La trampa de los impacientes

Hay patriotas que, en su legítimo afán de salvar España, están a punto de entregarla al enemigo por pura incapacidad de entender la arquitectura institucional que heredamos

Hay un fenómeno que debería preocupar a cualquier español que se tome en serio la conservación del orden constitucional: la proliferación de voces que, autodefinidas como patrióticas, tradicionales, católicas o de extrema derecha, dedican sus energías no a combatir al enemigo real —el gobierno de Pedro Sánchez y su proyecto de disolución nacional— sino a vilipendiar a la única institución que, en última instancia, impide que ese proyecto se consume. Hablo del Rey. Y hablo de la insensatez de quienes, desde la comodidad de las redes sociales, exigen al Jefe del Estado que haga lo que la ley le prohíbe, que actúe fuera de la Constitución, que dé un golpe de timón que sería, en realidad, un golpe de gracia a la monarquía misma.

La crítica es siempre la misma, repetida como un mantra por cuentas con banderas españolas en el perfil y fotos de Santiago Abascal en el banner: «El Rey no hace nada». «El Rey se ha sometido a Sánchez». «El Rey es inútil». Y, en las versiones más extremas, insultos que no merecen ser reproducidos, dirigidos contra la figura que, nos guste o no, representa la continuidad histórica de España y el único dique legal contra la proclamación de una Tercera República que sería, en palabras llanas, el fin de España como nación.

Es hora de decirlo con toda la claridad que merece el tema: estos «patriotas» están cometiendo un error estratégico de consecuencias históricas. No solo porque atacan a una institución esencial; sino porque, al hacerlo, juegan el juego del enemigo, le regalan argumentos, le abren brechas por donde infiltrar su discurso republicano, le facilitan la tarea que de otro modo sería imposible: la eliminación de la monarquía parlamentaria y su sustitución por una república de izquierdas que liquidaría, en cuestión de meses, todo rastro de orden constitucional, de separación de poderes, de libertad económica y de identidad nacional.

La jaula constitucional que nosotros construimos

El primer error de quienes exigen al Rey que «haga algo» contra Sánchez es de naturaleza jurídica: ignoran, o prefieren ignorar, que el Rey no puede hacer nada porque nosotros, los españoles, se lo impedimos. La Constitución de 1978, aprobada por el pueblo español en referéndum, estableció una monarquía parlamentaria de tipo europeo, donde el Jefe del Estado tiene poderes eminentemente simbólicos y de arbitraje, pero carece de facultades ejecutivas efectivas. El Rey no gobierna. El Rey no legisla. El Rey no puede, por sí solo, destituir a un presidente del Gobierno que cuenta con mayoría parlamentaria, por traidor que este sea.

Esta no es una traición de la Corona; es el diseño intencionado de un sistema que quiso evitar, tras décadas de dictadura, la concentración de poder en una sola figura. Fue el precio que se pagó por la transición democrática: una monarquía sin poder efectivo, pero con prestigio simbólico, que pudiera ser aceptable para las izquierdas de la época. Felipe VI heredó esta jaula. No la construyó él. Y si hoy no puede intervenir para frenar la deriva destructiva del gobierno socialista, no es por cobardía, ni por complicidad, ni por indiferencia: es porque la ley se lo impide, y porque cualquier extralimitación de su parte sería, no una salvación, un suicidio institucional.

¿Que sería deseable que el Rey tuviera más poderes? Probablemente. ¿Que sería conveniente que la Constitución permitiera al Jefe del Estado intervenir cuando el Gobierno atenta contra la unidad nacional, la soberanía o el orden constitucional mismo? Indudablemente. Pero eso no es lo que hay. Y en política, como en vida, no se actúa sobre lo que se desea, sino sobre lo que existe. Exigir al Rey que haga lo que la Constitución le prohíbe es tan absurdo como exigirle a un preso que se abra la celda con la fuerza de la voluntad: la jaula es real, y sus barrotes fueron forjados por nosotros mismos.

El regalo a las izquierdas

Pero hay un segundo error, aún más grave que el primero, en la retórica de quienes piden al Rey que intervenga como Jefe de las Fuerzas Armadas, que ordene al Ejército que «restaure el orden», que dé un golpe de timón que sería, en rigor, un golpe de Estado: no entender que, si el Rey hiciera eso, estaría regalando a las izquierdas el argumento que más necesitan para acabar con la monarquía.

Imaginemos, por un momento, el escenario que estos impacientes desean. El Rey, ante la traición de Sánchez, apela a su condición de Jefe de las Fuerzas Armadas y ordena al Ejército que intervenga, que disuelva el Gobierno, que convoque elecciones extraordinarias, que restaure la legalidad constitucional violada. ¿Qué ocurriría?

En el mejor de los casos, tendríamos un periodo de incertidumbre institucional, de aislamiento internacional, de sanciones económicas, de condena unánime de la Unión Europea y de la comunidad democrática mundial. En el peor, tendríamos una guerra civil, una insurrección de las izquierdas radicalizadas, una fractura del territorio nacional, la intervención de potencias extranjeras. Y, en cualquier caso, al final del proceso, tendríamos la proclamación de la III República, con el Rey exiliado, la Corona abolida, y una nueva Constitución redactada por quienes han demostrado sobradamente su capacidad para destruir España desde dentro.

Las izquierdas lo saben. Por eso provocan. Por eso empujan. Por eso esperan, con la boca abierta, que el Rey cometa el error que les permitiría, no solo derrotar a la derecha, sino eliminar definitivamente la monarquía y establecer el régimen que realmente desean: una república de izquierdas, centralista o desmembrada según convenga, pero siempre al servicio de la revolución permanente, del clientelismo electoral, de la destrucción de la nación española como entidad histórica.

Y los «patriotas» impacientes, con sus insultos al Rey, con sus exigencias de intervención militar, con sus llamamientos a la insurrección constitucional, están haciendo el juego del enemigo. Están creando el clima, preparando el terreno, forzando la situación que llevaría a la catástrofe. No lo hacen con mala intención; lo hacen por pura ignorancia política, por incapacidad para pensar tres movimientos adelante, por romanticismo revolucionario de salón que nunca ha construido nada ni a nadie.

La amenaza republicana: una catástrofe anunciada

Es necesario ser explícito sobre lo que significaría una III República española, porque hay quienes, incluso entre los patriotas, alimentan la fantasía de que podría ser un régimen decente, moderado, respetuoso con las libertades y la unidad nacional. Nada más alejado de la realidad histórica y de la evidencia contemporánea.

La II República española, que algunos mitifican como un paraíso democrático, fue en realidad un período de violencia creciente, de ilegalización sistemática de la oposición, de persecución religiosa, de ruptura del orden constitucional por parte de quienes debían defenderlo, y de preparación del terreno para una guerra civil que costó un millón de muertos. No fue una democracia liberal; fue una dictadura del proletariado en ciernes, una república de comités, de milicias, de checas, de asesinatos selectivos y de colectivización forzosa. El resultado fue el desastre nacional absoluto.

Las repúblicas contemporáneas de tipo francés o latinoamericano no ofrecen un modelo más tranquilizador. Son regímenes de partidos, de corrupción institucionalizada, de debilitamiento de la separación de poderes, de sometimiento de la judicatura al ejecutivo, de imposibilidad de corregir errores mediante la alternancia real. En Francia, la República ha demostrado ser incapaz de integrar a sus minorías, de defender sus fronteras, de mantener su identidad cultural frente al islamismo radical. En América Latina, las repúblicas han oscilado entre el caos populista y la dictadura militar, con escasos ejemplos de estabilidad democrática.

Una III República española, proclamada en las circunstancias actuales, no sería una democracia parlamentaria tipo Alemania. Sería una república de izquierdas, dominada por el PSOE, Sumar, los nacionalistas periféricos y los movimientos populistas que emergen de la radicalización de la sociedad. Sería un régimen de ruptura, de venganza contra la derecha, de eliminación de la monarquía y de todo lo que esta representa, de reforma constitucional unilateral, de desmembración territorial encubierta, de sumisión a los mandatos de Bruselas y de las élites globalistas. Sería, en suma, el fin de España como nación.

Y los patriotas que hoy insultan al Rey, que exigen su intervención constitucionalmente imposible, que le reprochan su inacción frente a Sánchez, están jugando con fuego. No entienden que el Rey, precisamente por su inacción institucional, por su sumisión a la Constitución que heredó, por su respeto a los límites que nosotros le impusimos, es la única figura que impide que esa catástrofe republicana se produzca. El Rey no es el problema; es la única solución institucional que nos queda.

El pragmatismo monárquico: por España, no por los Borbones

Alerta Nacional ha mantenido siempre, y mantiene hoy, una posición favorable a la monarquía. Pero no por romanticismo dinástico, no por veneración a los Borbones como familia, no por fe ciega en la figura del Rey como encarnación de la nación. Nuestra posición es pragmática, realista, fría como el análisis político debe serlo: defendemos la monarquía porque es el único dique institucional contra la república, y porque la república, en las circunstancias actuales de España, sería un desastre nacional irreparable.

No nos interesa la persona del Rey, sino la institución. No nos interesa la genealogía, sino la función. No nos interesa el palacio, sino el baluarte. Y el Rey, hoy por hoy, es el único baluarte que impide que el enemigo —el gobierno de Sánchez, sus socios separatistas, sus aliados en Bruselas, sus mentores en la izquierda globalista— consume su proyecto de destrucción nacional. Sin el Rey, la transición a la república sería inmediata. Y con la república, la destrucción de España sería inminente.

Esto es lo que los patriotas impacientes deben entender, y lo que este artículo intenta explicarles con la dureza que merece el tema: el Rey no es un obstáculo para la salvación de España; es la condición de posibilidad de que esa salvación pueda producirse por vías constitucionales. Si el Rey cae, si la monarquía es abolida, si se proclama la III República, no habrá ya mecanismo institucional capaz de frenar la deriva destructiva. No habrá figura neutral, por encima de la política partidista, que pueda representar la unidad nacional. No habrá símbolo de continuidad histórica que impida la ruptura radical con el pasado. No habrá, en suma, España.

Conclusión: La responsabilidad de los patriotas

Es hora de que los patriotas españoles asuman su responsabilidad histórica. No la responsabilidad de exigir al Rey que haga lo imposible, que viole la Constitución, que se suicide institucionalmente para satisfacer nuestra impaciencia. La responsabilidad de entender la arquitectura política en la que vivimos, de aceptar sus limitaciones, de trabajar dentro de ella para cambiarla si es posible, o para resistir si no lo es.

El enemigo es Sánchez, y su gobierno, y su proyecto de disolución nacional. No el Rey. El Rey es, hoy por hoy, el único aliado institucional que nos queda, por débil que sea, por limitado que esté, por constitucionalmente atado que se encuentre. Atacarle, insultarle, exigirle lo que no puede dar, es un error estratégico de consecuencias impredecibles. Es, en rigor, un acto de traición a la causa que decimos defender.

Si queremos salvar a España de la catástrofe republicana, debemos empezar por salvar a la monarquía de nuestra propia impaciencia destructiva. Debemos entender que el Rey no es un dios todopoderoso, sino una institución limitada, heredada de un compromiso histórico que nosotros no hicimos pero del que nosotros somos herederos. Debemos aceptar que su utilidad no reside en lo que puede hacer, sino en lo que impide que otros hagan: la proclamación de la III República, la destrucción de la nación, el fin de España.

Los patriotas de verdad no insultan al Rey. Los patriotas de verdad entienden la realidad política y actúan en consecuencia. Trabajan para fortalecer las instituciones conservadoras, para ganar elecciones, para cambiar leyes, para educar a las nuevas generaciones en el amor a la patria. No esperan salvadores que violen la legalidad para salvarlos de sus propios errores. No exigen al Jefe del Estado que haga lo que la ley le prohíbe. No juegan, por impaciencia o ignorancia, el juego del enemigo.

El Rey no puede hacer nada. Y en esa incapacidad constitucional reside, paradójicamente, nuestra única esperanza de que algo pueda salvarse. Entender esta paradoja es la primera condición para ser patriotas adultos, responsables, capaces de construir en lugar de destruir. España no necesita impacientes que insultan al Rey; necesita ciudadanos que entienden la realidad y trabajan dentro de ella para cambiarla. El resto es ruido, y el ruido favorece siempre al enemigo.