, a una media de 3,53 euros por kilo, según datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura de Andalucía, y ha continuado la tendencia bajista durante 2019, hasta situarse en un 44% menos (de 3,53 euros por kilo en junio de 2018 a cotizaciones por debajo de los actuales dos euros por kilo, por debajo de los costes de producción, 2,75 euros por kilo), en un contexto internacional de menor producción, principalmente en los países extracomunitarios.

Los manifestantes han demandado instrumentos regulatorios en el mercado para que «no se arruinen» en momentos de descensos de los precios, así como que no se produzcan aumentos excesivos que el consumidor no puede pagar.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha denunciado que en la última campaña se haya quitado a los olivareros más de 1.000 millones de euros, debido a que «la industria envasadora especula con los precios por sus propios intereses, manipulando los precios y las cantidades sin un control por parte de la administración pública».

Críticas a la distribución

A todo ello se suman, según el sector, las prácticas comerciales desleales de las cadenas de distribución que utilizan el aceite de oliva como producto reclamo, «tirando por tierra la imagen de un producto de excelencia y contribuyendo a la tendencia a la baja de los precios».

«Esta situación amenaza la viabilidad de las explotaciones de olivar tradicional y pone en riesgo el modo de vida de más de 250.000 familias y cientos de municipios que viven directa e indirectamente de este cultivo», han denunciado.

La superficie de cultivo dedicada al olivar en España se eleva a 2,6 millones de hectáreas, distribuidas en más de 400.000 explotaciones. Este cultivo mantiene 15.000 empleos en la industria y genera más de 50 millones de jornales por campaña.

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