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Economía

Las pensiones

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Por Jaime Caneiro. En la encuesta que el CIS publicó en marzo del año pasado, las pensiones alcanzaron cotas récord entre las preocupaciones de los españoles. Un asunto que rara vez había estado presente como un problema para más del 4% de la población había escalado entonces al 15,5%, situándose sólo por detrás del paro, la corrupción, los políticos y los problemas de índole económica en general.

Tras años de continuas advertencias sobre la delicada situación del sistema, el consumo acelerado del denominado Fondo de Reserva de la Seguridad Social venía a subrayar los riesgos que se cernían sobre el futuro de las pensiones, al tiempo que la creciente contestación social ponía en entredicho la disposición del Gobierno a mantener en pie los ajustes aprobados unos años antes, en plena crisis de la deuda.

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Pero la última edición de esta encuesta, que data del pasado mes de septiembre, muestra en cambio una menor preocupación: sólo un 9,4% de los españoles cita las pensiones entre los tres principales problemas del país, muy por detrás de cuestiones como la inmigración, la sanidad, la calidad del empleo o los problemas de índole social.

Sólo un 9,4% de los españoles sitúa las pensiones entre los tres primeros problemas del país

Puede entenderse que el de las pensiones haya dejado de ser un asunto tan inquietante para los españoles. Al fin y al cabo, la amenaza de ajustes que se cernía sobre el sistema desde hace años parece haberse desvanecido en los últimos tiempos e, incluso, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se anima a anunciar estos días, en plena precampaña electoral, su disposición a revalorizar estos pagos conforme al IPC, una opción que hace apenas unos años parecía desterrada, por su elevado coste.

Y, sin embargo, nada parece indicar que la situación sea hoy menos acuciante. Al contrario, la ‘hucha’ de las pensiones ha seguido menguando hasta la extenuación (va camino de cerrar el año en apenas 2.000 millones de euros, según publicaba este viernes Expansión) mientras el agujero del sistema sigue creciendo hasta generar un déficit en el entorno de los 19.000 millones de euros al año. Entre 2011 y 2018, se ha acumulado un déficit de unos 103.000 millones, según datos de BBVA Research.

El Banco de España advierte: ligar las pensiones al IPC amenaza a la Seguridad Social

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha pedido este martes «reformas de calado» para garantizar la viabilidad social y financiera del sistema público. En este contexto, el hecho de vincular de nuevo estos pagos al IPC, tal y como ha prometido Sánchez, supondría (tomando como referencia la previsión de inflación del 1,1% estimada por el Banco de España) sólo en 2020 un aumento del gasto de unos 1.500 millones de euros, unos 1.150 millones más que si se aplicara la revalorización del 0,25% que prescribe la ley, según estima Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia.

Pero, además, una medida de este tipo no tiene efectos limitados a un año, sino que se consolida y extiende sus efectos hacia el futuro. Así, con una mirada a más largo plazo, el Banco de España advertía recientemente de que vincular de nuevo las pensiones al IPC supondrá un aumento del gasto de hasta dos puntos del PIB hasta 2030 y de más de tres puntos en 2050.

Porque lo cierto es que la gran amenaza aguarda a la vuelta de la esquina. «El mes pasado se alcanzó un nuevo récord en el gasto en pensiones, casi 10.000 millones. Y aún está por llegar la generación del baby boom, que empezará a jubilarse a partir de 2021. Lo que viene es un problema muy gordo», advierte Pérez.

El envejecimiento de la población española es una realidad de sobra conocida y con notables implicaciones para la economía nacional. Este proceso viene de lejos y se prevé que alcanzará su punto álgido en los próximos lustros, con la llegada a la edad de jubilación de las personas nacidas entre 1958, cuando el número de nacimientos rebasa por primera vez los 650.000 al año y hasta 1978, cuando se inicia un declive acelerado de la natalidad. En esas dos décadas, el número de nacidos en España fue casi un 50% superior al de las dos siguientes.

Es a partir de 2023 cuando, a priori, se iniciará la jubilación masiva de estas generaciones. De este modo, el INE proyecta que entre 2018 y 2033 el número de personas con edades a partir de 65 años se elevará en 3,3 millones, hasta superar con creces los 12 millones, una cuarta parte del total. En 2050, la cifra rondará los 15 millones y representará hasta un tercio de la población de España.

Un problema político

Todas estas cifras hablar de un problema que no parece reflejarse en la actitud de los políticos españoles.

El anuncio de Pedro Sánchez ha despertado las críticas de buena parte de la oposición, pero más por el uso electoral de las pensiones que por el fondo. De hecho, en los últimos tiempos parece haberse generado cierto consenso en torno a la conveniencia de ajustar estos pagos al incremento del coste de la vida. Incluso el PP, que promovió las últimas reformas que desligaban la evolución de las pensiones del IPC, fue el primero en revertir una medida que ha contado con una elevada contestación social.

Y lo cierto es que ligar las pensiones al coste de la vida no es, ni mucho menos, una particularidad española, sino una práctica habitual en los países de nuestro entorno, según explica el director asociado de AFI José Antonio Herce.

El problema, señala, es que las pensiones en España son más «generosas». Así lo sugieren los datos referidos a la tasa de sustitución (el porcentaje del último salario que cubre la pensión inicial): en España alcanza el 78,7%, una cifra sin parangón en la Unión Europea, donde la media apenas se sitúa en el 46,3%.

Teniendo en cuenta esto, son muchos los análisis que han abogado por alternativas para contener el agujero de la Seguridad Social sin afectar de forma significativa a la capacidad adquisitiva de los mayores. A inicios de 2019, la Airef publicó su valoración sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social.

En su opinión, una profundización en las reformas paramétricas de 2011, permitiría mantener ligada la revalorización de las pensiones al IPC, manteniendo así casi sin merma la suficiencia (su adecuación a las necesidades de los jubilados) de estos pagos, sin un impacto muy significativo sobre la deuda del sistema.

En la práctica, esto significaría hacer un esfuerzo para que la edad efectiva de jubilación de los españoles se aproxime a la legal (frente a la brecha de 2,5 años que se estima a partir de 2027) y que se amplíe el periodo de cálculo de la pensión a, al menos, 35 años de carrera laboral, desde los 25 actuales.

La edad de jubilación no tiene sentido

A diferencia de los yogures, la vida laboral no tiene por qué llevar de serie una fecha de caducidad. La idea de que la jubilación no sea un final prefijado.

También Herce aboga por un mayor esfuerzo en el retraso de la edad de jubilación, ya que la normativa actual cuenta con «demasiadas excepciones que le restan potencial». En su opinión, habría que acelerar el proceso de alargamiento de la vida laboral a unos 3 o 4 meses por año y llevarla más allá de los 67 años, para ajustarla a la esperanza de vida.

Y es que un estudio de Fedea asegura que un contribuyente que haya trabajado durante 37 años, habría generado las cotizaciones suficientes para pagar su pensión un máximo de 16 años, lo que contrasta con una esperanza de vida actual a partir de los 65 años de 21.

«Por supuesto, hay distintas variables que puedes ir ajustando por un lado o por otro. El problema es que nadie quiere jubilarse más tarde, nadie quiere pensiones más bajas ni que pierdan poder adquisitivo», apunta Devesa.

¿Una solución impuesta?

Lo que parece evidente es que el sistema necesita remiendos y que «las soluciones las tienen escritas los técnicos de la Seguridad Social. Lo que falta es voluntad política para aplicarlas», sostiene Jesús Pérez. Esa solución difícilmente puede pasar -al menos, en exclusiva- por un incremento de los impuestos y precisará sí o sí de medidas de difícil aceptación social como el incremento de la edad de jubilación o, presumiblemente, un ajuste de los pagos.

Porque, tal y como advertía hace unos meses la presidenta de la asociación patronal Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, «para tener pensiones españolas, necesitamos crecer a tasas chinas».

También Devesa se refiere a esto argumentando que, «si no hubiera ninguna crisis, creciéramos siempre al 3% y la deuda siguiera tan barata como ahora no habría ningún problema. Pero es obvio que esto no va a ser así y cuando llegue una crisis, que no tiene por qué ser tan fuerte como la última, habrá dificultades».

Los expertos sugieren que ante una crisis los mercados o la Unión Europea pueden acabar exigiendo ajustes severos.

Con el consenso político una vez más resquebrajado por intereses electoralistas, las esperanzas de un acuerdo ambicioso, en el marco del Pacto de Toledo, que ponga remedio al agujero del sistema de pensiones son cada vez más reducidas y la posibilidad de una solución impuesta aparece hoy más presente que nunca antes.

«Probablemente hemos perdido una oportunidad estos años. Han pasado los mejores años del ciclo y no hemos arreglado nada», comenta Devesa, quien sostiene que «hace unos años se veía un recorte de las pensiones como una posibilidad muy remota, pero cada vez parece más cercana».

Una visión con la que coincide Jesús Pérez, para quien resulta probable que la solución al déficit de las pensiones venga impuesta por Europa o por los mercados. «En la última reforma, el ajuste fue a una revalorización del 0,25%. En la próxima no se puede descartar que sea un recorte severo, como hemos visto estos años en Grecia o Portugal».

Un escenario poco alentador que sin embargo no parece calar entre los políticos españoles ni en la sociedad.


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Economía

El Catedrático de Economía Roberto Centeno afirma que la pandemia ha provocado en España 95.000 muertos y augura «una hecatombe económica tipo Venezuela»

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Por Roberto Centeno.- (*)

La publicación por la Seguridad Social de las personas que ha causado baja en los tres meses de febrero a abril, que es la única estadística económica exacta que  se publica en España, permite calcular con cifras oficiales y con una precisión milimétrica el número de muertos reales por pandemia del coronavirus.

Hace unos 15 días, el Deutche Bank, el mayor banco de Alemania, publicó un análisis sobre la gestión de la pandemia del coronavirus y de la crisis económica creada por ella en los 37 países de la OCDE, y en ella el gobierno de España aparecía como el numero uno en desastre de la gestión tanto sanitaria como económica de ese grupo de países, y eso que el banco no sabía que el numero de muertos real era tres veces el oficial, es decir mas de 90.000.

Ante esta realidad, la estrategia de este gobierno de trileros, matones y analfabetos para a ocultar la verdad al mundo en general y al desinformado pueblo español en particular se basa en dos escandalosas mentiras: el número de muertos oficiales que es tres veces inferior a la realidad, y el culpar a la Comunidad de Madrid que está siendo modelo de gestión, de todas las canalladas de las que ellos son los únicos culpables, como por ejemplo la pavorosa muerte de decenas de miles de ancianos en las residencias que dependen directamente del vicepresidente comunista, el matón bolivariano Iglesias, que les ha dejado morir en mas absoluta desatención y soledad, exactamente igual que lo que sucede en Venezuela.

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Y este siniestro personaje es tan redomadamente canalla, que además se burla de las decenas de miles de muertes de ancianos, pues los asilos dependen de él: “hay gente que va a morir de viejo porque tienen 75 y durarán lo que duren, tienen que tomar ejemplo e irse a la mierda o a donde quieran”. Nunca en la historia de España y de Europa ha existido un personaje con tal grado de vileza.

Y los cálculos son muy sencillos. Según la Seguridad Social las bajas de pensionistas, algo que sucede por primera vez en la historia, han sido 45.000 en los meses de febrero, marzo y abril, y luego como la media en 2019 y en enero 2020, fue de 8.000 personas mes en alta, la baja total han sido de 45.000 mas 8.000 por los tres meses que ya no han sido altas, en total 69.000, que son todos fallecimientos adicionales a los habituales  e imputables exclusivamente al coronavirus.

Además, existe un 15% de personas mayores de 65 años que no cobran pensión alguna por no haber cotizado nunca, esencialmente mujeres, suponiendo un tasa de mortalidad análoga al 85% restante habría que sumar 10.000 mas al numero de fallecimientos, en total 79.000.

Este colectivo, el de mayores de 65 años, constituye el 90% de los muertos, por lo que el número total en este periodo de tres meses es de 79.000 dividido por 0,9, o sea 88.000 en tres meses o 29.000 al mes. si suponemos que el mes de mayo será solo la cuarta parte tendríamos 95.000 muertos por el coronavirus en cuatro meses, una cifra pavorosa que supone más que todos los muertos en combate durante la guerra civil, y consecuencia de la irresponsabilidad e incompetencia absolutas de la chusma social-comunista que nos des gobierna. y como he dicho al principio estas cifras son indiscutible pues proceden de la estadísticas mas fiable del país. Un auténtico genocidio el que Sánchez y sus secuaces deberán pagar algún día.

Y esto ha sido solo el principio, porque después de pandemia sanitaria viene la pandemia económica y este gobierno de trileros y analfabetos llevará a la miseria y al hambre a millones de familias por su desastrosa gestión de la crisis económica, y el 90% de los españoles verá seriamente reducida su renta disponible. Estamos ya camino de una hecatombe económica tipo Venezuela, con las colas del hambre y las bolsas de comida, preludio de las cartillas de racionamiento y donde las clases medias están siendo destrozadas. En conjunto y hasta el 1 de junio, aparte los 95.000 muertos por la crisis sanitaria, se unen 1,1 millones de empleos perdidos, 3,5 millones de personas afectadas por un ERTE, 1,4 millones de autónomos sin actividad, y 100.000 empresas cerradas.

De los 100.000 millones de euros prometidos por Sánchez para ofrecer liquidez a las empresas, solo se han materializado 40.000, y así las cosas la Vicepresidenta económica Calviño, acaba de anunciar que los 140.000 millones de euros que se recibirán de Europa, van a emplearse en la transición ecológica, la conectividad digital o el pacto por la ciencia, algo auténticamente demencial, pero que da idea lo que esta chusma social comunista va a hacer con España. Estos días estamos de luto ( ya era hora ) por las decenas de miles de muertos, excepto el canalla de Iglesias que como hemos visto se alegra, un luto que me recuerda la famosa frase de Ernest Hemigmway sobre nuestra guerra civil: “por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti”.

 

*Catedrático de Economía.


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Economía

¡El gobierno comunista de Pedro Sánchez lo ha conseguido! España no puede pagar las pensiones si Europa no envía dinero

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Pagar la nómina de pensiones se ha convertido este año en un ejercicio de equilibrismo que permita mantener los mínimos soportes que aún sostienen las maltrechas finanzas de la Seguridad Social, que además en 2020 tendrá que hacer frente al pago de las ayudas aprobadas durante estas semanas de confinamiento para mitigar los efectos de la crisis sanitaria en la economía del país. La AIReF sitúa el déficit en el 5% para todo 2020 en el mejor escenario. Se estima un déficit del sistema de la Seguridad Social del 3,4%, dejando el déficit del SEPE en un 1,5%, ya que el SEPE es el que se encarga de las cotizaciones de desempleados. De este modo, el Gobierno se verá empujado a pedir ayuda a la Unión Europea para poder pagar las pensiones en los próximos meses y en 2021. El desbordamiento del déficit de la Seguridad Social en torno a los 60.000 millones de euros y la caída de las cotizaciones hace que la capacidad financiera del Sistema sea nula sin contribuciones del exterior. Unas inyecciones extra que, tras los dos préstamos concedidos por el Estado con este motivo supone una acumulación de deuda de la Seguridad Social de 99.350 millones de euros.

“De confirmarse estas estimaciones, el déficit contributivo anual, que no se ve afectado por las transferencias del Estado, se situaría en su nivel máximo histórico tanto en términos absolutos -en el entorno de los 30.000 millones de euros- como en términos de PIB, lo que exigirá, además de transferencias del Estado, nuevas operaciones financieras -préstamos con cargo a endeudamiento- y, veremos, si recortes de pensiones, algo descartado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, explica Gregorio Gil de Rozas, Head of Retirement Spain Willis en Towers Watson.

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Ello, explica el experto, supone que España tendrá que solicitar ayuda financiera a la UE y, teniendo en cuenta la magnitud del déficit del Estado y el alto nivel de endeudamiento, la propia UE pondrá ciertas condiciones, más o menos exigentes, para poder acceder a ella. Cuando ha ocurrido esto en anteriores ocasiones (Grecia, Irlanda y Portugal), la UE ha exigido una reducción del sistema de protección social, principalmente de las pensiones, porque es la partida que más gasto absorbe.

“Este año es posible que no llegue a haber recortes porque podamos seguir manejando la situación. Sin embargo, el próximo año es casi seguro que si la situación no mejora mucho haya que hacer algún recorte“, asegura el profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Enrique Devesa. Así, calibra que se podría recortar una parte de las pagas extras de las pensiones, aunque no en el mismo porcentaje en todas las pensiones ya que sería más elevado en las pensiones altas y nulo o muy pequeño en las pensión más bajas. “Es muy difícil hablar de un porcentaje, porque habrá que esperar a ver la presión de los mercados y de la UE”, concluye.

Otro de los puntos de análisis apremia a esperar a ver el saldo de la pandemia para adoptar medidas. “Sería un error tomar decisiones mirando al déficit de la Seguridad Social este año, o mientras estemos en mitad de una pandemia. Además, seguramente este año acabemos en deflación y por lo tanto la revalorización de las pensiones será mínima, por no decir cero”, argumenta el subdirector de Fedea y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la UCM, José Ignacio Conde-Ruiz. “Creo que es mejor para todos, que en lugar de hacer fuertes recortes ahora, como por ejemplo hicieron en Grecia y Portugal en la crisis de 2008 eliminando las pagas extras, se hagan las reformas que esta demandando nuestro sistema de pensiones desde hace muchos años. Estas reformas, afectarían muy poco a los actuales jubilados, ya sin margen para adaptarse a los cambios, y afectarían a los trabajadores que se jubilen en el futuro”, señala el profesor.

“Será necesario, en primer lugar, excluir todos los gastos que no sean estrictamente contributivos de la caja de la Seguridad Social, pasándolos a los Presupuestos Generales y acometer una subida proporcional de los impuestos generales”, apunta el economista Javier Santacruz asegurando que una vez que esto se haga, se verá la necesidad de recorte de pensiones.

(El Matinal)


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Economía

El Presidente de la CEOE, Garamendi: “Algunos en este Gobierno no han visto una empresa en su vida”

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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido este viernes en las graves consecuencias que supondría derogar la reforma laboral, tal y como han pactado PSOE, Podemos y Bildu, y cree que «no son conscientes de lo que están hablando, porque en muchos casos algunos no han visto una empresa en su vida».

Garamendi, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, ha advertido de que el pacto del Gobierno con Bildu puede provocar que muchos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se conviertan en EREs ante la incertidumbre generada en el mundo empresarial.

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«Desde el punto de vista del estado de alarma, no era en absoluto necesario firmar este acuerdo y desde el plano económico es una irresponsabilidad total, porque pone en peligro miles de empleos y la confianza en el país y en las empresas españolas», ha afirmado Garamendi, que ha agradecido que por lo menos la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, «una cabeza sensata en el Gobierno», haya defendido que este debate ahora mismo es absurdo.

Sobre el diálogo social, el presidente de la CEOE, que se enteró por los medios de comunicación del acuerdo entre el PSOE, Podemos y Bildu, ha indicado que no ha sido él quien lo ha roto. «Nosotros queremos sentarnos en la mesa para hablar de las cosas del comer, pero no si el de enfrente tiene las cartas marcadas. Unos te dicen de forma cristalina que esto es una reforma total, otros lo contrario y eso crea incertidumbre en el mundo empresarial», ha insistido.

Sobre los argumentos de que la derogación de la reforma laboral estaba en el programa de gobierno, Garmendi cree que «no es el momento de decir esto». «Muchas empresas tenían también en sus programas dar dividendos y no lo van a hacer por las circunstancias», ha precisado.

El líder de la patronal ha recordado que la reforma laboral que se quiere derogar está avalada por la UE y organismos como el FMI, la OCDE o el BCE, y ha afirmado que de este Gobierno ya no le sorprende nada. «Sorprender, sorprender no me ha sorprendido mucho, porque estamos oyendo cosas que nos dejan perplejos, pero es que ésta es muy grave», ha subrayado.

El dirigente empresarial ha advertido de que la crisis económica que se avecina «es brutal» y que después de la pandemia del coronavirus puede llegar otra pandemia «muy gorda», la del hambre.

(E.PRESS)


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