España
La UCO, sorprendida y el PSOE, aterrorizado con el material incautado a Leire Díez: «es dinamita»
Los agentes investigan adjudicaciones presuntamente fraudulentas de empresas públicas dependientes de Hacienda
La UCO, sorprendida con el material incautado a Leire Díez: «Hay dinamita»
La palmaria ignorancia e incapacidad de la política cántabra, muy conocida en la Vega del Pas, en temas técnicos e informáticos, a la hora de cuidar sus comunicaciones escritas, va a redundar en el fin del «sanchismo».
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha topado con un filón documental que podría hacer tambalear los cimientos de varias instituciones públicas. Según confirman fuentes solventes próximas a la investigación, los agentes encargados de desprecintar y analizar el material intervenido a Leire Díez, exdirectiva de Correos y militante socialista, no ocultan su asombro ante la relevancia de los hallazgos. «Hay dinamita», aseguran con rotundidad fuentes solventes, subrayando que el contenido de sus dispositivos electrónicos y agendas personales es mucho más explícito de lo que se preveía inicialmente.
El pasado 10 de diciembre, en una operación coordinada que sacudió el tablero político, el Instituto Armado desplegó un operativo que incluyó 19 entradas y registros en diversas sedes mercantiles y domicilios particulares. Entre los objetivos prioritarios figuraban tres inmuebles vinculados directamente a Díez: una residencia en Cantabria, el apartamento de una colaboradora cercana en el barrio madrileño de Las Tablas y una vivienda en Leganés. Fue en este último punto donde los agentes localizaron el grueso del material que ahora quita el sueño a más de un alto cargo del Ejecutivo.
El «Grupo Hirurok»: comisiones y contratos a medida
A pesar del optimismo de los investigadores ante la calidad de la prueba obtenida, la instrucción se enfrenta a un primer valladar jurídico. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado una providencia por la cual acota estrictamente el análisis de la información incautada al periodo comprendido entre los años 2021 y 2023. Esta decisión responde a la estrategia de la defensa del exalto cargo, que busca evitar a toda costa que la Guardia Civil bucee en documentación posterior que pudiera abrir nuevos frentes judiciales. Bajo el foco del Juzgado Central de Instrucción número 5 se encuentran una serie de adjudicaciones bajo sospecha emanadas de empresas públicas dependientes del Ministerio de Hacienda. La Fiscalía Anticorrupción ha puesto la lupa sobre cinco expedientes administrativos cuyo valor conjunto asciende a los 132 millones de euros. Entre ellos destaca, por su simbolismo y por la presunta chapuza documental, el contrato otorgado a Servinabar 2000 SL, la empresa ligada al entorno de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.
Los agentes de la UCO sostienen que los dispositivos electrónicos de Díez —dos teléfonos móviles de última generación y un ordenador portátil— junto con sus agendas manuscritas, son la pieza del puzzle que faltaba para entender cómo se fraguaron estas operaciones en el seno de la administración. La tesis de los investigadores es que Leire Díez formaba parte de una estructura de toma de decisiones paralela bautizada como el «Grupo Hirurok» (término que en euskera significa ‘los tres juntos’). Este núcleo duro estaba integrado por la propia Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y el empresario navarro Antxon Alonso, socio de Cerdán en Servinabar.
Según los informes remitidos al juzgado, este triunvirato se habría servido de su ascendencia y sus vínculos con diversos «cargos públicos» para teledigitalizar la adjudicación de contratos en entes como la SEPI, Mercasa, Sepides y Correos. El objetivo final no era otro que el lucro personal a través del cobro de comisiones ilegales que la UCO cifra, indiciariamente, en unos 750. 000 euros. En el caso concreto de la exmilitante socialista, se han detectado pagos por valor de 21. 500 euros que habrían sido canalizados de forma opaca a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL.
Uno de los ejemplos más flagrantes de esta operativa es el contrato menor adjudicado por Mercasa a la empresa de Alonso. Los investigadores sospechan que los 18. 119 euros pagados por un supuesto informe técnico de las oficinas de la sede central respondieron a un «trabajo inexistente». La UCO ha constatado que dicho informe no solo era innecesario, sino que estaba plagado de falsedades y valoraciones infladas sobre los costes de rehabilitación, con el único fin de generar una justificación mendaz para el cambio de sede de la sociedad pública y, de paso, regar de fondos a los miembros de la trama.
El magistrado Pedraz, en un intento de blindar la causa contra futuras nulidades, ha ordenado separar quirúrgicamente el material estrictamente relacionado con los delitos investigados de aquel que pertenece a la esfera íntima de la acusada. Para ello, ha abierto una pieza separada de expurgo. El instructor ha conminado a la UCO a que ponga a disposición del juzgado todos los efectos originales y sus copias de trabajo, advirtiéndoles seriamente de que deben abstenerse de utilizar cualquier información de los dispositivos en tanto no se realice este filtrado. Sin embargo, fuentes judiciales recuerdan que el origen de esta causa es, precisamente, un hallazgo casual. El «caso Hirurok» nació tras el análisis de los terminales de Antxon Alonso en el marco del ‘caso Koldo’. Si durante el periodo 2021-2023 analizado ahora en los móviles de Díez aparecieran indicios de otros delitos de forma fortuita, la UCO estaría obligada a dar cuenta de ello, lo que podría derivar en nuevas piezas separadas.
Lo que más ha llamado la atención de los especialistas en delitos telemáticos de la Guardia Civil es la disparidad de comportamiento entre los principales investigados. Mientras que Vicente Fernández Guerrero, hombre de la máxima confianza de la actual candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, entregó un teléfono móvil «impoluto», Leire Díez conservaba prácticamente todo su historial de comunicaciones. Tal y como adelantó THE OBJECTIVE, Fernández Guerrero realizó un borrado sistemático, deliberado y profesional de su terminal antes de ser detenido. Una maniobra que los investigadores califican como un indicio claro de que el expresidente de la SEPI era plenamente consciente de la gravedad de los hechos que ahora están siendo investigados.
Por el contrario, el dispositivo de Díez es un libro abierto. En él se han localizado hilos de conversación, tanto en aplicaciones de mensajería instantánea como en correos corporativos y personales, que están permitiendo a la UCO reconstruir las cronologías de las reuniones y los contactos entre la red de intermediación y los altos cargos públicos. Estas comunicaciones son, a juicio de los investigadores, la prueba de cargo que refuerza la hipótesis de que existía una red organizada para influir no solo en pequeñas adjudicaciones, sino también en grandes operaciones estratégicas como rescates públicos de empresas, venta de patrimonio inmobiliario del Estado y adjudicaciones presuntamente ilegales. La «dinamita» que la UCO dice haber encontrado en el material de Díez apunta directamente a la existencia de un ecosistema de favores en el que la frontera entre lo público y lo privado se desdibujó por completo bajo la sombra de la SEPI.
España
El pedido de la diplomacia y la entrega de la realidad
La diferencia entre lo que España esperaba de su relación con Marruecos y lo que ha recibido no es un error de logística, sino una tragedia de Estado que el Gobierno celebra como éxito diplomático
Hay un fenómeno contemporáneo que ilustra mejor que cualquier tratado de política internacional la naturaleza de nuestra relación con Marruecos. Es el meme, ya archiconocido, que compara la fotografía pulida del producto que ordenaste en una plataforma de comercio electrónico con el objeto deforme, descolorido y risible que finalmente llega a tu puerta. «Lo que pediste», dice la imagen de la izquierda, mostrando un reloj de precisión suiza. «Lo que recibiste», completa la derecha, exhibiendo un juguete de plástico con pilas oxidadas.
La broma reside en la expectativa defraudada, en la promesa sofisticada que termina en realidad chapucera. Pero lo que ocurre en nuestra frontera sur no es una broma. Es una tragedia de Estado que, lejos de provocar rectificación o indignación, ha sido recibida por el Gobierno español con la resignación de quien acepta la estafa como norma de relación.
El pedido, en este caso, era claro: una política migratoria ordenada, respetuosa con la soberanía territorial, basada en acuerdos bilaterales de reciprocidad. La entrega, sin embargo, ha sido otra cosa enteramente. Ha sido la imagen de miles de hombres jóvenes —en edad militar, en formación táctica, asistidos por fuerzas de seguridad marroquíes— asaltando sistemáticamente nuestras vallas de Ceuta y Melilla. Ha sido la constatación de que Marruecos organiza, facilita y ejecuta operaciones de presión demográfica contra España como herramienta de política exterior.
Y ha sido, sobre todo, la evidencia de que nuestros gobernantes no solo toleran esta agresión, sino que la celebran, la premian, la llaman «cooperación» mientras el territorio nacional se ve invadido por vías paralelas.
La diferencia entre lo prometido y lo recibido no podría ser más abismal. Pero aquí reside el verdadero escándalo: no es que Marruecos nos haya engañado. Es que nosotros sabíamos perfectamente qué estábamos comprando. Sabíamos que el régimen alauita utiliza la emigración como arma. Sabíamos que cada «crisis» fronteriza coincide con alguna demanda diplomática de Rabat. Sabíamos que el Sáhara, la pesca ilegal, el contrabando de drogas, son monedas de cambio en una partida donde España siempre pierde. Y, a pesar de saberlo, hemos seguido haciendo clic en «comprar ahora», convencidos de que esta vez sí llegaría el producto de calidad.
El ridículo internacional de la debilidad manifiesta
El ridículo internacional de España ha alcanzado proporciones que ya no pueden ocultarse bajo eufemismos diplomáticos. Somos el país que recibe agresiones territoriales organizadas y responde con felicitaciones. Somos la nación que ve cómo su vecino abre las compuertas de la presión migratoria y, en lugar de exigir responsabilidades, amplía los acuerdos de cooperación. Somos el Estado que ha convertido la vulnerabilidad en estrategia, la humillación en política de Estado.
¿Qué imagen proyectamos ante el mundo cuando nuestros ministros brindan en la embajada de Marruecos mientras, a escasos kilómetros, las vallas de Ceuta y Melilla son asaltadas por tropas irregulares? ¿Qué mensaje enviamos a otros actores internacionales cuando demostramos que la agresión contra España no tiene consecuencias, sino recompensas? La respuesta es evidente: enviamos la señal de que España es un objetivo blando, un socio que puede presionarse sin riesgo, un adversario que no defenderá sus intereses ni su dignidad.
Y aquí emerge la pregunta incómoda que la izquierda mediática se niega a formular: ¿hasta qué punto puede llegar esta lógica de rendición antes de que deje de ser política exterior para convertirse en algo más grave? Cuando un gobierno sistemáticamente prioriza la conveniencia diplomática a corto plazo sobre la integridad territorial nacional, cuando celebra acuerdos con quien le agrede abiertamente, cuando sacrifica el interés de sus ciudadanos en el altar de la «relación estratégica» con un régimen autoritario, ¿no estamos ante una forma de capitulación disfrazada?
Israel, tradicional aliado, ha decidido alinearse públicamente con Marruecos en esta controversia, dejando a España aislada en un escenario donde antes contaba con socios. El mensaje es claro: quien no defiende lo suyo no puede esperar que otros lo defiendan por él. La debilidad, en política internacional, no genera compasión. Genera oportunidades para el depredador. Y Marruecos, lejos de ser el único depredador en el entorno, se ha convertido en el más audaz precisamente porque ha comprobado, una y otra vez, que España no morderá. Que España pagará. Que España, al final, agradecerá el golpe.
Complicidad, traición y la alineación israelí
La complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez con esta dinámica de agresión-recompensa no puede atribuirse ya a la mera incompetencia o a la ingenuidad. Es una opción deliberada, una estrategia de supervivencia política que hipoteca el interés nacional a cambio de estabilidad diplomática a corto plazo. Pero hay líneas que, una vez cruzadas, dejan de ser simples errores de cálculo para convertirse en algo más grave. Y la pregunta que inevitablemente surge es si estamos ante una de esas líneas.
¿Puede encuadrarse la actuación de Sánchez en el delito de traición? La pregunta suena extrema, casi barroca en su aparato legal, pero merece ser examinada con seriedad. El Código Penal español define la traición como el que, «con ocasión de guerra, o de alianza o amistad con potencias extranjeras, cause perjuicio grave a la Nación o a la defensa nacional». No estamos formalmente en guerra con Marruecos, pero la doctrina militar contemporánea reconoce la «guerra híbrida» como conflicto real aunque no declarado.
Y en esa guerra híbrida —donde se utilizan armas no convencionales como la presión migratoria masiva, la desinformación, la infiltración— Marruecos nos ha atacado abiertamente. Celebrar acuerdos con el agresor, premiarle con reconocimientos diplomáticos, entregarle posiciones estratégicas como el Sáhara, mientras se produce esta agresión, ¿no constituye un perjuicio grave a la defensa nacional?
La izquierda se escandalizará por la formulación. Dirá que es exageración, que es lenguaje propio de conspiraciones, que la realidad es más compleja. Pero la realidad, en este caso, es sorprendentemente simple: un régimen extranjero organiza invasiones de nuestro territorio, y nuestro gobierno le felicita. Si eso no es complicidad con el agresor, ¿qué es?
Y aquí entra en juego el factor israelí. La alineación de Israel con Marruecos en este conflicto no es anecdótica. Es el reconocimiento de que el mapa de alianzas en el Mediterráneo ha cambiado, y que España ya no cuenta con la influencia ni la credibilidad que antes le otorgaban posiciones de equilibrio. Cuando un socio tradicional como Israel decide que más vale estar con el agresor que con la víctima, el mensaje sobre la decadencia española en el escenario internacional es devastador.
No se trata de que Israel sea malo o bueno; se trata de que Israel, como cualquier actor racional, apuesta por quien demuestra fuerza y deja a quien demuestra debilidad. La geopolítica no tiene amigos, tiene intereses. Y España, en esta partida, ha demostrado no saber defender los suyos.
La felicitación al agresor
Pero quizás el gesto más insultante, el que mejor ilustra el abismo entre la retórica oficial y la realidad, sea la insistencia del Gobierno en «felicitar» a Marruecos como socio fiable mientras las pruebas —fotográficas, de video, de testimonios de guardias civiles, de informes de inteligencia— demuestran que las fuerzas marroquíes colaboraron activamente en la invasión. No miraron hacia otro. No fueron incapaces de contener. Organizaron. Facilitaron. Ejecutaron una operación de presión.
¿Cómo se llama a quien felicita a quien le ha agredido? ¿Cómo se denomina a quien celebra acuerdos con quien acaba de violar su frontera? En el lenguaje clásico de la política, se llamaría cómplice. En el lenguaje diplomático actual, se llama «pragmático». Pero la realidad no cambia por la elegancia del eufemismo. La realidad es que nuestros gobernantes han decidido que nuestra dignidad nacional es negociable, que nuestra soberanía territorial es un activo líquido que pueden vender por estabilidad política a corto plazo, que el español de a pie debe aceptar la inseguridad y la humillación con tal de que Sánchez siga en La Moncloa.
Y lo más grave es que esta lógica no tiene visos de revertirse. Cada asalto a la frontera es seguido de más concesiones. Cada crisis migratoria organizada desde Rabat termina en más cheques firmados por Madrid. Cada demostración de debilidad invita a la siguiente presión. Es un ciclo que solo puede terminar de dos maneras: o Marruecos alcanza todo lo que quiere —reconocimiento pleno del Sáhara, fondos europeos ilimitados, silencio sobre sus violaciones de derechos humanos— y España se convierte en un satélite económico y diplomático del Reino alauita, o la sociedad española despierta y exige que se ponga fin a esta humillación sistemática.
Conclusión: El vendedor que siempre engaña
La diferencia entre lo que pedimos y lo que recibimos no es, al final, un problema de logística diplomática. Es un problema de voluntad política. Es la constatación de que hemos elegido gobernantes que no creen en España como nación digna de defensa, que conciben la soberanía como un anacronismo molesto, que prefieren la sumisión cómoda a la resistencia costosa.
El meme de Aliexpress funciona porque todos hemos experimentado la decepción de la expectativa defraudada. Pero en el comercio electrónico, al menos, puedes reclamar. Puedes devolver el producto. Puedes exigir tu dinero de vuelta. En la política exterior de Sánchez, no hay devoluciones. No hay reembolsos. Solo hay más pedidos a un vendedor que ya ha demostrado, una y otra vez, que enviará basura y cobrará como si fuera oro.
Marruecos ha trazado su línea. Israel se ha alineado con ella. Italia nos ha dejado atrás. Y nosotros seguimos brindando en la embajada del agresor, convencidos de que si sonreímos lo suficiente, quizás esta vez sí llegue el producto de calidad. Pero no llegará. Porque el problema no es el vendedor. Es que nosotros hemos olvidado que en el mercado de la geopolítica, quien no defiende su posición termina siendo mercancía. Y España, bajo este Gobierno, está a punto de liquidarse en el mercado de ocasión de la historia.
Alerta Nacional | Análisis de política exterior y soberanía nacional
