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Economía

Los fabricantes de automóviles alertan del impacto de prohibir la venta de coches de combustión desde 2040

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La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha rechazado “de plano” y ha calificado de “excesiva” la intención del Gobierno de prohibir la venta de vehículos de combustión (diésel, de gasolina, de gas e híbridos) desde el año 2040, como parte del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

La organización señaló que esta medida es excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos y aseguró que supone, en la práctica, ir en contra del principio de neutralidad tecnológica defendido al máximo por la Unión Europea.

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Igualmente, Anfac alertó de que desde el momento de aprobación de dicha ley, esta prohíbe cualquier subvención que favorezca el consumo de combustibles fósiles, lo que supone que solo se podrían incentivar los modelos eléctricos puros, por lo que se desactivan los actuales planes de apoyo al vehículo alternativo, al tiempo que se discrimina una tecnología y eficiente frente a otras.

“La industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico”, subrayó el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Mario Armero, al tiempo que indicó que la transición hacia una movilidad de cero y bajas emisiones tiene que ser “ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico”.

Sin contar con su opinión

Por otro lado, desde la organización criticaron que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha contado con la opinión de las asociaciones del sector ni de los sindicatos para elaborar este proyecto de ley, a pesar de que la relación entre asociaciones y ministerios era de interlocución y colaboración.

Por ello, Anfac indicó que en los próximos días convocará a su Comisión de Estrategia, con el fin de revisar el posible impacto que este marco legislativo puede tener sobre la industria española de la automoción.

Así, destacó que el proyecto de Ley tiene implicaciones económicas, laborales y sociales, “con severos impactos en el tejido industrial español”, puesto que supone encarar una reconversión industrial completa y acelerada de las fábricas nacionales en su conjunto, lo que requiere de medidas de acompañamiento, con inversiones que eviten que las fábricas pierdan competitividad y empleo.

En esta línea, Armero aseguró que no es viable el cumplimiento de los objetivos del Gobierno sin un plan de medidas de acompañamiento, que realmente apueste por una transición industrial en las fábricas españolas y que impulse la venta de estos vehículos de forma masiva.

Por otro lado, Anfac recordó que recientes estudios apuntan que lograr un 25% del mercado del automóvil de vehículos eléctricos podría motivar una reducción del 11% del empleo, una cifra que se elevaría hasta el 18% en caso de que estos modelos coparan el 40% de las ventas.

Según la asociación, el objetivo de descarbonización del Gobierno está “muy por encima” de las exigencias medioambientales de la UE, que negocian una reducción de entre el 30% y el 40% de las emisiones de CO2 para el horizonte 2030.

“Estos anuncios retraen de manera sustancial la compra de automóviles, como ya está pasando en el caso de los motores diésel”, añadió Armero, que alertó de que este efecto puede contagiarse sobre el conjunto de los vehículos de combustión, “paralizando el mercado”.

“Jarro de agua fría”

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, ha calificado de “jarro de agua fría” para el sector la prohibición que planea el Gobierno.

En su intervención durante la primera jornada del XXXIII Encuentro del Sector de Automoción organizado por Iese, celebrada este martes, Pérez criticado las medidas contra el diésel emprendidas desde la administración desde el ‘diéselgate’: “El principal perjudicado es el ciudadano”.

Pérez ha asegurado que el cliente está indignado y desconcertado, y que el ‘diéselgate’ en vez de atacar el problema lo ha extendido en todo el mercado diésel: “Que esto sirva como coartada para una subida impositiva pone en compromiso el sector”.

“No hemos sido capaces de trasladar la indignación absoluta que tiene el cliente que eligió una tecnología primada por los Gobiernos”, ha explicado, en referencia a los clientes que compraron recientemente un coche diésel y los que ahora no saben qué comprar, y que explica el freno de las ventas, en sus palabras.


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Economía

¡El gobierno comunista de Pedro Sánchez lo ha conseguido! España no puede pagar las pensiones si Europa no envía dinero

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Pagar la nómina de pensiones se ha convertido este año en un ejercicio de equilibrismo que permita mantener los mínimos soportes que aún sostienen las maltrechas finanzas de la Seguridad Social, que además en 2020 tendrá que hacer frente al pago de las ayudas aprobadas durante estas semanas de confinamiento para mitigar los efectos de la crisis sanitaria en la economía del país. La AIReF sitúa el déficit en el 5% para todo 2020 en el mejor escenario. Se estima un déficit del sistema de la Seguridad Social del 3,4%, dejando el déficit del SEPE en un 1,5%, ya que el SEPE es el que se encarga de las cotizaciones de desempleados. De este modo, el Gobierno se verá empujado a pedir ayuda a la Unión Europea para poder pagar las pensiones en los próximos meses y en 2021. El desbordamiento del déficit de la Seguridad Social en torno a los 60.000 millones de euros y la caída de las cotizaciones hace que la capacidad financiera del Sistema sea nula sin contribuciones del exterior. Unas inyecciones extra que, tras los dos préstamos concedidos por el Estado con este motivo supone una acumulación de deuda de la Seguridad Social de 99.350 millones de euros.

“De confirmarse estas estimaciones, el déficit contributivo anual, que no se ve afectado por las transferencias del Estado, se situaría en su nivel máximo histórico tanto en términos absolutos -en el entorno de los 30.000 millones de euros- como en términos de PIB, lo que exigirá, además de transferencias del Estado, nuevas operaciones financieras -préstamos con cargo a endeudamiento- y, veremos, si recortes de pensiones, algo descartado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, explica Gregorio Gil de Rozas, Head of Retirement Spain Willis en Towers Watson.

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Ello, explica el experto, supone que España tendrá que solicitar ayuda financiera a la UE y, teniendo en cuenta la magnitud del déficit del Estado y el alto nivel de endeudamiento, la propia UE pondrá ciertas condiciones, más o menos exigentes, para poder acceder a ella. Cuando ha ocurrido esto en anteriores ocasiones (Grecia, Irlanda y Portugal), la UE ha exigido una reducción del sistema de protección social, principalmente de las pensiones, porque es la partida que más gasto absorbe.

“Este año es posible que no llegue a haber recortes porque podamos seguir manejando la situación. Sin embargo, el próximo año es casi seguro que si la situación no mejora mucho haya que hacer algún recorte“, asegura el profesor de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Enrique Devesa. Así, calibra que se podría recortar una parte de las pagas extras de las pensiones, aunque no en el mismo porcentaje en todas las pensiones ya que sería más elevado en las pensiones altas y nulo o muy pequeño en las pensión más bajas. “Es muy difícil hablar de un porcentaje, porque habrá que esperar a ver la presión de los mercados y de la UE”, concluye.

Otro de los puntos de análisis apremia a esperar a ver el saldo de la pandemia para adoptar medidas. “Sería un error tomar decisiones mirando al déficit de la Seguridad Social este año, o mientras estemos en mitad de una pandemia. Además, seguramente este año acabemos en deflación y por lo tanto la revalorización de las pensiones será mínima, por no decir cero”, argumenta el subdirector de Fedea y profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la UCM, José Ignacio Conde-Ruiz. “Creo que es mejor para todos, que en lugar de hacer fuertes recortes ahora, como por ejemplo hicieron en Grecia y Portugal en la crisis de 2008 eliminando las pagas extras, se hagan las reformas que esta demandando nuestro sistema de pensiones desde hace muchos años. Estas reformas, afectarían muy poco a los actuales jubilados, ya sin margen para adaptarse a los cambios, y afectarían a los trabajadores que se jubilen en el futuro”, señala el profesor.

“Será necesario, en primer lugar, excluir todos los gastos que no sean estrictamente contributivos de la caja de la Seguridad Social, pasándolos a los Presupuestos Generales y acometer una subida proporcional de los impuestos generales”, apunta el economista Javier Santacruz asegurando que una vez que esto se haga, se verá la necesidad de recorte de pensiones.

(El Matinal)


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Economía

El Presidente de la CEOE, Garamendi: “Algunos en este Gobierno no han visto una empresa en su vida”

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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha insistido este viernes en las graves consecuencias que supondría derogar la reforma laboral, tal y como han pactado PSOE, Podemos y Bildu, y cree que «no son conscientes de lo que están hablando, porque en muchos casos algunos no han visto una empresa en su vida».

Garamendi, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, ha advertido de que el pacto del Gobierno con Bildu puede provocar que muchos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) se conviertan en EREs ante la incertidumbre generada en el mundo empresarial.

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«Desde el punto de vista del estado de alarma, no era en absoluto necesario firmar este acuerdo y desde el plano económico es una irresponsabilidad total, porque pone en peligro miles de empleos y la confianza en el país y en las empresas españolas», ha afirmado Garamendi, que ha agradecido que por lo menos la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, «una cabeza sensata en el Gobierno», haya defendido que este debate ahora mismo es absurdo.

Sobre el diálogo social, el presidente de la CEOE, que se enteró por los medios de comunicación del acuerdo entre el PSOE, Podemos y Bildu, ha indicado que no ha sido él quien lo ha roto. «Nosotros queremos sentarnos en la mesa para hablar de las cosas del comer, pero no si el de enfrente tiene las cartas marcadas. Unos te dicen de forma cristalina que esto es una reforma total, otros lo contrario y eso crea incertidumbre en el mundo empresarial», ha insistido.

Sobre los argumentos de que la derogación de la reforma laboral estaba en el programa de gobierno, Garmendi cree que «no es el momento de decir esto». «Muchas empresas tenían también en sus programas dar dividendos y no lo van a hacer por las circunstancias», ha precisado.

El líder de la patronal ha recordado que la reforma laboral que se quiere derogar está avalada por la UE y organismos como el FMI, la OCDE o el BCE, y ha afirmado que de este Gobierno ya no le sorprende nada. «Sorprender, sorprender no me ha sorprendido mucho, porque estamos oyendo cosas que nos dejan perplejos, pero es que ésta es muy grave», ha subrayado.

El dirigente empresarial ha advertido de que la crisis económica que se avecina «es brutal» y que después de la pandemia del coronavirus puede llegar otra pandemia «muy gorda», la del hambre.

(E.PRESS)


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Economía

Echenique reafirma que se van a «cargar» la reforma laboral del PP, a pesar del «ruido» y los «editoriales»

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MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) –

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reafirmado este viernes que, a pesar del «ruido» y las «tertulias», se van a «cargar» la reforma laboral del PP, tal y como firmaron en el pacto con EH Bildu a cambio de su abstención en la prórroga del estado de alarma, antes de ser corregido, y como figuraba en el acuerdo programático del Gobierno de coalición.

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Así lo ha afirmado en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, tras la polémica y la nueva discusión que ha generado dentro del Gobierno de coalición, por la rectificación del PSOE, renunciando a la derogación «íntegra», y el rechazo de la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

«La reforma laboral del PP sirve para precarizar los empleos, facilitar el despido y bajar salarios. Hemos acordado que nos la vamos a cargar, lo cual es una gran noticia para millones de trabajadores. Detrás de todo el ruido, los editoriales de PRISA y las tertulias, está esto», ha afirmado.

«PACTA SUNT SERVANDA»

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya avisó este jueves, pocas horas después de la rectificación del PSOE, de que la reforma laboral debe ser derogada al completo y no parcialmente porque así consta en el acuerdo de Gobierno suscrito con el PSOE y en el documento que los socialistas firmaron este miércoles junto a EH Bildu.

«Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga)», afirmó en una entrevista en Catalunya Radio, recogida por Europa Press. «En el acuerdo para la legislatura y para el Gobierno no se habla de derogación parcial, se habla de derogación de la reforma laboral. Eso es un acuerdo de gobierno de coalición. En el pacto que se firma ayer entre los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios ese es el acuerdo. Pacta sunt servanda», reiteró.

Este asunto fue uno de los primeros roces que surgieron en el seno del Gobierno de coalición, a pocos días de haber tomado posesión, a raíz de que la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y después, el propio presidente Pedro Sánchez, afirmaran que se iban a derogar «los aspectos más lesivos de la última reforma laboral del PP».

Ya entonces, Iglesias aseguró en enero que «en el acuerdo está firmado la derogación de la reforma laboral», así como que «al mismo tiempo» se avance en cuestiones de sentido común, con diálogo social.

Posteriormente, en febrero, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, también de Unidas Podemos, afirmó que derogará la reforma laboral, pero que sería «frívola» si dijese que lo va a hacer «de golpe» y «hasta el infinito».

«A la gente hay que decirle la verdad. Vamos a derogar la reforma laboral, ahora bien técnicamente yo mentiría si dijese que puedo eliminar una norma diciendo ‘derogo hasta el infinito’, porque se trata de derogar y legislar», ha apostillado.


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