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Economía

Los transportistas se dejan 25 millones al día por las revueltas de Cataluña

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Las revueltas violentas producidas en Cataluña por la publicación de la sentencia del procés están generando una ingente factura económica para la región. Un impacto que a medio plazo puede frenar al turismo, pero que también afecta a otros sectores. El que se ha llevado el primer golpe de la traca económica que han generado las protestas ha sido el transporte de mercancías: cada día de disturbios el sector se deja 25 millones de euros.

Son los cálculos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). De estos 25 millones, quince proceden del transporte internacional que se deja de realizar y diez del comercio nacional interrumpido por las protestas. «Nos hemos convertido en rehenes de las movilizaciones», explica a este periódico el secretario general de la organización, Juan José Gil.

Los radicales han puesto en el punto de mira de sus protestas las principales infraestructuras de transporte de la región. En los últimos días estos grupos han paralizado el aeropuerto de Barcelona-El Prat, la conexión de alta velocidad entre la Ciudad Condal y Gerona y la autopista de peaje AP-7. Entre todas ellas, es la última la que tiene carácter estratégico para el transporte de mercancías.

Esto se debe a que la AP-7 es, a la altura de La Junquera, el principal paso fronterizo entre España y Francia por carretera. Una «puerta» por la que circulan el 60% de los productos españoles que se exportan a Europa por esta vía. Según Fenadismer, esto se traduce en que cada día más de 20.000 toneladas de productos agrícolas, mercancía general, hidrocarburos y productos siderúrgicos y de construcción cruzan hacia Francia. Esta semana, sin embargo, los 10.000 camiones que normalmente transitan diariamente esta carretera han sido sustituidos por convoyes de radicales independentistas.

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Los transportistas no tienen alternativa a la AP-7. La Generalitat prohibió el año pasado que los camiones circulen por las carreteras nacionales cuando pasen por la región. «Es un problema adicional a las protestas. Los turismos pueden tomar desvíos, pero los transportistas no. Algunos se están arriesgando, pero se enfrentan a multas de hasta 500 euros», explica Gil. Ante esta tesitura, las organizaciones de transportistas han reclamado a la Generalitat que levante temporalmente el veto a los camiones. Además, han remitido cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los Ministerios de Fomento e Interior, para que garanticen el tránsito de la AP-7.

Pese a ello, en el sector son bastante pesimistas respecto a la respuesta del Gobierno. «No es la primera vez que las protestas independentistas bloquean las carreteras. El Ejecutivo nunca toma medidas para evitar que esto suceda», explican fuentes de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que asimismo aseguran que el sector ya se dirigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de que se publicara la sentencia para conocer si tenía «algún plan» para evitar el colapso.

Toda esta situación amenaza con debilitar la demanda exterior, ya que el 80% de las exportaciones españolas hacia Europa viajan por carretera. «Los clientes están empezando a buscar alternativas. No pueden esperar porque muchos de los productos de los que compran a España son perecederos», explican desde Fenadismer.

El ataque impacta sobre un sector que se resistía a la desaceleración. Las exportaciones son el motor económico que estaba ganando peso en el PIB, ante el desplome del consumo interno. Pese al proteccionismo y la guerra comercial, las ventas al exterior crecieron un 2% hasta julio. Si bien a esta misma altura de 2018 aumentaban con más fuerza, un 3,8%, el déficit comercial se ha reducido un 3,6% frente al año pasado.

Repunte exportador

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Todo ello provoca que la demanda exterior aportará este año, según el Gobierno, seis décimas al crecimiento, frente a la aportación negativa de 0,3 puntos del año pasado. Precisamente, Cataluña era, junto a Madrid, la comunidad que más estaba contribuyendo hasta julio a este avance, con 0,7 puntos del crecimiento total y un aumento del 2,8% de sus exportaciones. Una situación positiva para la maltrecha economía catalana que, ante los tumultos independentistas, ahora está en jaque.

Pero no solo el comercio transfronterizo se está viendo afectado por las protestas de los radicales. Los comercios urbanos están quedando desabastecidos por los disturbios violentos que se viven en las últimas horas en las ciudades. Una crisis que puede recrudecerse hoy, cuando está convocada una huelga general para toda Cataluña. El presidente de la patronal logística UNO, Francisco Aranda, califica de «ilegal» esta movilización y advierte de la «incertidumbre» que está generando en la industria catalana. «Nadie sabe cuando recobraremos la normalidad», sentencia.

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Economía

Los fondos económicos más gigantescos del mundo abandonan el “lobby” climático empujados por los agricultores europeos contra la Agenda 2030

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Acción por el clima 100+ —en inglés Climate Action 100+— es un conglomerado de empresas impulsado por la ONU y lanzado oficialmente en diciembre de 2017 durante la Cumbre del Clima de París. Al principio se trataba de un lobby conformado por 100 empresas a nivel mundial, que querían comprometerse de manera oficial a mejorar sus políticas empresariales, de forma que estas fueran sostenibles y no perjudicaran al medio ambiente. Que entre las compañías que formaban parte de Climate Action 100+ se encontraran petroleras o aerolíneas no parecía suponer ningún problema para los profetas del clima, que a veces parecen más interesados en sus campañas de marketing que en el mal llamado cambio climático. En 2019 Climate Action 100+ había crecido hasta contar con más de 360 inversores con más de 340.000 millones de dólares en activos bajo gestión, y en 2022 con más de 700 inversores con un control de activos de más de 680.000 millones.

Tampoco parecía suponer un dilema ético para nadie que BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, participara de forma activa en Acción por el clima 100+. La firma de inversión es propietaria de miles de casas en nuestro país adquiridas a bajo precio después de que fueran embargadas a familias con dificultades económicas durante la crisis financiera, y que ahora explota como alojamientos turísticos, provocando también que se dispare el precio del alquiler en todas las grandes ciudades. Su último movimiento empresarial en España se producía a mitad de enero, cuando anunciaba su intención de comprar el 20% de la eléctrica Naturgy.

Ahora, BlackRock, el gigante bancario JP Morgan Chase, o la gestora Pimco han anunciado que comienzan a desvincularse del lobby climático. En concreto, BlackRock lo anunciaba a través de un comunicado publicado el pasado 2 de febrero en su página web, en el explicaba que a partir de ahora comenzarán una fase de implicación diferente con Acción por el Clima, mientras que otras compañías directamente han abandonado la alianza climática.

Y es que el contexto político actual nada tiene que ver con el de 2017. Igual que algunas empresas que han fomentado políticas extremistas a favor de las mujeres y en detrimento de los hombres, o para acercarse a la comunidad trans, han sufrido daño reputacional y pérdidas económicas, —Disney despidió en 2023 a 7.000 empleados y finalmente a la responsable de diversidad e inclusión, Latondra Newton, tras fiascos como La Sirenita, Lightyear o Mundo Extraño, y Nike y Rip Curl han sufrido recientemente boicots por utilizar a hombres transexuales en sus campañas de ropa de mujer— otras han decidido dar marcha atrás respecto al fanatismo climático. Es lo que se conoce como movimiento anti ESG, que desde 2020 agrupa a activistas de todo el mundo, incluyendo a representantes de empresas y científicos que niegan el cambio climático tal y como lo explican e imponen las grandes corporaciones.

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ESG son las siglas en inglés de Enviromental, Social y Governance, que en español se traducen como factores ambientales, sociales y de buen gobierno. Según explica la consultora Deloitte, el origen de este acrónimo se remonta a los inicios de la década de los 2000 y ha sido el resultado de la evolución de lo que se conocía como Inversión Socialmente Responsable (ISR). Pero va más allá de lo que conocíamos como ISR, ya que tiene un enfoque holístico de todos los procesos de una compañía, permitiendo ver el alcance del impacto que trasciende al negocio.

El movimiento anti ESG no sólo cobra cada vez más fuerza en Estados Unidos a raíz de la más que probable vuelta de Donald Trump al poder en este año electoral —Financial Times alertaba de esta tendencia el pasado diciembre—, sino que en Europa se ha traducido en una revuelta del campo que ha puesto en pie de guerra contra la burocracia europea, la Agenda 2030 y el Pacto Verde a los agricultores y ganaderos de Polonia, Alemania, Francia, Holanda, y en las últimas semanas, España. Al tiempo, empresas que utilizaban las políticas verdes como meras estrategias publicitarias optan por desligarse de este tipo de acciones para no molestar a sus consumidores, lo que FT llamaba «ESG backlash«.

Este mismo jueves, VOX llevaba al Congreso y a los Parlamentos de varias regiones, entre ellas Madrid, una moción contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo que deja a los trabajadores del campo sometidos a una competencia desleal con países extracomunitarios como Marruecos o Sudáfrica, aunque el partido de Santiago Abascal se ha quedado solo defendiendo los intereses del sector primario.

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