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España

No tires tu voto, tira a Sánchez

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No tires tu voto, tira a Sánchez. Es un tópico conocido que los votos de un soriano son más fuertes que los de un madrileño, y es también en un lugar común culpar de esto a la ley D´Hondt. Pero no es cierto; la auténtica clave está en el número de escaños otorgados a cada circunscripción. Para entender este mecanismo, el vídeo elaborado por Jano García, experto en procesos electorales y graduado en Economía y Comercio Internacional.

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Hace semanas que el Partido Popular tiene marcadas en el mapa casi una treintena de provincias clave para amarrar escaños en las elecciones generales del 28A, pero ahora el rival directo por el voto de la derecha no es únicamente Ciudadanos, sino Vox, y el mensaje de Pablo Casado, es inequívoco: los votos que no se queden en el PP podrían beneficiar no ya a sus competidores, sino al bloque contrario: al PSOE, a Podemos e incluso a Bildu y los independentistas.

Jano García prueba en el video que sí es cierto que existe el voto útil y desglosa provincia a provincia quién puede salir beneficiado y quién perjudicado con el reparto de escaños el próximo domingo.

El sistema electoral en España, basado en un reparto proporcional de escaños conforme a la llamada ley D’Hondt, garantiza una distribución justa de las actas en circunscripciones donde se eligen siete o más escaños, pero favorece a los partidos mayoritarios en las que son más pequeñas.

Es un sesgo en favor de la mayoría, es decir, de los partidos más votados en esa provincia, que no depende tanto de la fórmula como del reducido tamaño del pastel a repartir, es decir, de que la circunscripción reparte pocos escaños a muchos jugadores.

Por lo tanto, el “coste” de cada escaño se encarece y, al aplicarse la fórmula electoral que establece la ley D’Hondt, partidos que rondan el 15% de los votos en una provincia de las que reparten tres, cuatro o cinco escaños pueden quedarse sin ningún representante. Ese es el “voto tirado a la basura”.

Esto hace que sólo partidos con gran implantación territorial, como PP y PSOE, tengan facilidad para conseguir escaños, de forma que votar a partidos como Cs o Vox en algunas circunscripciones (no todas)  implique dividir el voto de la derecha y reducir las posibilidades del partido de Pablo Casado de lograr representación.

En la práctica, es como si las elecciones generales se celebraran en tres Españas diferentes:

1) La de las circunscripciones pequeñas, las que otorgan cinco o menos escaños, que -y no es casualidad, sino un propósito buscado por los constituyentes al construir el sistema democrático en la Transición- además se corresponde con una España demográficamente más rural e históricamente más conservadora.

Son 28 provincias. La mayoría de estas provincias se encuentran en las dos Castillas y Aragón y se las reparten casi en exclusiva PP y PSOE. Con cuatroo partidos nacionales en liza en 2016 -PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos-, 12 de ellas siguieron siendo bipartidistas, y de hecho, cinco de ellas, Palencia, Cáceres, Cuenca, Ciudad Real y Teruel, han repartido sus escaños en exclusiva a estos dos partidos en todos los comicios celebrados desde 1977.

2) La de las circunscripciones medianas, de seis a nueve escaños. En estos casos, los terceros partidos con implantación nacional no son tan castigados. En ellas, el listón de apoyos para lograr asiento en el Congreso es más bajo y Cs, Podemos y Vox pelearán con fuerza para hacerse con un acta en el Parlamento.

3) La España de las circunscripciones grandes, de diez o más escaños, donde sí se manifiesta una mayor proporcionalidad a medida que crece el número de diputados que se reparten, y donde no se manifiestan del mismo modo los posibles efectos de infrarrepresentación que sufren los partidos alternativos.

Votar a la derecha para beneficiar a la izquierda

Cuanto más pequeño es el número de escaños a repartir, menos proporcional resulta el reparto de votos. En las provincias de tres, cuatro o cinco escaños, Vox puede arrebatar suficientes votos al PP como para complicarle obtener un segundo escaño pero no tantos como para alcanzar ellos su propio diputado. Al final, el diputado en liza podría acabar, en efecto, en manos de uno de los partidos de la izquierda, o en las provincias con partidos independentistas, en uno de estos.

La realidad es que el voto a Vox funcionará mejor en la ‘España de las circunscripciones grandes’. Es el mismo mal que aquejó a Izquierda Unida durante décadas por su implantación territorial relativamente baja, el que sufrió Ciudadanos en 2016, y el mismo efecto del que se benefician los partidos nacionalistas, con menor número de votos pero mayor concentración en sus regiones, lo que les permite optimizar su rendimiento en término de votos y escaños.

De aquí surge también el incentivo de algunas formaciones de formar coaliciones para poder ser más competitivos, como la firmada en Navarra por UPN con PP y Ciudadanos, Navarra Suma, para presentarse juntos en esta comunidad en las elecciones de abril y mayo.

Sobre Jano García

El autor del pormenorizado trabajo recogido en el video tiene 30 años y es graduado en Economía y Comercio Internacional

Tras acabar sus estudios empezó a trabajar en sector del comercio internacional. Posteriormente fue director de exportación e importación de una empresa textil hasta que decidió crear su propia empresa. “Tras ser desangrado por los burócratas del buen vino y el caro marisco a base de impuestos y tasas, vendí mis acciones con la intención de empezar un nuevo proyecto personal alejado de las trabas que establece este elefantiásico Estado que padecemos los españoles”, señala.

Autor del libro «El siglo del socialismo criminal I» y «El siglo del socialismo criminal II», en la actualidad dirige el programa «En Libertad», imparte conferencias por toda España y participa en debates de radio.

 


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España

Vox amplia la querella contra el ministro de Sanidad del gobierno comunista de Pedro Sánchez, Salvador Illa, en el Supremo por «imprudencia grave» con resultado de muerte

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Vox ha ampliado la querella que presentó a finales del pasado mes de abril ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus, e imputa ahora al ministro de Sanidad, Salvador Illa, un delito de imprudencia grave con resultado de muerte por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del agente patógeno que causa el covid-19.

Según informa en un comunicado, encuentra que Illa ha podido incurrir en los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte de los artículos 142 y 142 bis del Código Penal en su tipo agravado, en concurso ideal con sendos delitos de lesiones por imprudencia grave (artículos 152 y 152 bis), así como en como en delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las Medidas de Seguridad, que contempla el artículo 316 del Código Penal.

En su escrito, la formación explica que, con fecha 24 de enero, pocos días después de que Illa asumiera la Cartera de Sanidad, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que dirige Fernando Simón, publicó un documento técnico, el primero de los textos que elaboró este departamento sobre la amenaza, que incluía medidas que tendrían que haberse adoptado para evitar la propagación del patógeno en España.

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Documento borrado



Un documento que, además, incluía advertencias por parte del Instituto de Salud Carlos III sobre esta grave amenaza de salud pública, según esta parte. El texto aparecía publicado en la página web del Ministerio de Sanidad y habría sido borrado el 30 de marzo, en pleno pico de pandemia.

La formación también se refiere, en la querella, al Informe técnico, con fecha 10 de febrero de 2020, emitido por el CCAES, denominado «Evaluación rápida del riesgo», donde se indicaba ya la forma de contagio del virus, transmisión y afección incluso de pacientes asintomáticos.

«Lo más relevante es que hay total coincidencia entre el conocimiento científico del coronarvirus que figura en el informe con el conocimiento actual sobre la gravedad, la sintomatología frecuente explicada de forma detallada y la letalidad del mismo», explica la representación legal de Vox en su escrito.

La formación denuncia las contradicciones de las acciones por parte del ministro de Sanidad porque mientras comunicaban que no existía riesgo y que estaba controlado en las comparecencias públicas, las gerencias de Sanidad recibían instrucciones para suspender todos los permisos.

Diligencias solicitadas

Entre las diligencias solicitadas, la formación liderada por Santiago Abascal solicita al Tribunal Supremo que se libre oficio al Instituto de Salud Carlos III a fin de que remita todas las comunicaciones recibidas del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades o del Ministerio de Sanidad, desde este organismo europeo así como de cualquier otro organismos internacional como la OMS.

También pide que el Instituto de Salud Carlos III proporcione todos los informes realizados desde el 31 de diciembre de 2020; que se recabe la relación de comunicaciones entre el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad, así como a cualquier organismo público. Otra de las diligencias solicitadas por Vox es la declaración de Fernando Simón y de Marina Pollán Santamaría, directora del Centro Nacional de Epidemiología Instituto de Salud Carlos III .


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España

VOX apoya la decisión de Donald Trump: Abascal en pie de guerra contra los ‘verificadores’ y el “negocio millonario de los censores”

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Vox ha puesto el grito en el cielo este viernes al conocer que la Agencia EFE, entidad pública y “dependiente de la órbita gubernamental”, será la encargada de discernir, en conjunto con otras, qué informaciones se publican y cuáles no se publican en la red social fundada por Mark Zuckerberg.

Según han comunicado, la agencia estará destinada a verificar contenidos en español publicados de Facebook y su intención es “reducir la propaganda de las informaciones que ellos consideren falsas.

De esta forma se incorpora al programa de verificación de datos externo de Facebook en el que participan otros “‘verificadores’ de extrema izquierda” tales como ‘Maldita.es’ y ‘Newtral’, la Agencia de Ana Pastor.

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Como ha transmitido EFE, en el programa de ‘verificación’ de la red social participan unas sesenta organizaciones que evalúan el contenido que se publica en más de 50 idiomas.

Todos forman parte de una organización mayor, llamada International Fact Checking Netword (IFCN).

 

 

La decisión de Trump

El presidente de Estados Unidos ha optado por tomar medidas en relación a las limitaciones a la libertad de expresión que se suceden desde las directivas de estas plataformas.

La decisión ha sido contundente: puesto que se están censurando contenidos, la categoría de la red social desaparecería, dando paso a la de medio de comunicación. De esta forma, se haría responsable penal a la red social de todo lo publicado en su plataforma.

“Desde hace años la dictadura progre persigue la libertad de expresión en las redes sociales. Están nerviosos porque han perdido el monopolio de la comunicación. Es deber de los gobiernos garantizar la libertad y descubrir el negocio millonario de los censores”, ha señalado el líder de Vox en Tiwtter, que ha secundado la medida del presidente de Estados Unidos.

 


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España

El plan secreto del Gobierno comunista de Pedro Sánchez: unificar Guardia Civil y Policía Nacional

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La inusual y sobre todo inapropiada afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que “no hay ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil”, es como poco chocante, pero deja patente que en el Ejecutivo se habla del tema

Levanta la liebre Carlos Cuesta en OKdiario, este 30 de mayo de 2020.

Asegura el veterano periodista, que el Podemos de Pablo Iglesias está decidido a tumbar el actual esquema de la Guardia Civil, eliminando su ‘naturaleza’ militar y recortando a la vez la independencia que siempre ha tenido el cuerpo con respecto a los políticos.

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La maniobra, según Cuesta, pasa por unificar la estructura de la Benemérita con la de la Policía Nacional, lo que traería inevitablemente consigo una integración de los mandos.

Los oficiales de la Guardia Civil que no optasen por reintegrarse al Ejército, quedarían trufados con los de Policía Nacional.

Eso permitiría, por ejemplo, que las grandes instrucciones judiciales como la del 8M no topasen con más Perez de los Cobos, inasequibles a la presión del Gobierno.

Escribe Cuesta que Iglesias ha dejado meridianamente claras cuáles son sus intenciones:

«Su ‘burro de Troya’ en el Ministerio de Interior, José Antonio Delgado, recién incrustado como asesor estrella en el departamento de Fernando Grande-Marlaska está en eso: en forzar un  cambio que se traduzca en una equiparación de escalas entre los mandos policiales y los de la Guardia Civil, pero teniendo claro que en los puestos clave estarían policías y no guardias civiles».

La inusual y sobre todo inapropiada afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurando que «no hay ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil», es como poco chocante, pero deja patente que en el Ejecutivo se habla del tema.

También la reiteración con que el líder de Podemos, sin fundamento alguno, acusa a VOX de «querer dar un golpe de Estado«.

A la vista de como están evolucionando las cosas, no da la impresión de que Iglesias y sus compinches vayan a tener éxito a corto plazo.

Para empezar, la reacción ciudadana les es muy adversa.

Según una encuesta que publica este sábado ‘El Español, el 70% de los ciudadanos cree que el 8-M debió suspenderse y más del 50% ve responsabilidad penal en la actuación del Gobierno Sánchez, como apunta el informe de la Guardia Civil, que tanto ha encorajinado al ministro Fernando Grande-Marlaska.

En ese mismo sondeo,  el 58% de los españoles cree la versión de la Guardia Civil y sólo un 37,4% la del del Gobierno, sobre la purga de Marlaska entre los altos cargos del cuerpo.

La opinión pública se ha puesto mayoritariamente del lado de un coronel que ha dado un ejemplo de honor y patriotismo y ha condenado la cobarde y sectaria actuación de un ministro que ha quedado retratado.


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