Enrique de Vivero Fernández.-

Ayer 21 de junio el Gobierno ha dado por finalizado el llamado estado de alarma, que todos en España sabíamos que era un estado de excepción. Todos menos el Gobierno que mentía y sigue mintiendo.

El presidente Sánchez aprobó el Real Decreto que aprobaba el estado de alarma el 14 de marzo.

Aquella fecha queda muy lejos en nuestras mentes, muchos prefieren olvidar todo lo pasado, otros no han tenido esa suerte y ya no pueden olvidar. Me refiero a nuestros seres queridos que han fallecido, aquellos que el Gobierno ha escondido machaconamente en su engañoso recuento, con la disculpa de eso que se ha dado en llamar «limpiar la serie histórica».

Para el Gobierno social-comunista, limpiar la serie histórica quiere decir esconder el número de fallecidos, no comparecer a dar los datos y no aumentar los muertos aún cuando las comunidades autónomas comunicasen nuevos decesos. Durante más de una semana ha tenido el Gobierno congelado el número de fallecidos; de tal magnitud ha sido el engaño que cuando compareció el Fernando Simón a dar los datos actualizados, tuvo que incrementar el número de muertos en 1.200 personas. En un día ejecutó nuestro director del CCAES a 1.200 personas para poner los fallecidos al día.

Esta maniobra debió ser para compensar el número de resucitados que consiguió el Gobierno que saliesen de las tumbas hace poco más de un mes, al ofrecer las comunidades autónomas cifras superiores a las del Gobierno Central.

El Gobierno ha estado pidiendo durante el Estado de Alarma que no se hiciesen críticas y que todos, partidos políticos y ciudadanos, arrimasen el hombro. La finalidad era intentar ocultar su desastrosa gestión del COVID -19.

Es hora de que el Gobierno reconozca sus errores, que haga autocrítica, que no se esconda tras la manida frase de que «no es el momento de criticar». Es hora de que den explicaciones de todas sus acciones y omisiones.

Los engaños del Gobierno comienzan cuando en un informe elaborado por el CCAES, fechado el 10 de febrero, reconoce que ya el 31 de diciembre de 2019, el COVID circulaba libremente por Wuhan (China).

El 30 de enero, la OMS declaraba el COVID como emergencia de salud pública. Este mismo organismo aconsejaba el 3 de febrero que se hiciera acopio de material sanitario, al igual que hizo la UE el 13 de febrero. Pues a pesar de todos estos avisos, nuestro Gobierno permaneció inactivo y no tomó medida alguna.

Recordemos que entre el 2 y el 8 de marzo se producen en España 16 fallecimientos y ya había miles de contagiados, no reconocidos por el Gobierno. La fecha del 8-M era sagrada para el Gobierno, ya que las macromanifestaciones programadas para ese día tenían que celebrarse sí o sí.

Ha quedado acreditado por múltiples informes médicos que las manifestaciones del 8-M fueron determinantes en el grado de propagación del COVID. De las representantes feministas en la manifestación de Madrid ya hemos conocido a las más significativas que se han contagiado y con casos de fallecimiento en su primera fila de manifestación. Recordemos: la vicepresidenta Calvo, la ministra Irene Montero, la esposa del presidente del Gobierno y un número indeterminado de mujeres, cuyos datos se han intentado ocultar, que contrajeron el virus en la manifestación feminista.

Es hora de que el Gobierno empiece a hacer las previsiones de acumulación de material sanitario que no había realizado. Es hora de que el Gobierno deje de manipular los contratos de compra de material para supuestamente favorecer a empresas sospechosamente con intereses espurios.

El Gobierno nos ha tenido amordazados y atemorizados durante más de tres meses. Recordemos que la declaración del Estado de Alarma está recurrida y admitida a trámite ante el Constitucional, y que aunque conocemos la forma de actuar de este tribunal, al Gobierno le va a ser muy difícil soslayar este asunto.

Otro grano que le ha salido al Gobierno, y en este caso se trata de un grano purulento, son las múltiples denuncias que se han presentado en los juzgados por las supuestas órdenes, ya confirmadas por documentos y declaraciones de médicos, que fueron dadas a las comunidades autónomas sobre el tratamiento que se debía dar a los ancianos en las residencias de mayores. El tratamiento consistía que cuando se detectaba el COVID en una persona de más de 70 años, la orden era no ingresarla en un hospital, sino aislarla en la residencia en una habitación, a ser posible bien ventilada.

No se les proporcionaba a las residencias ningún tratamiento para combatir el virus salvo el paracetamol y la buena disposición del personal de las residencias. Con este tratamiento aconsejado por las autoridades sanitarias hemos llegado a una cifra de más de 20.000 ancianos fallecidos, la mayoría en residencias dados los contagios que se producían en las mismas sin tratamiento y sin comprobación de padecer el COVID 19.

Países como Japón, Alemania y Corea del Sur han combatido eficazmente esta pandemia porque han realizado controles con test del COVID a cualquier persona sospechosa de padecerlo. El caso de Japón nos tiene que hacer pensar en que las cosas no se hicieron bien por parte del Gobierno español desde el principio.

Japón es el país con mayor población superior a los 65 años en el mundo y tiene una altísima densidad poblacional debido a su pequeña extensión territorial. España es el segundo país del mundo con una mayor población anciana, nuestro Gobierno se ha excusado en la existencia muchas personas mayores de 70 años y esta ha sido la causa de las muertes en residencias.

Japón ha demostrado que se puede disminuir enormemente la tasa de mortalidad de los ancianos haciendo las cosas bien, no como se han hecho en España. Desde el principio, el país nipón se preocupó de localizar los brotes, es decir, las personas susceptibles de infectar a otras fueron aisladas tras serles efectuadas las pruebas.

El director del Instituto de Salud de la Población de la Universidad King´s College de Londres, Kenji Shibuya, explicó muy claramente cuál había sido la receta japonesa: «La única forma de enfrentar cualquier pandemia es hacer test y aislar a los contagiados, muchos países no han hecho caso».

El uso de las mascarillas es otra de las medidas que desde el principio se puso en práctica. En España, por el contrario, el Ministerio de Sanidad estuvo desaconsejando el uso de las mismas, con distintas opiniones según el día y la persona que realizase las declaraciones.

Con estas medidas y un magnífico sistema sanitario, Japón tenía el 25 de mayo 1.193 casos confirmados y 43 fallecidos, mientras que en España teníamos por esas fechas 47.000 casos y 3.400 víctimas reconocidas por el Gobierno, aunque ya sabemos que han sido muchas más.

Japón, al igual que Corea del Sur y Alemania, logró ralentizar la propagación del virus y evitar así el colapso del sistema sanitario, todo esto sin parar el país. El sistema sanitario japonés, uno de los mejores del mundo, cuenta con 13 camas por cada 1.000 habitantes, Alemania cuenta con 8 camas por 1.000 habitantes, Italia con 3,2 camas por 1.000 habitantes y España apenas llega a tres camas por 1.000 habitantes.

Está claro que no tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Gastamos mucho dinero en otras actividades que no tienen nada que ver con la atención sanitaria, tenemos gastos superfluos que detraen recursos que pueden dedicarse al bienestar sanitario.

Hay que apuntar que Japón cuenta con un considerable flujo de turistas procedentes de China. 925.000 chinos viajaron en enero a Japón como turistas. A pesar de este dato, los resultados de Japón han sido excelentes.

Por otra parte, Alemania, según datos del Instituto Koch, tiene una capacidad para realizar 160.000 exámenes de diagnóstico a la semana, Corea del Sur ha realizado 70.000 pruebas cada semana, en Italia a final de marzo se habían realizado 150.000 test, mientras que en España no llegábamos a las 30.000 pruebas por esas fechas.

Una de las claves del éxito de estos países ha sido que se realizaban pruebas a cualquier persona que tuviese síntomas compatibles con el COVID o que hubiese tenido contacto con enfermos del virus. Con estas medidas lograron controlar los contagios y posteriormente se aislaban, con lo que la actividad económica no se ha visto afectada como en España.

La política sanitaria para el tratamiento del COVID ordenada por el Ministerio de Sanidad era la de restringir la realización de los test solo a las personas que experimentasen algunos síntomas, tales como fiebre, tos…

A muchas personas personas que habían estado en contacto con algún contagiado contrastado, si no presentaban todos los síntomas, se les ordenaba aislarse en sus casas. Como vemos, el Gobierno ha empleado la política del avestruz, no queriendo conocer el número de contagiados y fallecidos en las residencias de mayores.

A nuestro Gobierno le gusta recordar, a través de sus medios de comunicación leales, que son casi todos, ya que están debidamente engrasados con dinero público, que en EE.UU se han registrado más de 120.000 muertos, que Brasil supera los 50.000 fallecidos y que incluso Reino Unido e Italia tienen más víctimas mortales que España. Como se diría en español castizo: «mal de muchos, consuelo de tontos».

El asunto es más grave, ya que no se nos debe olvidar que en Estados Unidos viven más de 330 millones de personas, que Brasil cuenta con una población de más de 200 millones y que en cambio en España sobrepasamos por muy poco los 47 millones. Por eso la comparación en el número de fallecidos debe hacerse por cada 100.000 habitantes.

Aquí es donde aparece el problema que el Gobierno quiere ocultar. Bélgica está a la cabeza con 84 fallecidos por 100.000 habitantes; a continuación aparece Reino Unido, con 64 fallecidos por 100.000 habitantes y seguidamente España, con 61 fallecidos por 100.000 habitantes.

Estados Unidos y Brasil quedan muy atrás en este baremo, con 37 y 24 fallecidos por 100.000 habitantes, respectivamente. La reiteración con la que el Gobierno y la izquierda española presentan a Trump y Bolsonaro como malos gobernantes, es enfermizo. Tanto uno como otro han sido elegidos en sus países por mayoría absoluta, cosa que el señor Sánchez está muy lejos de conseguir en España, a pesar de la labor del CIS de José Félix Tezanos, que pretende crear opinión a través de unos sondeos mensuales costeados con fondos públicos que podrían emplearse en mejorar la sanidad y no intentar convencernos de lo bien que ha gestionado Sánchez el COVID, lo que nadie se ha creído.

Como vemos al comparar datos, se demuestra que la gestión del Ejecutivo español ha sido nefasta, por su imprevisión, por los errores en las medidas adoptadas, por los más de mil millones de euros despilfarrados en compras de material sanitario que supuestamente han servido para beneficiar a empresas sin ninguna experiencia en la materia y supuestamente relacionadas con personas vinculadas al Ministerio de Sanidad.

Por todo esto y para saber la verdad de lo sucedido en España en estos tres meses es necesario que el Gobierno haga autocrítica y se olvide del mantra de su eficaz gestión. Los partidos políticos de la oposición y los medios de comunicación deberían insistir en aclarar todo lo relacionado con el COVID, saber de verdad cuantos fallecido hemos tenido, y aclarar las sospechas que hay sobre las compras efectuadas por el Gobierno.

Mi confianza en que los partidos políticos hagan algo es muy escasa, por no decir nula, ya que están sujetos a lo que digan los sondeos, si les favorece o no el insistir en este asunto.

Mi desconfianza es aún mayor en los medios de comunicación, ya que los gigantes de la comunicación en España reciben cuantiosas subvenciones del gobierno, además de contar con el suculento pastel de la publicidad institucional. Únicamente se puede esperar algo de los medios digitales que son independientes, como es el caso de Alerta Digital.

*Enrique de Vivero fue coronel jefe del Tercio Gran Capitán I de La Legión, con base en Melilla.