Opinión
El coronel de La Legión Enrique de Vivero acusa al Gobierno de engañar a los españoles con el número de muertos por el coronavirus
Published
4 años agoon
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Redacción
Enrique de Vivero Fernández.-
Ayer 21 de junio el Gobierno ha dado por finalizado el llamado estado de alarma, que todos en España sabíamos que era un estado de excepción. Todos menos el Gobierno que mentía y sigue mintiendo.
El presidente Sánchez aprobó el Real Decreto que aprobaba el estado de alarma el 14 de marzo.
Aquella fecha queda muy lejos en nuestras mentes, muchos prefieren olvidar todo lo pasado, otros no han tenido esa suerte y ya no pueden olvidar. Me refiero a nuestros seres queridos que han fallecido, aquellos que el Gobierno ha escondido machaconamente en su engañoso recuento, con la disculpa de eso que se ha dado en llamar «limpiar la serie histórica».
Para el Gobierno social-comunista, limpiar la serie histórica quiere decir esconder el número de fallecidos, no comparecer a dar los datos y no aumentar los muertos aún cuando las comunidades autónomas comunicasen nuevos decesos. Durante más de una semana ha tenido el Gobierno congelado el número de fallecidos; de tal magnitud ha sido el engaño que cuando compareció el Fernando Simón a dar los datos actualizados, tuvo que incrementar el número de muertos en 1.200 personas. En un día ejecutó nuestro director del CCAES a 1.200 personas para poner los fallecidos al día.
Esta maniobra debió ser para compensar el número de resucitados que consiguió el Gobierno que saliesen de las tumbas hace poco más de un mes, al ofrecer las comunidades autónomas cifras superiores a las del Gobierno Central.
El Gobierno ha estado pidiendo durante el Estado de Alarma que no se hiciesen críticas y que todos, partidos políticos y ciudadanos, arrimasen el hombro. La finalidad era intentar ocultar su desastrosa gestión del COVID -19.
Es hora de que el Gobierno reconozca sus errores, que haga autocrítica, que no se esconda tras la manida frase de que «no es el momento de criticar». Es hora de que den explicaciones de todas sus acciones y omisiones.
Los engaños del Gobierno comienzan cuando en un informe elaborado por el CCAES, fechado el 10 de febrero, reconoce que ya el 31 de diciembre de 2019, el COVID circulaba libremente por Wuhan (China).
El 30 de enero, la OMS declaraba el COVID como emergencia de salud pública. Este mismo organismo aconsejaba el 3 de febrero que se hiciera acopio de material sanitario, al igual que hizo la UE el 13 de febrero. Pues a pesar de todos estos avisos, nuestro Gobierno permaneció inactivo y no tomó medida alguna.
Recordemos que entre el 2 y el 8 de marzo se producen en España 16 fallecimientos y ya había miles de contagiados, no reconocidos por el Gobierno. La fecha del 8-M era sagrada para el Gobierno, ya que las macromanifestaciones programadas para ese día tenían que celebrarse sí o sí.
Ha quedado acreditado por múltiples informes médicos que las manifestaciones del 8-M fueron determinantes en el grado de propagación del COVID. De las representantes feministas en la manifestación de Madrid ya hemos conocido a las más significativas que se han contagiado y con casos de fallecimiento en su primera fila de manifestación. Recordemos: la vicepresidenta Calvo, la ministra Irene Montero, la esposa del presidente del Gobierno y un número indeterminado de mujeres, cuyos datos se han intentado ocultar, que contrajeron el virus en la manifestación feminista.
Es hora de que el Gobierno empiece a hacer las previsiones de acumulación de material sanitario que no había realizado. Es hora de que el Gobierno deje de manipular los contratos de compra de material para supuestamente favorecer a empresas sospechosamente con intereses espurios.
El Gobierno nos ha tenido amordazados y atemorizados durante más de tres meses. Recordemos que la declaración del Estado de Alarma está recurrida y admitida a trámite ante el Constitucional, y que aunque conocemos la forma de actuar de este tribunal, al Gobierno le va a ser muy difícil soslayar este asunto.
Otro grano que le ha salido al Gobierno, y en este caso se trata de un grano purulento, son las múltiples denuncias que se han presentado en los juzgados por las supuestas órdenes, ya confirmadas por documentos y declaraciones de médicos, que fueron dadas a las comunidades autónomas sobre el tratamiento que se debía dar a los ancianos en las residencias de mayores. El tratamiento consistía que cuando se detectaba el COVID en una persona de más de 70 años, la orden era no ingresarla en un hospital, sino aislarla en la residencia en una habitación, a ser posible bien ventilada.
No se les proporcionaba a las residencias ningún tratamiento para combatir el virus salvo el paracetamol y la buena disposición del personal de las residencias. Con este tratamiento aconsejado por las autoridades sanitarias hemos llegado a una cifra de más de 20.000 ancianos fallecidos, la mayoría en residencias dados los contagios que se producían en las mismas sin tratamiento y sin comprobación de padecer el COVID 19.
Países como Japón, Alemania y Corea del Sur han combatido eficazmente esta pandemia porque han realizado controles con test del COVID a cualquier persona sospechosa de padecerlo. El caso de Japón nos tiene que hacer pensar en que las cosas no se hicieron bien por parte del Gobierno español desde el principio.
Japón es el país con mayor población superior a los 65 años en el mundo y tiene una altísima densidad poblacional debido a su pequeña extensión territorial. España es el segundo país del mundo con una mayor población anciana, nuestro Gobierno se ha excusado en la existencia muchas personas mayores de 70 años y esta ha sido la causa de las muertes en residencias.
Japón ha demostrado que se puede disminuir enormemente la tasa de mortalidad de los ancianos haciendo las cosas bien, no como se han hecho en España. Desde el principio, el país nipón se preocupó de localizar los brotes, es decir, las personas susceptibles de infectar a otras fueron aisladas tras serles efectuadas las pruebas.
El director del Instituto de Salud de la Población de la Universidad King´s College de Londres, Kenji Shibuya, explicó muy claramente cuál había sido la receta japonesa: «La única forma de enfrentar cualquier pandemia es hacer test y aislar a los contagiados, muchos países no han hecho caso».
El uso de las mascarillas es otra de las medidas que desde el principio se puso en práctica. En España, por el contrario, el Ministerio de Sanidad estuvo desaconsejando el uso de las mismas, con distintas opiniones según el día y la persona que realizase las declaraciones.
Con estas medidas y un magnífico sistema sanitario, Japón tenía el 25 de mayo 1.193 casos confirmados y 43 fallecidos, mientras que en España teníamos por esas fechas 47.000 casos y 3.400 víctimas reconocidas por el Gobierno, aunque ya sabemos que han sido muchas más.
Japón, al igual que Corea del Sur y Alemania, logró ralentizar la propagación del virus y evitar así el colapso del sistema sanitario, todo esto sin parar el país. El sistema sanitario japonés, uno de los mejores del mundo, cuenta con 13 camas por cada 1.000 habitantes, Alemania cuenta con 8 camas por 1.000 habitantes, Italia con 3,2 camas por 1.000 habitantes y España apenas llega a tres camas por 1.000 habitantes.
Está claro que no tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Gastamos mucho dinero en otras actividades que no tienen nada que ver con la atención sanitaria, tenemos gastos superfluos que detraen recursos que pueden dedicarse al bienestar sanitario.
Hay que apuntar que Japón cuenta con un considerable flujo de turistas procedentes de China. 925.000 chinos viajaron en enero a Japón como turistas. A pesar de este dato, los resultados de Japón han sido excelentes.
Por otra parte, Alemania, según datos del Instituto Koch, tiene una capacidad para realizar 160.000 exámenes de diagnóstico a la semana, Corea del Sur ha realizado 70.000 pruebas cada semana, en Italia a final de marzo se habían realizado 150.000 test, mientras que en España no llegábamos a las 30.000 pruebas por esas fechas.
Una de las claves del éxito de estos países ha sido que se realizaban pruebas a cualquier persona que tuviese síntomas compatibles con el COVID o que hubiese tenido contacto con enfermos del virus. Con estas medidas lograron controlar los contagios y posteriormente se aislaban, con lo que la actividad económica no se ha visto afectada como en España.
La política sanitaria para el tratamiento del COVID ordenada por el Ministerio de Sanidad era la de restringir la realización de los test solo a las personas que experimentasen algunos síntomas, tales como fiebre, tos…
A muchas personas personas que habían estado en contacto con algún contagiado contrastado, si no presentaban todos los síntomas, se les ordenaba aislarse en sus casas. Como vemos, el Gobierno ha empleado la política del avestruz, no queriendo conocer el número de contagiados y fallecidos en las residencias de mayores.
A nuestro Gobierno le gusta recordar, a través de sus medios de comunicación leales, que son casi todos, ya que están debidamente engrasados con dinero público, que en EE.UU se han registrado más de 120.000 muertos, que Brasil supera los 50.000 fallecidos y que incluso Reino Unido e Italia tienen más víctimas mortales que España. Como se diría en español castizo: «mal de muchos, consuelo de tontos».
El asunto es más grave, ya que no se nos debe olvidar que en Estados Unidos viven más de 330 millones de personas, que Brasil cuenta con una población de más de 200 millones y que en cambio en España sobrepasamos por muy poco los 47 millones. Por eso la comparación en el número de fallecidos debe hacerse por cada 100.000 habitantes.
Aquí es donde aparece el problema que el Gobierno quiere ocultar. Bélgica está a la cabeza con 84 fallecidos por 100.000 habitantes; a continuación aparece Reino Unido, con 64 fallecidos por 100.000 habitantes y seguidamente España, con 61 fallecidos por 100.000 habitantes.
Estados Unidos y Brasil quedan muy atrás en este baremo, con 37 y 24 fallecidos por 100.000 habitantes, respectivamente. La reiteración con la que el Gobierno y la izquierda española presentan a Trump y Bolsonaro como malos gobernantes, es enfermizo. Tanto uno como otro han sido elegidos en sus países por mayoría absoluta, cosa que el señor Sánchez está muy lejos de conseguir en España, a pesar de la labor del CIS de José Félix Tezanos, que pretende crear opinión a través de unos sondeos mensuales costeados con fondos públicos que podrían emplearse en mejorar la sanidad y no intentar convencernos de lo bien que ha gestionado Sánchez el COVID, lo que nadie se ha creído.
Como vemos al comparar datos, se demuestra que la gestión del Ejecutivo español ha sido nefasta, por su imprevisión, por los errores en las medidas adoptadas, por los más de mil millones de euros despilfarrados en compras de material sanitario que supuestamente han servido para beneficiar a empresas sin ninguna experiencia en la materia y supuestamente relacionadas con personas vinculadas al Ministerio de Sanidad.
Por todo esto y para saber la verdad de lo sucedido en España en estos tres meses es necesario que el Gobierno haga autocrítica y se olvide del mantra de su eficaz gestión. Los partidos políticos de la oposición y los medios de comunicación deberían insistir en aclarar todo lo relacionado con el COVID, saber de verdad cuantos fallecido hemos tenido, y aclarar las sospechas que hay sobre las compras efectuadas por el Gobierno.
Mi confianza en que los partidos políticos hagan algo es muy escasa, por no decir nula, ya que están sujetos a lo que digan los sondeos, si les favorece o no el insistir en este asunto.
Mi desconfianza es aún mayor en los medios de comunicación, ya que los gigantes de la comunicación en España reciben cuantiosas subvenciones del gobierno, además de contar con el suculento pastel de la publicidad institucional. Únicamente se puede esperar algo de los medios digitales que son independientes, como es el caso de Alerta Digital.
*Enrique de Vivero fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla.
Opinión
“La banda De Los Tres” encabezará los resultados de las elecciones en el Emirato Islámico de Cataluña. Por Ernesto Milá
Published
2 días agoon
09/05/2024By
Ernesto Milá
El resultado de las elecciones catalanas, ni va a ser una sorpresa, ni va a resolver nada. Ninguna encuesta duda de que, por este orden PSC, ERC y Junts, quedarán en cabeza y todo el misterio se centra en el número de votos que obtendrá la derecha liberal del PP, la derecha nacional de Vox y los independentistas antiinmigracionistas de Aliança Catalana. Lo que le apetecería al PSC es obtener una -dificil- mayoría absoluta y poder evitar el amargo trance de pactar con ERC (lo que le pide al cuerpo el alma del PSC) o pactar con Junts (lo que le va a exigir Sánchez). Pero, si alguien cree que, con Illa en el sillón del Poncio de turno, se va a resolver algo, se equivoca.
El diálogo de sordos proseguirá, atenuado eso sí por el rumor de los euros pasando de las arcas públicas a los partidos de gobierno. Pero, en medio de ese rumor y, especialmente para contentar su clientela, ERC pedirá el referéndum y la recaudación total de impuestos por parte de la gencat y Junts, odiando a ERC, pedirá lo mismo, además de enfatizar ligeramente más la amnistía. A lo que el PSC responderá con su opción “federalista”. Sabiendo todos que, en caso de referéndum el No a la independencia se impondrá y que el federalismo es una coña inviable mientras el PP no se sume al carro. Y eso será todo. Cuatro años más a practicar el antiguo arte de medrar a costa de la política.
Obviamente, los tres partidos que aspiran a disfrutar para ellos los beneficios del poder -y que, en realidad, son los que vienen monopolizándolos desde hace más de 40 años- prefieren asumir esos temas “fundamentalistas” (“amnistía”, “referéndum”, “libertades”, “autonomía”), antes que reconocer que las cosas, en Cataluña, van de mal en peor.
Cataluña ya no es motor de casi nada, salvo, ex aequo con Andalucía, capital del paro en España, especialmente del paro juvenil. De las diez mayores empresas que tenían su domicilio fiscal en Barcelona hace diez años, solo quedan dos. Como Sánchez no habilite un ukase para multar a las empresas que se fueron y que se niegan a volver, Cataluña puede convertirse en un erial industrial a la vuelta de diez años.
Lo más gracioso de esta campaña electoral es que ninguno de los grandes partidos ha hablado de dos elementos urgentes para revitalizar la sociedad catalana: el descenso de impuestos y la contención del gasto público de la gencat. Y tiene gracia porque, ERC ha proclamado de forma teatral que quiere “el concierto”, esto es, la recaudación del 100% de tributos por parte de la gencat, nunca de la reducción de las cargas fiscales (que, en Cataluña, incluso, son mayores que en otras regiones de España). Que al ciudadano lo van a atracar fiscalmente es algo que se evita reconocer y que nadie discute. La propuesta de ERC implica que el ciudadano será atracado por una institución catalana, pero no por una estatal. Y habrá quien les vote a pesar de la desfachatez.
¿Illa en el gobierno? Ya vimos lo que dio de sí al frente del ministerio de sanidad durante la pandemia. Y veremos si su gestión no acaba en los tribunales por la frivolidad en contratar solo mascarillas de la “trama Koldo” que ni siquiera servían para cumplir su función. Sin olvidar las medidas absurdas que impulsó durante aquellos meses (ir a la playa con mascarilla, promover la vacunación ignorándolo todo sobre los efectos) y poner cara de monolito tristón en el Senado cuando se le preguntó por el asunto de las mascarillas. Para colmo, ni siquiera se había vacunado… y lo dice ahora, resaltando que “nadie obligó” a vacunarse. Mentira: porque si se obligó, a mí por ejemplo, para salir de España; a mis hijos obligados por las empresas en las que trabajan. Pero ¿qué más da otra mentirijilla para un pueblo lo suficientemente desmemoriado como para no recordar lo que ocurrió anteayer?
Illa gobernará con quien prometa más estabilidad a Sánchez. El ex ministro de sanidad carece de carácter y personalidad política para decir “no” a Sánchez, o a Aragonés, o a Puigdemont… Si llega a la presidencia de la gencat será a Sánchez a quien consultará cualquier decisión. Incluso, en un gobierno de coalición hará lo que sus socios -indepes- quieran que haga. Ya lo vimos con Maragall -enfermo, eso sí- que terminó compitiendo con sus socios de ERC en quien ponía más alto el techo del “nou estatut”…
Quien si se la juega es Puigdemont. No puede descartarse un golpe de última hora que acapare las primeras páginas de la actualidad (un regreso en próximo jueves o viernes, o incluso en la “jornada de reflexión”). Para Puigdemont -un don nadie hijo y nieto de pasteleros al que el negocio familiar sería su único medio de vida de no haberse dedicado a vivir de la política, a la vista de su “historial académico”- quedar el primer es la única opción: ¿lo veis como “conseller” en un gobierno presidido por Illa? ¿lo veis como “cap de la oposición”? ¿y si falla todo el montaje de la amnistía? Pasar un día en Can Brians le produce tanto insomnio como quedar el tercero. Ya vimos lo que era capaz de hacer cuando fue “el molt honorable presidente”. Lo voy a recordar: conseguir que el nombre de Cataluña cayera en el ridículo mundial después de estar años creando “comisiones de desenganche”, pagando a eminencias grises -o presuntas tales- para que elaboraran un “proyecto de constitución catalana”, todo ello antes de conocer siquiera si se celebraría el referéndum, con el añadido, de proclamar la “república catalana” pero… dejarla en suspenso 15 segundos después. Ese es Puigdemont.
Ahora bien, la candidatura de Junts puede verse afectada por la concurrencia de Alliança Catalana: repite todo lo que dice Junts, pero… añade lo que Junts oculta: que la inmigración en Cataluña está descontrolada, la delincuencia se ha disparado en el último año -especialmente los delitos “graves” que no pueden ocultarse- y que cada vez hay más violencia en calles y barrios. Justo en la diana.
Desde los tiempos de Pujol, ayer a CDC y hoy a Junts, le tiene absolutamente al fresco quién delinque y cuánto se delinque. Con que tengan un certificado B de catalán, ya hay suficiente. De ahí que Junts omita el tema y evite que en sus listas la presencia de musulmanes. Conoce el riesgo. Calla sobre la inmigración, pero no admite apellidos inmigrantes en sus listas… Ahí está el nicho que Aliança Catalana pretende legítimamente ocupar.
Quien, en cambio, aspira, desde los tiempos de Carod Rovira, a incorporar a la inmigración musulmana es ERC como base electoral. Carod ya aludió -en su infinita ignorancia sobre la religión a un “Islam catalá”, desconociendo que la patria de un musulmán piadoso es la “umma”, la comunidad islámica unida por el credo religioso y que habla, no en catalán, sino en la lengua sagrada en la que Mahoma escribió el Corán. ERC, cree poder atraer el “voto islámico” incluyendo a siete candidatos en sus listas por Barcelona y Gerona (de los que pueden salir entre dos o tres). Su actitud ante la inmigración es exactamente igual a la del PSC: “¿inmigrantes? Cuantos más, mejor; pero, eso sí, con el certificado B de catalán”.
En realidad, el gran problema de Cataluña es la islamización creciente, unido a la caída en picado de las familias con cuatro y con dos apellidos catalanes. A pesar de que no puede establecerse una ley matemática segura, lo mas probable y lo que nadie duda con observar las calles y los colegios en Cataluña es que en 20 ó 30 años como máximo, los musulmanes no serán una “minoría”, sino que -como está empezando a pasar en el Reino Unido, después de las elecciones municipales del sábado pasado- los islamistas presenten candidaturas propias allí donde sean mayoría y proclamen la “sharia”.
Por eso, no hay que fijarse tanto en quién quedará en cabeza, ni siquiera en qué orden, ni quién gobernará: sabemos que, gobierne quien gobierno, seguirá la misma línea de los últimos gobiernos, nada, absolutamente nada, cambiará. Pero estas elecciones van a servir para medir el “estado de cabreo” de la sociedad catalana. La pista que nos ayudará a establecer el diagnóstico va a ser el resultado que obtengan las tres candidatura claramente antiinmigracionistas: Vox (que está realizando una muy buena campaña, con actos en los que ha logrado movilizar a poblaciones consideradas como “hostiles”), Alliança Catalana (que puede obtener escaño en Gerona) y el Frente Obrero (que nos dirá cuántos electores de izquierdas están hasta los mismísimos de la inmigración masiva).
Porque el gran problema que va a afrontar Cataluña en los próximos años, no es “referéndum sí” o “referéndum no” (aunque se celebrara, los sondeos indican que el apoyo social al independentismo ha ido cayendo más y más en los últimos cuatro años), sino la islamización de la sociedad catalana. Y, por extensión, la inmigración masiva.
¿Y el PP? Aumentará, sin duda, pero la cuestión es cuánto y nunca será suficiente para ser algo significativo en Cataluña. Su discurso actual es excesivamente grisáceo, aspira a ocupar el espacio que ocupó Ciutadans hace dos legislaturas, sin advertir -la cabeza de Feijóo tampoco lo admite- que en estos últimos años se ha producido una polarización en todo el mundo generada por la ofensiva “progresista” (basada en el “cambio climático”, “los estudios de género”, el “wokismo” y la “inmigración masiva”). Esa ofensiva ha generado la necesidad de una reacción tan fuerte y de la misma intensidad, pero de sentido contrario. Lo que valía hace ocho años, hoy es inútil. Los “centrismos” están muertos y enterrados. En Cataluña, en España y en Europa. El PP se ofrecerá a colaborar con el PSC, en el enésimo error estratégico de Feijóo. Lo normal hubiera sido que las candidaturas de Vox y del PP, incluso los restos de Cs, hubieran pactado un programa y una candidatura común. Pero lo que es lógico para los electores, no lo es para los partidos.
En cuanto al “sorpasso” de Vox al PP que se produjo en las anteriores elecciones, lo más probable es que quede anulado: el PP crecerá por delante Vox. Lo normal, dadas las circunstancias. Pero, al igual que ocurrió en las pasadas elecciones vascas, Vox mantendrá posiciones (e, incluso, es posible que las mejore). Volvemos a repetir que es “lo normal”: la “hora” de Vox sonará en cuanto el PP vuelva al poder y decepcione a los que esperaban unas políticas radicalmente diferentes a las socialistas…
Así que no esperéis nada de las próximas elecciones, solo un indicativo del “estado de cabreo” de la sociedad (que, en cualquier caso, será menos que el “estado de somnolencia inducida” que vive la región).
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