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Sucesos

¿Lo siguiente? EL INDULTO. El PSOE ya piensa en ella para Ministra de Asuntos Sociales: Rebajan de 21 a 13 años de cárcel la condena a una mujer por matar a su marido con una bufanda en Ceuta

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de 21 años y 8 meses a 13 años de cárcel la condena impuesta por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, a la mujer acusada de matar a su marido en marzo de 2019 tras asfixiarlo con una bufanda, ya que considera que la acusada es autora de un delito de homicidio y no de asesinato al no apreciar la alevosía.

Inicialmente, la Audiencia Provincial condenó a la acusada por un delito de asesinato con la atenuante de confesión y la agravante de parentesco y le impuso 21 años y 8 meses de prisión, la privación de la patria potestad respecto de sus tres hijos, y el pago de una indemnización de 93.135,30 euros a cada uno de ellos, pero el TSJA estima parcialmente el recurso de la defensa contra dicha sentencia y rebaja a 13 años la pena de cárcel, manteniendo el resto de pronunciamientos de la sentencia recurrida.

La Audiencia Provincial consideró probado que los hechos tuvieron lugar en Ceuta la mañana del día 26 de marzo de 2019, cuando la condenada, “de forma sorpresiva y aprovechando la débil condición física” de su marido “y que se encontraba sólo en el domicilio común de ambos, de manera que no pudo desplegar una defensa mínimamente efectiva, utilizó una bufanda como un lazo alrededor del cuello del mismo, apretándola sobre dicha parte de su cuerpo para acabar con su vida, terminando por ocasionarle la muerte”.

En este sentido, el TSJA sustituye en su sentencia este párrafo de los hechos probados y considera que, la mañana del día 26 de marzo de 2019, la condenada, “encontrándose a solas con su esposo en el domicilio común de ambos, y aprovechando la débil condición física de éste, con el propósito de acabar con su vida, utilizó una bufanda como lazo alrededor del cuello del mismo, apretándola sobre dicha parte de su cuerpo para producirle la muerte, terminando por ocasionársela”.

La Sala de lo Civil y Penal confirma el resto de hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial, que expone que, después de dar muerte a su pareja, la encausada se dirigió a un guardia civil y le dijo que “creía que había matado a su marido”, tras lo que, a continuación, le dijo a un agente de la Policía Nacional “que había matado a su marido”, todo lo cual tuvo lugar “antes de que se hubiera dado inicio a cualquier investigación al respecto”.

La defensa de la acusada recurrió alegando que la acusada no habría actuado con alevosía, elemento “nuclear” que ha permitido en este caso la aplicación del delito de asesinato, argumento que el TSJA comparte al considerar que, “ni del informe de autopsia de fecha 24 de septiembre de 2019, ni de las actuaciones practicadas ante el tribunal del jurado, ni de los testimonios obrantes, puede deducirse de forma lógica, clara y contundente la afirmación de acometimiento sorpresivo y abusivo por el hecho de coger una bufanda, produciendo presión sobre el cuello de la víctima que finalmente causó la muerte”.

“Del relato fáctico del veredicto en este extremo no puede apreciarse pues la agravante de alevosía”, lo que determina la condena de la acusada por un delito de homicidio y no por un delito de asesinato. El TSJA, no obstante, sí aprecia la agravante de abuso de superioridad, ya que de los hechos declarados probados “sí quedó probada una superioridad medial (la agresora emplea una bufanda a modo de lazo alrededor del cuello sobre persona desarmada) y un objetivo aprovechamiento de las circunstancias del lugar (efectuar los hechos en la vivienda donde nadie podría socorrer a la víctima), unido todo ello a una inferioridad física de la víctima, de 63 años frente a los 42 años de la agresora”.

En orden a la determinación de la pena, el TSJA tiene en cuenta que se trata de un delito de homicidio, penado con entre 10 y 15 años de cárcel, en el que concurren dos agravantes (abuso de superioridad y parentesco) y una atenuante (confesión), lo que le lleva a imponer a la acusada 13 años de prisión, que es la pena prevista para el homicidio en su mitad superior y en una extensión “algo más agravada” a la vista de las circunstancias del caso.

Contra la sentencia del TSJA, dictada el día 3 de mayo, cabe interponer recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

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El estafador millonario: aparecen grafitis con el rostro de un presunto defraudador ucraniano en los muros de Port Adriano

Redacción

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El exclusivo enclave de Port Adriano, en Mallorca, tradicionalmente asociado al lujo, los megayates, el servicio de alto nivel y la máxima discreción, se ha visto inesperadamente situado en el centro de un escándalo internacional. En las últimas semanas, la preocupación se ha extendido entre los vecinos de la zona tras conocerse que allí se estaría ocultando Borys Konovalenko, un ciudadano ucraniano al que tribunales federales de Estados Unidos han declarado responsable en un caso relacionado con una de las mayores tramas internacionales de fraude financiero de los últimos años.

Para una comunidad como la de Mallorca, acostumbrada a un perfil de residentes muy diferente, la presencia de una persona vinculada a una investigación internacional de fraude ha causado una profunda conmoción. En los últimos días han aparecido en carreteras y muros de contención de Port Adriano varios grafitis en blanco y negro con el rostro de Konovalenko. Según el planteamiento del artículo original, mediante esta forma de protesta artistas urbanos y activistas pretenden alertar a los vecinos de que un fugitivo reclamado por la justicia internacional estaría residiendo muy cerca de sus familias.

En Estados Unidos, Konovalenko ya fue declarado responsable en un procedimiento tramitado al amparo de la ley federal RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), diseñada para combatir el crimen organizado, las conspiraciones delictivas y las redes de extorsión. Un tribunal federal de Florida ordenó el pago de aproximadamente 225 millones de dólares en concepto de sanciones e indemnizaciones. Asimismo, se le atribuye la creación de RoFx.net, una plataforma descrita en la investigación como un esquema internacional relacionado con criptomonedas y el mercado Forex, que habría causado pérdidas de entre 57 y 75 millones de dólares a inversores de distintos países. La investigación también sostiene que la red financiera Mayon habría funcionado durante años como una estructura destinada al presunto blanqueo de capitales procedentes de operadores ilegales de juego online en Rusia mediante intermediarios financieros europeos. Según el texto original, la presencia de Konovalenko en España supone un riesgo tanto para la reputación como para la seguridad financiera del país.

Formalmente, Konovalenko se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento de extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a una posible condena de larga duración. Sin embargo, los procedimientos judiciales en España suelen prolongarse durante meses e incluso años, y, según la investigación, el equipo jurídico contratado por Konovalenko está aprovechando todos los recursos y mecanismos procesales disponibles para retrasar al máximo el desenlace del caso.

Lo que más preocupa a vecinos y colectivos ciudadanos no es únicamente el historial que se le atribuye, sino su actividad actual en Mallorca. Según la información disponible, Konovalenko estaría intentando introducir el dinero presuntamente obtenido mediante fraude en el mercado español del lujo. La investigación sostiene que podría recurrir a ciudadanos españoles como testaferros o administradores nominales para reorganizar la titularidad de sus activos. De confirmarse estos extremos, cualquier persona podría verse involucrada, incluso sin ser plenamente consciente, en una presunta trama internacional de blanqueo de capitales, con las consiguientes responsabilidades penales.

Vecinos de Port Adriano reclaman a la Policía Nacional y a las autoridades judiciales una respuesta inmediata y un estricto control sobre los movimientos de Konovalenko mientras continúan los procedimientos abiertos. La aparición espontánea de grafitis en el paseo marítimo constituye, según los residentes, un claro mensaje dirigido a las autoridades: Mallorca no está dispuesta a aceptar en silencio la presencia de una persona reclamada por la justicia internacional.

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