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España

La Abogacía del Estado (del “estado” bolivariano, se entiende) carga contra la juez del 8-M por abrir una «causa general de la crisis sanitaria»

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Rosa María Seoane, la fiscal que defendió a los acusados de la sublevación catalana
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Se dirige en apelación a la Audiencia Provincial solicitando la nulidad de la instrucción contra el delegado del Gobierno en Madrid

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) –

La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid. El escrito carga duramente contra la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción «en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria» saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

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El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane – la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el ‘procés’ independentista en Cataluña–, y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

A lo largo de 18 páginas, Seoane denuncia que la instructora ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.

Entre otros aspectos, señala que «en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados», Rodríguez-Medel ha desbordado el ámbito competencial que ella misma acotó respecto a la investigación de estos hechos -la manifestación del 8 de marzo- y solicita a la Guardia Civil información «no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino que cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria».

Como ejemplo, la Abogacía señala lo solicitado respecto del informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, dirigido por Fernando Simón, respecto del cual no se solicita únicamente información acerca de la eventual recepción por la Delegación del Gobierno del informe, que es lo que debería ser objeto de la investigación penal abierta, sino que va más allá al preguntar a la guardia civil qué difusión tuvo el citado informe.

A juicio de los servicios jurídicos del Estado, la jueza ha iniciado este proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino «meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado».

TESIS DE LA DEFENSA

En este punto, la Abogacía del Estado expone su tesis de defensa al considerar que «lo que no es indiciario sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad».

A juicio de la defensa, había recomendaciones sanitarias que fueron intensificándose, sobre todo a partir del día 11 de marzo y a todos los niveles administrativos, pero las mismas, en tanto eran recomendaciones y no prescripciones, no supusieron impedimento alguno para limitar la celebración de eventos deportivos, como el partido de fútbol celebrado en Madrid el día 7 de marzo entre el Atletico de Madrid y el Sevilla FC en el estadio del primero con asistencia de unos 60.000 espectadores; además de normal funcionamiento de recintos cerrados, espectáculos públicos, como cines, teatros, etc,

Frente a todo ello, considera que «lo que pretende la instructora, no es verificar si determinados indicios de incumplimiento del ordenamiento son ciertos, sino de encontrar tales indicios. Indicios de que la ausencia de prohibición de actos conmemorativos del 8 de marzo, fue un actuación arbitraria y a sabiendas de su injusticia»

TRAMITACIÓN EN PLENO ESTADO DE ALARMA

Otro de los puntos del informe carga contra la celeridad mostrada por la magistrada de Madrid en este asunto en pleno estado de alarma, cuando los plazos procesales se encuentran suspendidos y la justicia sólo actúa en los denominados por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) servicios esenciales, que requieren resolución de urgencia.

Es más, recuerda que el auto del 23 de marzo que se impugna, por el que se incoan las diligencias penales, reconoce de forma expresa que no había urgencia alguna por lo que al dictarlo desatiende todo lo excepcionalmente acordado, como eran razones de salud pública, para favorecer y permitir sin causar indefensión a ninguna parte o el aislamiento social.

«Pues bien, la apertura de diligencias previas y el acuerdo de practicar diligencias de investigación no urgentes supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma», incide el escrito.


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España

El gobierno comunista de China señala a España como fuente del coronavirus mientras Pedro Sánchez traga y calla

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China insiste que las investigaciones sobre los orígenes de la COVID-19 deberían mirar más allá de sus fronteras y señala a España como fuente alternativa.

Según ha recogido el diario británico The Telegraph, los funcionarios y expertos chinos declararon que cualquier investigación sobre los orígenes del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, no debe limitarse a China. Al respecto exigieron que España fuera considerada como una de las fuentes posibles de propagación del virus.

Eso se produjo después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara la semana pasada que planea enviar una delegación a China que tiene como objetivo establecer una plataforma para rastrear el surgimiento de la crisis sanitaria, una solicitud que Pekín la ha aceptado.

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Existe un consenso entre los expertos de que una comprensión más clara de dónde proviene el virus es vital para evitar brotes futuros. En este sentido, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizó también que conocer la fuente del virus tiene mayor relevancia, subrayando que podemos combatir el virus letal “cuando sabemos todo sobre el virus, incluyendo cómo comenzó”.

China señala que EE.UU. está dañando su credibilidad por la campaña de desinformación que ha puesto en marcha contra Pekín en cuanto al origen de la COVID-19.

En este sentido, Zeng Guang, el epidemiólogo chino y supervisor de doctorado en el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, destacó que “no importa con qué país comience el trabajo de identificación científica, siempre que involucre a todos los países relacionados y se lleve a cabo de manera justa”.

Wang Guangfa, uno de los principales asesores de la Salud del Gobierno chino, se refirió a las investigaciones realizadas en la Universidad de Barcelona (UB), en junio pasado, en las que detectaron la presencia de la COVID-19 en muestras de aguas residuales en el país europeo, el 12 de marzo de 2019, un año antes de declararse la pandemia a nivel mundial, enfatizando que la OMS debería ir a España.

La UB informó el 27 de junio pasado, que los estudios analizaron muestras obtenidas de dos plantas de tratamiento de aguas residenciales de esta ciudad europea; “los niveles del genoma del SARS-CoV-2 (COVID-19) coincidieron claramente con la evolución de los casos de COVID-19 en la población”, expresó Albert Bosch, catedrático de la Facultad de Biología de la UB y coordinador del trabajo.

Las autoridades estadounidenses, especialmente el presidente de EE.UU., Donald Trump, llaman al virus como chino mientras que Pekín ha refutado una y otra vez las acusaciones infundadas de Washington que señala al laboratorio de Wuhan como el lugar donde fue creado la COVID-19.

Entre tanto, las autoridades sanitarias españolas callan ante las insinuaciones chinas.


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Andalucía

Vox exige a Serrano que deje su acta: «Nos comprometimos a devolverla si abandonamos el partido»

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Vox ha exigido este viernes a Francisco Serrano que entregue su acta de diputado porque todos se han comprometido a hacerlo si abandonaban la formación.

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha sugerido este viernes a Francisco Serrano, que hace unos días anunció que se daba de baja de Vox y abandonaba el grupo parlamentario aunque se mantenía en el escaño, que debería dejar el acta de diputado pues, según ha recordado, «todos los cargos electos de Vox, cuando tomamos posesión, firmamos un documento con el partido en el que nos comprometemos a devolver el acta si abandonamos la formación por la razón que sea».

Así se ha pronunciado Hernández en declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, dos días después de que Serrano diera a conocer que rompía relaciones con Vox para «no manchar al partido» tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía ha formulado una querella contra él por presunto fraude de subvenciones. No obstante,

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Serrano mantiene el acta como diputado no adscrito.

El portavoz parlamentario de Vox ha indicado que no ha hablado con Serrano desde que anunció su salida del partido, al tiempo que ha incidido en que aunque los cargos de Vox se comprometieron a devolver el acta si dejaban la formación, «la normativa dice que el acta es del diputado».

«Al final es una cuestión de orden personal y no podemos perder de vista que cuando alguien abandona el partido no existe la capacidad de disciplinar», ha abundado Hernández, que, ante la denuncia, ha defendido que «la presunción de inocencia alcanza a todos los ciudadanos» pero ha matizado que, evidentemente, «lo que Vox sostiene es que el que la haga la pague, y si es uno de los nuestros lo decimos con más preocupación y firmeza».


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España

Cuando el amigote de Presidente del Gobierno “secuestró” por las bravas la correspondencia de VOX sin pararse a pensarlo…

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Vox presentó este miércoles por la tarde alegaciones a la denuncia presentada por Correos ante la Junta Electoral Central (JEC) por los sobres electorales de la formación, que la sociedad Estatal ha ‘secuestrado’. En concreto, la formación ha solicitado que se archive la denuncia y se ordene “urgentemente al envío masivo de la propaganda electoral”.

Para no proceder a la distribución de los sobres electorales de Vox, la Sociedad Estatal ha invocado el artículo 16 del Reglamento por el que prohíben envíos postales cuya envoltura contenga textos o dibujos que vulneren los derechos fundamentales.

Sin embargo, los sobres enviados por Vox, explica la formación a la JEC, no pueden suponer lesión alguna de derecho fundamental, puesto que todos ellos han sido extraídos de publicaciones que ofrecieron los datos basándose en fuentes fidedignas, sin que se tenga noticia de que ninguna persona haya ejercitado acción alguna contra los medios que los publicaron.

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En los sobres enviados por Vox a los votantes de Galicia se reprodujeron algunos textos como: “Los separatistas del BNG invitaron a un grupo terrorista a su mitin en Santiago”. La formación explica que de esta noticia se hicieron eco diversos medios de comunicación.

En el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, algunos de los sobres llevaban escrito: “El País Vasco proporciona ideología de género a los futuros maestros”. Una frase, explica Vox, que, según la noticia, está fundamentada en el cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 

Otra de las frases impresas en la propaganda electoral que se envió a la Región Vasca era: “Las violaciones aumentaron el 37% en el País Vasco, con un incremento de la delincuencia del 7,8%”. Según la noticia, la fuente de origen de estos datos es el propio Ministerio del Interior.

La formación insiste en que estas afirmaciones realizadas en medios de comunicación no fueron desmentidas ni rectificadas ni denunciadas, por lo que “de ninguna manera puede ser considerado como vulnerador de ningún derecho fundamental”.

En su escrito, la formación alega que impedir la entrega de los sobres con propaganda electoral vulnera derechos fundamentales como el de Igualdad (Art. 14 CE) y el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE) y de la Loreg.

Vox explica a la JEC que la medida adoptada por Correos, “motu proprio”, de intervenir el correo postal es “absolutamente desproporcionada”, ya que “no existe fundamento de consistencia para paralizar los envíos postales”.

La JEC ordena a Correos volver a distribuir la propaganda electoral de VOX

Tras el ‘secuestro’ de la propaganda electoral de Vox en Galicia y País Vasco, la JEC ha ordenado a Correos que reanude la repartición de sus sobres debido a que no ha identificado “una correcta y específica vulneración de algún derecho fundamental en los mensajes incluidos en los sobres.” Además, “tampoco la Junta aprecia que tales mensajes incurran en una vulneración de este tipo”.

Por ello la JEC dicta que “no procede paralizar la distribución postal de la propaganda electoral” y ordena a correos que “reanude de inmediato dicha distribución”.


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